EL GABINETE DE KEIKO

EL GABINETE DE KEIKO-

Por Iván Oré.

I. LA LEGITIMIDAD ELECTORAL Y LA COMPOSICIÓN DEL PODER.

La primera vuelta de las elecciones generales de 2026 dejó un dato que pasó prácticamente inadvertido. Keiko Fujimori obtuvo 2'877,678 votos, equivalentes al 17.192 % de los votos válidos. Sin embargo, ese respaldo representa solo el 14.269 % de los votos emitidos y apenas el 10.53 % del padrón electoral, incluyendo a los ciudadanos que no acudieron a votar.

Los números resultan aún más reveladores cuando se observa el voto de rechazo. Los votos en blanco (2'372,895) y los votos nulos (1'056,811) sumaron 3'429,706 sufragios, es decir, 552,028 votos más que la candidatura que ocupó el primer lugar. En otras palabras, el mayor caudal individual de la primera vuelta no correspondió a ningún partido político, sino al voto inválido.

Ese dato nos plantea una pregunta: ¿quiénes terminaron ejerciendo el poder después de la elección? Esa es la pregunta que guía esta investigación. No pretende analizar quién ganó las elecciones, sino identificar las redes políticas, económicas, jurídicas, empresariales y familiares que confluyen en el primer gabinete ministerial.

Mientras el poder electoral se dispersa, el poder oligárquico tiende a concentrarse. Cuanto más débil es la representación política surgida de las urnas, mayor espacio adquieren las redes económicas, jurídicas, empresariales y familiares para ocupar posiciones estratégicas dentro del Estado. Ese es el fenómeno que analiza esta investigación.

 

CARLOS ESPÁ: DEL PERIODISMO AL PODER, PASANDO POR LAS REDES TRADICIONALES DE INFLUENCIA.

Carlos Espá llega a la Cancillería sin representar una fuerza electoral significativa. En las elecciones generales de 2026, SíCreo obtuvo apenas 560,792 votos (3.350 % de los votos válidos), ubicándose en el noveno lugar entre treinta y seis candidaturas presidenciales. Su designación ministerial, por tanto, difícilmente puede explicarse por un importante respaldo ciudadano.

Su trayectoria revela otro tipo de capital. Egresó de la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo una beca Fulbright para cursar una maestría en The American University y durante quince años (2008-2023) dirigió el área de Comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Antes desarrolló una extensa carrera periodística en La Prensa, El Comercio, Oiga, RPP, Panamericana Televisión, América Televisión, Canal N y Expreso.

Su recorrido político tampoco corresponde al de un outsider. En los años ochenta integró el grupo de los llamados jóvenes turcos, vinculado posteriormente al Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Décadas después fundó SíCreo, pero su trayectoria siempre permaneció conectada a los principales medios de comunicación, organismos internacionales y redes diplomáticas.

A ello se suma un elemento constante en esta investigación. Carlos Espá figura como socio del Club Nacional, institución donde convergen históricamente empresarios, abogados, financistas, altos funcionarios y políticos pertenecientes a los sectores tradicionales de la élite peruana. Su cercanía con Rafael Rey, también socio del Club, tampoco es reciente. Durante la campaña presidencial de 2026, Rey fue uno de los principales promotores públicos de su candidatura y hoy ambos integran el mismo gabinete ministerial.

Ese vínculo adquiere mayor significado cuando se recuerda el conflicto por Rutas de Lima. Mientras Rafael López Aliaga impulsaba la resolución de la concesión, Rafael Rey defendía públicamente la estabilidad contractual. En ese mismo escenario reaparecían nombres como José Graña Miró Quesada, Domingo García Belaúnde y Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos integrantes del mismo circuito de relaciones asociado al Club Nacional. Más que una coincidencia aislada, el episodio muestra cómo actores provenientes de ámbitos aparentemente distintos terminan convergiendo alrededor de un mismo núcleo de poder.

