domingo, octubre 26, 2025

🏛️ Congreso con poder total: el proyecto tecnocrático de Ernesto Álvarez. De cómo el caudillo del Congreso es elegido por los partidos para convertirse en verdugo del pueblo

🏛️ Congreso con poder total: el proyecto tecnocrático de Ernesto Álvarez. De cómo el caudillo del Congreso es elegido por los partidos para convertirse en verdugo del pueblo

Por Iván Oré Chávez

Cuando se le preguntó si debía reformarse expresamente la Constitución para reemplazar el presidencialismo por un sistema parlamentario, el premier Ernesto Álvarez respondió afirmativamente. Pero su respuesta no fue solo jurídica: fue política, ideológica y profundamente reveladora. Lo que propone no es una reforma institucional, sino una reconfiguración del poder que desactiva la soberanía popular y concentra la autoridad en núcleos cerrados. Bajo la apariencia de racionalidad constitucional, Álvarez articula un modelo de exclusión política que se disfraza de eficiencia institucional. Esta columna analiza los elementos discursivos, simbólicos y estratégicos que sustentan su propuesta, y revela cómo convergen con proyectos autoritarios tanto de derecha como de izquierda.



Al afirmar que “yo tengo artículos académicos que señalan que sí”, Álvarez desplaza el debate constitucional hacia un terreno autorreferencial. No argumenta desde la práctica política ni desde el consenso democrático, sino desde su propia producción intelectual. Este gesto encierra una autosuficiencia académica que opera como recurso de autoridad: la legitimidad no proviene del diálogo público, sino del saber especializado. Se sugiere que el asunto ya está resuelto en el plano académico, lo que desincentiva el debate ciudadano y convierte la deliberación en una formalidad. Esta estrategia no es exclusiva de la derecha tecnocrática: también se observa en sectores progresistas que apelan a papers, manifiestos y marcos teóricos como legitimadores absolutos, sin mediación política ni validación social. Es la simetría entre el constitucionalismo técnico y la izquierda woke: ambos exigen transformación institucional profunda, pero evitan el debate político abierto; ambos desconfían del pueblo como elector, pero lo instrumentalizan como legitimador de agendas propias, siempre que estén “correctamente orientadas”.

La frase “ya hemos visto que funcionamos mejor con el parlamentarismo” no es una propuesta, sino una afirmación empírica que clausura el debate. Esta retórica de la inevitabilidad desactiva la deliberación pública, porque lo que “ya se ha visto” no se discute, se acata. Simula consenso, aunque no haya evidencia institucional sólida ni respaldo ciudadano. Se presenta el cambio como una constatación técnica, no como una decisión política. Es una forma de naturalizar la reforma, de convertirla en destino y no en opción. En ese marco, la idea de que el poder debería estar “directamente a cargo de un Congreso, obviamente ya elegido esprofesamente, con los mejores líderes políticos” encierra una lógica amañada. Se idealiza un Congreso virtuoso, sin garantías reales de excelencia política. No existe mecanismo electoral que asegure calidad moral o técnica. Invocar “los mejores elementos ciudadanos” es una forma de sustituir la legitimidad democrática por una supuesta meritocracia política. ¿Quién define quiénes son “los mejores”? ¿Con qué filtros? ¿Con qué criterios? Esta retórica abre la puerta a la tecnocracia o al clientelismo ilustrado, donde el pueblo vota, pero las élites deciden.

Idealizar el Congreso como espacio de acuerdos ignora su historial reciente de fragmentación, obstrucción y pactos opacos. La frase “ahí se hacen los entendimientos” simula racionalidad política, cuando en la práctica peruana el Congreso ha sido escenario de vacancias exprés, alianzas oportunistas y crisis institucionales. Este tipo de razonamiento no es exclusivo de una ideología. Tanto en la derecha tecnocrática como en la izquierda woke se invoca a “los mejores” para justificar reformas que reducen la participación directa. Se desconfía del pueblo como elector, pero se lo instrumentaliza como legitimador de estructuras cerradas. Se propone una arquitectura institucional que concentra poder en núcleos supuestamente virtuosos: Congreso, Asamblea Constituyente, comité de expertos, juntas de notables. Lo que emerge es un modelo de autoritarismo ilustrado, donde la democracia se convierte en obstáculo, la participación directa se ve como peligrosa, y el poder se concentra en quienes “saben más”.

