domingo, noviembre 16, 2025

Carlos Espá y Alejandro Santa María: la fórmula del blindaje oligárquico bajo la Agenda 2030

Carlos Espá y Alejandro Santa María: la fórmula del blindaje oligárquico bajo la Agenda 2030

Por más que se presente como “insurgente” o “democrático”, el proyecto presidencial de Carlos Espá Garcés-Alvear y Alejandro Santa María Silva no representa una ruptura con el orden establecido, sino su sofisticada continuidad. Espá, empresario vinculado al Club Nacional desde 1995 y rodeado de operadores mineros y mediáticos, encarna el rostro amable de una élite que busca reposicionarse tras el descrédito de los partidos tradicionales. Su discurso de outsider es una fachada: detrás se alinean redes de poder económico, estructuras de privilegio y operadores jurídicos que han defendido intereses corporativos como los de Odebrecht en Rutas de Lima.


Alejandro Santa María, por su parte, aporta el blindaje técnico. Excongresista y promotor de la Cátedra Willy Brandt sobre los ODS, representa el ala institucionalista del proyecto, alineada con la Agenda 2030 y sus estándares globalistas. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden parecer nobles, su uso político en esta fórmula revela una estrategia de cipayaje normativo: administrar el descontento ciudadano desde una arquitectura tecnocrática, sin vocación redistributiva ni arraigo territorial patriota. Su uso en el discurso político puede ser interpretado como alineamiento con agendas globalistas, especialmente en el marco de la candidatura presidencial de Carlos Espá. Aunque promueve valores como sostenibilidad y gobernanza, no representa una instancia de consulta popular ni territorial, lo que ha generado críticas desde sectores que denuncian los aspecto totalitarios de la agenda 2030.

La fórmula Espá–Santa María no busca transformar el país desde abajo, sino gestionar la crisis desde arriba, con retórica de cambio y praxis de continuidad. Frente a esta candidatura, es urgente desenmascarar el simulacro de renovación que propone SíCreo. No se trata de una insurgencia democrática, sino de una restauración oligárquica con rostro técnico. La ciudadanía debe mirar más allá del discurso y evaluar las trayectorias, vínculos y silencios que configuran esta fórmula. Porque detrás de cada promesa de orden, puede esconderse una nueva forma de exclusión.

🧷 Lectura crítica del discurso de Carlos Espá: populismo tributario y simulacro de confrontación

En su intervención, Carlos Espá plantea una reforma tributaria que incluye la eliminación de “35 impuestos antitécnicos” y la devolución del IGV para fortalecer el sistema privado de pensiones. Esta propuesta, lejos de representar una reforma progresiva, beneficia al capital concentrado, debilitando el rol redistributivo del Estado y trasladando recursos públicos al sistema financiero privado. El uso de la “cuestión de confianza” como mecanismo de presión institucional revela una estrategia de confrontación controlada, donde el Ejecutivo se presenta como víctima del Congreso, pero sin proponer una arquitectura participativa ni territorial, puesto que no reconoce la diversidad del país y la necesidad ciudadana de construir políticas públicas desde las realidades locales, no solo desde Lima o desde una élite centralista.

Espá apela a la emocionalidad popular (“no se olviden de mí”) para legitimar una narrativa de movilización ciudadana que no tiene correlato en estructuras organizativas reales, sino que se basa en la delegación acrítica del respaldo. Su crítica al parlamentarismo encubre una visión hiperpresidencialista, donde el poder se concentra en el Ejecutivo sin mecanismos de control ciudadano. Al citar casos como PPK, Espá construye una narrativa de “desapego al poder” que contrasta con su entorno elitista y sus vínculos con operadores empresariales.

Rafael Rey, exministro y figura emblemática del conservadurismo peruano, ha asumido un rol activo en la promoción de la candidatura de Carlos Espá Garcés-Alvear. Su respaldo se ha manifestado públicamente a través de medios afines, donde ha defendido el discurso de “insurgencia democrática” que Espá propone, así como su estrategia de confrontación con el Congreso. Este apoyo no es casual: ambos comparten vínculos con el Club Nacional, espacio tradicional de articulación oligárquica, lo que refuerza la lectura de que la fórmula presidencial de SíCreo responde a una restauración del poder económico bajo nuevas narrativas.

