martes, octubre 27, 2026

LA UNCIÓN DE LOS PRESIDENTES: DE LA FISCALÍA AL VATICANO

LA UNCIÓN DE LOS PRESIDENTES: DE LA FISCALÍA AL VATICANO.



POR IVÁN ORÉ CHÁVEZ PARA CAZAOLIGARCAS

Martín Vizcarra y José Jerí llegaron a la Presidencia de la República después de que el Ministerio Público archivara investigaciones en su contra. Ahora, con Keiko Fujimori en el poder y la visita del papa León XIV anunciada para noviembre de 2026, aparece un nuevo escenario para examinar una singular costumbre de la política peruana: la necesidad de ungir a sus gobernantes antes de presentarlos ante la nación.

La Fiscalía y el ritual de purificación presidencial

En el Perú, el acceso a la Presidencia de la República parece requerir algo más que una sucesión constitucional, una juramentación o una banda presidencial. Existe también una ceremonia menos visible, pero políticamente significativa: la purificación de los antecedentes del futuro gobernante. No siempre intervienen sacerdotes ni se utilizan óleos sagrados. En determinadas circunstancias, basta una disposición fiscal de archivo.

La Fiscalía, institución encargada de investigar los delitos y perseguir a sus responsables, adquiere entonces una función que trasciende el ámbito estrictamente judicial. Sus decisiones pueden convertirse en instrumentos de legitimación política, capaces de presentar ante la ciudadanía a un futuro presidente liberado de investigaciones que hasta poco antes comprometían su trayectoria. Dos acontecimientos recientes permiten examinar esta singular coincidencia: los ascensos presidenciales de Martín Vizcarra y José Jerí.

Martín Vizcarra: la primera unción

El 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República después de la renuncia de Pedro Kuczynski. Once días antes, el 12 de marzo, se había hecho público el archivo de la investigación fiscal relacionada con el aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco. Vizcarra había sido investigado por su participación en la adenda contractual de aquella obra durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones. La decisión de no continuar con la investigación fue adoptada durante la gestión del fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

La secuencia resulta particularmente interesante. Primero, la Fiscalía archiva la investigación. Después, el vicepresidente asume la Presidencia. El futuro mandatario llega al poder con una resolución fiscal que puede exhibirse como respaldo a su situación jurídica. Pero la historia de Vizcarra no terminó allí. Años después, otras investigaciones por corrupción relacionadas con su gestión como gobernador regional de Moquegua llegaron a los tribunales.

El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó, en primera instancia, a catorce años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, relacionado con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Los hechos examinados por el tribunal comprendían pagos ilícitos por aproximadamente 2,3 millones de soles. Aunque esta condena corresponde a expedientes distintos del caso Chinchero, su importancia política es evidente: el gobernante que había llegado a Palacio precedido por un archivo fiscal terminó enfrentando una sentencia condenatoria por corrupción.

La primera unción no garantizó la santidad del ungido.

José Jerí: la segunda unción

El caso de José Jerí presenta otra sucesión de acontecimientos. Jerí asumió la Presidencia de la República el 10 de octubre de 2025, después de haber presidido el Congreso. Antes de llegar al poder, había sido investigado por una denuncia de presunta violación sexual presentada a raíz de hechos ocurridos durante una reunión celebrada en diciembre de 2024.

La denunciante había acudido al encuentro acompañada de Marco Cardoza, su tío político, quien mantenía una relación de amistad con Jerí desde años anteriores. La mujer denunció haber sufrido una agresión sexual mientras se encontraba inconsciente. Al despertar, encontró en la habitación una prenda de vestir que pertenecía a José Jerí. El entonces congresista reconoció que la prenda era suya, pero sostuvo que alguien la había trasladado hasta aquel lugar para involucrarlo en los hechos.

La presencia de esa prenda constituye uno de los aspectos más llamativos del expediente. ¿Quién la trasladó hasta la habitación? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué motivo? La investigación fiscal no llegó a establecer de manera concluyente cómo terminó allí. Las pruebas genéticas realizadas sobre otras muestras biológicas no identificaron coincidencias con el perfil de Jerí. Sin embargo, la prenda reconocida como suya no fue sometida al mismo examen biológico.

A ello se añade otro acontecimiento. Marco Cardoza, quien quedó como principal investigado, abandonó el Perú con destino a Francia el 4 de febrero de 2025. La medida de impedimento de salida del país fue dictada posteriormente, cuando ya se encontraba en el extranjero.

El 8 de agosto de 2025, el fiscal supremo Tomás Gálvez dispuso archivar la investigación contra José Jerí. El 3 de octubre, la decisión quedó consentida. Siete días después, Jerí asumió la Presidencia de la República. Otra vez encontramos la misma secuencia: una investigación fiscal, una decisión de archivo y el posterior ascenso del investigado al máximo cargo político del país.

La Fiscalía había expedido su certificado de purificación. Y el nuevo presidente podía presentarse ante la nación con una investigación archivada, mientras permanecían preguntas sobre los hechos denunciados y sobre la salida del país del otro investigado.

La Fiscalía como institución consagradora

Los casos de Vizcarra y Jerí permiten identificar una coincidencia que merece atención. Ambos llegaron a la Presidencia por mecanismos de sucesión constitucional. Ambos habían afrontado investigaciones fiscales. Y ambos asumieron el poder después de decisiones de archivo adoptadas por el Ministerio Público.

En el caso de Vizcarra, el archivo del expediente Chinchero se conoció once días antes de su juramentación. En el caso de Jerí, la confirmación del archivo de la investigación por presunta violación sexual ocurrió siete días antes de su ascenso presidencial. La Fiscalía aparece así desempeñando un papel singular en el escenario político peruano: sus decisiones no solamente producen consecuencias jurídicas, sino que pueden proporcionar a los futuros gobernantes una apariencia de limpieza institucional en momentos decisivos para su llegada al poder.

La disposición fiscal se convierte en una suerte de certificado de buena conducta. El investigado deja atrás el expediente y se aproxima al sillón presidencial revestido de una nueva respetabilidad. La pregunta es inevitable: ¿cuánto influye esta purificación judicial en la legitimación de quienes están próximos a gobernar?

Keiko Fujimori y la consagración pontificia

Ahora aparece un tercer escenario, esta vez con características diferentes. El 14 de agosto de 2026, el Gobierno peruano publicó el Decreto Supremo número 037-2026-RE, mediante el cual declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre de ese año. La norma fue suscrita por la presidenta Keiko Fujimori.

El decreto establece que el pontífice recorrerá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. También crea una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores e integrada por diecinueve ministros de Estado. La organización de la visita comprende actividades protocolares, logísticas, administrativas y de seguridad, cuyo financiamiento se realizará con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades participantes.