La frase “posiblemente el Perú no sepa elegir presidentes” —atribuida por Álvarez a intelectuales de izquierda— revela una convergencia profunda entre proyectos políticos que se presentan como opuestos, pero comparten una raíz autoritaria. La derecha dice: el Perú elige mal. La izquierda dice: el pueblo reproduce opresiones si no es educado. Ambos discursos culpan al votante y proponen estructuras que lo sustituyan o lo tutelen. Ambos desconfían de la soberanía popular, y ambos proponen sistemas que despersonalizan la política, pero concentran el poder en núcleos cerrados. Lo que cambia es el brazo que ejecuta la agenda: uno con toga constitucional, otro con manifiesto progresista.

El discurso de Álvarez encierra una doble tensión paradójica: por un lado, reproduce una lógica procaudillista, al sugerir que el Perú necesita líderes “mejores” y más preparados; y por otro, promueve una política cerrada de partidos, al proponer que el poder emane exclusivamente de estructuras colectivas como el Congreso. Aunque critica la elección directa de presidentes, su propuesta no abandona la figura del líder, sino que la reubica dentro del aparato partidario. Reinstala la figura del caudillo institucional, legitimado por el Congreso o el partido. Esta figura conserva el poder concentrado, pero lo disfraza de racionalidad colectiva. Evita la rendición de cuentas directa, simula pluralismo, pero opera bajo lógicas cerradas y jerárquicas. En lugar de ampliar la participación, la canaliza hacia estructuras controladas, donde el ciudadano vota por etiquetas, no por trayectorias.

Finalmente, el vínculo político no puede ignorarse. Ernesto Álvarez Miranda, actual premier del gobierno de José Jerí, es militante del Partido Popular Cristiano (PPC). Su coordinacion política con Carlos Neuhaus Tudela —presidente del PPC— refuerza la dimensión oligárquica el proyecto: Neuhaus pertenece a dos familias históricas del Club Nacional (Neuhaus Rizo-Patrón y Tudela Garland), lo que sitúa al PPC en una órbita de élite limeña tradicional, con vínculos empresariales, diplomáticos y simbólicos. La propuesta de Álvarez no es solo inconstitucional: es decimonónica, elitista y excluyente. Bajo la apariencia de orden institucional, reproduce los vicios del personalismo y la exclusión, con nuevos ropajes.



Sobre el autor: Iván Oré Chávez. PREMIO I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). // Primer lugar del PREMIO de Investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). // Tercer lugar del II CONCURSO de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH" organizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. // Miembro de la nómina de colaboradores de la REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM).

viernes, octubre 24, 2025

Redes transnacionales de represión en América Latina: El Plan Cóndor, Israel y Estados Unidos en perspectiva crítica

Redes transnacionales de represión en América Latina: El Plan Cóndor, Israel y Estados Unidos en perspectiva crítica

Introducción

Durante la Guerra Fría latinoamericana, se configuraron redes de represión transnacional que excedieron los límites de los Estados nacionales y articularon actores militares, políticos y tecnológicos en una lógica de persecución extraterritorial. Este artículo analiza el funcionamiento del Plan Cóndor como sistema de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, la participación indirecta pero estratégica de Israel en Centroamérica, el rol estructural de Estados Unidos como potencia tutelar, y el caso peruano como escenario paralelo con lógicas similares. Se incorporan además el análisis de redes de élite, discursos legitimadores, el rol del partido Likud en la política israelí, y las repercusiones actuales en clave jurídica y política.


1. El Plan Cóndor como sistema represivo transnacional

El Plan Cóndor fue una red de coordinación entre las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, formalizada en 1975 en Santiago de Chile. Su objetivo fue perseguir, secuestrar, torturar y eliminar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. Operó como una inteligencia clandestina con vuelos secretos, centros de detención compartidos y desapariciones coordinadas. Las víctimas fueron principalmente militantes de izquierda, sindicalistas, estudiantes, periodistas, exiliados y familiares.