Aunque Rey no ocupa un cargo formal dentro del partido, su presencia como promotor informal ha sido constante. En entrevistas y paneles, elogia la narrativa de Espá como alternativa al “sistema político corrupto”, reforzando su imagen de outsider. Desde su posición como exministro y figura con trayectoria institucional, Rey otorga legitimidad técnica y moral a las propuestas de Espá, especialmente en temas como la reforma tributaria, el uso de la cuestión de confianza y la crítica al parlamentarismo encubierto. Esta validación opera como blindaje discursivo, permitiendo que Espá se presente como disruptivo sin romper con las estructuras de poder que lo sostienen.

La defensa de Espá por parte de Rey no es ideológicamente neutra. Responde a una estrategia de reposicionamiento de sectores conservadores que buscan capitalizar el descontento ciudadano sin alterar el modelo económico vigente. Rey, quien en el pasado defendió intereses corporativos como los de Odebrecht en el caso Rutas de Lima, aparece ahora como vocero de una “insurgencia” que no cuestiona las bases del poder, sino que busca administrarlo desde una nueva élite. En este contexto, el respaldo de Rey no representa una garantía de cambio, sino una señal de continuidad oligárquica bajo retórica renovada.

Rutas de Lima, tras la salida de Odebrecht, pasó a ser controlada por Brookfield Infrastructure Partners, brazo operativo de Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Esta última es propiedad mayoritaria de Brookfield Corporation, que a su vez cuenta entre sus principales accionistas institucionales a Partners Value Investments LP, Royal Bank of Canada, Capital Group, y también BlackRock.

BlackRock forma parte del ecosistema financiero que sostiene su expansión, con inversiones cruzadas en sectores estratégicos como infraestructura vial, energía y bienes raíces, todos alineados con los ejes de la Agenda 2030. En este entramado, la defensa de los peajes por parte de Rey no puede leerse como un acto aislado, sino como parte de una arquitectura de blindaje discursivo y normativo que protege los intereses de conglomerados transnacionales.

🧭 Reflexión patriota

Frente a este entramado de reciclaje político y blindaje financiero, la defensa del Perú exige algo más que discursos de insurgencia prefabricada. No basta con cambiar los rostros si se mantienen intactas las estructuras que subordinan el interés nacional a conglomerados transnacionales y operadores de élite. El verdadero patriotismo no se negocia en paneles ni se disfraza de outsider, sino que se construye desde la soberanía territorial, la justicia económica y la memoria histórica.

El Perú no necesita administradores de la élite, sino defensores de su pueblo. La insurgencia verdadera no se pacta con los fondos globalistas ni se legitima desde el Club Nacional. Se forja desde abajo, con ética, con memoria, y con la convicción de que la patria no se alquila, se defiende.

viernes, noviembre 14, 2025

⚓ Matarani: el puerto donde desembarca el poder financiero global

Matarani: el puerto donde desembarca el poder financiero global

Por Iván Oré ChávezREALBIOPOLÍTICA

En el extremo sur del Perú, donde la cordillera se disuelve en el Pacífico, el puerto de Matarani opera como un nodo logístico de apariencia nacional pero gobernanza transnacional. La concesión otorgada por el Estado a Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) en 1999 parecía una apuesta por la modernización portuaria. Sin embargo, tras más de dos décadas, lo que se ha consolidado es una arquitectura de captura: el Grupo Romero controla el puerto vía Tramarsa, y ahora, en alianza con Global Infrastructure Partners (GIP) —brazo de BlackRock, el mayor gestor de activos del planeta con más de US$ 10 billones bajo administración— proyecta una ampliación de US$ 700 millones sin alterar la fachada legal de la concesión.

Este poder logístico-financiero no opera en el vacío. El Grupo Romero, además de controlar nodos estratégicos como Ransa (logística y almacenamiento), Alicorp (alimentos e insumos industriales), Santa Sofía Puertos (holding portuario) y Tramarsa (servicios marítimos y portuarios), forma parte de la oligarquía peruana tradicional, con presencia histórica en espacios de sociabilidad como el Club Nacional de Lima. Este club, fundado en 1855, ha sido durante décadas un centro de articulación informal del poder, donde se cruzan intereses empresariales y políticos bajo una estética republicana que oculta pactos contemporáneos. La pertenencia de miembros del Grupo Romero a este círculo no es simbólica: refuerza su influencia sobre operadores burocráticos y financieros.

