La oligarquía peruana
como cola del dragón.
OSIPTEL retiró
obligaciones a Telefónica tres días antes de su venta: el grupo de José Luis
Manzano se benefició de la decisión y 35 operadoras quedaron expuestas a la
terminación de sus contratos.
La antigua Telefónica del Perú pasó de
manos españolas al empresario argentino José Luis Manzano en abril de 2025,
inmediatamente después de una decisión de OSIPTEL que eliminó obligaciones
especiales de compartición de infraestructura. El regulador justificó la medida
por el aumento de la competencia, aunque sus propias cifras mostraban que el
mercado seguía altamente concentrado. Un año después, reconoció que Integratel
tenía una posición negociadora favorable frente a otras operadoras y que
existía riesgo para la continuidad de los servicios. Manzano también controla
la minera Volcan y la sociedad peruana que participa en el puerto de Chancay
junto con la estatal china COSCO Shipping.
1. Una resolución de
OSIPTEL publicada tres días antes de la venta de Telefónica del Perú.
El 3 de abril de 2025, el Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó la
Resolución N.º 000034-2025-CD/OSIPTEL, publicada el 10 de abril. Mediante esta
disposición determinó que no existían proveedores importantes en el mercado
mayorista de acceso a internet mediante fibra óptica hasta el hogar (FTTH),
eliminando determinadas obligaciones especiales que hasta entonces recaían
sobre Telefónica del Perú.
La decisión tenía consecuencias económicas concretas. Telefónica quedaba liberada de obligaciones regulatorias específicas de compartición de infraestructura, mientras que el artículo 3 de la resolución contemplaba la terminación de relaciones contractuales con otras operadoras, sujetándola a un preaviso mínimo de 90 días hábiles y a determinadas reglas de transición.
Tres días después de publicada la
resolución, el 13 de abril de 2025, Telefónica Hispanoamérica vendió
aproximadamente el 99,3 % de Telefónica del Perú a Integra Tec International
Inc., empresa vinculada al grupo argentino Integra Capital, controlado por José
Luis Manzano. La
filial peruana, que atravesaba una grave crisis financiera, fue transferida por
un precio declarado de aproximadamente S/ 3,7 millones, operación que también
comprendía determinados créditos financieros.
La coincidencia temporal resulta
especialmente relevante: antes de que el comprador argentino asumiera el
control, OSIPTEL ya había adoptado una decisión que ampliaba las posibilidades
comerciales de la empresa adquirida.
2. Telefónica se
desprendió de una filial endeudada y los nuevos propietarios recibieron una
empresa con menores obligaciones regulatorias.
Telefónica del Perú arrastraba deudas
superiores a 1.200 millones de euros y había solicitado acogerse a un procedimiento
concursal. La multinacional española buscaba reducir su exposición empresarial
en Hispanoamérica, por lo que desprenderse de la filial peruana formaba parte
de su estrategia de desinversión.
Entre los accionistas más importantes de Telefónica S.A. figuraban el Estado español, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con aproximadamente el 10 %; el grupo saudí STC, vinculado al capital estatal de Arabia Saudita, con alrededor del 9,97 %; y CriteriaCaixa, del entorno de la Fundación «la Caixa», con aproximadamente el 9,99 %. Se trataba de accionistas de la matriz española, no de compradores o vendedores individuales de la filial peruana.
El grupo español consiguió
desprenderse de una empresa financieramente problemática. Por su parte, José
Luis Manzano adquirió una operadora con una extensa infraestructura de
telecomunicaciones y con determinadas obligaciones regulatorias recientemente
eliminadas.
La resolución de OSIPTEL podía hacer
más atractiva la adquisición porque ampliaba la libertad de la empresa para
renegociar o terminar relaciones de compartición de infraestructura. El beneficio regulatorio para el
nuevo propietario es identificable, aunque no se ha establecido cuánto influyó
en el precio de compraventa ni qué ingresos adicionales generó posteriormente.
3. OSIPTEL retiró la
condición de proveedor importante pese a que el mercado seguía altamente
concentrado.
La justificación de OSIPTEL aparece en
el Informe N.º 000061-DPRC/2025. Según el regulador, Telefónica había perdido
participación en el mercado de conexiones de internet por fibra óptica debido
al crecimiento de competidores como Win y Wow.