2. Estados Unidos: potencia tutelar y articuladora

Aunque no fue parte formal del Plan Cóndor, Estados Unidos apoyó técnica, financiera y políticamente a las dictaduras involucradas. A través de la CIA y la Escuela de las Américas, entrenó a militares latinoamericanos en contrainsurgencia, inteligencia y tortura. Documentos desclasificados confirman que Washington conocía la existencia del Plan Cóndor y lo toleró como parte de su estrategia anticomunista. En Centroamérica, EE.UU. fue actor directo en la guerra sucia de Guatemala, El Salvador y Honduras, con financiamiento, asesoría y operaciones encubiertas.


3. Israel: proveedor estratégico en Centroamérica

Israel no integró el Plan Cóndor, pero tuvo un rol clave en Centroamérica durante los años 70 y 80. En Honduras (1983), se documenta la presencia de cuatro especialistas israelíes entrenando una unidad de seguridad e inteligencia. En Guatemala, vendió armas y brindó entrenamiento militar en momentos en que EE.UU. limitaba su apoyo por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Israel actuó como proveedor alternativo de asistencia militar, canalizando apoyo indirecto a regímenes represivos. Su implicación se vincula a la transferencia de conocimiento táctico y tecnológico, más que a operaciones de inteligencia transnacional como las del Cóndor.

4. El partido Likud: continuidad ideológica y militarización

El partido Likud, fundado en 1973, ha sido una fuerza dominante en la política israelí, con una visión nacionalista, securitaria y expansionista.

  • En los años 80, bajo gobiernos de Menachem Begin y Yitzhak Shamir, el Likud consolidó una política exterior activa en América Latina, incluyendo cooperación militar con regímenes autoritarios.
  • En la actualidad (2025), el Likud lidera el gobierno israelí en medio de acusaciones internacionales por crímenes en Gaza.
  • Su narrativa oficial mantiene una continuidad discursiva: antes la “lucha contra el terrorismo marxista”, hoy la “lucha contra el terrorismo islamista y el crimen organizado”.
  • Esta continuidad ha permitido justificar intervenciones militares, vigilancia masiva y alianzas estratégicas con gobiernos que enfrentan conflictos internos.

5. El caso peruano: paralelismos y distancias

Perú no fue parte del Plan Cóndor, pero vivió su propia guerra interna (1980–2000) contra Sendero Luminoso y el MRTA. Aplicó lógicas similares de “enemigo interno” y represión militar, con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia estatal. Durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975–1980), se mantuvieron vínculos diplomáticos con regímenes del Cono Sur. En 1977, Perú se retiró del Plan Cóndor por diferencias políticas y el inicio de la transición democrática. Bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980–1985), se inició la guerra interna, con una lógica represiva distinta pero basada en la misma doctrina de seguridad nacional.

6. Redes de élite y continuidad institucional

Fernando Belaúnde Terry fue socio del Club Nacional, institución limeña que ha reunido históricamente a miembros de la élite política y empresarial. Durante su segundo mandato, varios ministros y asesores también pertenecían a este círculo, lo que reflejaba una continuidad de redes de poder tradicionales en el Estado peruano. Esta configuración liberal-democrática mantuvo estructuras excluyentes en la toma de decisiones, especialmente en lo económico y territorial. Aunque Belaúnde no se alineó con las dictaduras del Cono Sur, su gobierno adoptó una posición conservadora frente a la insurgencia, que derivó en políticas represivas más intensas bajo García y Fujimori.

7. Justificaciones ideológicas de la represión

Las dictaduras justificaron sus crímenes bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, alegando:

  • Defensa frente al “terrorismo marxista”.
  • Guerra preventiva contra el “enemigo interno”.
  • Protección de la civilización occidental y cristiana.
  • Estabilidad y orden frente a la “subversión”.

En la actualidad, estos discursos han mutado hacia la lucha contra el crimen organizado, el “terrorismo islamista” o la “seguridad ciudadana”, manteniendo el mismo marco de excepcionalidad y legitimación de la violencia estatal.

8. Repercusiones actuales y vigencia jurídica

Los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen activos en Argentina, Chile y Uruguay. El Plan Cóndor es hoy un precedente jurídico internacional para casos de desaparición forzada y coordinación represiva. En Perú, la memoria de la guerra interna sigue marcada por impunidad y militarización de la protesta social. Israel enfrenta hoy acusaciones internacionales por crímenes en Gaza, lo que reactiva debates sobre su rol histórico en conflictos latinoamericanos.

