EL SHOW DEL TÚNEL PARIACHI:
REY VS. THORNDIKE
Por Iván
Oré Chávez para CAZAOLIGARCAS
El 14 de
octubre de 2026, el programa Contra Corriente, de Willax Televisión,
presentó una confrontación entre el periodista Augusto Thorndike y el entonces
ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, a propósito de la
controvertida selección del consorcio Acciona-JJC para la construcción del túnel
Pariachi, una de las primeras obras de la Nueva Carretera Central. Hubo
interrupciones, reclamos, elevaciones de voz, acusaciones de falta de ética
periodística y hasta una discusión sobre quién tenía derecho a hablar. Pero,
detrás de esa aparente confrontación, ocurrió algo mucho más importante: el
ministro defendió la actuación de la oficina francesa encargada del
procedimiento sin identificar una sola comprobación documental realizada
personalmente sobre las puntuaciones cuestionadas.
El
espectáculo terminó con disculpas, expresiones de amistad y elogios a la
honestidad de Rey. Las preguntas sobre las calificaciones, las sucesivas
versiones de la lista corta, las observaciones de Provías Nacional y las
relaciones sociales y familiares que rodeaban a los protagonistas quedaron
fuera de la discusión. El programa aparentó someter al ministro a un
interrogatorio, pero terminó ofreciendo una extensa defensa de su actuación sin
exigirle las pruebas fundamentales que debían respaldarla.
El concurso que Rey daba por correcto porque sus
organizadores se lo dijeron
Rafael
Rey comenzó su explicación señalando que la Nueva Carretera Central era un
proyecto de aproximadamente S/ 30.000 millones y que el Estado peruano había
contratado una oficina de gestión de proyectos, conocida por sus siglas
inglesas PMO, dentro del acuerdo de gobierno a gobierno suscrito con Francia.
Explicó que esa oficina debía gestionar el proyecto, orientar su ejecución y
procurar que las obras se realizaran dentro de los plazos previstos. La primera
intervención importante era el túnel Pariachi, destinado a conectar el entorno
de la Carretera Central existente con la zona de Cieneguilla.
Según
Rey, el PMO francés había preparado las bases y reglas del concurso, el
Ministerio de Transportes las había aprobado antes de su llegada y
posteriormente había encargado a esa oficina conducir la selección del
constructor. Cuando Thorndike preguntó quién adjudicaba, Rey respondió
categóricamente: «El PMO, por supuesto». También sostuvo que Claudia Dávila,
entonces directora de Provías Nacional, cometía un grave error al considerar
que esa entidad debía intervenir en la decisión final.
Rafael Rey afirmó ante Augusto Thorndike que el PMO francés era quien adjudicaba la construcción del túnel Pariachi. Sin embargo, adjudicar significa otorgar la buena pro, es decir, declarar oficialmente al ganador, y el artículo 80 del Reglamento de la Ley N.º 32069 establece que en el régimen general intervienen los órganos competentes de la entidad pública: la dependencia encargada de las contrataciones, el oficial de compra o el comité, según corresponda. En el caso del túnel Pariachi, la entidad pública responsable es Provías Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El propio PMO Vías reconoce que gestiona las licitaciones por cuenta de Provías Nacional. Por tanto, el PMO es un gestor contratado, no una dependencia pública peruana. Aunque todavía falta identificar qué funcionario u órgano tenía formalmente la facultad de adjudicar esta obra bajo su régimen especial, Rey no explicó qué disposición legal autorizaba al PMO a hacerlo. Thorndike tampoco se lo preguntó, dejando sin esclarecer quién tenía realmente la autoridad para declarar ganador al consorcio Acciona-JJC.
Pero Rey
no mostró la cláusula contractual que atribuyera al PMO la facultad jurídica de
adjudicar definitivamente la obra. Tampoco distinguió entre organizar un
procedimiento, evaluar ofertas, recomendar a un constructor y adoptar la
decisión administrativa correspondiente. Su afirmación sobre las competencias
del PMO quedó presentada como una verdad indiscutible, sin que Thorndike le
exigiera identificar el documento que la sustentaba.
Rey añadió que las ofertas se evaluaban con una ponderación del 60 % para los factores técnicos —calidad, experiencia y capacidad profesional— y del 40 % para el precio. El conductor reforzó esa explicación diciendo que había consultado a su amigo Raúl Barrios, vinculado a la Cámara de Comercio de Lima, quien le había confirmado que en una obra de esa complejidad el componente técnico pesaba más que el económico.