Aquí aparece una diferencia respecto de Vizcarra y Jerí. Mientras aquellos llegaron al poder precedidos por decisiones fiscales de archivo, Keiko Fujimori, ya instalada en la Presidencia, prepara la recepción de la máxima autoridad de la Iglesia católica.

La visita pontificia ofrece un escenario de extraordinario valor simbólico. La presidenta podrá aparecer junto al papa León XIV, participar en ceremonias oficiales y proyectar una imagen de cercanía con una autoridad religiosa que posee especial importancia histórica y cultural en el Perú. El decreto reconoce expresamente esa importancia y recuerda que la Constitución considera a la Iglesia católica un elemento relevante en la formación histórica, cultural y moral del país.

De esta manera, la Presidencia organiza un acontecimiento en el que convergen el poder político, la representación religiosa y el ceremonial del Estado. La Fiscalía puede archivar expedientes. El Vaticano, en cambio, posee una autoridad espiritual que ningún fiscal puede proporcionar. Y allí surge una nueva forma de unción presidencial.

Ya no se trata de una resolución que declara concluida una investigación, sino de la posibilidad de revestir al poder político con el prestigio de una presencia pontificia.

Los presidentes ungidos y la idiosincrasia política peruana

La comparación permite observar tres escenarios. Martín Vizcarra llega a la Presidencia después del archivo de una investigación relacionada con el aeropuerto de Chinchero. José Jerí asume el poder siete días después de quedar consentido el archivo de una investigación por presunta violación sexual. Keiko Fujimori, por su parte, preside la organización de una visita pontificia declarada de interés nacional, con participación de diecinueve ministros y recursos presupuestarios del Estado.

En los dos primeros casos, la institución que proporciona la purificación es la Fiscalía. En el tercero, el escenario de consagración se desplaza hacia el ceremonial religioso y la presencia del papa León XIV. Se trata de mecanismos distintos, pero todos permiten examinar una misma preocupación de la política peruana: la construcción de una imagen de legitimidad alrededor de quien ocupa o está próximo a ocupar la Presidencia.

En un país donde las investigaciones judiciales, los escándalos políticos y las crisis institucionales acompañan frecuentemente a sus gobernantes, la necesidad de producir figuras presidenciales respetables adquiere una importancia particular. El poder necesita presentarse como digno de obediencia. Y cuando la trayectoria de sus ocupantes se encuentra sometida a cuestionamientos, la ceremonia de legitimación puede adquirir tanta importancia como el propio ejercicio del gobierno.

Reflexión final: la tempestad y el milagro del poder

En los Evangelios se relata que Jesús viajaba con sus discípulos en una barca cuando una violenta tempestad amenazó con hundirla. Mientras las olas golpeaban la embarcación y los discípulos temían por sus vidas, Cristo se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar que guardara silencio. Entonces las aguas se aquietaron y sobrevino una gran calma.

La próxima visita del papa León XIV al Perú ofrece una escena digna de aquella narración. El país se encuentra ante la posibilidad de nuevas alteraciones climatológicas asociadas al fenómeno de El Niño, con lluvias e inundaciones capaces de convertir extensas regiones en territorios de emergencia. Entretanto, desde Palacio se prepara la recepción del pontífice, con ministros, ceremonias y toda la solemnidad que exige una visita de semejante importancia.

Y acaso, cuando León llegue, el cielo aparezca despejado, las nubes desaparezcan del horizonte oficial y la presidenta sea presentada bajo una luminosa bóveda celeste, como si la presencia pontificia hubiera bastado para devolverle la tranquilidad al país. Las cámaras mostrarán el azul del cielo, las autoridades sonreirán y la ceremonia ofrecerá la imagen de una nación reconciliada con sus gobernantes.

Pero los trucos de magia del poder tienen una particularidad: no necesitan transformar la realidad, sino la manera de mostrarla. La tempestad puede continuar en las provincias, los expedientes pueden permanecer sin respuesta y los problemas nacionales pueden seguir acumulándose. Basta con que, durante unos instantes, todo desaparezca detrás del ceremonial.

Cristo calmó la tempestad. El poder político solamente necesita que no aparezca en la fotografía. Y cuando el papa León XIV llegue al Perú, quizá asistamos al más extraordinario de los milagros presidenciales: un cielo azul celeste sobre Palacio, mientras el país continúa navegando en medio de la tormenta.

viernes, octubre 23, 2026

CLUB NACIONAL DEL PERÚ: BANQUEROS, TERRATENIENTES, COMERCIANTES Y POLÍTICOS EN LA ÉLITE LIMEÑA DEL SIGLO XIX

CLUB NACIONAL DEL PERÚ: BANQUEROS, TERRATENIENTES, COMERCIANTES Y POLÍTICOS EN LA ÉLITE LIMEÑA DEL SIGLO XIX


CAZAOLIGARCAS | Investigación histórica y documental

La historia del Club Nacional del Perú permite examinar las relaciones sociales que existieron entre importantes empresarios, banqueros, terratenientes, comerciantes, militares y dirigentes políticos durante el siglo XIX. La investigación del historiador alemán Ulrich Mücke, publicada originalmente en 1998 bajo el título Der Partido Civil in Peru 1871–1879, proporciona documentación sobre la composición de esta institución y sus vínculos con el Partido Civil.

El Club Nacional fue un espacio de reunión de sectores influyentes de la sociedad limeña. Entre sus integrantes se encontraban propietarios de haciendas, fundadores y participantes de instituciones bancarias, comerciantes, abogados, ministros, diputados y senadores. La coincidencia de estas actividades permite estudiar las relaciones entre el poder económico, las organizaciones sociales y la representación política de la época.

En su obra Política y burguesía en el Perú: El Partido Civil antes de la Guerra con Chile, Mücke identifica a numerosos miembros del Club Nacional y registra sus actividades económicas y cargos públicos. Su investigación se sustenta, entre otras fuentes, en documentos históricos del propio Club Nacional.

Relación documental de miembros del Club Nacional

La siguiente lista reproduce los nombres identificados con la abreviatura CN (Club Nacional) en el apéndice de la edición castellana, junto con las actividades y cargos registrados por el investigador.