9. Aportes del artículo de Julieta Rostica (EIAL, 2025)

El artículo de Julieta Rostica, publicado en EIAL Vol. 36, N.º 1 (2025), amplía el concepto de Plan Cóndor hacia una segunda fase centroamericana. Documenta la participación de Israel como actor militar clave, aunque no formalmente parte del Plan Cóndor. Revela la articulación entre Argentina, EE.UU. e Israel en la formación de aparatos represivos en Honduras y Guatemala. Propone una lectura transnacional de la violencia política, útil para investigaciones sobre desapariciones forzadas, redes de inteligencia y responsabilidad internacional.

10. Análisis comparativo: del terrorismo al crimen organizado


📊 Tabla comparativa: continuidad discursiva en marcos represivos

Existe una continuidad discursiva entre los marcos de represión de los años 70–80 y los actuales, aunque con variaciones en el lenguaje, los actores y los contextos geopolíticos:

Época Enemigo construido Justificación oficial Actores implicados
1970–1980 “Terrorismo marxista” / “subversión interna” Doctrina de Seguridad Nacional Dictaduras del Cono Sur, Estados Unidos, Israel
2020–2025 “Crimen organizado” / “terrorismo islamista” Seguridad ciudadana / defensa nacional Gobiernos democráticos, potencias militares, agencias de inteligencia

Este paralelismo revela cómo los Estados han adaptado sus narrativas de excepción para legitimar prácticas de control, vigilancia y represión, manteniendo una lógica de “enemigo interno” o “amenaza global” que permite justificar intervenciones militares, alianzas estratégicas y restricciones a derechos fundamentales.

Conclusión

El Plan Cóndor no fue un fenómeno aislado ni exclusivamente sudamericano. Su lógica de coordinación represiva se extendió hacia Centroamérica, articulando actores estatales y extrarregionales como Israel y Estados Unidos. Perú, aunque no fue parte formal, reprodujo mecanismos similares bajo una élite liberal institucionalista que mantuvo estructuras excluyentes. La vigencia jurídica del Plan Cóndor y los debates actuales sobre responsabilidad internacional, especialmente en el caso de Israel y el partido Likud, confirman que las redes de violencia política de la Guerra Fría siguen siendo objeto de investigación, memoria y justicia.


domingo, octubre 12, 2025

SOCIO DEL CLUB NACIONAL EN LA CORTE PRESIDENCIAL DE JERÍ

SOCIO DEL CLUB NACIONAL EN LA CORTE PRESIDENCIAL DE JERÍ

Por Iván Oré Chávez[1]

El nexo oligárquico principal del presidente Jerí es Luis A. Morey E., socio del Club Nacional desde el año 2003, abogado, asesor político y empresario mediático, distinguido por el Congreso de la República del Perú con el título de “Ciudadano de Valor” por su trayectoria profesional y aporte al desarrollo de los medios de comunicación,  candidato a la alcaldía de San Isidro en 2018 por el partido Unión por el Perú,  cercano a Esther Yovana Capuñay Quispe, también candidata por la misma agrupación. Ha sido vinculado a José Luna Gálvez como exabogado y operador político. Figura clave en el entorno presidencial de José Enrique Jerí Oré, con participación directa en la redacción del discurso presidencial del 10 de octubre de 2025. El nuevo asesor presidencial ha sido identificado como autor del discurso presidencial de José Jerí Oré el 10 de octubre de 2025, consolidando su rol como asesor estratégico en el entorno presidencial. Por lo que este socio del oligárquico Club Nacional tiene acceso directo al presidente, debido a su participación en la redacción del discurso inaugural.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Su participación en el mensaje presidencial de José Enrique Jerí Oré, pronunciado el 10 de octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte, demuestra la estrategia de manipulación en declaraciones como:

1.    “Asumo un gobierno de reconciliación nacional”, con el objeto de unir a todos los peruanos en la lucha contra la inseguridad ciudadana que es provocada por el mismo gobierno al dejar ingresar delincuentes por la frontera, sobre todo venezolanos, sin exigir antecedentes penales. Es decir, un problema de seguridad civil que es la delincuencia perpetrada por extranjeros que es una solución que compete exclusivamente al gobierno, aúna para la solución a los ciudadanos los que no tienen uso del aparato político para solucionarlo. Lo que demuestra que la proliferación de extorsionadores, secuestradores y delincuentes va a seguir aumentando.