Durante la entrevista, Augusto Thorndike afirmó que había consultado a su amigo Raúl Barrios Fernández-C., presidente de la Cámara de Comercio de Lima, quien le confirmó que, tratándose de una obra compleja como el túnel Pariachi, el factor técnico podía tener mayor peso que el precio. Ahora bien, por simple coincidencia, Raúl Barrios es socio del Club Nacional desde 1993. Rafael Rey pertenece al mismo club desde 1983, mientras que Augusto Thorndike Galup, abuelo del conductor, fue incorporado en 1934, y Felipe A. Thorndike Beltrán, primo hermano de su padre, en 1950. Todos pertenecen, por tanto, a una misma institución histórica de la élite limeña. Pero hay algo más importante: el propio Raúl Barrios, especialista en contrataciones públicas, había advertido en mayo de 2016 ante el Congreso que determinadas disposiciones de la Ley de Contrataciones podían favorecer la corrupción. En 2019 también cuestionó reglas que facilitaban el direccionamiento de licitaciones y, en agosto de 2024, criticó las dificultades para impugnar decisiones bajo la nueva Ley N.º 32069. Además, participó en 2024 en la presentación de las futuras licitaciones de la Nueva Carretera Central, organizada por PMO Vías. Es decir, Barrios conocía tanto los riesgos de las contrataciones públicas como el proyecto en discusión. Sin embargo, Thorndike solamente utilizó su opinión para respaldar el mayor peso del factor técnico, sin preguntarle si las puntuaciones otorgadas a los postores del túnel Pariachi habían sido correctamente calculadas. En una publicación de 2019 de la propia Cámara de Comercio de Lima, titulada «Artículos en Ley de Contrataciones fomentarían corrupción», Barrios declaró: «Se han hecho cambios en la ley en los últimos años, especialmente en este Gobierno, que están direccionando los procesos y generando corrupción».
La
afirmación general era sencilla: una oferta más barata no necesariamente tenía
que ganar. Sin embargo, esa explicación no resolvía la controversia. Nadie
discutía que las bases pudieran establecer criterios técnicos. Lo que
correspondía demostrar era que los puntos otorgados a cada participante habían
sido calculados correctamente.
Thorndike
mencionó que el Consorcio Túnel del Valle había presentado una oferta
aproximadamente treinta millones de dólares inferior a la de Acciona-JJC. Rey
respondió insistiendo en la mayor ponderación técnica. Pero no presentó el
cuadro comparativo de calificaciones ni explicó qué ventajas técnicas
específicas justificaban la diferencia entre los postores.
El peso
del componente técnico no prueba que la evaluación técnica haya sido correcta.
Esa distinción elemental desapareció durante la entrevista.
Las reglas públicas y las calificaciones que no
podían conocerse
CAZAOLIGARCAS
ya había examinado el Aviso General de Adquisiciones del túnel Pariachi y sus
criterios de evaluación. Los documentos del procedimiento establecían una
calificación técnica sobre cien puntos para formar una lista corta de cinco
participantes. No existía puntaje mínimo ni factores eliminatorios: los cinco
primeros continuaban y los demás quedaban excluidos.
La
distribución de los cien puntos estaba expresamente establecida: hasta 15 por
facturación acumulada en obras; 40 por experiencia específica en túneles; 20
por experiencia en movimientos de tierras; 2 por certificaciones ISO
adicionales; 5 por cumplimiento de contratos; 12 por análisis crítico y
entendimiento de la obra; y 6 por programas ambientales y sociales.
Setenta y cinco puntos se concentraban en facturación, experiencia en túneles y movimientos de tierras. Otros doce correspondían a un análisis crítico presentado en un documento de seis páginas, evaluado mediante criterios como la congruencia del enfoque, el tratamiento de riesgos, la organización propuesta y la coherencia de los recursos estimados.
Todo eso
figuraba en las bases. No se trataba de una interpretación periodística sobre
cómo debía funcionar el concurso, sino de las reglas escritas por sus propios
organizadores.