Las cifras utilizadas por el organismo mostraban que la participación de Telefónica había descendido del 89 % en 2018 al 32 % en 2024. Sobre esa base, OSIPTEL consideró que la competencia había aumentado y que ya no correspondía identificar un proveedor importante en el mercado examinado.
Sin embargo, el propio informe
contenía otro dato fundamental: el índice de concentración de las conexiones de
internet por fibra óptica (FTTH), utilizado como indicador del entorno
competitivo, había descendido de 8.027 a 2.063 puntos, pero seguía superando el
umbral de 1.800 puntos que caracteriza a los mercados altamente concentrados.
Este indicador corresponde a las conexiones del mercado minorista y no
equivale, por sí solo, a una medición directa del poder de mercado en el acceso
mayorista examinado por OSIPTEL.
Es decir, la pérdida de participación
de Telefónica no significaba que el mercado hubiera dejado de estar altamente
concentrado.
OSIPTEL utilizó otros argumentos para
justificar su decisión, principalmente el crecimiento de competidores, la
expansión de redes alternativas y los cambios en las condiciones de
competencia. La cuestión decisiva es si esas transformaciones del mercado
minorista se traducían en alternativas efectivas de infraestructura para las
empresas que dependían de Telefónica. El crecimiento de los proveedores que
venden internet al público no demuestra automáticamente que otras operadoras
pudieran sustituir sin grandes costos las redes que utilizaban.
El índice de concentración no determina por sí solo la clasificación jurídica de «proveedor importante», pero obliga a examinar con rigor las barreras de entrada, el acceso mayorista y la dependencia de infraestructura. En 2026, el propio OSIPTEL reconocería dificultades concretas para sustituir las instalaciones de Integratel.
4. Cinco meses
después de la compra, OSIPTEL eliminó otras obligaciones de Integratel.
La primera decisión fue adoptada
cuando Telefónica del Perú todavía pertenecía al grupo español. La segunda
llegó cuando la empresa ya estaba bajo el control de José Luis Manzano.
El 30 de septiembre de 2025, OSIPTEL
aprobó la Resolución N.º 000103-2025-CD/OSIPTEL, publicada el 3 de octubre,
mediante la cual determinó que tampoco existían proveedores importantes en el
mercado mayorista de acceso a televisión de paga mediante fibra óptica.
Esta segunda resolución se sustentó en
el Informe N.º 216-DPRC/2025. OSIPTEL argumentó que Integratel había perdido
participación en televisión de paga, que las plataformas de streaming competían
crecientemente con la televisión tradicional y que existían nuevas alternativas
de infraestructura.
El organismo señaló que Integratel
seguía siendo líder del mercado de televisión de paga, aunque su participación
había descendido por debajo del 50 % en junio de 2025.
De esta manera, en abril y septiembre de 2025 OSIPTEL
adoptó dos decisiones sobre mercados distintos que tuvieron un efecto común:
retirar determinadas obligaciones especiales de compartición de infraestructura
a la antigua Telefónica del Perú.
La primera resolución precedió a la compraventa; la segunda fue aprobada cuando los nuevos propietarios argentinos ya controlaban la compañía.
5. Integratel
comunicó la terminación de contratos con 35 operadoras.
Las consecuencias del nuevo marco
regulatorio comenzaron a manifestarse durante 2026.
Mediante comunicaciones remitidas a
OSIPTEL en abril y mayo de ese año, Integratel informó que había enviado avisos
de terminación de relaciones contractuales de compartición de infraestructura a
35 empresas operadoras
de telecomunicaciones.
Entre las compañías que expresaron
preocupación ante el regulador figuraban GTD Perú, Fibra del Perú —identificada
también como Redes de Fibra—, Entel Perú y Econocable Media.
GTD y Redes de Fibra solicitaron una
ampliación de al menos un año para afrontar los procesos de negociación y
reubicación de equipos. Argumentaron que trasladar sus instalaciones a otras
infraestructuras exigía inversiones, trabajos técnicos y coordinaciones que no
podían ejecutarse fácilmente dentro de los plazos previstos.