2.    “Están exigiendo cambios”, lo cual cuadra sincronizadamente con las manifestaciones vandálicas de la llamada “Generación Z” de jóvenes carentes de cultura política que han sido manipulados por los mismos operadores que azuzaron el cambio de mando por medio de la vacancia, aportando el teatro callejero para justificar socialmente la transición.

3.    “Convoco al Congreso y a la ciudadanía a respaldar un proceso legítimo”. Es decir, el próximo fraude electoral donde las firmas falsas son cuantiosas, teniendo en cuenta que para denunciar ante la autoridad electoral la falsificación de firmas, el ciudadano necesita desembolsar dinero en firmas legalizadas notariales y en peritajes grafotécnicos, lo que implica dinero y tiempo, de lo cual la población carece. Esto origina la pérdida de confianza y el cuestionamiento de elecciones limpias, lo cual es omitido por el discurso presidencial. La omisión silenciosa puede interpretarse como complicidad.

 

RELACION DE MOREY CON EL CLUB NACIONAL.

La relación de Luis A. Morey E. con Club Nacional de Lima ha sido objeto de controversia y análisis político. En Octubre de 2022, según revelaciones del periodista Phillip Butters:[2] “El señor Morey se reúne con los asesores del presidente en el histórico Club Nacional”. Morey se habría reunido varias veces con asesores del entonces presidente Pedro Castillo en las instalaciones del Club Nacional, un espacio tradicionalmente reservado para círculos sociales limeños de alta alcurnia. “El señor Morey va a lugar público a hablar con el principal funcionario del Estado, pero en el lugar privado hace lo mismo”: Las reuniones fueron interpretadas como un intento de articulación entre operadores de Perú Libre y círculos de poder oligárquico limeños, lo que generó malestar entre los socios del club cuya política es la neutralidad como institución, lo que no impide el activismo encubierto de sus diversas facciones siempre y cuando el Club no sea involucrado como espacio de negociaciones políticas encubiertas. El hecho fue calificado como un intento de copamiento institucional, buscando insertar operadores de izquierda en espacios conservadores, cuando de por si sabemos que tanto derecha e izquierda son dos brazos del poder oligárquico.

 

Relación: Morey – Capuñay – Exitosa

La relación entre Luis Alfonso Morey Estremadoyro, Esther Yovana Capuñay Quispe y Radio Exitosa se configura como una alianza político-mediática indirecta, articulada a través de vínculos partidarios, empresariales y de difusión. Su entrada en la política se da el 2018, cuando Luis Alfonso Morey postuló a la alcaldía de San Isidro por Unión por el Perú (UPP), partido en el que Esther Capuñay tenía protagonismo político y mediático. Aunque no compartieron candidatura en el mismo distrito, Capuñay era figura visible de UPP, y su entorno empresarial respaldaba candidaturas estratégicas. Ambos estaban vinculados al entorno de José Luna Gálvez, lo que refuerza la articulación entre operadores legales, mediáticos y electorales. José Luna Gálvez es uno de los caciques de la partidocracia peruana cuyo partido político Podemos Perú fue fundado oficialmente el 16 de abril de 2017 y tiene una importante cuota de escaños en el congreso de la república. Esther Capuñay es gerente general de Corporación Universal, conglomerado que administra Radio Exitosa, Radio Karibeña y La Kalle. Luis Morey, como fundador de Digital TVGO, ha sido entrevistado y promovido en Radio Exitosa Perú y Panamá, donde ha declarado sentirse parte de “la familia Exitosa”. En 2024, Morey agradeció públicamente por el respaldo de Exitosa Panamá, consolidando su perfil como empresario mediático con alcance regional. Exitosa ha sido plataforma para entrevistas, lanzamientos y posicionamiento de Morey como asesor político y empresario. La relación con Capuñay y Exitosa refuerza la narrativa de Morey como operador transversal entre medios, partidos y círculos de poder.

 

Vínculo político-legal: Luis Alfonso Morey – José Luna Gálvez (2018–2021).