El
problema aparecía en el numeral 4.8 del Aviso General de Adquisiciones. Allí se
establecía que cada participante podía solicitar el detalle de su evaluación,
pero no conocer la de los demás. La disposición indicaba: «No se entregará la
evaluación de los demás proponentes a nadie ajeno a él». La lista de
seleccionados se comunicaba sin publicar sus puntuaciones y, adicionalmente, el
documento declaraba que la evaluación y su resultado no eran impugnables. Los
participantes debían suscribir incluso un compromiso de aceptación de esas
condiciones.
Por
tanto, las reglas eran públicas, pero la aplicación individual y comparativa de
esas reglas quedaba restringida. El ciudadano podía saber que la experiencia en
túneles valía cuarenta puntos, pero no podía comprobar cuántos recibió cada
competidor, por qué los recibió y qué documentos justificaban las diferencias.
Este era
uno de los asuntos centrales que Rafael Rey debía explicar. No lo hizo. Y
Augusto Thorndike tampoco se lo preguntó.
Del séptimo al quinto puesto: la denuncia que no
fue examinada
La
controversia adquirió mayor gravedad con las publicaciones de Hildebrandt en
sus Trece y Diario UNO. En el informe «Regresan los Camet», Américo
Zambrano examinó la participación de JJC Contratistas Generales, empresa
anteriormente conocida como J. y J. Camet, en el Consorcio Sumaq Ñan, integrado
junto con la constructora española Acciona en una participación reportada del
50 % para cada una.
Diario
UNO, por su
parte, afirmó haber tenido acceso a un cuadro denominado «Lista Corta
Definitiva» y denunció que Acciona-JJC había ocupado inicialmente el séptimo
lugar, fuera de los cinco seleccionados, para aparecer posteriormente en el
quinto puesto de una tercera versión de la lista remitida al MTC. El diario
también informó sobre una denuncia anónima recibida el 24 de junio de 2026 por
el MTC, Provías y PMO Vías, en la que se alegaba la incorporación indebida de
cuatro puntos al consorcio Sumaq Ñan.
Estas denuncias exigían revisar las versiones originales de la lista corta y las hojas de evaluación. Su importancia no dependía de la indignación de un ministro ni de la confianza que un periodista pudiera depositar en él. Si una empresa había pasado del séptimo al quinto lugar mediante una modificación de sus puntuaciones, el cambio tenía consecuencias concretas: permitía continuar compitiendo a quien, según la clasificación anterior, debía quedar fuera. Rey no explicó si conocía las distintas versiones de la lista, si había revisado las puntuaciones cuestionadas o si había solicitado un informe sobre los cuatro puntos denunciados.
En marzo de 2026 ya se había informado al Congreso sobre problemas en la preselección. Según la exposición ministerial, después de que PMO Vías comunicara los resultados el 16 de diciembre de 2025, Provías Nacional detectó el 17 de diciembre que una empresa originalmente preseleccionada registraba sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado relacionadas con documentos falsos o adulterados. Es decir, el propio Estado había tenido que efectuar comprobaciones posteriores sobre los resultados comunicados por el PMO.
La
evaluación del PMO no era un acto que debiera aceptarse sin comprobación. Ya
existían antecedentes que justificaban controles adicionales.
La reunión de Rafael Rey: preguntas, respuestas y
ninguna prueba identificada
El
momento más revelador de toda la entrevista aparece cuando Rey reconstruye su
primera y, según él, única reunión con representantes del PMO y Claudia Dávila.
El ministro cuenta que los funcionarios franceses le informaron que habían
realizado el concurso conforme al encargo recibido y que una empresa había
ganado. También le manifestaron que Provías pretendía favorecer al segundo o
tercer participante.
Rey relata
entonces su propio interrogatorio: preguntó si se había realizado el concurso;
le respondieron que sí. Preguntó si las bases habían sido aprobadas por el
ministerio; le respondieron que sí. Preguntó si el procedimiento se había
desarrollado conforme a esas bases; nuevamente recibió una respuesta
afirmativa. A partir de ello concluyó que no correspondía modificar al ganador.
Aquí se
encuentra el vacío fundamental de su defensa: Rey no cuenta que hubiera exigido
a los representantes del PMO mostrarle los documentos que demostraban la
corrección de sus respuestas.
No dice
que solicitara las hojas de puntuación, las actas de evaluación, las sucesivas
versiones de la lista corta, los documentos que justificaban cada cambio de
posición, los informes sobre las observaciones de Provías o la revisión de la
denuncia de los cuatro puntos. Tampoco identifica un informe jurídico
independiente que hubiera examinado la controversia antes de respaldar la
posición del PMO.
