🏛️ Congreso con poder total: el proyecto tecnocrático de Ernesto Álvarez. De cómo el caudillo del Congreso es elegido por los partidos para convertirse en verdugo del pueblo

🏛️ Congreso con poder total: el proyecto tecnocrático de Ernesto Álvarez. De cómo el caudillo del Congreso es elegido por los partidos para convertirse en verdugo del pueblo

Por Iván Oré Chávez

Cuando se le preguntó si debía reformarse expresamente la Constitución para reemplazar el presidencialismo por un sistema parlamentario, el premier Ernesto Álvarez respondió afirmativamente. Pero su respuesta no fue solo jurídica: fue política, ideológica y profundamente reveladora. Lo que propone no es una reforma institucional, sino una reconfiguración del poder que desactiva la soberanía popular y concentra la autoridad en núcleos cerrados. Bajo la apariencia de racionalidad constitucional, Álvarez articula un modelo de exclusión política que se disfraza de eficiencia institucional. Esta columna analiza los elementos discursivos, simbólicos y estratégicos que sustentan su propuesta, y revela cómo convergen con proyectos autoritarios tanto de derecha como de izquierda.

Al afirmar que “yo tengo artículos académicos que señalan que sí”, Álvarez desplaza el debate constitucional hacia un terreno autorreferencial. No argumenta desde la práctica política ni desde el consenso democrático, sino desde su propia producción intelectual. Este gesto encierra una autosuficiencia académica que opera como recurso de autoridad: la legitimidad no proviene del diálogo público, sino del saber especializado. Se sugiere que el asunto ya está resuelto en el plano académico, lo que desincentiva el debate ciudadano y convierte la deliberación en una formalidad. Esta estrategia no es exclusiva de la derecha tecnocrática: también se observa en sectores progresistas que apelan a papers, manifiestos y marcos teóricos como legitimadores absolutos, sin mediación política ni validación social. Es la simetría entre el constitucionalismo técnico y la izquierda woke: ambos exigen transformación institucional profunda, pero evitan el debate político abierto; ambos desconfían del pueblo como elector, pero lo instrumentalizan como legitimador de agendas propias, siempre que estén “correctamente orientadas”.

La frase “ya hemos visto que funcionamos mejor con el parlamentarismo” no es una propuesta, sino una afirmación empírica que clausura el debate. Esta retórica de la inevitabilidad desactiva la deliberación pública, porque lo que “ya se ha visto” no se discute, se acata. Simula consenso, aunque no haya evidencia institucional sólida ni respaldo ciudadano. Se presenta el cambio como una constatación técnica, no como una decisión política. Es una forma de naturalizar la reforma, de convertirla en destino y no en opción. En ese marco, la idea de que el poder debería estar “directamente a cargo de un Congreso, obviamente ya elegido esprofesamente, con los mejores líderes políticos” encierra una lógica amañada. Se idealiza un Congreso virtuoso, sin garantías reales de excelencia política. No existe mecanismo electoral que asegure calidad moral o técnica. Invocar “los mejores elementos ciudadanos” es una forma de sustituir la legitimidad democrática por una supuesta meritocracia política. ¿Quién define quiénes son “los mejores”? ¿Con qué filtros? ¿Con qué criterios? Esta retórica abre la puerta a la tecnocracia o al clientelismo ilustrado, donde el pueblo vota, pero las élites deciden.

Idealizar el Congreso como espacio de acuerdos ignora su historial reciente de fragmentación, obstrucción y pactos opacos. La frase “ahí se hacen los entendimientos” simula racionalidad política, cuando en la práctica peruana el Congreso ha sido escenario de vacancias exprés, alianzas oportunistas y crisis institucionales. Este tipo de razonamiento no es exclusivo de una ideología. Tanto en la derecha tecnocrática como en la izquierda woke se invoca a “los mejores” para justificar reformas que reducen la participación directa. Se desconfía del pueblo como elector, pero se lo instrumentaliza como legitimador de estructuras cerradas. Se propone una arquitectura institucional que concentra poder en núcleos supuestamente virtuosos: Congreso, Asamblea Constituyente, comité de expertos, juntas de notables. Lo que emerge es un modelo de autoritarismo ilustrado, donde la democracia se convierte en obstáculo, la participación directa se ve como peligrosa, y el poder se concentra en quienes “saben más”.

La frase “posiblemente el Perú no sepa elegir presidentes” —atribuida por Álvarez a intelectuales de izquierda— revela una convergencia profunda entre proyectos políticos que se presentan como opuestos, pero comparten una raíz autoritaria. La derecha dice: el Perú elige mal. La izquierda dice: el pueblo reproduce opresiones si no es educado. Ambos discursos culpan al votante y proponen estructuras que lo sustituyan o lo tutelen. Ambos desconfían de la soberanía popular, y ambos proponen sistemas que despersonalizan la política, pero concentran el poder en núcleos cerrados. Lo que cambia es el brazo que ejecuta la agenda: uno con toga constitucional, otro con manifiesto progresista.

El discurso de Álvarez encierra una doble tensión paradójica: por un lado, reproduce una lógica procaudillista, al sugerir que el Perú necesita líderes “mejores” y más preparados; y por otro, promueve una política cerrada de partidos, al proponer que el poder emane exclusivamente de estructuras colectivas como el Congreso. Aunque critica la elección directa de presidentes, su propuesta no abandona la figura del líder, sino que la reubica dentro del aparato partidario. Reinstala la figura del caudillo institucional, legitimado por el Congreso o el partido. Esta figura conserva el poder concentrado, pero lo disfraza de racionalidad colectiva. Evita la rendición de cuentas directa, simula pluralismo, pero opera bajo lógicas cerradas y jerárquicas. En lugar de ampliar la participación, la canaliza hacia estructuras controladas, donde el ciudadano vota por etiquetas, no por trayectorias.

Finalmente, el vínculo político no puede ignorarse. Ernesto Álvarez Miranda, actual premier del gobierno de José Jerí, es militante del Partido Popular Cristiano (PPC). Su coordinacion política con Carlos Neuhaus Tudela —presidente del PPC— refuerza la dimensión oligárquica el proyecto: Neuhaus pertenece a dos familias históricas del Club Nacional (Neuhaus Rizo-Patrón y Tudela Garland), lo que sitúa al PPC en una órbita de élite limeña tradicional, con vínculos empresariales, diplomáticos y simbólicos. La propuesta de Álvarez no es solo inconstitucional: es decimonónica, elitista y excluyente. Bajo la apariencia de orden institucional, reproduce los vicios del personalismo y la exclusión, con nuevos ropajes.

Sobre el autor: Iván Oré Chávez. PREMIO I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). // Primer lugar del PREMIO de Investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). // Tercer lugar del II CONCURSO de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH" organizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. // Miembro de la nómina de colaboradores de la REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM).