INVESTIGACIÓN ESPECIAL.
CARABAYLLO. LAS TIERRAS DE PUNCHAUCA, LOS GRUPOS ECONÓMICOS DE FLORIDA Y LA
INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR ESTADOUNIDENSE.
Detrás
del conflicto por extensos terrenos de Carabayllo aparecen sociedades
constituidas en Estados Unidos, empresarios vinculados a la antigua Financiera
TFC, inversiones inmobiliarias y antecedentes de seguros contra riesgos
políticos otorgados por una agencia del Gobierno estadounidense. La
intervención del embajador Bernie Navarro abre una pregunta: ¿se trata
únicamente de protección diplomática a inversionistas privados o existen
también intereses financieros del Estado estadounidense?
1. El conflicto de tierras en Carabayllo y el
antiguo fundo Punchauca.
El
conflicto por la propiedad y posesión de terrenos en Carabayllo, al norte de
Lima, tiene una historia que va más allá de los enfrentamientos entre empresas
inmobiliarias y pobladores. Detrás de los reclamos de propiedad aparecen
sociedades constituidas en Estados Unidos, grupos económicos con inversiones en
el sistema financiero peruano y empresarios que han participado en distintas
operaciones societarias durante las últimas dos décadas.
Uno de
los principales actores es Total Inmuebles S.R.L. La empresa adquirió
terrenos del antiguo fundo Punchauca a Promotora Torreblanca S.A., mediante una operación registrada en
septiembre de 2009. Los antecedentes históricos del fundo remiten a la familia
Nicolini.
La
compraventa constituye un punto de partida para reconstruir la cadena de
transferencias, pero no resuelve por sí sola todas las controversias sobre la
propiedad, los linderos, la posesión o los derechos invocados por terceros. En
el conflicto también aparecen reclamos relacionados con la Comunidad
Campesina de Jicamarca y pobladores de las zonas disputadas.
Otra
empresa involucrada es Inmobiliaria Gesmold S.C.R.L., relacionada con
inversiones atribuidas a Morgan Rio Capital Management. Es importante
diferenciar ambas estructuras: los antecedentes examinados vinculan a LFLP
Holdings LLC con Total Inmuebles y a Morgan Rio Capital Management con
Gesmold.
La
controversia adquiere una dimensión internacional porque los intereses
inmobiliarios de estas empresas han sido presentados como inversiones
estadounidenses cuya protección merece atención diplomática.
2. La estructura de propiedad de Total Inmuebles:
lo que revela SUNARP.
Una de
las pruebas documentales más importantes aparece en el asiento 15 de la
partida registral N.º 11039237, correspondiente al título N.º
2012-00990734, inscrito el 26 de noviembre de 2012.
El
asiento registra una transferencia de 675.000 participaciones de LFLP
Holdings LLC a LC Peru Holdings LLC, representada en la operación por
Giraldo Leyva. Después de esa transferencia, el capital de Total Inmuebles
quedó distribuido en 3.400.589 participaciones, con un valor nominal de
un sol cada una.
|
Socio registrado en 2012 |
Participaciones |
Porcentaje |
|
LFLP
Holdings LLC |
2.025.000 |
59,55 % |
|
LC Peru
Holdings LLC |
675.000 |
19,85 % |
|
Lucente
Family Properties LLC |
400.589 |
11,78 % |
|
Manuel
I. Vivanco V. |
150.000 |
4,41 % |
|
Eugenio
Bertini V. |
150.000 |
4,41 % |
|
Total |
3.400.589 |
100 % |
Esta
distribución permite establecer dos bloques societarios especialmente
relevantes. LFLP Holdings y LC Peru Holdings concentraban conjuntamente el
79,40 % del capital, mientras que Lucente Family Properties, Manuel Vivanco
y Eugenio Bertini reunían el 20,60 % restante.
No se
trata de una identificación especulativa de los inversionistas: sus nombres y
participaciones aparecen expresamente en un asiento registral peruano.
Sin
embargo, la fecha es decisiva. Esta es la estructura acreditada en noviembre
de 2012 y no puede presentarse automáticamente como la composición accionarial
vigente en octubre de 2026. Para establecer la situación actual deben
examinarse los asientos posteriores y cualquier transferencia de
participaciones no reflejada en el documento citado.