Un elemento adicional fue señalado por el analista Nicolás Morás en su pódcast Los Liberales. Según Morás, el principal activo político de Espá radica en los quince años que trabajó en la Embajada de los Estados Unidos, experiencia que le permitió establecer relaciones con la estructura diplomática estadounidense. En ese contexto, Morás llegó incluso a mencionar a la CIA como parte del entorno estratégico asociado a esa experiencia y sostuvo que ese perfil explicaría su designación en un escenario marcado por la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China.

Con 560,792 votos (3.350 %), Carlos Espá obtuvo un respaldo electoral reducido. Sin embargo, asumió la conducción de uno de los ministerios más importantes del Estado. Su principal capital político no parece residir en las urnas, sino en una red de relaciones construida durante décadas entre la diplomacia, los medios de comunicación, la academia y los espacios tradicionales de influencia de la élite peruana.

La proyección internacional de Espá tampoco puede analizarse aisladamente. En 2026 integró una fórmula presidencial con Alejandro Santa María Silva, promotor de la Cátedra Willy Brandt sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para Cazaoligarcas, esa fórmula reunía dos componentes complementarios: Espá aportaba las redes diplomáticas y empresariales; Santa María, el componente tecnocrático asociado a la Agenda 2030,  que busca trasladar decisiones que antes correspondían a los pueblos hacia organismos internacionales y grandes corporaciones transnacionales.

 

RAFAEL BELAÚNDE LLOSA: LA CASTA VUELVE AL PODER SIN NECESIDAD DE GANAR ELECCIONES

Si existe un ministro que simboliza la continuidad histórica de las élites tradicionales peruanas, probablemente sea Rafael Jorge Belaúnde Llosa. Su designación como ministro de Defensa no puede entenderse únicamente desde su experiencia profesional. Su verdadero significado aparece al observar conjuntamente su genealogía, su trayectoria política y su respaldo electoral.

En las elecciones presidenciales de 2026, Belaúnde fue candidato por Libertad Popular y obtuvo apenas 40,870 votos (0.244 % de los votos válidos), ocupando el vigésimo séptimo lugar entre treinta y seis candidatos. Tampoco se trataba de un episodio aislado. En 2001 postuló al Congreso por el Frente Independiente Moralizador, sin resultar elegido. Posteriormente pasó por Partido Adelante, Todos por el Perú y finalmente fundó Libertad Popular junto con Pedro Cateriano. Después de más de dos décadas de actividad política, su capital electoral continúa siendo prácticamente inexistente.

Su verdadero capital proviene de otro lugar. Es nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, bisnieto de Rafael Belaúnde Diez Canseco, presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, bisnieto de Ernesto Montagne Markholz, también presidente del Consejo de Ministros, y descendiente del expresidente Pedro Diez Canseco Corbacho. Pocas familias han ocupado posiciones tan relevantes dentro del Estado peruano durante tantas generaciones consecutivas.

Ese linaje fue estudiado por Herminio Parra Rivera en La casta de los Belaúnde, donde reconstruye el origen patrimonial de la familia desde la época colonial. Según esa investigación, los Belaúnde consolidaron su posición mediante alianzas matrimoniales con familias tradicionales como De la Torre, Diez Canseco, Luna Pizarro y Moreyra, acumulando haciendas, propiedades agrícolas, intereses mineros, comerciales y empresariales. El mismo estudio sostiene que durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry el entorno familiar mantenía participación o influencia en aproximadamente 46 sociedades anónimas, vinculadas a sectores como minería, agricultura, banca, industria, pesca, comercio e inmobiliarias.

La continuidad de ese entramado también aparece en el plano social. Rafael Belaúnde Llosa figura como socio del Club Nacional, el mismo espacio donde reaparecen Rafael Rey, Carlos Espá, José Graña Miró Quesada, Pedro Pablo Kuczynski, Domingo García Belaúnde y Walter Piazza, entre otros personajes analizados en esta investigación. Más que un simple club social, vuelve a funcionar como un punto de convergencia entre familias tradicionales, empresarios, abogados, diplomáticos y antiguos funcionarios del Estado.

Con apenas 40,870 votos, Rafael Belaúnde alcanzó uno de los ministerios más importantes del país. Su caso demuestra que determinadas élites ya no necesitan imponerse electoralmente para conservar influencia política. Mientras los votos cambian cada cinco años, las redes familiares pueden conservar el poder durante generaciones.

A primera vista, Rafael Belaúnde Llosa parece no guardar relación con la cartera de Defensa. Su formación es la de economista y su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en la gestión de tierras, la consultoría y la actividad política. Sin embargo, no analizamos únicamente la especialización profesional, sino la experiencia histórica de determinadas castas en el ejercicio del poder.

Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, Javier Alva Orlandini asumió el entonces Ministerio de Gobierno. Según el ingeniero Jim Andrew Palomares Anselmo, en ¿Por qué estamos así? El poder abusivo (2007), obra que cita a Alfonso Baella Tuesta (El Poder Invisible, p. 80) y a Roger Mercado (El Ejército y las Guerrillas, pp. 231-232), esa etapa concentró la fase más intensa de la campaña contrainsurgente de 1965. El autor sostiene que el gobierno ordenó la intervención militar contra las guerrillas del MIR y del ELN con apoyo estadounidense y que la International Petroleum Company (IPC) habría instalado una fábrica de napalm en Madre de Dios para abastecer las operaciones militares. Asimismo, menciona 5,000 horas de vuelo, el empleo de aeronaves C-130 Hércules de la USAF, el encarcelamiento de 3,600 personas, el incendio de 14,000 hectáreas de cultivos, el desplazamiento de 93 caseríos con 19,000 habitantes y la muerte de 8,000 campesinos. A ello añade las denuncias de Juan Mejía Baca sobre la incautación y quema de libros, así como la existencia de oficios atribuidos a Javier Alva Orlandini autorizando su destrucción.

Ese antecedente ayuda a entender el nombramiento de Rafael Belaúnde. La experiencia que aporta al gabinete no parece ser militar, sino la de un linaje que durante generaciones ha ocupado los principales órganos del Estado. Las familias Belaúnde, Alva y Diez Canseco no solo heredaron cargos públicos; también acumularon experiencia en la conducción del poder político. Desde esa perspectiva, la designación de Rafael Belaúnde en Defensa deja de parecer una anomalía y pasa a entenderse como la continuidad de una tradición de Estado propia de la vieja élite republicana.

 

RAFAEL REY: EL POLÍTICO SIN ELECTORADO QUE REGRESA DESDE LA VIEJA ÉLITE.

Rafael Rey no representa hoy una fuerza política significativa. Sus principales triunfos electorales pertenecen al pasado: fue diputado por FREDEMO en 1990, congresista constituyente en 1992, congresista por Renovación en 1995, congresista por Unidad Nacional en 2001 y parlamentario andino en 2006 y 2011. Sin embargo, el partido que fundó, Renovación Nacional, fue cancelado en 2012 y desde entonces no ha vuelto a construir una organización con respaldo ciudadano relevante. Su retorno al gabinete, por tanto, difícilmente puede explicarse por las urnas. Hoy su principal capital político parece residir en las redes de influencia que conserva como socio N.° 2599 del Club Nacional.

El episodio de Rutas de Lima permite observar con claridad el funcionamiento de esas redes oligárquicas. Cuando el alcalde Rafael López Aliaga impulsó la resolución de la concesión de los peajes, Rafael Rey se convirtió en uno de los críticos más visibles de esa decisión. En su programa Rey con Barba y en diversas entrevistas sostuvo catastrofistamente que resolver el contrato afectaría la seguridad jurídica del país y ahuyentaría la inversión privada. López Aliaga respondió acusándolo públicamente de actuar como defensor de la concesionaria y de dedicar extensos espacios a sostener una posición favorable a Rutas de Lima.