  1. Manuel Aparicio: comerciante y jurista.

  2. Felipe Arancibia: ingeniero.

  3. Enrique Ayulo: banquero y comerciante.

  4. Felipe Barreda y Osma: terrateniente, banquero y comerciante.

  5. Lino M. de la Barrera: director de la Beneficencia.

  6. José Basagoitia: propietario.

  7. Juan Basombrío: banquero.

  8. Juan Bazo y Basombrío: coronel.

  9. Fabricio Cáceres: empleado.

  10. Juan Calderón: propietario, banquero y comerciante.

  11. Enrique Canaval: terrateniente y diputado.

  12. Manuel Candamo: banquero y comerciante.

  13. Luis Carranza: médico, diputado y director de El Comercio.

  14. Pedro Castañeda: terrateniente.

  15. Fermín del Castillo: general.

  16. Pedro Correa y Santiago: comerciante, sargento y diputado.

  17. César Delbois: comerciante.

  18. Francisco J. Delgado: comerciante.

  19. Juan Ignacio Elguera: terrateniente, ministro y senador.

  20. Jesús Elías: terrateniente.

  21. Raymundo Elías: terrateniente.

  22. Carlos Elizalde: banquero y comerciante.

  23. Juan Francisco Elizalde: coronel.

  24. Juan Elmore: médico y profesor universitario.

  25. J. A. Figueroa: sin actividad especificada en el cuadro.

  26. Aurelio García y García: capitán de navío, ministro y diputado.

  27. José Antonio García y García: comerciante, jurista, ministro y diputado.

  28. Juan M. de Goyeneche: terrateniente y diputado.

  29. Miguel Grau: capitán de navío y diputado.

  30. José Herce: sin actividad especificada en el cuadro.

  31. Enrique Higginson: banquero y comerciante.

  32. Domingo Laos: terrateniente y banquero.

  33. Carlos López Aldana: comerciante y fabricante de textiles.

  34. Federico Marriott: comerciante.

  35. Lizardo Montero: contralmirante y senador.

  36. Juan J. Moreyra: terrateniente y comerciante.

  37. Mariano Moreyra: propietario.

  38. Antonio Noya: coronel.

  39. Ignacio de Osma: terrateniente y diputado.

  40. Federico Palacios: sin actividad especificada en el cuadro.

  41. Manuel M. Pérez: diputado.

  42. Carlos Pividal: jurista y diputado.

  43. J. M. Polo: propietario.

  44. Juan Portal: sin actividad especificada en el cuadro.

  45. Gaspar de la Puente: terrateniente.

  46. José María del Río: comerciante.

  47. José de la Riva Agüero: banquero, comerciante, ministro y senador.

  48. Francisco Rosas: comerciante, médico, profesor universitario, senador y ministro.

  49. Francisco Sagastabeytia: banquero y comerciante.

  50. José M. Sancho Dávila: terrateniente, banquero y general.

  51. Emilio A. del Solar: jurista, profesor universitario y diputado.

  52. Federico Sotomayor: terrateniente.

  53. José Simeón Tejeda: jurista, ministro y diputado.

  54. José Unánue: terrateniente.

  55. Roque Unzueta: diputado.

  56. Juan Luis Valdeavellano: terrateniente.

  57. Arístides G. Vigil: terrateniente.

Además, en el desarrollo histórico de la obra, Mücke identifica a José Antonio Barrenechea, quien presidió el Club Nacional desde 1864 y participó en la fundación del Banco Garantizador; al ingeniero Ernesto Malinowski; al médico alemán Ernst Middendorf; y a Pedro Gonzales de Candamo, mencionado entre los nuevos integrantes de la élite económica.

El Club Nacional como punto de encuentro del poder económico y político

La relación histórica permite identificar una característica importante: varios miembros del Club Nacional desarrollaban simultáneamente actividades empresariales y funciones públicas. Algunos eran banqueros y comerciantes que también ocuparon escaños parlamentarios; otros eran terratenientes que participaron en la administración del Estado.

La investigación de Mücke permite documentar esas coincidencias personales e institucionales. No demuestra, por sí sola, que todos los integrantes actuaran coordinadamente ni que la pertenencia al club determinara sus decisiones políticas. Para establecer relaciones de influencia concretas sería necesario examinar operaciones comerciales, participaciones bancarias, correspondencia, decisiones gubernamentales y vínculos familiares.

Para CAZAOLIGARCAS, esta nómina constituye un punto de partida documental para reconstruir las redes históricas de la élite peruana: quiénes integraban sus espacios de sociabilidad, qué actividades económicas desarrollaban y cuáles de ellos ejercían simultáneamente funciones políticas.

Fuente documental: Ulrich Mücke, Política y burguesía en el Perú: El Partido Civil antes de la Guerra con Chile. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios Peruanos, 2010, apéndice 2, pp. 317-324. Obra alemana original: Der Partido Civil in Peru 1871–1879: Zur Geschichte politischer Parteien und Repräsentation in Lateinamerika. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998, especialmente apéndice 6.3.

Nota metodológica: la lista corresponde a los nombres identificados en el cuadro castellano y no constituye una relación exhaustiva de todos los socios históricos del Club Nacional. Las fechas y actividades corresponden al período estudiado, principalmente las décadas de 1860 y 1870.

martes, octubre 20, 2026

LA PISCINA DE BOGOTÁ: EL PUTERÍO QUE REUNÍA A POLÍTICOS, NARCOTRAFICANTES, GUERRILLEROS Y PARAMILITARES

LA PISCINA DE BOGOTÁ: EL PUTERÍO QUE REUNÍA A POLÍTICOS, NARCOTRAFICANTES, GUERRILLEROS Y PARAMILITARES

La parábola del pastor, el lobo y las ovejas: mientras unos decían defender al pueblo y otros combatir a sus enemigos, todos encontraban un espacio común en la prostitución, el alcohol y la diversión.

El reportaje de Testigo Directo sobre La Piscina, uno de los prostíbulos más famosos de Bogotá, revela una realidad que permite examinar las contradicciones de la sociedad política colombiana: políticos del Gobierno nacional, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, presentados públicamente como integrantes de sectores enfrentados, coincidían en un mismo establecimiento para consumir alcohol, contratar servicios sexuales y disfrutar de largas jornadas de diversión. El testimonio de Omar Guzmán, uno de los fundadores del negocio, describe un ambiente donde las diferencias ideológicas desaparecían ante los placeres compartidos. El vicio y la prostitución constituían el punto de encuentro de personajes que, fuera de aquellas instalaciones, representaban posiciones aparentemente irreconciliables.

Un prostíbulo donde desaparecían las diferencias políticas

La Piscina funcionaba en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. El establecimiento había sido acondicionado sobre la estructura de un antiguo hotel mediante la inversión de varios socios. Contaba con ocho pisos, tres salones, una discoteca, cuatro bares, habitaciones reservadas y una piscina que constituía su principal atractivo. Según Omar Guzmán, llegaron a trabajar allí entre 300 y 400 mujeres, mientras que el reportaje menciona cifras incluso superiores. Las trabajadoras podían recibir entre 300.000 y 500.000 pesos colombianos por cliente, cantidades considerables si se comparan con el salario mínimo de 286.000 pesos vigente en Colombia durante 2001.