En la
narración de Rey, los propios responsables del procedimiento afirman que lo
hicieron correctamente y el ministro acepta esa explicación. La reunión aparece
convertida en una comprobación, cuando lo relatado consiste esencialmente en
una serie de preguntas respondidas por los mismos funcionarios cuya actuación
estaba cuestionada.
La
entrevista no permite saber si Rey examinó otros documentos fuera de esa
reunión. Pero permite afirmar algo concreto: no identificó ante el público
ninguna prueba documental que hubiera revisado para verificar las garantías
recibidas.
Y
Thorndike, que supuestamente lo estaba sometiendo a un interrogatorio, omitió
la pregunta más importante: «¿Usted pidió ver las pruebas?».
Claudia Dávila y la versión que Rey quiso imponer
Rey
presentó la posición de Claudia Dávila como un intento de desconocer al ganador
y entregar la obra al segundo o tercer postor. Afirmó que hacerlo habría
originado un juicio contra el Estado y constituido una irregularidad gravísima.
Reiteró que no era lícito cambiar las reglas después de realizado el concurso
ni alterar el resultado de quien había ganado.
El
argumento contiene una distinción que el ministro nunca desarrolló. Cambiar
arbitrariamente al ganador de un concurso es una cosa; corregir una evaluación
que pudiera contener errores es otra. La segunda actuación no supone
necesariamente modificar las reglas: puede consistir precisamente en exigir que
se cumplan. Rey nunca demostró que Dávila estuviera intentando lo primero.
Tampoco expuso los fundamentos documentales de la funcionaria para que el público
pudiera evaluar si sus objeciones tenían sustento.
Thorndike
introdujo los oficios de Provías del 4, 11 y 12 de agosto de 2026. En la
entrevista se mencionó el Oficio N.º 1045-2026-MTC y se describieron
reclamaciones relativas a información que el PMO no habría entregado,
respuestas consideradas insuficientes, solicitudes de programación e
implementación y la suspensión de un trámite de pago.
La
cuestión merecía una revisión minuciosa. Había que establecer qué información
faltaba, qué obligaciones contractuales se invocaban, qué respondió el PMO y si
esos reclamos estaban relacionados con la evaluación de los postores o con
otras obligaciones de la oficina francesa.
Rey
respondió que esas comunicaciones se habían producido sin su conocimiento.
Incluso afirmó que era completamente falsa la presentación realizada por el
conductor. “Todo
eso que tú dices es completamente falso y además colocado de esa manera sin que
el ministro se entere. O sea, ella envió esto sin... Sin conocimiento mío”. Sin embargo, no identificó qué
afirmación documental era falsa ni mostró un oficio que contradijera el
contenido de los documentos mencionados.
Que el
ministro no conociera una comunicación no significa que la comunicación no
existiera ni que su contenido careciera de fundamento.
Según las
publicaciones recogidas por la prensa, Dávila mantuvo sus objeciones durante la
gestión de Rey y solicitó el 19 de agosto una acción de control externo.
Posteriormente dejó el cargo. Rey confirmó en la entrevista que aceptó su
renuncia, pero no explicó qué ocurrió con las observaciones administrativas ni
con la solicitud de control.
En lugar
de examinar esos antecedentes, manifestó que antes tenía otro concepto de
Dávila y que ahora comprendía muchas cosas. También dijo desconocer sus motivos
y no querer formular suposiciones. Sin embargo, ya había presentado su
actuación como un intento improcedente de alterar el resultado del concurso. La
descalificación de su criterio personal no reemplazaba una respuesta a sus
documentos.
La salida de Dávila y la llegada de Álex Segundo
Díaz Guevara
Rafael
Rey explicó que había aceptado la renuncia de Claudia Dávila porque confiaba en
la persona designada para reemplazarla: Álex Segundo Díaz Guevara. Afirmó haber
recibido numerosas referencias sobre su experiencia, calidad profesional y
honestidad. También explicó que primero lo había nombrado en Provías
Descentralizado y después en Provías Nacional.
Thorndike
señaló que Díaz Guevara ya ocupaba la jefatura de Provías Nacional desde el 16
de septiembre. Lejos de examinar las decisiones administrativas adoptadas por
el nuevo funcionario, terminó diciéndole a Rey que confiaba en su criterio. «Yo pongo mi brazo
derecho».