La situación era especialmente
delicada porque las empresas arrendatarias dependían de instalaciones de
Integratel para mantener sus operaciones. Buscar infraestructura alternativa no
consistía simplemente en cambiar de proveedor: podía requerir el traslado de
numerosos equipos, nuevas instalaciones y negociaciones diferenciadas por zonas
geográficas.
La documentación acredita la comunicación de terminaciones contractuales a 35 operadoras, aunque no demuestra que los 35 contratos hubieran terminado efectivamente.
6. OSIPTEL terminó
reconociendo que Integratel conservaba una posición de poder frente a otras
operadoras.
El reconocimiento más importante
aparece en la Resolución N.º 000098-2026-CD/OSIPTEL, publicada el 11 de agosto
de 2026.
En esta disposición, OSIPTEL admitió
que la magnitud y complejidad de los procesos de transición eran considerablemente
mayores de lo previsto cuando se aprobaron las resoluciones de 2025.
Pero el reconocimiento no se limitó a
un problema de plazos. El propio organismo identificó expresamente una «posición de negociación asimétrica
que favorece a Integratel Perú S.A.A.», debido a que sustituir
su infraestructura resultaba costoso y difícil.
También reconoció que Integratel había
anunciado posibles incrementos tarifarios que podían elevar los costos
operativos de las empresas arrendatarias y afectar la prestación de sus
servicios.
Este reconocimiento resulta decisivo
para evaluar las decisiones regulatorias anteriores.
OSIPTEL había retirado a Telefónica la
condición jurídica de proveedor importante, pero en 2026 reconocía que
Integratel conservaba una ventaja material sobre las empresas que dependían de
su infraestructura.
La clasificación legal había
desaparecido; la dependencia económica y técnica de determinadas operadoras no.
El problema ya no era únicamente
determinar cuántas empresas competían en el mercado, sino comprobar si aquellas
que utilizaban las instalaciones de Telefónica contaban con alternativas reales
para continuar prestando sus servicios.
7. OSIPTEL no revocó
sus decisiones: solamente intentó contener las consecuencias.
La Resolución N.º 000098-2026-CD/OSIPTEL dispuso publicar para comentarios un proyecto de modificación de las reglas de transición.
Posteriormente, mediante la Resolución
N.º 000108-2026-CD/OSIPTEL, publicada el 30 de agosto de 2026, el organismo
modificó los plazos aplicables, ampliando de 90 a 120 días hábiles el preaviso
mínimo para terminar determinadas relaciones de compartición.
OSIPTEL no devolvió a Integratel la
condición de proveedor importante ni restableció las obligaciones especiales
eliminadas en 2025.
Mantuvo sus decisiones y buscó reducir sus consecuencias mediante la ampliación
de plazos.
La diferencia es sustancial: el
regulador no reconsideró la clasificación de mercado, pese a reconocer que la
empresa conservaba una posición negociadora favorable y que la terminación simultánea
de contratos podía comprometer la continuidad de los servicios.
Así, el problema generado por la nueva
libertad contractual de Integratel fue abordado mediante una medida
transitoria, sin revertir el cambio regulatorio que había permitido modificar
las relaciones con otras operadoras.
8. ¿Quién es José
Luis Manzano, el nuevo propietario de la antigua Telefónica del Perú?
José Luis Manzano nació en Mendoza,
Argentina, en 1956. Fue diputado nacional entre 1983 y 1989 y ministro del
Interior del presidente Carlos Menem entre 1989 y 1992, durante un período
caracterizado por privatizaciones y profundas transformaciones de la economía
argentina.
Después de abandonar el gobierno, desarrolló una carrera empresarial en medios de comunicación, energía, petróleo, minería y otros sectores estratégicos. En 1995 fundó Integra Capital, su plataforma de inversiones.
Entre sus principales relaciones
empresariales figura Daniel Vila, con quien construyó negocios de comunicación
y energía vinculados al antiguo Grupo Uno y posteriormente al Grupo América.
También ha mantenido relaciones comerciales con empresarios como Mauricio
Filiberti y con grupos internacionales como Mercuria Energy.
Su trayectoria política tampoco quedó
limitada al menemismo. Durante las décadas posteriores mantuvo vínculos con
sectores del kirchnerismo, respaldó a Sergio Massa y posteriormente expresó
apoyo a aspectos de la política económica de Javier Milei.