3. La familia Leyva Albelo y el control del grupo
económico.
El
siguiente eslabón aparece en la documentación de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV). Un reporte sobre el grupo económico, fechado el 21
de febrero de 2014, identificó a LFLP Holdings LLC como titular del 79,4
% de Total Inmuebles. Esta cifra coincide con la suma de las
participaciones que, en el asiento de 2012, correspondían a LFLP Holdings y LC
Peru Holdings..
El mismo
reporte identificó a cuatro personas vinculadas a la propiedad de LFLP Holdings
LLC, cada una con una participación del 25 %:
- Aurelio Leyva Albelo.
- Giraldo Leyva Albelo.
- Giraldo Leyva Ríos.
- Jonathan A. Leyva Albelo.
La
documentación permite identificar un grupo empresarial familiar de origen cubano
estadounidense, con sociedades constituidas en Estados Unidos y actividades
económicas en el Perú..
LFLP
Holdings LLC fue
constituida en Florida el 20 de octubre de 2003, bajo el número
registral L03000044941. Los registros societarios examinados identifican
a Giraldo Leyva y Jonathan Leyva en funciones de administración.
Por su
parte, LC Peru Holdings LLC fue constituida en Florida el 15 de
octubre de 2010, con número L10000108800. En sus registros aparece Giraldo
Leyva Jr. como administrador y agente registrado. La documentación
consultada incluye una declaración anual presentada en marzo de 2026. Estos
registros son importantes porque permiten seguir la continuidad administrativa
de las sociedades estadounidenses.
4. Lucente Family Properties: la sociedad de Nueva
York que aparece en el negocio inmobiliario.
La
estructura de Total Inmuebles incorpora otra sociedad estadounidense que merece
especial atención: Lucente Family Properties LLC, titular del 11,78 %
del capital registrado en noviembre de 2012.
Lucente
fue constituida en el estado de Nueva York el 5 de junio de 2006, con
número de identificación empresarial 3371097. Los registros del
Departamento de Estado de Nueva York la identifican como una sociedad de
responsabilidad limitada domiciliada registralmente en el condado de Rockland.
Su
dirección registrada para la recepción de notificaciones esta en Nueva York.
La sociedad figura activa en el registro consultado y presenta antecedentes
documentales desde 2006 hasta una declaración bienal de noviembre de 2025.
Existe,
sin embargo, un vínculo documental con la familia Leyva. En una reunión
societaria de Financiera TFC del 17 de julio de 2012, Giraldo Leyva R.
apareció representando a Lucente Family Properties. Esa representación
demuestra una relación operativa y societaria. La importancia de esta empresa
no se limita a su participación histórica en Total Inmuebles. Lucente también
aparece en documentación financiera estadounidense que examinaremos más
adelante.
5. Financiera TFC: el vínculo entre los negocios
inmobiliarios y el sistema financiero.
La
investigación revela que varios de los nombres presentes en Total Inmuebles
también aparecen vinculados a Financiera TFC S.A., institución
financiera peruana anteriormente relacionada con la denominación Volvo Finance
Perú S.A. Según la información del grupo económico presentada ante la SMV, LFLP
Holdings LLC poseía el 67,75 % de Financiera TFC en 2014. Posteriormente,
su participación disminuyó y un informe de clasificación de riesgos de junio de
2019 la situaba en 6,08 %. Esta evolución permite establecer una
vinculación económica histórica entre el grupo que participaba en Total
Inmuebles y una entidad del sistema financiero peruano. Dos inversionistas
adicionales refuerzan esa conexión.
Manuel I.
Vivanco V., quien
figuraba con el 4,41 % de Total Inmuebles en 2012, aparece también relacionado
con Financiera TFC y con controversias judiciales vinculadas a sus operaciones.
Representante
de las inversiones del grupo Leyva en Perú durante más de 19 años, recogida en
la memoria empresarial de 2010. Yerno y sobrino político de los Chirinos Soto, miembros del Club
Nacional.
