Túnel Pariachi: la oligarquía gana licitación pública cuyas calificaciones no son públicas.
Por Iván Oré Chávez para Cazaoligarcas.
El Túnel de Pariachi será una de las obras más importantes de la Nueva Carretera Central: cerca de seis kilómetros de túnel y un presupuesto optimizado, incluyendo accesos, de S/ 2,537 millones, según el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La selección del constructor se desarrolla dentro del acuerdo de Estado a Estado suscrito entre Perú y Francia. Provías Nacional es el titular público del proyecto y PMO Vías, conformada por las empresas francesas Egis y Setec, actúa como asistente técnico. Gobierno del Perú El documento de la propia licitación define expresamente a PMO Vías como la Oficina de Dirección de Proyecto mediante la cual se presta la asistencia técnica del acuerdo Perú-Francia.
Hasta aquí, todo parece corresponder a una licitación pública internacional ordinariamente verificable. Existe una convocatoria pública, existen bases, existe un calendario, existen criterios de evaluación y hasta conocemos cuánto vale cada uno. Sin embargo, al ingresar al mecanismo mediante el cual se selecciona a los competidores aparece una particularidad mucho más importante: las reglas son públicas, pero la aplicación individual de esas reglas a cada postor no lo es.
Cien puntos para escoger solamente a cinco.
El
procedimiento estableció una evaluación técnica sobre 100 puntos. No
existía puntaje mínimo ni los factores eran eliminatorios. Su finalidad era
ordenar a los participantes y formar una lista corta integrada por los cinco
proponentes con mayor puntuación, en estricto orden de prelación. Es decir,
quedar sexto significaba quedar fuera; quedar quinto significaba continuar en
carrera.
Los cien
puntos estaban distribuidos de una manera bastante precisa. La facturación
acumulada en obras podía entregar hasta 15 puntos; la experiencia
específica en túneles, nada menos que 40; la experiencia en movimientos
de tierras, 20; las certificaciones ISO adicionales, 2; el
cumplimiento de contratos, 5; el análisis crítico y entendimiento de la
obra, 12; y los programas ambientales y sociales, otros 6 puntos.
Eso
significa que 75 de los 100 puntos estaban concentrados solamente en
tres variables: facturación, experiencia en túneles y movimientos de tierras.
Particularmente decisiva era la experiencia en túneles. Se podían presentar
hasta diez contratos y obtener puntos de acuerdo con la sección y longitud de
los túneles ejecutados.
Pero
había también un componente menos mecánico. Otros 12 puntos
correspondían al denominado “análisis crítico y entendimiento de la obra”. El
postor debía presentar un documento de apenas seis páginas y PMO Vías podía
otorgarle hasta diez puntos por la “congruencia” de su enfoque, descripción,
tratamiento de riesgos y organización propuesta, y otros dos por la
“coherencia” de los recursos estimados.
La
cuestión, por tanto, no es que no existieran criterios. Los criterios
existían y estaban escritos. El problema es quién podía comprobar después cómo
habían sido aplicados.
La calificación que el público no puede ver.
El
numeral 4.8 del propio Aviso General de Adquisiciones despeja cualquier duda.
Dice que el detalle de la evaluación no sería comunicado, salvo que el propio
proponente lo solicitara por escrito. Cada participante podía pedir su propio
desglose, pero expresamente se le impedía conocer el de los demás.
La
disposición va todavía más lejos: “No se entregará la evaluación de los demás
proponentes a nadie ajeno a él”. La lista de seleccionados sería comunicada a
todos, pero sin indicar las puntuaciones obtenidas. Finalmente, el mismo
documento establece que “la evaluación y su resultado no es impugnable”. Entre
los anexos que debía suscribir el participante se encontraba, además, una Declaración
de Aceptación del Aviso General de Adquisiciones y Compromiso de No
Impugnabilidad del Resultado.