Sin embargo, el aspecto más revelador del establecimiento no era su tamaño, su infraestructura ni el dinero que circulaba, sino la composición de su clientela. Omar Guzmán afirma que allí concurrían políticos, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Personas pertenecientes a organizaciones que públicamente sostenían enfrentamientos políticos y armados compartían los mismos salones, consumían bebidas alcohólicas y disfrutaban de los servicios sexuales ofrecidos por el negocio. Algunos permanecían durante toda la noche e incluso durante uno o dos días.

El testigo describe que los clientes se presentaban entre sí, mencionaban sus cargos y oficinas e incluso ofrecían colaboración y seguridad a los propietarios. Su declaración contiene una frase particularmente significativa: «Allá no había ni ideologías de nada». Esta expresión resume la contradicción central del reportaje: las ideologías que separaban públicamente a aquellos sectores no impedían que sus integrantes compartieran un mismo espacio de entretenimiento privado.

El pastor, el lobo y las ovejas: una parábola del poder

La convivencia descrita en La Piscina puede interpretarse mediante la parábola del pastor, el lobo y las ovejas. El pastor representa al poder político que afirma proteger a la población; el lobo representa a las organizaciones armadas y criminales que amenazan esa protección; y las ovejas representan a los ciudadanos que viven bajo las consecuencias de esos enfrentamientos.

En el discurso público, el pastor protege a las ovejas del lobo. Su legitimidad depende, precisamente, de presentarse como defensor frente a una amenaza. El lobo, por su parte, aparece como el enemigo que debe ser combatido. Ambos ocupan posiciones antagónicas dentro de una representación que organiza las lealtades, los temores y las expectativas de la población.

Pero el testimonio sobre La Piscina introduce una escena distinta: el pastor y el lobo coinciden en el prostíbulo, beben, se divierten y comparten los mismos placeres, mientras las ovejas permanecen fuera de ese círculo de convivencia. Allí, las diferencias que estructuran el enfrentamiento público dejan de constituir un obstáculo para las relaciones personales.

La parábola no necesita suponer que todos pertenecían a una misma organización. Su fuerza reside en mostrar que sectores enfrentados podían formar parte de un mismo ambiente social, compartir hábitos y reconocerse mutuamente en espacios privados. La oposición pública coexistía con una sociabilidad privada que atravesaba las fronteras ideológicas.

El vicio como elemento de cohesión entre sectores enfrentados

La prostitución, el alcohol y la diversión aparecen en el reportaje como prácticas compartidas por personajes de distintas procedencias políticas y criminales. Lo que los reunía no era necesariamente un programa ideológico, sino una comunidad de hábitos, apetitos y posibilidades económicas.

El establecimiento ofrecía un ambiente donde el dinero y el poder permitían acceder a mujeres, bebidas, habitaciones reservadas y prolongadas jornadas de entretenimiento. La capacidad de consumo constituía una condición común entre personajes que podían mantener posiciones antagónicas en la vida pública. Dentro de La Piscina, el guerrillero, el paramilitar, el narcotraficante y el funcionario gubernamental dejaban momentáneamente de actuar conforme a los papeles que representaban ante la sociedad y participaban de una misma cultura de diversión.

Esta circunstancia plantea una observación política importante: el enfrentamiento entre grupos no elimina necesariamente la existencia de intereses, costumbres y placeres compartidos entre sus integrantes. Los antagonismos pueden ser reales y, simultáneamente, existir espacios donde los adversarios se reconocen como miembros de un mismo universo de privilegios.

La Piscina constituye, desde esta perspectiva, una expresión material de esa convergencia. No se trataba de una reunión académica, de una negociación institucional ni de una ceremonia diplomática. Era un prostíbulo donde las personas acudían para satisfacer deseos personales. Precisamente por ello, el testimonio resulta revelador: muestra un terreno de coincidencia situado fuera de las declaraciones políticas y de las justificaciones ideológicas.

La contradicción entre el discurso público y la conducta privada

El reportaje describe una Colombia atravesada por enfrentamientos entre el Estado, las guerrillas, las organizaciones paramilitares y el narcotráfico. Sin embargo, dentro de La Piscina, integrantes de esos sectores podían encontrarse sin reproducir necesariamente las hostilidades que caracterizaban sus relaciones públicas.

Omar Guzmán menciona, además, a un funcionario de alto rango del Gobierno nacional, identificado en el reportaje mediante el nombre de «Rafael», que frecuentaba el establecimiento. El testigo sostiene que los espacios reservados recibían a personas importantes de la política nacional. Esta presencia resulta significativa porque sitúa a integrantes del aparato gubernamental dentro del mismo circuito de entretenimiento que frecuentaban personas vinculadas a organizaciones armadas y criminales.

La contradicción no consiste simplemente en que un político visitara un prostíbulo. El asunto es más amplio: un mismo lugar reunía a representantes de sectores que justificaban sus posiciones públicas mediante la oposición a los otros. Allí aparece una dimensión del poder que habitualmente queda fuera de los discursos oficiales: la de las relaciones informales, las costumbres compartidas y los ambientes privados donde las identidades políticas pierden parte de su importancia.

El propio Guzmán interpreta aquella convivencia como una manifestación de la hipocresía social. Su experiencia empresarial le permitió observar cómo personas pertenecientes a sectores públicamente enfrentados participaban de las mismas actividades recreativas.

Del prostíbulo de las élites al control de las organizaciones criminales

La historia de La Piscina también presenta una transformación posterior. Omar Guzmán relata que vendedores de drogas y organizaciones criminales penetraron progresivamente en el establecimiento. Afirma que los socios se opusieron a la comercialización de estupefacientes y que los conflictos derivados de esa situación lo llevaron a vender sus acciones.

Años después, el inmueble volvió a aparecer vinculado con actividades criminales. En noviembre de 2021, las autoridades colombianas capturaron a 13 personas señaladas de pertenecer a la organización Los Compas, que utilizaba el antiguo establecimiento como centro de operaciones. En 2022, según el reportaje, se produjo una medida de extinción de dominio por aproximadamente 566 millones de pesos colombianos relacionada con esa estructura.

La narración también menciona la presencia posterior de organizaciones como el Tren de Aragua y Los Maracuchos en las disputas criminales del barrio Santa Fe. De este modo, el inmueble atravesó distintas etapas: primero como negocio de prostitución frecuentado por personajes adinerados y poderosos; después como espacio penetrado por redes de comercialización de drogas; y finalmente como inmueble relacionado con operaciones de una organización criminal.

La verdadera enseñanza de La Piscina

La historia de La Piscina permite observar una dimensión de las relaciones entre poder político, violencia organizada y vida privada que rara vez aparece en las representaciones públicas de los conflictos. Mientras los discursos oficiales establecían fronteras entre defensores del orden, insurgentes, paramilitares y narcotraficantes, el prostíbulo ofrecía un espacio donde integrantes de esos sectores compartían placeres y hábitos de consumo.