Eugenio
Bertini V., socio del club Nacional y cuñado de Manuel Vivanco, titular de otro 4,41 %, tuvo una
trayectoria en el sector financiero, incluyendo responsabilidades en Banco
Wiese y participación en órganos directivos de Financiera TFC. Los antecedentes
examinados indican que falleció en noviembre de 2018.
La
presencia de estos empresarios permite formular una conclusión documental: Total
Inmuebles no era una sociedad aislada del mundo financiero, sino una inversión
inmobiliaria en la que coincidían sociedades del grupo Leyva y personas
vinculadas a Financiera TFC.
Esa coincidencia
no demuestra irregularidad. Su importancia periodística reside en revelar
relaciones empresariales que no resultan evidentes cuando el conflicto se
presenta únicamente como una disputa local por terrenos.
6. Los antecedentes judiciales de Financiera TFC.
La
investigación también identificó controversias judiciales relacionadas con
Financiera TFC que permiten reconstruir el entorno empresarial, aunque no deben
confundirse con el litigio de Carabayllo. En el Perú aparece el expediente 00192-2012-0-1801-JR-CA-06,
tramitado ante el 23.º Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, en
una controversia que involucró a SUNAT, al Ministerio de Economía y Finanzas y
a Financiera TFC. La controversia comprendía obligaciones tributarias y
sanciones por aproximadamente S/ 8,33 millones. Los antecedentes
revisados indican que la posición de Financiera TFC prevaleció y que el
expediente fue archivado en julio de 2014.
En
Estados Unidos también se identificó un proceso promovido por Volvo
Financial Services contra Financiera TFC y LFLP Holdings, relacionado con
posibles obligaciones de defensa e indemnización. El proceso fue desestimado
por falta de jurisdicción personal, sin que ello constituyera una decisión
sobre el fondo de las pretensiones. Estos expedientes ayudan a reconstruir la
actividad internacional del grupo.
7. OPIC:
el Gobierno estadounidense aparece como asegurador de inversiones vinculadas a
Lucente.
Aquí
surge uno de los hallazgos más relevantes de la investigación.
La
antigua Overseas Private Investment Corporation (OPIC), agencia federal
estadounidense que posteriormente fue sustituida por la U.S. International
Development Finance Corporation (DFC), otorgaba préstamos, garantías y
seguros contra riesgos políticos para respaldar inversiones en el extranjero.
Un
informe oficial de la Government Accountability Office (GAO),
identificado como GAO-16-64, registra dos compromisos de seguro contra
riesgos políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2012, en los cuales
aparece Lucente Family Properties LLC.
|
Proyecto peruano |
Entidad estadounidense |
Compromiso de seguro |
|
Financiera
TFC S.A. |
Lucente
Family Properties LLC |
US$
500.000 |
|
Total
Artefactos S.A. |
Lucente
Family Properties LLC |
US$
500.000 |
|
Total |
US$ 1.000.000 |
Este es
un antecedente particularmente significativo porque Lucente aparece
simultáneamente en la estructura societaria histórica de Total Inmuebles y como
entidad estadounidense vinculada a seguros políticos otorgados por OPIC para
otras inversiones peruanas.
Debe
precisarse qué significa ese hallazgo. Los montos corresponden a compromisos
de cobertura de seguro, no a préstamos desembolsados ni a subvenciones
entregadas a las empresas.
El seguro
contra riesgos políticos puede cubrir, según las condiciones de cada contrato,
acontecimientos como expropiaciones, violencia política o restricciones a la
convertibilidad y transferencia de divisas. Su finalidad es proteger al
inversionista frente a determinados acontecimientos que pueden ocasionarle
pérdidas económicas.
Por
tanto, cuando una agencia pública estadounidense asegura una inversión
privada, puede adquirir una exposición financiera propia: si ocurre un
riesgo cubierto y se cumplen las condiciones de la póliza, podría surgir una
obligación de indemnizar al asegurado.
Pero el
informe de GAO introduce una limitación fundamental. Ambas operaciones de
Lucente figuraban como no activas al 30 de septiembre de 2014 y registraban
desembolsos acumulados de cero dólares.
8. ¿Qué interés económico puede tener el Gobierno
estadounidense en las inversiones privadas?