Este episodio recuerda lo ocurrido
durante el gobierno de Pedro Castillo con el caso de Sada Goray, en el que las
investigaciones revelaron la importancia que tenía la colocación de
determinados funcionarios públicos para favorecer intereses empresariales. En
el caso del túnel Pariachi, Claudia Dávila había cuestionado el procedimiento
del PMO y exigido información sobre la contratación. Posteriormente salió de
Provías Nacional y Rafael Rey designó a Álex Segundo Díaz Guevara, de cuya
honestidad y capacidad ofreció garantías personales ante las cámaras. La comparación plantea una pregunta
fundamental: ¿qué ocurrió con las observaciones de Dávila después de que el
nuevo funcionario asumiera el control de Provías Nacional?
Porque en las contrataciones públicas no solamente importa quién gana una
licitación, sino también quién ocupa el cargo desde el cual se puede
cuestionar, aprobar o permitir que continúe el procedimiento.
Otra vez,
la conversación sustituyó los actos verificables por apreciaciones personales.
La pregunta pertinente no era si el nuevo funcionario inspiraba confianza al
ministro, sino qué hizo con las observaciones heredadas de Dávila. ¿Las
ratificó? ¿Las desestimó? ¿Dispuso nuevas verificaciones? ¿Qué informes
respaldaron sus decisiones? Nada de eso quedó esclarecido.
Rey
sostuvo, además, que no conocía a las empresas participantes y que el concurso
se había desarrollado antes de su llegada al ministerio, el 29 de julio de 2026.
Pero no haber participado en la preparación de un concurso no resuelve las
responsabilidades derivadas de las decisiones adoptadas durante una gestión
posterior. El ministro también insistió en que habría defendido al ganador
cualquiera que hubiera sido su nombre. Era una declaración de imparcialidad
personal, no una comprobación del resultado.
Los Camet, Rafael Rey y el Club Nacional
La
investigación de CAZAOLIGARCAS había incorporado un aspecto que Willax dejó
completamente fuera: las relaciones sociales y familiares existentes entre
Rafael Rey y miembros de la familia Camet. Los registros del Club Nacional
sitúan a Rafael Rey Rey como socio desde 1983, a Jorge Raúl Camet Dickmann
desde 1966 y a Fernando Martín Camet Piccone desde 2005. JJC Contratistas Generales,
vinculada a la familia Camet, participaba con Acciona en el consorcio
involucrado en la controversia.
Pero
existe una relación más específica que la coincidencia de pertenencia a una
misma institución: Alonso Rey Bustamante, primo hermano de Rafael Rey y
socio del Club Nacional desde 1993, fue asesor de Jorge Camet Dickmann. El
parentesco fue reconocido por el propio Rafael Rey ante el Congreso, mientras
que Alonso Rey declaró sobre su actuación profesional como asesor de Camet. Este
antecedente contradice la imagen de dos entornos familiares completamente
desconectados y justifica investigar qué relaciones concretas existían entre
sus integrantes durante la contratación. Cuando Rey afirmó que ni siquiera
conocía a los postores, Thorndike pudo preguntarle por los Camet, por Alonso
Rey y por su conocimiento de JJC. No lo hizo. La entrevista omitió así uno de
los principales asuntos que CAZAOLIGARCAS había puesto sobre la mesa.
Augusto Thorndike: el periodista y su propia faceta
oligárquica
El
conductor que entrevistó a Rafael Rey también tiene facetas que merecen
examinarse dentro de una investigación sobre las élites peruanas. La ficha genealógica
de los descendientes de Juan L. Thorndike identifica una línea familiar que
comprende a Ernesto Thorndike M., Augusto Thorndike G. y Guillermo Thorndike L.,
padre del conductor de Willax, Augusto Thorndike. El Club Nacional registra a
Augusto Thorndike G. como socio desde 1934; a Felipe A. Thorndike Beltrán y
Alberto Thorndike Elmore, desde 1950; y a Felipe Thorndike V., desde 1983. La
genealogía también documenta el matrimonio de Felipe Thorndike Galup con
Augusta Beltrán Espantoso, del que nació Felipe A. Thorndike B. Esta rama familiar estaba vinculada
directamente con Pedro Beltrán Espantoso, presidente del Consejo de Ministros y
ministro de Hacienda y Comercio entre 1959 y 1961, quien
también fue embajador del Perú en Estados Unidos, presidente del Banco Central
de Reserva, presidente de la Sociedad Nacional Agraria y director del diario La Prensa. Su sobrino, Felipe Thorndike Beltrán,
fue empresario petrolero, vicepresidente de Petroperú, vicepresidente de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, vicepresidente de ComexPerú e
integrante de directorios de empresas como Volcan Compañía Minera, Wiese Aetna
y Compañía Minera Castrovirreyna. No
se trataba, por tanto, de una vinculación cotidiana a un club social, sino de
una red con presencia efectiva en el gobierno, la banca, los medios de
comunicación, la industria petrolera, la minería y las principales
organizaciones empresariales del Perú.