La parábola del pastor, el lobo y las ovejas adquiere aquí su sentido político. El pastor y el lobo pueden presentarse ante las ovejas como enemigos irreconciliables, pero esa representación no impide que ambos coincidan en determinados espacios privados. La existencia de enfrentamientos públicos tampoco significa que sus protagonistas carezcan de afinidades personales, económicas o culturales.

La Piscina revela que el vicio y el puterío podían reunir a quienes las ideologías, las instituciones y las organizaciones armadas presentaban como adversarios. El testimonio de Omar Guzmán muestra esa coincidencia de manera concreta: políticos, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes compartiendo un establecimiento dedicado a la prostitución y la diversión.

La imagen final es la del pastor y el lobo encontrándose en el mismo lugar, lejos de las ovejas. No demuestra que todas sus disputas fueran ficticias, pero sí expone algo políticamente significativo: los enfrentamientos que dividen a la sociedad no impiden que algunos de sus protagonistas compartan una misma cultura de privilegios, placeres y relaciones privadas.

Y esa es la contradicción que deja al descubierto La Piscina: quienes se presentaban como enemigos ante la sociedad podían reconocerse como compañeros de diversión detrás de las puertas de un prostíbulo.


Fuente documental: «Oscuros secretos de La Piscina, el prostíbulo más famoso de Bogotá: políticos, narcos y guerrilleros», reportaje de Testigo Directo, con declaraciones de Omar Guzmán. Análisis político e interpretación de la parábola elaborados a partir del contenido del reportaje.

sábado, octubre 17, 2026

EL SHOW DEL TÚNEL PARIACHI: REY VS. THORNDIKE

EL SHOW DEL TÚNEL PARIACHI: REY VS. THORNDIKE

Por Iván Oré Chávez para CAZAOLIGARCAS

 


El 14 de octubre de 2026, el programa Contra Corriente, de Willax Televisión, presentó una confrontación entre el periodista Augusto Thorndike y el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, a propósito de la controvertida selección del consorcio Acciona-JJC para la construcción del túnel Pariachi, una de las primeras obras de la Nueva Carretera Central. Hubo interrupciones, reclamos, elevaciones de voz, acusaciones de falta de ética periodística y hasta una discusión sobre quién tenía derecho a hablar. Pero, detrás de esa aparente confrontación, ocurrió algo mucho más importante: el ministro defendió la actuación de la oficina francesa encargada del procedimiento sin identificar una sola comprobación documental realizada personalmente sobre las puntuaciones cuestionadas.

El espectáculo terminó con disculpas, expresiones de amistad y elogios a la honestidad de Rey. Las preguntas sobre las calificaciones, las sucesivas versiones de la lista corta, las observaciones de Provías Nacional y las relaciones sociales y familiares que rodeaban a los protagonistas quedaron fuera de la discusión. El programa aparentó someter al ministro a un interrogatorio, pero terminó ofreciendo una extensa defensa de su actuación sin exigirle las pruebas fundamentales que debían respaldarla.

 

El concurso que Rey daba por correcto porque sus organizadores se lo dijeron

Rafael Rey comenzó su explicación señalando que la Nueva Carretera Central era un proyecto de aproximadamente S/ 30.000 millones y que el Estado peruano había contratado una oficina de gestión de proyectos, conocida por sus siglas inglesas PMO, dentro del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con Francia. Explicó que esa oficina debía gestionar el proyecto, orientar su ejecución y procurar que las obras se realizaran dentro de los plazos previstos. La primera intervención importante era el túnel Pariachi, destinado a conectar el entorno de la Carretera Central existente con la zona de Cieneguilla.

Según Rey, el PMO francés había preparado las bases y reglas del concurso, el Ministerio de Transportes las había aprobado antes de su llegada y posteriormente había encargado a esa oficina conducir la selección del constructor. Cuando Thorndike preguntó quién adjudicaba, Rey respondió categóricamente: «El PMO, por supuesto». También sostuvo que Claudia Dávila, entonces directora de Provías Nacional, cometía un grave error al considerar que esa entidad debía intervenir en la decisión final.

Rafael Rey afirmó ante Augusto Thorndike que el PMO francés era quien adjudicaba la construcción del túnel Pariachi. Sin embargo, adjudicar significa otorgar la buena pro, es decir, declarar oficialmente al ganador, y el artículo 80 del Reglamento de la Ley N.º 32069 establece que en el régimen general intervienen los órganos competentes de la entidad pública: la dependencia encargada de las contrataciones, el oficial de compra o el comité, según corresponda. En el caso del túnel Pariachi, la entidad pública responsable es Provías Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El propio PMO Vías reconoce que gestiona las licitaciones por cuenta de Provías Nacional. Por tanto, el PMO es un gestor contratado, no una dependencia pública peruana. Aunque todavía falta identificar qué funcionario u órgano tenía formalmente la facultad de adjudicar esta obra bajo su régimen especial, Rey no explicó qué disposición legal autorizaba al PMO a hacerlo. Thorndike tampoco se lo preguntó, dejando sin esclarecer quién tenía realmente la autoridad para declarar ganador al consorcio Acciona-JJC.


Pero Rey no mostró la cláusula contractual que atribuyera al PMO la facultad jurídica de adjudicar definitivamente la obra. Tampoco distinguió entre organizar un procedimiento, evaluar ofertas, recomendar a un constructor y adoptar la decisión administrativa correspondiente. Su afirmación sobre las competencias del PMO quedó presentada como una verdad indiscutible, sin que Thorndike le exigiera identificar el documento que la sustentaba.

Rey añadió que las ofertas se evaluaban con una ponderación del 60 % para los factores técnicos —calidad, experiencia y capacidad profesional— y del 40 % para el precio. El conductor reforzó esa explicación diciendo que había consultado a su amigo Raúl Barrios, vinculado a la Cámara de Comercio de Lima, quien le había confirmado que en una obra de esa complejidad el componente técnico pesaba más que el económico.