La
documentación de OPIC permite comprender una dimensión que suele quedar fuera
de las noticias sobre protección diplomática a inversionistas. Cuando el
Gobierno estadounidense otorga una garantía financiera o un seguro contra riesgos
políticos, no actúa necesariamente como un observador externo de la
inversión. Dependiendo del instrumento, puede asumir contractualmente parte
de las consecuencias económicas de determinados acontecimientos. Eso significa
que una pérdida empresarial cubierta por una póliza puede convertirse en una
obligación de pago para una agencia pública estadounidense.
La
distinción es importante: el Estado no asume necesariamente cualquier pérdida
del inversionista, pero las pérdidas que sí estén comprendidas en la
cobertura pueden afectar sus propios recursos financieros.
De ahí
surge una pregunta legítima para el caso Carabayllo: ¿existía en 2026 algún
seguro, garantía, préstamo u otro compromiso financiero estadounidense
relacionado con las inversiones de LFLP Holdings, Lucente, Total Inmuebles o
las empresas asociadas al conflicto?
Los
antecedentes de 2012 justifican formular la pregunta. Todavía no permiten
responder afirmativamente.
9. La DFC y las operaciones estadounidenses
actualmente identificadas en el Perú.
La
revisión de la base de proyectos activos de DFC, con información
correspondiente a 2026, permitió identificar tres operaciones clasificadas en
el Perú.
|
Proyecto |
Año fiscal |
Instrumento |
Monto |
|
Quiulacocha,
Cerro de Pasco Resources |
2026 |
Desarrollo
de proyecto |
US$ 5
millones |
|
Cooperativa
de Ahorro y Crédito Abaco |
2022 |
Garantía
de cartera |
US$ 5
millones |
|
EDPYME
Acceso Crediticio |
2019 |
Préstamo |
US$ 15
millones |
Los
expedientes ilustran modalidades diferentes de intervención financiera
estadounidense. En Quiulacocha, por ejemplo, la DFC registra apoyo para
desarrollar un proyecto de reprocesamiento de relaves mineros y declara
expresamente el objetivo estratégico de reducir la dependencia de China en
minerales críticos.
En Abaco,
la agencia contempla una garantía de cartera de préstamos dirigida a
actividades agrícolas en la Amazonía peruana. En EDPYME Acceso Crediticio, el
instrumento corresponde a un préstamo para ampliar el financiamiento de
vehículos utilizados por pequeñas empresas.
Ninguna
de estas tres operaciones identifica a LFLP Holdings, Lucente Family
Properties, Total Inmuebles, Gesmold o Morgan Rio Capital Management como
beneficiarios directos.
La
búsqueda en la base de proyectos activos tampoco ha permitido localizar una
operación vigente en 2026 a nombre de esas sociedades. Sin embargo, esa base no
sustituye al archivo completo de pólizas históricas, renovaciones, contratos no
publicados o eventuales beneficiarios indirectos. Por ello, la ausencia de un
nombre en la lista pública no constituye una demostración absoluta de
inexistencia de toda relación financiera.
10. La intervención del embajador Bernie Navarro en
el conflicto de Carabayllo.
El
conflicto adquirió una nueva dimensión cuando trascendió la intervención del
embajador estadounidense Bernie Navarro ante las autoridades peruanas. Según
la información periodística difundida por Hildebrandt en sus trece, el
embajador remitió una comunicación fechada el 29 de marzo de 2026 a la
Presidencia del Consejo de Ministros, relacionada con la ejecución de
decisiones judiciales en el conflicto de Carabayllo. La intervención fue
presentada como una actuación en defensa de inversiones estadounidenses
vinculadas a LFLP Holdings LLC, a través de Total Inmuebles, y a Morgan
Rio Capital Management, relacionada con Inmobiliaria Gesmold. La
información periodística alude a inversiones de aproximadamente US$ 15
millones desde 2009.
La
intervención diplomática plantea cuestiones de interés público. ¿Qué decisiones
judiciales concretas solicitó ejecutar el embajador? ¿Qué empresas y personas
fueron identificadas como inversionistas estadounidenses? ¿Qué documentación de
propiedad, inversión y representación respaldaba la gestión? ¿La embajada actuó
exclusivamente en defensa de intereses privados o también existían compromisos
financieros de agencias públicas estadounidenses?