La entrada de GIP–BlackRock no es solo una inversión: es la consolidación de lo que el analista Alfredo Jalife-Rahme define como una ciberbancocracia, una fase avanzada del capitalismo financiero donde los gigabancos —BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity— controlan las joyas tecnológicas digitáles de Wall Street y Silicon Valley, es decir, el núcleo del GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Jalife sostiene que Estados Unidos ya no opera como una democracia liberal, sino como una plutocracia financiera, gobernada por los más pudientes, donde el poder real reside en los tableros de control de estos fondos de inversión. Esta estructura, según advierte en su libro La Invisible Cárcel Cibernética GAFAM, moldea conflictos geopolíticos a su conveniencia, articulando intereses corporativos, tecnológicos y militares bajo una lógica supranacional.

Este movimiento se formalizó en noviembre de 2025, cuando el Estado peruano firmó una adenda al contrato de concesión con TISUR. Aunque GIP no figura como firmante, su rol es decisivo: financia, planifica y coadministra la expansión del puerto mediante una alianza con Tramarsa S.A., empresa logística del Grupo Romero. No necesita ser concesionario ni operador para influir: basta con el capital y los pactos de gobernanza. La Embajada de EE.UU. en Perú celebró públicamente esta alianza, destacando la participación de GIP como símbolo de confianza en el país. Pero lo que se presenta como inversión es, en realidad, una forma de coadministración sin responsabilidad directa, donde el Estado cede soberanía logística sin modificar el contrato ni ampliar la fiscalización.

Pero el puerto no opera en el vacío. Su expansión está directamente conectada con la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), que desde su inauguración ha facilitado el ingreso masivo de colonos, maquinaria y capitales hacia la cuenca del Madre de Dios, donde la minería ilegal ha devastado ríos, bosques y comunidades. El Estudio Diagnóstico Hidrológico de la ANA (2010) ya advertía sobre el uso minero de aguas superficiales en quebradas como Huacamayo y Dos de Mayo, con deforestación de más de 900 hectáreas y condiciones laborales infrahumanas. Según el Ministerio del Ambiente, más de 62,000 hectáreas han sido afectadas por minería ilegal en Madre de Dios.

La lógica es clara: la carretera abre el territorio, la minería lo saquea, el puerto lo exporta y el capital global lo financia. El Estado, mientras tanto, firma adendas, publica informes y guarda silencio.

La Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) y el puerto de Matarani forman parte de una misma arquitectura de conectividad extractiva. La IIRSA Sur, inaugurada en 2011 como parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, abrió un corredor bioceánico que conecta el Atlántico brasileño con el Pacífico peruano, atravesando zonas de alta biodiversidad y conflictividad como Madre de Dios. Esta vía no solo facilitó el comercio formal, sino que también aceleró el ingreso de maquinaria, insumos y capitales hacia enclaves de minería ilegal, especialmente en La Pampa, Huepetuhe y Delta 1


Y cuando se trata de control aduanero, la situación no mejora. Según la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2024), los puertos peruanos —incluyendo Matarani— han sido utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico, facilitando el tránsito de mercancía ilegal hacia mercados internacionales. Aunque existen procedimientos ordinarios (canales rojo, naranja y verde) y extraordinarios basados en análisis de riesgo, los controles siguen siendo débiles y dependientes de métodos tradicionales, especialmente en zonas donde la fiscalización es inexistente o simbólica.

Se han iniciado esfuerzos para instalar arcos de alta energía en los puertos de Paita y Santa Rosa, lo que permitiría escanear casi toda la mercancía. Pero mientras esa tecnología no esté plenamente operativa, la trazabilidad institucional sigue fragmentada, y los actores criminales se adaptan más rápido que el Estado. Según cifras de ComexPerú, el 85% de las exportaciones peruanas se realiza por vía marítima, y los principales puntos de salida —Callao, Paita, Salaverry, Talara y Matarani— concentran no solo el comercio legal, sino también las rutas del crimen organizado. En el caso de Matarani, la conectividad con zonas mineras informales y la debilidad del control aduanero lo convierten en un punto de vulnerabilidad estructural, donde la legalidad y la ilegalidad comparten contenedor. 

 


 


https://www.larazon.cl/2021/12/26/por-alfredo-jalife-rahme-eeuu-al-borde-de-una-guerra-civil-segun-una-consultora-de-la-cia/

https://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/35/ANA0000724.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTUDIO-ANALISIS-RIESGO/2024/ENR%202024%20versi%C3%B3n%20completa.pdf

https://logistica360.pe/la-via-maritima-mueve-el-85-del-comercio-internacional-del-peru/