Durante la entrevista, Augusto Thorndike afirmó que había consultado a su amigo Raúl Barrios Fernández-C., presidente de la Cámara de Comercio de Lima, quien le confirmó que, tratándose de una obra compleja como el túnel Pariachi, el factor técnico podía tener mayor peso que el precio. Ahora bien, por simple coincidencia, Raúl Barrios es socio del Club Nacional desde 1993. Rafael Rey pertenece al mismo club desde 1983, mientras que Augusto Thorndike Galup, abuelo del conductor, fue incorporado en 1934, y Felipe A. Thorndike Beltrán, primo hermano de su padre, en 1950. Todos pertenecen, por tanto, a una misma institución histórica de la élite limeña. Pero hay algo más importante: el propio Raúl Barrios, especialista en contrataciones públicas, había advertido en mayo de 2016 ante el Congreso que determinadas disposiciones de la Ley de Contrataciones podían favorecer la corrupción. En 2019 también cuestionó reglas que facilitaban el direccionamiento de licitaciones y, en agosto de 2024, criticó las dificultades para impugnar decisiones bajo la nueva Ley N.º 32069. Además, participó en 2024 en la presentación de las futuras licitaciones de la Nueva Carretera Central, organizada por PMO Vías. Es decir, Barrios conocía tanto los riesgos de las contrataciones públicas como el proyecto en discusión. Sin embargo, Thorndike solamente utilizó su opinión para respaldar el mayor peso del factor técnico, sin preguntarle si las puntuaciones otorgadas a los postores del túnel Pariachi habían sido correctamente calculadas. En una publicación de 2019 de la propia Cámara de Comercio de Lima, titulada «Artículos en Ley de Contrataciones fomentarían corrupción», Barrios declaró: «Se han hecho cambios en la ley en los últimos años, especialmente en este Gobierno, que están direccionando los procesos y generando corrupción».


La afirmación general era sencilla: una oferta más barata no necesariamente tenía que ganar. Sin embargo, esa explicación no resolvía la controversia. Nadie discutía que las bases pudieran establecer criterios técnicos. Lo que correspondía demostrar era que los puntos otorgados a cada participante habían sido calculados correctamente.

Thorndike mencionó que el Consorcio Túnel del Valle había presentado una oferta aproximadamente treinta millones de dólares inferior a la de Acciona-JJC. Rey respondió insistiendo en la mayor ponderación técnica. Pero no presentó el cuadro comparativo de calificaciones ni explicó qué ventajas técnicas específicas justificaban la diferencia entre los postores.

 


El peso del componente técnico no prueba que la evaluación técnica haya sido correcta. Esa distinción elemental desapareció durante la entrevista.

Las reglas públicas y las calificaciones que no podían conocerse

CAZAOLIGARCAS ya había examinado el Aviso General de Adquisiciones del túnel Pariachi y sus criterios de evaluación. Los documentos del procedimiento establecían una calificación técnica sobre cien puntos para formar una lista corta de cinco participantes. No existía puntaje mínimo ni factores eliminatorios: los cinco primeros continuaban y los demás quedaban excluidos.

La distribución de los cien puntos estaba expresamente establecida: hasta 15 por facturación acumulada en obras; 40 por experiencia específica en túneles; 20 por experiencia en movimientos de tierras; 2 por certificaciones ISO adicionales; 5 por cumplimiento de contratos; 12 por análisis crítico y entendimiento de la obra; y 6 por programas ambientales y sociales.

Setenta y cinco puntos se concentraban en facturación, experiencia en túneles y movimientos de tierras. Otros doce correspondían a un análisis crítico presentado en un documento de seis páginas, evaluado mediante criterios como la congruencia del enfoque, el tratamiento de riesgos, la organización propuesta y la coherencia de los recursos estimados.


Todo eso figuraba en las bases. No se trataba de una interpretación periodística sobre cómo debía funcionar el concurso, sino de las reglas escritas por sus propios organizadores.

El problema aparecía en el numeral 4.8 del Aviso General de Adquisiciones. Allí se establecía que cada participante podía solicitar el detalle de su evaluación, pero no conocer la de los demás. La disposición indicaba: «No se entregará la evaluación de los demás proponentes a nadie ajeno a él». La lista de seleccionados se comunicaba sin publicar sus puntuaciones y, adicionalmente, el documento declaraba que la evaluación y su resultado no eran impugnables. Los participantes debían suscribir incluso un compromiso de aceptación de esas condiciones.

Por tanto, las reglas eran públicas, pero la aplicación individual y comparativa de esas reglas quedaba restringida. El ciudadano podía saber que la experiencia en túneles valía cuarenta puntos, pero no podía comprobar cuántos recibió cada competidor, por qué los recibió y qué documentos justificaban las diferencias.

 


Este era uno de los asuntos centrales que Rafael Rey debía explicar. No lo hizo. Y Augusto Thorndike tampoco se lo preguntó.

Del séptimo al quinto puesto: la denuncia que no fue examinada

La controversia adquirió mayor gravedad con las publicaciones de Hildebrandt en sus Trece y Diario UNO. En el informe «Regresan los Camet», Américo Zambrano examinó la participación de JJC Contratistas Generales, empresa anteriormente conocida como J. y J. Camet, en el Consorcio Sumaq Ñan, integrado junto con la constructora española Acciona en una participación reportada del 50 % para cada una.

Diario UNO, por su parte, afirmó haber tenido acceso a un cuadro denominado «Lista Corta Definitiva» y denunció que Acciona-JJC había ocupado inicialmente el séptimo lugar, fuera de los cinco seleccionados, para aparecer posteriormente en el quinto puesto de una tercera versión de la lista remitida al MTC. El diario también informó sobre una denuncia anónima recibida el 24 de junio de 2026 por el MTC, Provías y PMO Vías, en la que se alegaba la incorporación indebida de cuatro puntos al consorcio Sumaq Ñan.

Estas denuncias exigían revisar las versiones originales de la lista corta y las hojas de evaluación. Su importancia no dependía de la indignación de un ministro ni de la confianza que un periodista pudiera depositar en él. Si una empresa había pasado del séptimo al quinto lugar mediante una modificación de sus puntuaciones, el cambio tenía consecuencias concretas: permitía continuar compitiendo a quien, según la clasificación anterior, debía quedar fuera. Rey no explicó si conocía las distintas versiones de la lista, si había revisado las puntuaciones cuestionadas o si había solicitado un informe sobre los cuatro puntos denunciados.


En marzo de 2026 ya se había informado al Congreso sobre problemas en la preselección. Según la exposición ministerial, después de que PMO Vías comunicara los resultados el 16 de diciembre de 2025, Provías Nacional detectó el 17 de diciembre que una empresa originalmente preseleccionada registraba sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado relacionadas con documentos falsos o adulterados. Es decir, el propio Estado había tenido que efectuar comprobaciones posteriores sobre los resultados comunicados por el PMO.


 

La evaluación del PMO no era un acto que debiera aceptarse sin comprobación. Ya existían antecedentes que justificaban controles adicionales.

La reunión de Rafael Rey: preguntas, respuestas y ninguna prueba identificada

El momento más revelador de toda la entrevista aparece cuando Rey reconstruye su primera y, según él, única reunión con representantes del PMO y Claudia Dávila. El ministro cuenta que los funcionarios franceses le informaron que habían realizado el concurso conforme al encargo recibido y que una empresa había ganado. También le manifestaron que Provías pretendía favorecer al segundo o tercer participante.