Como ya hemos dicho, el 2018 Luis Morey postula a la alcaldía de San Isidro por Unión por el Perú (UPP). En esos tiempos, José Luna Gálvez, exdirigente de Solidaridad Nacional, prepara la inscripción de Podemos Perú, partido que se oficializa en enero de 2018. Aunque en partidos distintos, ambos operan en el mismo entorno político-mediático, vinculado a Radio Exitosa, Esther Capuñay y operadores distritales. El 2019 inicia el vínculo legal cuando José Luna Gálvez es investigado por el caso “Los Intocables Ediles”, vinculado a presunta corrupción en la Universidad Telesup y la Municipalidad de Lima. Luis Alfonso Morey asume funciones como abogado defensor y vocero legal, articulando una narrativa de persecución política y defensa del debido proceso. En medios, Morey califica las medidas contra Luna como “excesivas” y “desproporcionadas”, posicionándose como operador legal y comunicacional. Ya en el 2020–2021, Luna consolida Podemos Perú como fuerza electoral, y Morey se integra a su entorno asesor. El vínculo trasciende lo jurídico: Morey participa en estrategias de comunicación, alianzas mediáticas y respaldo a candidaturas distritales, reforzando la articulación estructural entre operadores legales, mediáticos y partidarios. Esto facilita su posterior acercamiento a figuras como Patricia Li Sotelo, Esther Capuñay y plataformas como Radio Exitosa, ampliando su influencia institucional.

 

Vínculo mediático-político: Luis Alfonso Morey – Miguel del Castillo (2021–2022).

Miguel del Castillo, como socio mediático en Canal 11 expresó el discurso político basado en la narrativa pro-Perú Libre, partido comunista. Miguel del Castillo, es hijo del excongresista aprista Jorge del Castillo, se posicionó como operador mediático y asesor informal del izquierdista Pedro Castillo durante la campaña presidencial. Como plataforma de articulación lideró la elaboración del Plan 200, propuesta técnica solicitada por el candidato de Perú Libre, según confirmaron medios como RPP y La República. El canal, UCI Noticias (Canal 11), se convierte en plataforma clave para entrevistas, difusión de propuestas y articulación narrativa favorable a Perú Libre. Por su parte Luis Morey como asesor político y empresario mediático, colabora con Canal 11 en la difusión de contenidos alineados con la narrativa de reconciliación nacional y legitimación del gobierno del comunista Pedro Castillo. Esta dupla operó como validadores técnicos y comunicacionales, articulando mensajes de gobernabilidad, defensa legal y apoyo al gobierno. Esto demuestra el perfil de Morey como operador transversal, capaz de articular alianzas con actores de distintos espectros políticos (del Castillo proviene del APRA, Pedro Castillo de Perú Libre).

 

Vínculo mediático-político: Luis Morey – Ricardo Belmont (2021–2022).

Belmont es también pertenecientes a familias del Club Nacional, aunque no es socio de dicha institución. El vínculo de esta otra dupla se basó en el apoyo a Perú Libre desde Canal 11. Durante el 2021, durante la campaña presidencial de Pedro Castillo, Ricardo Belmont se posicionó como aliado mediático informal, brindando respaldo discursivo desde su espacio en Canal 11 (UCI Noticias). Belmont, exalcalde de Lima y empresario televisivo, utilizó su programa para defender la legitimidad electoral de Castillo, criticar a medios tradicionales y promover una narrativa de reconciliación nacional. Ambos compartieron plataforma, enfoque discursivo y alineamiento temporal, lo que configura una coincidencia mediática y política. La narrativa pro-Perú Libre desde Canal 11 fue sostenida por figuras como Miguel del Castillo, operador técnico del Plan 200, y validada por Belmont y Morey en distintos momentos.

 

INCIDENTE EN EL MORRO SOLAR.