La
relevancia histórica aumenta al recordar que Miceno Espantoso figura entre los
fundadores y presidentes del Club Nacional, mientras que las alianzas
matrimoniales de los Beltrán, Espantoso y Elías forman parte de la historia de
la oligarquía republicana. Por tanto, Thorndike no aparece como un periodista
ajeno a la élite limeña lo que constituye un antecedente social pertinente para
una investigación sobre el papel de los medios en la representación pública de
las élites. El dato adquiere especial interés por el modo en que Thorndike
condujo la entrevista: no se limitó a preguntar por la licitación, sino que se
convirtió repetidamente en garante de la honestidad de Rafael Rey.
El
interrogatorio que terminó en elogios
Durante la entrevista, Augusto
Thorndike reconoció su amistad de años con Rafael Rey y justificó su
temperamento como una característica conocida de su personalidad. Incluso
admitió que algunas de sus interrupciones habían servido para reforzar las
explicaciones técnicas del ministro.
Rey cuestionó la ética periodística
del reportaje anterior, acusándolo de difundir afirmaciones falsas sin recoger
adecuadamente su versión. También reveló que había reclamado directamente ante
el dueño de Willax para obtener un espacio de respuesta. Así, la discusión
sobre la conducta del medio terminó desplazando la cuestión central: si las calificaciones otorgadas por el
PMO en la contratación del túnel Pariachi estaban debidamente sustentadas.
La
moral de Rey como sustituto de los documentos
Rey sostuvo que las mentiras eran el
origen de la corrupción, defendió su negativa a modificar el resultado del
concurso y anunció una carta notarial contra César Hildebrandt. Sin embargo, ni sus declaraciones sobre la
honestidad ni sus reclamos contra la prensa sustituían los documentos
necesarios para verificar la evaluación del PMO. La cuestión
seguía siendo qué pruebas había examinado el ministro para asegurar que el
procedimiento se había desarrollado correctamente. El ministro convirtió su
confianza en el PMO en una defensa de las reglas, sin explicar cómo había
comprobado que esas reglas se cumplieron.
El cierre del espectáculo
Después
de discutir sobre interrupciones, ética periodística, amistades y reputaciones,
Rey regresó a su argumento inicial: no era lícito cambiar las reglas después de
realizado un concurso y tampoco correspondía modificar al ganador. Insistió en
que había llegado al ministerio desde fuera del procedimiento y que no sabía
qué decisiones se habían tomado antes de su nombramiento.
Thorndike
cerró esa explicación con una frase reveladora: «Pero se encontraron con Rafael
Rey, no con cualquiera». El conductor ya no estaba exigiendo una prueba. Estaba
destacando la personalidad del ministro. Todo un panegírico. Rey se disculpó
por su apasionamiento. Thorndike le aseguró que siempre era un placer conversar
con él y que el programa seguiría siendo su casa. La conversación terminó
cordialmente y dio paso a una pausa comercial.
Así
concluyó la aparente confrontación sobre una de las obras de infraestructura
más importantes del país. No se mostraron las hojas de puntuación, no se
reconstruyeron las distintas versiones de la lista corta, no se examinó la
denuncia de los cuatro
puntos presuntamente añadidos al consorcio Acciona-JJC ni se esclareció qué
ocurrió con las observaciones de Claudia Dávila. La entrevista terminó con
elogios a Rafael Rey, pero sin las pruebas documentales que justificaran su
defensa del concurso.
https://pocwebmk.com/noticias/nueva-ley-general-de-contrataciones-publicas-raul-barrios/
https://inforegion.pe/solicitan-la-anulacion-de-la-ley-de-contrataciones-del-estado/
https://apps.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion873/edicion%20873_ok.pdf