Aquí
aparece el verdadero problema de transparencia. El ciudadano puede conocer la
regla que dice que la experiencia en túneles vale cuarenta puntos, pero no
puede conocer cuánto recibió cada competidor por ese concepto. Puede saber que
el análisis crítico vale doce puntos, pero no puede comparar qué escribió un
postor, qué escribió otro y por qué uno recibió más puntos. Puede conocer que
solo los cinco primeros continúan, pero no necesariamente conocer cuántos
puntos separaron al quinto del sexto o del séptimo.
La
licitación, por consiguiente, no es secreta en su convocatoria. Tampoco lo son
sus bases. Lo reservado es una parte decisiva del procedimiento: la
calificación individual y comparativa que determina quién continúa compitiendo
y quién queda eliminado.
El caso Acciona-JJC.
Esta característica adquiere otra dimensión a raíz de las denuncias periodísticas aparecidas durante las últimas semanas. Hildebrandt en sus Trece, en un informe de Américo Zambrano titulado “Regresan los Camet”, sostiene que JJC Contratistas Generales, antiguo J. y J. Camet, integra al 50 % con Acciona el Consorcio Sumaq Ñan y cuestiona la manera en que este consorcio terminó encabezando el proceso para el Túnel Pariachi. La revista caracteriza al consorcio como favorecido, afirmación que corresponde al medio y que todavía requiere separar de aquello que puede comprobarse documentalmente. Hildebrandt en sus trece
Hay, sin embargo, otra publicación que proporciona datos mucho más concretos. Diario UNO afirma haber tenido acceso a un cuadro denominado “Lista Corta Definitiva” y sostiene que Acciona-JJC quedó inicialmente en séptimo lugar, fuera de los cinco seleccionados, pero posteriormente apareció en quinto lugar en una tercera versión de la lista remitida al MTC. El diario también informa que una denuncia anónima recibida por el MTC, Provías y PMO Vías el 24 de junio de 2026 alegó que cuatro puntos habían sido agregados indebidamente a Sumaq Ñan. Estas son denuncias y afirmaciones periodísticas; no contamos todavía con el cuadro completo que permita verificarlas independientemente. Diario UNO
La diferencia es fundamental. Sí podemos demostrar que pasar del séptimo al quinto lugar habría cambiado jurídicamente la situación del postor, porque las propias reglas disponían que solamente los cinco primeros ingresaban a la lista corta. Lo que todavía no podemos demostrar con los documentos públicos disponibles es que ese cambio efectivamente ocurrió de la manera denunciada ni, mucho menos, que los cuatro puntos fueran asignados irregularmente.
Hubo problemas dentro del propio proceso.
La controversia sobre la lista corta no apareció únicamente en la prensa. En marzo de 2026 el asunto llegó al Congreso. Allí el ministro de Transportes informó que el 17 de diciembre de 2025 Provías Nacional detectó que una de las empresas originalmente preseleccionadas tenía sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por presentación de documentos falsos o adulterados. Según la explicación ministerial, esa circunstancia fue advertida después de que PMO Vías comunicara los resultados de su evaluación el 16 de diciembre. Congreso del Perú
Este episodio demuestra algo importante: la evaluación de PMO Vías no era un mecanismo infalible ni completamente autosuficiente. Provías efectuó una comprobación posterior y detectó una circunstancia relevante respecto de uno de los integrantes de la lista. El propio Estado, por tanto, tuvo que ejercer controles adicionales sobre el resultado producido por la oficina encargada de la procura. Eso demuestra que resulta especialmente importante que exista trazabilidad documental suficiente para reconstruir qué ocurrió en cada versión de la lista corta.
El Club Nacional:
Camet y Rey vuelven a cruzarse.
Hay un dato que adquiere relevancia
por quién estaba al frente del Ministerio de Transportes cuando estalló la
controversia. Rafael Rey
asumió el MTC el 29 de julio de 2026. Según Diario UNO, ya
durante su gestión, la entonces directora de Provías Nacional, Claudia Dávila,
mantuvo su oposición a continuar con Sumaq Ñan, solicitó el 19 de agosto una
acción de control externo y posteriormente renunció. El mismo medio sostiene,
citando fuentes, que después de una reunión entre Rey y un responsable de PMO
Vías, el ministro habría exigido a Dávila firmar con Acciona-JJC.