Estamos, por tanto, ante un antiguo
alto funcionario argentino convertido en empresario, con relaciones políticas y
comerciales desarrolladas durante gobiernos de distintas orientaciones.
En Perú, Manzano pasó a controlar la
antigua Telefónica del Perú mediante Integra Tec International Inc., sociedad
en la que posee una participación mayoritaria del 95 %, según la información
societaria examinada.
Pero su presencia económica en el país había comenzado antes.
9. Manzano también
controla Volcan y la sociedad peruana que participa en el puerto de Chancay.
En mayo de 2024, el grupo Integra
Capital, mediante la sociedad Transition Metals AG, adquirió de la
multinacional suiza Glencore las participaciones que le permitieron asumir el
control de la minera peruana Volcan.
La operación comprendió el 55 % de las
acciones Clase A de Volcan por aproximadamente US$ 20 millones, con
financiación adicional prevista de hasta US$ 40 millones.
La historia de Volcan está relacionada con el puerto de Chancay. La minera había participado originalmente en la inversión portuaria junto con la empresa estatal china COSCO Shipping. En marzo de 2024, Volcan separó esa inversión y la transfirió a una sociedad independiente: Inversiones Portuarias Chancay S.A.A.
Los accionistas de Volcan recibieron
acciones de la nueva sociedad portuaria. De esta manera, Volcan e Inversiones
Portuarias Chancay pasaron a ser dos empresas distintas, aunque con accionistas
relacionados.
Cuando el grupo de Manzano adquirió
las participaciones de control que tenía Glencore, pasó a controlar ambas
sociedades mediante Transition Metals AG.
Según los estados financieros de 2025, Transition Metals controlaba aproximadamente el 63 % de las acciones Clase A con derecho a voto de Inversiones Portuarias Chancay. Entre los accionistas minoritarios permanecían integrantes de la familia Letts Colmenares, históricamente vinculada a Volcan.
La permanencia de los Letts
Colmenares como accionistas minoritarios ilustra una transformación en la
estructura del poder empresarial peruano. La familia estuvo históricamente
vinculada a la dirección y propiedad de Volcan, en particular a través del
empresario Roberto Letts Colmenares. Tras la venta de las participaciones de
control de Glencore, los accionistas peruanos que conservaron sus títulos no
desaparecieron del negocio, pero quedaron en una posición minoritaria frente al
nuevo grupo controlador. No es que Volcan sea dueña de Inversiones Portuarias
Chancay: ambas sociedades comparten una historia accionarial y quedaron bajo el
control del grupo de Manzano.
Esta distinción permite
comprender el subtítulo de la investigación, «La oligarquía peruana como cola
del dragón»: antiguos grupos empresariales nacionales conservan intereses
económicos, pero la dirección de estas sociedades está en manos de un capital
controlador extranjero. La documentación permite describir esta relación en
Volcan e Inversiones Portuarias Chancay; no demuestra que todos los grupos
empresariales peruanos se encuentren en idéntica situación.
Inversiones Portuarias Chancay posee
el 40 % de COSCO Shipping Ports Chancay Perú, la empresa del puerto de Chancay.
El otro 60 % pertenece al grupo estatal chino COSCO Shipping.
Por consiguiente, Manzano controla la
sociedad peruana que participa como socia minoritaria de COSCO en el puerto,
aunque no controla la empresa portuaria en su conjunto.
Su grupo reúne así posiciones de control en tres negocios estratégicos peruanos: la minería, mediante Volcan; la inversión portuaria, mediante Inversiones Portuarias Chancay; y las telecomunicaciones, mediante Integratel Perú.
10. Una operación
empresarial que coincidió con decisiones regulatorias favorables al comprador.
El punto central no es una simple
coincidencia cronológica, sino el efecto económico de las decisiones
regulatorias sobre una empresa que cambió de propietario. OSIPTEL aprobó en
abril de 2025 la eliminación de obligaciones especiales antes de la adquisición
por Integra Capital y adoptó otra decisión semejante, para un mercado
diferente, cuando Integratel ya estaba bajo el control de Manzano.