En octubre de 2022, Luis Alfonso Morey y Ricardo Belmont Cassinelli ingresaron al local de transmisión de PBO Radio 91.9 FM, ubicado en el Morro Solar, alegando que el espacio pertenecía a Belmont. El conflicto surgió porque los hijos de Belmont habían alquilado la frecuencia a Phillip Butters, quien operaba la emisora bajo la marca PBO. Belmont alegó que sus hijos habían sido revocados por indignidad y que el local debía retornar a su control, con Morey como abogado defensor. En septiembre de 2023, la Fiscalía solicitó 9 años y 11 meses de prisión para Luis Alfonso Morey por los delitos de usurpación agravada y hurto agravado. También se pidió 7 años de prisión para Ricardo Belmont, por su participación directa en la toma del local. El caso fue difundido por Phillip Butters, quien denunció públicamente el ingreso forzado y la interrupción de la señal. El MTC intervino en enero de 2022 alegando que Radio Tigre S.A.C. no tenía autorización vigente, sin embargo, no verificó que la frecuencia había sido cedida contractualmente a 4 Hearts Inc S.A.C., empresa que sí contaba con autorización activa. Esta omisión llevó a la calificación de “radio pirata”, que luego fue desmentida judicialmente. El Poder Judicial reconoció la validez del contrato entre Radio Tigre y 4 Hearts, y ordenó la restitución de la frecuencia a PBO Radio, operada por Phillip Butters. Desde enero de 2023, PBO volvió a transmitir legalmente en 91.9 FM. Como parte de este operativo psico social de articulación institucional, slogans político y movilización de personas, el término “radio pirata” fue usado explícitamente por Susel Paredes, congresista de izquierda liberal, y por medios alternativos con orientación progresista. La narrativa fue parte de una justificación política y legal del allanamiento, en contraste con la defensa de Phillip Butters, quien denunció censura.

 

Vínculo político-estratégico: Luis Alfonso Morey – Patricia Li Sotelo (2023–2025).

Tras la vacancia de Dina Boluarte en 2025, José Jerí Oré asume la presidencia por sucesión constitucional, respaldado por una coalición congresal que incluye a Somos Perú y Podemos Perú. Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú y figura clave en la carrera política de Jerí, es descrita como “la mujer más importante en su vida”[3], con influencia directa en decisiones estratégicas. Luis Morey, asesor legal y operador mediático, se posiciona como interlocutor técnico y reputacional en el entorno presidencial, articulando mensajes de gobernabilidad y defensa institucional. Según análisis de Perú21, la presencia simultánea de Li Sotelo y Morey en el entorno de Jerí configura un cogobierno informal, donde ambos ejercen influencia sobre decisiones políticas, nombramientos y narrativa pública[4]. La alianza estratégica se basa en la complementariedad de roles: Li como matriarca partidaria y Morey como operador transversal con vínculos mediáticos y partidarios.

 

Luis Morey despliega su habilidad como operador legal, mediático y político con una aspiración que trasciende la asesoría técnica: posicionarse como figura central dentro de la oligarquía del Club Nacional, espacio reservado históricamente para la reproducción del poder excluyente en el Perú.

Las instituciones oligárquicas usadas como plataformas de validación y acceso no buscan representar intereses ciudadanos, sino articular redes de influencia que operan al margen del escrutinio público, reproduciendo estructuras de poder que obstaculizan la renovación democrática y la rendición de cuentas.



[1] PREMIO I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003).  // Primer lugar del PREMIO de Investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). // Tercer lugar del II CONCURSO de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH" organizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. // Miembro de la nómina de colaboradores de la REVISTA CRITICA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM).

 [2] https://willax.pe/politica/phillip-butters-revela-que-luis-morey-se-reune-con-los-asesores-de-pedro-castillo-en-el-club-nacional-video

[3] https://cosas.pe/politica/353255/conoce-a-patricia-li-la-mujer-a-quien-el-presidente-jose-jeri-llama-mama/

[4] https://peru21.pe/politica/el-entorno-de-jose-jeri-de-patricia-li-luis-alfonso-morey/

domingo, octubre 05, 2025

Sin dinero del pueblo, la élite no sobrevive.

Juan A. Arévalo Miro Quesada, socio del exclusivo Club Nacional desde 2005, reclama mayor libertad de expresión justo cuando los negocios vinculados a su familia registran ingresos públicos inferiores a una décima parte de lo facturado hace una década. En medio de una caída sostenida de ingresos privados y una alarmante dependencia del erario público, la defensa de derechos se confunde con la exigencia de contratos. Sin dinero del pueblo, la élite no sobrevive.