Pero Rey no aparece socialmente desconectado de los Camet. Rafael Rey Rey figura como socio del Club Nacional desde 1983. Jorge Raúl Camet Dickmann aparece desde 1966 y Fernando Martín Camet Piccone, vinculado empresarialmente a J. y J. Camet, desde 2005. Además existe un nexo personal documentado entre ambas ramas: Alonso Rey Bustamante, primo hermano de Rafael Rey y socio del Club Nacional desde 1993, fue asesor de Jorge Camet Dickmann. El propio Rafael Rey reconoció ante el Congreso que Alonso Rey era su primo hermano, mientras que Alonso Rey declaró sobre su actuación como asesor de Jorge Camet.
Ese es el dato que revela un
antecedente social y profesional que merece ser consignado: el ministro que
aparece en el centro de la controversia de Pariachi pertenecía desde 1983 al
mismo Club Nacional donde Jorge Camet estaba desde 1966 y Fernando Camet desde
2005; y, entre los Rey y los Camet, existía además una relación profesional
anterior a través de Alonso Rey. Décadas
después, JJC vuelve a aparecer en una contratación pública controvertida
precisamente durante la gestión ministerial de Rafael Rey.
Acciona: de los
Entrecanales a BlackRock.
La alianza de JJC con Acciona incorpora al Túnel Pariachi a una estructura empresarial mucho mayor. Acciona sigue bajo el control de las sociedades vinculadas a la familia Entrecanales: Tussen de Grachten B.V. posee el 29,02 % y Wit Europese Investering B.V. el 26,10 % de los derechos de voto. Pero entre sus accionistas significativos aparece también uno de los mayores administradores de activos del mundo: BlackRock Inc., que en agosto de 2026 declaró ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores española el 3,859 % de los derechos de voto de Acciona, sumando acciones e instrumentos financieros. CNMV
Esto sí coloca a la constructora
española dentro de los grandes circuitos del capital financiero internacional.
Y BlackRock no ha sido el único gigante financiero de Illuminati Corp que
aparece en su accionariado significativo: el propio informe de gobierno
corporativo de Acciona registra que JPMorgan
Chase llegó a declarar una participación del 3,152 % en julio de 2025,
aunque posteriormente descendió por debajo de ese porcentaje.
Una caja transparente por fuera y cerrada por
dentro.
Aquí está la paradoja del Túnel Pariachi. Podemos descargar las bases. Podemos saber que existen cien puntos. Podemos conocer cuánto vale cada criterio. Podemos conocer cuándo se convocó el procedimiento e incluso que los cinco primeros debían continuar. No tenemos públicamente una tabla que diga cuánto obtuvo cada postor en facturación, túneles, movimiento de tierras, cumplimiento contractual, análisis crítico y programas ambientales; tampoco podemos reconstruir, con los documentos públicos localizados hasta ahora, cada modificación del orden de prelación.
Por eso
la pregunta ya no consiste únicamente en saber quién ganó. La pregunta
anterior es más elemental: ¿cómo podemos verificar desde fuera que los cien
puntos que decidieron quién continuaba fueron correctamente otorgados?
La
respuesta no puede ser simplemente que debemos confiar en quien evaluó. Mucho
menos tratándose de una obra pública cuyo presupuesto optimizado asciende a S/
2,537 millones. Gobierno
del Perú
Las
denuncias de Hildebrandt en sus Trece y Diario UNO deben ser
demostradas con los documentos que las sustentan. Pero precisamente las reglas
de este procedimiento hacen particularmente difícil que un tercero pueda
realizar esa comprobación: cada postor conoce su nota, no la de sus
competidores; el público conoce a los seleccionados, no sus puntuaciones; y la
propia evaluación fue declarada no impugnable.
Ese es el
punto que merece explicación pública. No basta con publicar las reglas de una
licitación. La transparencia también exige poder reconstruir cómo esas
reglas produjeron el resultado.