La nueva libertad contractual permitió que Integratel comunicara en 2026 la terminación de relaciones de compartición con 35 operadoras. Estas comunicaciones mostraron que la infraestructura de la antigua Telefónica seguía siendo difícil de reemplazar para algunas empresas, aunque el regulador hubiera concluido que ya no correspondía mantener su clasificación especial.
La reacción de OSIPTEL no fue
restablecer las obligaciones suprimidas: reconoció el problema y amplió los
plazos de transición. El nuevo propietario conservó el beneficio regulatorio,
mientras las operadoras afectadas debían negociar o preparar la reubicación de
sus equipos.
De este modo, las decisiones de
OSIPTEL ampliaron la libertad comercial de Integratel y trasladaron a sus
contrapartes la necesidad de afrontar costos y riesgos de sustitución de
infraestructura. Este efecto es comprobable en las resoluciones y en las
comunicaciones recogidas por el propio regulador.
La publicación de la primera resolución
apenas tres días antes de la venta no prueba una coordinación deliberada entre
OSIPTEL, Telefónica y el comprador. Sí plantea una pregunta económica precisa:
hasta qué punto la eliminación de obligaciones hizo más atractiva la
adquisición de una filial fuertemente endeudada y qué conocimiento tenían las
partes sobre ese cambio regulatorio.
La otra pregunta es técnica: si el
análisis del mercado mayorista valoró adecuadamente las dificultades reales de
acceso y sustitución de infraestructura. Para responderla, no basta citar el
índice de concentración de las conexiones FTTH; corresponde confrontarlo con
las pruebas específicas sobre el mercado mayorista y con las dificultades que
OSIPTEL reconoció en 2026.
11. La contradicción
central: se eliminó la condición regulatoria, pero permaneció la dependencia
económica.
La contradicción que deja el
expediente es concreta: en 2025 OSIPTEL eliminó determinadas obligaciones
especiales de Telefónica por considerar que habían cambiado las condiciones de
competencia; en 2026 reconoció que otras operadoras todavía afrontaban una
posición negociadora desigual y elevados costos para sustituir su
infraestructura. La clasificación jurídica cambió, pero la dependencia
económica no desapareció.
El organismo no revocó su decisión ni
devolvió a Integratel la condición de proveedor importante. Extendió los plazos
de transición para contener las consecuencias de la terminación simultánea de
contratos, sin restablecer la protección regulatoria anterior.
Esta secuencia permite cuestionar la suficiencia de la evaluación regulatoria original y los efectos de la desregulación sobre empresas que dependían de la red de la antigua Telefónica. No es necesario atribuir intenciones no documentadas para identificar quién ganó libertad contractual y quién tuvo que afrontar las dificultades de la transición.
En paralelo, Integra Capital consolidó
posiciones de control en telecomunicaciones, minería e inversión portuaria. En
Volcan e Inversiones Portuarias Chancay, antiguos accionistas peruanos como los
Letts Colmenares conservaron participaciones minoritarias, mientras el grupo de
Manzano asumió la posición controladora; en el puerto de Chancay, la sociedad
peruana participa con el 40 % frente al 60 % de COSCO Shipping.
La cuestión política y económica es el
papel de las decisiones del Estado en la transferencia de activos estratégicos
y en la reorganización de los grupos de poder: una regulación puede modificar
el valor y las posibilidades comerciales de una empresa incluso antes de que cambie
de dueño.
En este caso, OSIPTEL eliminó
obligaciones especiales poco antes de la venta de Telefónica del Perú; el nuevo
propietario recibió una empresa con mayor libertad contractual; y, cuando
surgieron problemas para otras operadoras, el regulador reconoció las
dificultades, pero mantuvo su decisión. Esa es la cadena de hechos que sostiene
la investigación.
Documentación principal: Resoluciones N.º
000034-2025-CD/OSIPTEL, N.º 000103-2025-CD/OSIPTEL, N.º 000098-2026-CD/OSIPTEL
y N.º 000108-2026-CD/OSIPTEL; informes N.º 000061-DPRC/2025, N.º 216-DPRC/2025
y N.º 000165-2026-DPRC/OSIPTEL; documentación societaria de Telefónica,
Integratel, Volcan e Inversiones Portuarias Chancay presentada ante los
organismos reguladores y el mercado de valores.