Rey relata entonces su propio interrogatorio: preguntó si se había realizado el concurso; le respondieron que sí. Preguntó si las bases habían sido aprobadas por el ministerio; le respondieron que sí. Preguntó si el procedimiento se había desarrollado conforme a esas bases; nuevamente recibió una respuesta afirmativa. A partir de ello concluyó que no correspondía modificar al ganador.

Aquí se encuentra el vacío fundamental de su defensa: Rey no cuenta que hubiera exigido a los representantes del PMO mostrarle los documentos que demostraban la corrección de sus respuestas.

No dice que solicitara las hojas de puntuación, las actas de evaluación, las sucesivas versiones de la lista corta, los documentos que justificaban cada cambio de posición, los informes sobre las observaciones de Provías o la revisión de la denuncia de los cuatro puntos. Tampoco identifica un informe jurídico independiente que hubiera examinado la controversia antes de respaldar la posición del PMO.

En la narración de Rey, los propios responsables del procedimiento afirman que lo hicieron correctamente y el ministro acepta esa explicación. La reunión aparece convertida en una comprobación, cuando lo relatado consiste esencialmente en una serie de preguntas respondidas por los mismos funcionarios cuya actuación estaba cuestionada.

La entrevista no permite saber si Rey examinó otros documentos fuera de esa reunión. Pero permite afirmar algo concreto: no identificó ante el público ninguna prueba documental que hubiera revisado para verificar las garantías recibidas.

Y Thorndike, que supuestamente lo estaba sometiendo a un interrogatorio, omitió la pregunta más importante: «¿Usted pidió ver las pruebas?».

 

Claudia Dávila y la versión que Rey quiso imponer

Rey presentó la posición de Claudia Dávila como un intento de desconocer al ganador y entregar la obra al segundo o tercer postor. Afirmó que hacerlo habría originado un juicio contra el Estado y constituido una irregularidad gravísima. Reiteró que no era lícito cambiar las reglas después de realizado el concurso ni alterar el resultado de quien había ganado.

El argumento contiene una distinción que el ministro nunca desarrolló. Cambiar arbitrariamente al ganador de un concurso es una cosa; corregir una evaluación que pudiera contener errores es otra. La segunda actuación no supone necesariamente modificar las reglas: puede consistir precisamente en exigir que se cumplan. Rey nunca demostró que Dávila estuviera intentando lo primero. Tampoco expuso los fundamentos documentales de la funcionaria para que el público pudiera evaluar si sus objeciones tenían sustento.

Thorndike introdujo los oficios de Provías del 4, 11 y 12 de agosto de 2026. En la entrevista se mencionó el Oficio N.º 1045-2026-MTC y se describieron reclamaciones relativas a información que el PMO no habría entregado, respuestas consideradas insuficientes, solicitudes de programación e implementación y la suspensión de un trámite de pago.

La cuestión merecía una revisión minuciosa. Había que establecer qué información faltaba, qué obligaciones contractuales se invocaban, qué respondió el PMO y si esos reclamos estaban relacionados con la evaluación de los postores o con otras obligaciones de la oficina francesa.

Rey respondió que esas comunicaciones se habían producido sin su conocimiento. Incluso afirmó que era completamente falsa la presentación realizada por el conductor. “Todo eso que tú dices es completamente falso y además colocado de esa manera sin que el ministro se entere. O sea, ella envió esto sin... Sin conocimiento mío”. Sin embargo, no identificó qué afirmación documental era falsa ni mostró un oficio que contradijera el contenido de los documentos mencionados.

 

Que el ministro no conociera una comunicación no significa que la comunicación no existiera ni que su contenido careciera de fundamento.

Según las publicaciones recogidas por la prensa, Dávila mantuvo sus objeciones durante la gestión de Rey y solicitó el 19 de agosto una acción de control externo. Posteriormente dejó el cargo. Rey confirmó en la entrevista que aceptó su renuncia, pero no explicó qué ocurrió con las observaciones administrativas ni con la solicitud de control.

En lugar de examinar esos antecedentes, manifestó que antes tenía otro concepto de Dávila y que ahora comprendía muchas cosas. También dijo desconocer sus motivos y no querer formular suposiciones. Sin embargo, ya había presentado su actuación como un intento improcedente de alterar el resultado del concurso. La descalificación de su criterio personal no reemplazaba una respuesta a sus documentos.

 

La salida de Dávila y la llegada de Álex Segundo Díaz Guevara

Rafael Rey explicó que había aceptado la renuncia de Claudia Dávila porque confiaba en la persona designada para reemplazarla: Álex Segundo Díaz Guevara. Afirmó haber recibido numerosas referencias sobre su experiencia, calidad profesional y honestidad. También explicó que primero lo había nombrado en Provías Descentralizado y después en Provías Nacional.

Thorndike señaló que Díaz Guevara ya ocupaba la jefatura de Provías Nacional desde el 16 de septiembre. Lejos de examinar las decisiones administrativas adoptadas por el nuevo funcionario, terminó diciéndole a Rey que confiaba en su criterio. «Yo pongo mi brazo derecho».

Este episodio recuerda lo ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo con el caso de Sada Goray, en el que las investigaciones revelaron la importancia que tenía la colocación de determinados funcionarios públicos para favorecer intereses empresariales. En el caso del túnel Pariachi, Claudia Dávila había cuestionado el procedimiento del PMO y exigido información sobre la contratación. Posteriormente salió de Provías Nacional y Rafael Rey designó a Álex Segundo Díaz Guevara, de cuya honestidad y capacidad ofreció garantías personales ante las cámaras. La comparación plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurrió con las observaciones de Dávila después de que el nuevo funcionario asumiera el control de Provías Nacional? Porque en las contrataciones públicas no solamente importa quién gana una licitación, sino también quién ocupa el cargo desde el cual se puede cuestionar, aprobar o permitir que continúe el procedimiento.

Otra vez, la conversación sustituyó los actos verificables por apreciaciones personales. La pregunta pertinente no era si el nuevo funcionario inspiraba confianza al ministro, sino qué hizo con las observaciones heredadas de Dávila. ¿Las ratificó? ¿Las desestimó? ¿Dispuso nuevas verificaciones? ¿Qué informes respaldaron sus decisiones? Nada de eso quedó esclarecido.

Rey sostuvo, además, que no conocía a las empresas participantes y que el concurso se había desarrollado antes de su llegada al ministerio, el 29 de julio de 2026. Pero no haber participado en la preparación de un concurso no resuelve las responsabilidades derivadas de las decisiones adoptadas durante una gestión posterior. El ministro también insistió en que habría defendido al ganador cualquiera que hubiera sido su nombre. Era una declaración de imparcialidad personal, no una comprobación del resultado.