Detrás de esa controversia aparece un dato mucho más revelador. La concesión de Rutas de Lima estuvo originalmente integrada por Graña y Montero y Odebrecht. El principal accionista histórico de Graña y Montero fue José Graña Miró Quesada, socio N.° 3449 del Club Nacional. La defensa jurídica de la concesión fue asumida públicamente por Domingo García Belaúnde, socio N.° 1761 del Club Nacional. En el debate político también apareció Pedro Pablo Kuczynski, socio N.° 2470 del Club Nacional, cuya gestión estuvo asociada a la continuidad del modelo concesional. A ellos se suma Walter Piazza Tanguis, socio N.° 0768 del Club Nacional, fundador de Cosapi, empresa posteriormente investigada dentro del denominado Club de la Construcción. Finalmente, Rafael Belaúnde Llosa, actual ministro de Defensa y también socio del Club Nacional, pertenece a una de las familias políticas más antiguas de la República, cuyos principales integrantes también figuran en las memorias históricas de esa institución.

La coincidencia resulta difícil de ignorar. Empresarios, abogados, expresidentes, exministros, comentaristas políticos y dirigentes aparecen ocupando posiciones distintas, pero vinculados por un mismo espacio de sociabilidad. Lo objetivamente verificable es que muchos de los protagonistas de uno de los conflictos económicos más importantes del país pertenecen al mismo circuito institucional.

Mientras tanto, el centro del debate quedó desplazado. La discusión pública giró alrededor de la estabilidad contractual, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Mucho menor atención recibieron los derechos de cientos de miles de ciudadanos obligados durante años a pagar peajes cuestionados constitucionalmente. Finalmente, el Tribunal Constitucional estableció que el ejercicio del derecho al libre tránsito exige la existencia de rutas alternativas reales, condicionando la ejecución del contrato para garantizar la libertad de elección de los usuarios.

El interés del caso trasciende la figura de Rafael Rey. Rutas de Lima permite observar un fenómeno que se repetirá continuamente: mientras los actores cambian, el círculo de relaciones permanece. Las elecciones renuevan autoridades; las redes empresariales, jurídicas, financieras y políticas sobreviven a los gobiernos. En ese sentido, el regreso de Rafael Rey al gabinete no representa únicamente la designación de un exministro experimentado, sino la permanencia de una estructura de poder cuya influencia descansa menos en el respaldo electoral que en la continuidad de sus vínculos institucionales y sociales.

 

ELMER CUBA: EL REGRESO DE MACROCONSULT AL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

El nombramiento de Elmer Cuba como ministro de Economía representa el retorno de Macroconsult al manejo directo de la política económica. Durante décadas, esta consultora ha mantenido una estrecha relación con grandes grupos empresariales, directorios corporativos vinculados a la oligarquía peruana, organismos multilaterales y entidades del propio Estado, convirtiéndose en uno de los principales centros privados de influencia sobre la política económica peruana.

La trayectoria de Cuba refleja ese perfil. Ha sido director del Banco Central de Reserva, integrante de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi, consultor del Banco Mundial, BID, PNUD y OIT, además de director de importantes empresas privadas. Más que un economista de gobierno, representa a una generación de tecnócratas que transita con facilidad entre el Estado, la empresa privada y los organismos internacionales, consolidando una influencia que sobrevive a los cambios de administración.

Uno de los episodios que mejor retrata esa visión fue la defensa pública de la Ley N.° 30288, conocida como la Ley Pulpín. Mientras miles de jóvenes denunciaban que la norma reducía derechos laborales, Cuba sostuvo que la disminución de beneficios sociales permitiría generar más empleo formal. Sin embargo, esa premisa nunca lo llegó a demostrar a pesar de decirse economista. La ley fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso, pero las masivas protestas obligaron a los propios parlamentarios a interrumpir su receso para derogarla pocas semanas después. El episodio dejó una enseñanza política: cuando la presión social superó la presión de los grupos de interés, el consenso parlamentario se derrumbó.

Macroconsult también aparece vinculada a otro episodio significativo. Según los propios fundadores de Todos por el Perú, Elmer Cuba fue quien presentó a Julio Guzmán ante la dirigencia del partido, facilitando el acercamiento que terminaría convirtiéndolo en candidato presidencial. Diversos analistas observaron entonces la fuerte presencia de profesionales vinculados a Macroconsult dentro de ese proyecto político, alimentando el debate sobre la influencia de las consultoras económicas en la formación de nuevas alternativas electorales.