La
protección diplomática de inversiones de ciudadanos o empresas de un país no
constituye, por sí misma, una conducta irregular. Tampoco requiere
necesariamente que el Estado tenga dinero invertido o asegurado en las
operaciones defendidas.
Lo que
vuelve relevante este caso es la combinación de un conflicto territorial,
estructuras societarias estadounidenses, antecedentes de respaldo financiero
público a una empresa relacionada y una intervención diplomática específica.
La
intervención de la embajada estadounidense en el conflicto de Carabayllo no
quedó circunscrita a una defensa abstracta de la seguridad jurídica. La
comunicación atribuida al embajador Bernie Navarro identificó a empresas e
inversionistas específicos, invocó una inversión aproximada de US$ 15 millones
y solicitó la ejecución de decisiones judiciales que comprendían el desalojo y
la restitución de terrenos. Posteriormente, la preocupación diplomática
apareció expresamente mencionada en documentación de la Policía Nacional
relacionada con solicitudes de apoyo para diligencias de lanzamiento.
11. Los intereses
económicos detrás de la intervención estadounidense en Carabayllo.
La intervención del embajador Bernie
Navarro en el conflicto de Carabayllo adquiere especial relevancia cuando se
examina la estructura empresarial que aparece detrás de Total Inmuebles. Los
registros societarios revelan la participación histórica de empresas
estadounidenses vinculadas a la familia Leyva, junto con Lucente Family
Properties, Manuel I. V. Velando y Eugenio Bertini V. Varias de estas personas
y sociedades también estuvieron relacionadas con Financiera TFC, lo que
demuestra que el negocio inmobiliario formaba parte de una red de inversiones
que trascendía la compraventa de terrenos.
El hallazgo más significativo es que Lucente Family Properties, propietaria
del 11,78 % de Total Inmuebles en 2012, figuró ese mismo año como beneficiaria
de dos compromisos de seguros contra riesgos políticos otorgados por OPIC,
por un total de un millón de dólares, para inversiones relacionadas con
Financiera TFC y Total Artefactos. Esto demuestra que una sociedad vinculada al
negocio inmobiliario de Carabayllo también había accedido a mecanismos de
protección financiera del Gobierno estadounidense, aunque destinados a otras
operaciones empresariales.
Estos seguros tienen una implicancia
económica concreta: cuando el Estado estadounidense asegura inversiones
privadas contra determinados riesgos políticos, puede quedar obligado a
indemnizar las pérdidas comprendidas en la cobertura. Por consiguiente, la
protección de una inversión privada puede coincidir con un interés financiero
del propio Gobierno estadounidense. Sin embargo, los compromisos identificados
figuraban como no activos en septiembre de 2014 y no hemos encontrado
documentación que acredite una cobertura vigente en 2026 sobre los terrenos de
Carabayllo.
La carta del embajador Navarro
introduce el elemento diplomático. En ella se identifican inversiones
estadounidenses por aproximadamente US$
15 millones y se solicita la ejecución de resoluciones
judiciales que incluyen el desalojo y la restitución de terrenos. La posterior
referencia a esa comunicación en documentación policial demuestra que la
preocupación de la embajada llegó a las autoridades encargadas de tramitar
solicitudes de apoyo para las diligencias de lanzamiento.
El caso plantea así una cuestión de
interés público: hasta dónde llega la protección diplomática de inversiones
privadas estadounidenses en el Perú y qué intereses económicos concretos
respaldan esa intervención.
Los documentos acreditan la existencia de una estructura empresarial
internacional, antecedentes de aseguramiento público estadounidense y una
gestión diplomática dirigida a promover la restitución de terrenos. Lo que
todavía no está demostrado es que la actuación del embajador respondiera a una
obligación financiera vigente de OPIC o DFC.
Detrás de la disputa por las tierras
de Punchauca no aparecen únicamente empresas inmobiliarias y pobladores
enfrentados por la posesión del suelo. Aparece también una red de capitales
internacionales, relaciones con el sistema financiero peruano y una
intervención diplomática estadounidense cuyo alcance merece ser examinado
públicamente.