 

Los Camet, Rafael Rey y el Club Nacional

La investigación de CAZAOLIGARCAS había incorporado un aspecto que Willax dejó completamente fuera: las relaciones sociales y familiares existentes entre Rafael Rey y miembros de la familia Camet. Los registros del Club Nacional sitúan a Rafael Rey Rey como socio desde 1983, a Jorge Raúl Camet Dickmann desde 1966 y a Fernando Martín Camet Piccone desde 2005. JJC Contratistas Generales, vinculada a la familia Camet, participaba con Acciona en el consorcio involucrado en la controversia.

Pero existe una relación más específica que la coincidencia de pertenencia a una misma institución: Alonso Rey Bustamante, primo hermano de Rafael Rey y socio del Club Nacional desde 1993, fue asesor de Jorge Camet Dickmann. El parentesco fue reconocido por el propio Rafael Rey ante el Congreso, mientras que Alonso Rey declaró sobre su actuación profesional como asesor de Camet. Este antecedente contradice la imagen de dos entornos familiares completamente desconectados y justifica investigar qué relaciones concretas existían entre sus integrantes durante la contratación. Cuando Rey afirmó que ni siquiera conocía a los postores, Thorndike pudo preguntarle por los Camet, por Alonso Rey y por su conocimiento de JJC. No lo hizo. La entrevista omitió así uno de los principales asuntos que CAZAOLIGARCAS había puesto sobre la mesa.

 

Augusto Thorndike: el periodista y su propia faceta oligárquica

El conductor que entrevistó a Rafael Rey también tiene facetas que merecen examinarse dentro de una investigación sobre las élites peruanas. La ficha genealógica de los descendientes de Juan L. Thorndike identifica una línea familiar que comprende a Ernesto Thorndike M., Augusto Thorndike G. y Guillermo Thorndike L., padre del conductor de Willax, Augusto Thorndike. El Club Nacional registra a Augusto Thorndike G. como socio desde 1934; a Felipe A. Thorndike Beltrán y Alberto Thorndike Elmore, desde 1950; y a Felipe Thorndike V., desde 1983. La genealogía también documenta el matrimonio de Felipe Thorndike Galup con Augusta Beltrán Espantoso, del que nació Felipe A. Thorndike B. Esta rama familiar estaba vinculada directamente con Pedro Beltrán Espantoso, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda y Comercio entre 1959 y 1961, quien también fue embajador del Perú en Estados Unidos, presidente del Banco Central de Reserva, presidente de la Sociedad Nacional Agraria y director del diario La Prensa. Su sobrino, Felipe Thorndike Beltrán, fue empresario petrolero, vicepresidente de Petroperú, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, vicepresidente de ComexPerú e integrante de directorios de empresas como Volcan Compañía Minera, Wiese Aetna y Compañía Minera Castrovirreyna. No se trataba, por tanto, de una vinculación cotidiana a un club social, sino de una red con presencia efectiva en el gobierno, la banca, los medios de comunicación, la industria petrolera, la minería y las principales organizaciones empresariales del Perú.

La relevancia histórica aumenta al recordar que Miceno Espantoso figura entre los fundadores y presidentes del Club Nacional, mientras que las alianzas matrimoniales de los Beltrán, Espantoso y Elías forman parte de la historia de la oligarquía republicana. Por tanto, Thorndike no aparece como un periodista ajeno a la élite limeña lo que constituye un antecedente social pertinente para una investigación sobre el papel de los medios en la representación pública de las élites. El dato adquiere especial interés por el modo en que Thorndike condujo la entrevista: no se limitó a preguntar por la licitación, sino que se convirtió repetidamente en garante de la honestidad de Rafael Rey.

 


El interrogatorio que terminó en elogios

Durante la entrevista, Augusto Thorndike reconoció su amistad de años con Rafael Rey y justificó su temperamento como una característica conocida de su personalidad. Incluso admitió que algunas de sus interrupciones habían servido para reforzar las explicaciones técnicas del ministro.

Rey cuestionó la ética periodística del reportaje anterior, acusándolo de difundir afirmaciones falsas sin recoger adecuadamente su versión. También reveló que había reclamado directamente ante el dueño de Willax para obtener un espacio de respuesta. Así, la discusión sobre la conducta del medio terminó desplazando la cuestión central: si las calificaciones otorgadas por el PMO en la contratación del túnel Pariachi estaban debidamente sustentadas.

La moral de Rey como sustituto de los documentos

Rey sostuvo que las mentiras eran el origen de la corrupción, defendió su negativa a modificar el resultado del concurso y anunció una carta notarial contra César Hildebrandt. Sin embargo, ni sus declaraciones sobre la honestidad ni sus reclamos contra la prensa sustituían los documentos necesarios para verificar la evaluación del PMO. La cuestión seguía siendo qué pruebas había examinado el ministro para asegurar que el procedimiento se había desarrollado correctamente. El ministro convirtió su confianza en el PMO en una defensa de las reglas, sin explicar cómo había comprobado que esas reglas se cumplieron.

 

El cierre del espectáculo

Después de discutir sobre interrupciones, ética periodística, amistades y reputaciones, Rey regresó a su argumento inicial: no era lícito cambiar las reglas después de realizado un concurso y tampoco correspondía modificar al ganador. Insistió en que había llegado al ministerio desde fuera del procedimiento y que no sabía qué decisiones se habían tomado antes de su nombramiento.

Thorndike cerró esa explicación con una frase reveladora: «Pero se encontraron con Rafael Rey, no con cualquiera». El conductor ya no estaba exigiendo una prueba. Estaba destacando la personalidad del ministro. Todo un panegírico. Rey se disculpó por su apasionamiento. Thorndike le aseguró que siempre era un placer conversar con él y que el programa seguiría siendo su casa. La conversación terminó cordialmente y dio paso a una pausa comercial.

Así concluyó la aparente confrontación sobre una de las obras de infraestructura más importantes del país. No se mostraron las hojas de puntuación, no se reconstruyeron las distintas versiones de la lista corta, no se examinó la denuncia de los cuatro puntos presuntamente añadidos al consorcio Acciona-JJC ni se esclareció qué ocurrió con las observaciones de Claudia Dávila. La entrevista terminó con elogios a Rafael Rey, pero sin las pruebas documentales que justificaran su defensa del concurso.

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/1048069-mtc-iniciara-procesos-de-licitacion-para-la-fase-obra-de-la-nueva-carretera-central-en-2025

https://pocwebmk.com/noticias/nueva-ley-general-de-contrataciones-publicas-raul-barrios/

https://elcomercio.pe/economia/peru/gremio-de-construccion-civil-de-la-ccl-considera-que-ley-de-contrataciones-publicas-incluye-disposicion-que-afectaria-transparencia-ultimas-noticia/

https://inforegion.pe/solicitan-la-anulacion-de-la-ley-de-contrataciones-del-estado/

https://apps.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion873/edicion%20873_ok.pdf