Desde la perspectiva ese episodio resulta especialmente revelador. Macroconsult no solo produce informes económicos o recomendaciones de política pública; también ha participado en la articulación de proyectos políticos compatibles con su visión del país. La influencia deja de limitarse al plano técnico y se proyecta sobre la propia oferta electoral mediante redes de consultores, empresarios y operadores políticos.

A ello se suma un dato adicional. Elmer Cuba y Drago Kisic, uno de los socios históricos de Macroconsult, figuran como socios del Club Nacional, reforzando la conexión entre consultoras económicas, grandes empresas y los tradicionales espacios de sociabilidad de la élite peruana. El nombramiento de Cuba, por tanto, no representa únicamente la incorporación de un economista al gabinete. Representa el retorno al Ministerio de Economía de uno de los principales centros privados de influencia sobre la política económica del país.

 

LUIS DYER: EL EMPRESARIO QUE REPRESENTA A LA BURGUESÍA NO OLIGÁRQUICA.

A diferencia de otros integrantes del gabinete, Luis Williams Dyer Fernández no proviene de la vieja aristocracia política ni de las familias tradicionalmente vinculadas al Club Nacional. Su origen corresponde a otro segmento del poder económico: el empresariado contemporáneo.

Su trayectoria política también ha sido limitada. Su única candidatura fue en las elecciones generales de 2011, cuando postuló al Congreso por Ucayali con Perú Posible, obteniendo 11,570 votos preferenciales sin resultar elegido. Posteriormente no volvió a competir por un cargo de elección popular. En 2016 dirigió el equipo nacional de personeros de Peruanos por el Kambio y, en 2026, fue personero legal titular de Fuerza Popular, desempeñando un papel importante en la defensa jurídica de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

Luis Dyer representa un fenómeno distinto al de Carlos Espá, Rafael Rey o Rafael Belaúnde Llosa. Mientras ellos se encuentran vinculados a redes históricas de la vieja élite republicana, Dyer simboliza la incorporación al gabinete de un sector de la burguesía empresarial que ha acumulado poder económico sin formar parte de los tradicionales círculos oligárquicos.

La comparación histórica ayuda a comprender esa diferencia. En la antigua Roma coexistían los patricios, depositarios del prestigio hereditario y del poder político tradicional, y los plebeyos enriquecidos, que, sin pertenecer a los antiguos linajes, alcanzaban posiciones de influencia gracias a su creciente poder económico. Salvando las diferencias históricas, Luis Dyer representa esa segunda categoría: la burguesía empresarial que, sin pertenecer a la vieja oligarquía, termina incorporándose al ejercicio del poder político.

 

ERNESTO ÁLVAREZ: EL LEGISTA DEL CONSTITUCIONALISMO TECNOCRÁTICO.

Ernesto Julio Álvarez Miranda no llega al Ministerio de Justicia respaldado por una carrera electoral. Su autoridad proviene del manejo no siempre ortodoxo del Derecho Constitucional. Ha sido magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Consejo de Ministros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y mantiene una activa militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC), donde figura como fundador y presidente de su Consejo Consultivo Nacional.

Su concepción del poder quedó expuesta en sus propias declaraciones públicas. Al defender el reemplazo del presidencialismo por un régimen parlamentario sostuvo que "posiblemente el Perú no sepa elegir presidentes de la República", recordando que los ciudadanos no eligieron a Javier Pérez de Cuéllar, Mario Vargas Llosa ni Hernando de Soto. A partir de esa premisa concluyó que el país funcionaría mejor bajo un sistema donde el poder emane de un Congreso integrado por "los mejores líderes políticos".

La tesis invierte el problema. Ya no serían los partidos los que funcionan mal, sino los propios ciudadanos quienes elegirían mal a sus gobernantes. La solución consiste en trasladar la decisión desde el sufragio directo hacia las dirigencias parlamentarias. El ciudadano continúa votando por congresistas, pero deja de decidir directamente quién ejercerá el Poder Ejecutivo.

