EL CAZAOLIGARCAS: 1/11/25

viernes, noviembre 14, 2025

⚓ Matarani: el puerto donde desembarca el poder financiero global

Por Iván Oré Chávez – REALBIOPOLÍTICA

En el extremo sur del Perú, donde la cordillera se disuelve en el Pacífico, el puerto de Matarani opera como un nodo logístico de apariencia nacional pero gobernanza transnacional. La concesión otorgada por el Estado a Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) en 1999 parecía una apuesta por la modernización portuaria. Sin embargo, tras más de dos décadas, lo que se ha consolidado es una arquitectura de captura: el Grupo Romero controla el puerto vía Tramarsa, y ahora, en alianza con Global Infrastructure Partners (GIP) —brazo de BlackRock, el mayor gestor de activos del planeta con más de US$ 10 billones bajo administración— proyecta una ampliación de US$ 700 millones sin alterar la fachada legal de la concesión.

Este poder logístico-financiero no opera en el vacío. El Grupo Romero, además de controlar nodos estratégicos como Ransa (logística y almacenamiento), Alicorp (alimentos e insumos industriales), Santa Sofía Puertos (holding portuario) y Tramarsa (servicios marítimos y portuarios), forma parte de la oligarquía peruana tradicional, con presencia histórica en espacios de sociabilidad como el Club Nacional de Lima. Este club, fundado en 1855, ha sido durante décadas un centro de articulación informal del poder, donde se cruzan intereses empresariales y políticos bajo una estética republicana que oculta pactos contemporáneos. La pertenencia de miembros del Grupo Romero a este círculo no es simbólica: refuerza su influencia sobre operadores burocráticos y financieros.

La entrada de GIP–BlackRock no es solo una inversión: es la consolidación de lo que el analista Alfredo Jalife-Rahme define como una “ciberbancocracia”, una fase avanzada del capitalismo financiero donde los gigabancos —BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity— controlan las joyas tecnológicas digitáles de Wall Street y Silicon Valley, es decir, el núcleo del GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Jalife sostiene que Estados Unidos ya no opera como una democracia liberal, sino como una plutocracia financiera, gobernada por los más pudientes, donde el poder real reside en los tableros de control de estos fondos de inversión. Esta estructura, según advierte en su libro La Invisible Cárcel Cibernética GAFAM, moldea conflictos geopolíticos a su conveniencia, articulando intereses corporativos, tecnológicos y militares bajo una lógica supranacional.

Este movimiento se formalizó en noviembre de 2025, cuando el Estado peruano firmó una adenda al contrato de concesión con TISUR. Aunque GIP no figura como firmante, su rol es decisivo: financia, planifica y coadministra la expansión del puerto mediante una alianza con Tramarsa S.A., empresa logística del Grupo Romero. No necesita ser concesionario ni operador para influir: basta con el capital y los pactos de gobernanza. La Embajada de EE.UU. en Perú celebró públicamente esta alianza, destacando la participación de GIP como símbolo de confianza en el país. Pero lo que se presenta como inversión es, en realidad, una forma de coadministración sin responsabilidad directa, donde el Estado cede soberanía logística sin modificar el contrato ni ampliar la fiscalización.

Pero el puerto no opera en el vacío. Su expansión está directamente conectada con la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), que desde su inauguración ha facilitado el ingreso masivo de colonos, maquinaria y capitales hacia la cuenca del Madre de Dios, donde la minería ilegal ha devastado ríos, bosques y comunidades. El Estudio Diagnóstico Hidrológico de la ANA (2010) ya advertía sobre el uso minero de aguas superficiales en quebradas como Huacamayo y Dos de Mayo, con deforestación de más de 900 hectáreas y condiciones laborales infrahumanas. Según el Ministerio del Ambiente, más de 62,000 hectáreas han sido afectadas por minería ilegal en Madre de Dios.

La lógica es clara: la carretera abre el territorio, la minería lo saquea, el puerto lo exporta y el capital global lo financia. El Estado, mientras tanto, firma adendas, publica informes y guarda silencio.

La Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) y el puerto de Matarani forman parte de una misma arquitectura de conectividad extractiva. La IIRSA Sur, inaugurada en 2011 como parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, abrió un corredor bioceánico que conecta el Atlántico brasileño con el Pacífico peruano, atravesando zonas de alta biodiversidad y conflictividad como Madre de Dios. Esta vía no solo facilitó el comercio formal, sino que también aceleró el ingreso de maquinaria, insumos y capitales hacia enclaves de minería ilegal, especialmente en La Pampa, Huepetuhe y Delta 1.

Y cuando se trata de control aduanero, la situación no mejora. Según la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2024), los puertos peruanos —incluyendo Matarani— han sido utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico, facilitando el tránsito de mercancía ilegal hacia mercados internacionales. Aunque existen procedimientos ordinarios (canales rojo, naranja y verde) y extraordinarios basados en análisis de riesgo, los controles siguen siendo débiles y dependientes de métodos tradicionales, especialmente en zonas donde la fiscalización es inexistente o simbólica.

Se han iniciado esfuerzos para instalar arcos de alta energía en los puertos de Paita y Santa Rosa, lo que permitiría escanear casi toda la mercancía. Pero mientras esa tecnología no esté plenamente operativa, la trazabilidad institucional sigue fragmentada, y los actores criminales se adaptan más rápido que el Estado. Según cifras de ComexPerú, el 85% de las exportaciones peruanas se realiza por vía marítima, y los principales puntos de salida —Callao, Paita, Salaverry, Talara y Matarani— concentran no solo el comercio legal, sino también las rutas del crimen organizado. En el caso de Matarani, la conectividad con zonas mineras informales y la debilidad del control aduanero lo convierten en un punto de vulnerabilidad estructural, donde la legalidad y la ilegalidad comparten contenedor.