Esta forma de razonar recuerda a los legistas de la monarquía francesa. A partir de los siglos XIII y XIV, los reyes comenzaron a rodearse de juristas cuya misión consistía en construir argumentos jurídicos capaces de justificar la concentración del poder en la Corona. No fortalecían el Estado mediante las armas, sino mediante doctrinas que otorgaban la engañosa apariencia de legalidad al fortalecimiento del poder real.

Salvando las diferencias históricas, Ernesto Álvarez representa al legista contemporáneo. Su propuesta no se limita a una reforma constitucional; parte de la premisa de que el poder debe desplazarse desde la decisión directa del electorado hacia acuerdos alcanzados por una élite partidaria. El fundamento de la legitimidad deja de descansar exclusivamente en la soberanía popular para trasladarse hacia quienes, según esa lógica, poseen la preparación técnica suficiente para gobernar, pero la suficiente cercanía a los poderes fácticos como para ser un simple anexo parlante de la oligarquía nefasta.

Como ya advertimos en el Cazaoligarcas en nuestra columna de octubre de 2025, detrás del parlamentarismo defendido por Álvarez existe una filosofía política claramente identificable: cuando el pueblo elige mal, corresponde reducir el ámbito de sus decisiones y ampliar el margen de actuación de las élites políticas y jurídicas. Ese es, precisamente, el rasgo que acerca al legista medieval con el constitucionalista tecnocrático: ambos utilizan el Derecho para justificar una determinada distribución del poder a favor de intereses que atenten contra los derechos humanos del pueblo peruano.

 

Conclusión: el gabinete de las redes oligárquicas, no de las urnas

La composición de este gabinete permite observar un fenómeno que suele pasar desapercibido. Ninguno de sus principales ministros llega respaldado por un importante capital electoral propio. Elmer Cuba no representa una fuerza política, sino a Macroconsult y la tecnocracia económica. Carlos Espá obtuvo apenas 560,792 votos (3.350 %), pero llega a la Cancillería después de quince años en la Embajada de los Estados Unidos y de una trayectoria vinculada a los grandes medios de comunicación y al Club Nacional. Rafael Belaúnde Llosa alcanzó únicamente 40,870 votos (0.244 %) y, sin embargo, asume el Ministerio de Defensa como heredero de uno de los linajes políticos más antiguos de la República. Rafael Rey hace años dejó de representar una fuerza electoral competitiva, pero continúa ocupando espacios de poder gracias al capital relacional construido dentro de la vieja élite. Luis Dyer incorpora a la burguesía empresarial situada fuera del núcleo tradicional del Club Nacional. Ernesto Álvarez, finalmente, aporta la arquitectura jurídica e intelectual desde la cual puede justificarse una futura redistribución institucional del poder.

Cada uno representa un tipo distinto de poder. La tecnocracia corporativa, la vieja clase política, las redes diplomáticas, la casta republicana, la burguesía empresarial y el constitucionalismo tecnocrático. Separados parecen perfiles distintos; juntos revelan una misma arquitectura.

La primera vuelta de 2026 dejó una paradoja. Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar con 2'877,678 votos, pero los votos blancos y nulos sumaron 3'429,706, superando individualmente a cualquier candidatura. Sobre el padrón electoral completo, el respaldo efectivo de la candidatura vencedora representó apenas 10.53 % de los ciudadanos habilitados para votar. Cuando la legitimidad electoral se fragmenta, otros poderes encuentran espacio para consolidarse.

Ese es el verdadero hallazgo de esta investigación. El gabinete no refleja únicamente el resultado de una elección; refleja la rearticulación de distintas élites que sobreviven a las elecciones. Cambian los presidentes, cambian los partidos y cambian los discursos, pero las redes económicas, familiares, jurídicas, empresariales y diplomáticas continúan reapareciendo en los ministerios estratégicos del Estado.

Las urnas deciden quién gobierna. Las redes oligárquicas terminan decidiendo con quién gobierna. Ese es, precisamente, el fenómeno que se busca documentar.