LAS CÁRCELES DEL CRIMEN: ¿REFORMA PENITENCIARIA O REPRODUCCIÓN DEL PODER DEL HAMPA?
Las tesis de Ernesto Álvarez frente a los hechos y la responsabilidad del Estado peruano.
I. El modelo Bukele y las megacárceles: ¿construir más o gobernar mejor?
El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostiene que el Perú debe aprovechar determinados aspectos del modelo penitenciario de Nayib Bukele, aunque reconoce que no puede reproducirse íntegramente debido al principio constitucional de proporcionalidad. En la entrevista afirma: «No todo lo que hemos visto o lo que se ha hecho allí, es aplicable al Perú». Sin embargo, anuncia dos grandes establecimientos en Huacho: «Huacho 10», con diez mil plazas de alta seguridad, y «Huacho 14», con catorce mil plazas destinadas principalmente a delincuentes primarios y actividades productivas. La primera megacárcel, construida mediante módulos prefabricados, podría concluirse en dieciocho meses, aunque el propio ministro admite que el plazo podría extenderse hasta dos años y medio.
Álvarez justifica esta especialización señalando que las cárceles actuales mezclan a delincuentes primarios con sicarios, narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales. Según sus palabras: «Tenemos que redistribuir los presos. El modelo todista, por ejemplo Lurigancho, que sirve para el que arrebató la cartera, hasta para el narcotraficante o el sicario». Su tesis es que esa convivencia favorece el reclutamiento criminal y que la separación permitirá recuperar el control de los establecimientos. Pero aquí surge la primera objeción: el problema principal no es solamente que los delincuentes convivan, sino que puedan continuar dirigiendo delitos desde instalaciones administradas por el Estado. Una cárcel tiene autoridades, personal de vigilancia, procedimientos de seguridad y presupuesto público. Si desde allí se organizan extorsiones, corresponde investigar cómo funciona realmente esa administración.
La construcción de nuevas cárceles no garantiza que desaparezcan las organizaciones criminales. Si los dirigentes conservan sus comunicaciones, colaboradores, financiamiento y mecanismos de protección, simplemente trasladarán sus operaciones a otros establecimientos. Tampoco basta con separar a los delincuentes primarios, porque una organización puede seguir reclutando personas desde el exterior. La verdadera reforma exige desarticular sus estructuras de mando y sus recursos económicos. Construir más cárceles sin transformar el sistema que permite delinquir desde ellas puede significar ampliar la infraestructura penitenciaria sin desarticular la infraestructura criminal.
II. La pertenencia a una banda y el peligro del derecho penal de autor
Álvarez propone endurecer el tratamiento penal de las bandas extorsivas mediante una aproximación a la legislación antiterrorista. Sus palabras son expresas: «Aplicarle la misma teoría del terrorismo, la mera pertenencia a una de estas bandas, aunque no se sea sicario, ni sea el estratega, basta con que uno distribuya el material logístico, o distribuya los mensajes extorsivos». También sostiene que lo importante es detener a los dirigentes, porque quien entrega una carta extorsiva puede ser reemplazado fácilmente. Su propuesta combina, por tanto, dos objetivos: ampliar la responsabilidad penal de los integrantes y concentrar la persecución en las estructuras superiores.
El problema constitucional aparece cuando la pertenencia a una organización se convierte en una categoría demasiado amplia. El derecho penal de acto exige demostrar una conducta voluntaria y culpable; el derecho penal de autor desplaza la responsabilidad hacia la condición o supuesta peligrosidad del individuo. La participación consciente y estable en una organización criminal puede ser sancionada, pero no debe confundirse con una relación circunstancial, un servicio ocasional o una sospecha de vinculación. Si se trata prácticamente igual al dirigente, al financista, al ejecutor y al colaborador secundario, se pierde la diferenciación de responsabilidades y se corre el riesgo de ampliar indiscriminadamente el número de investigados.
Esta expansión puede producir un efecto contrario al anunciado. Mientras fiscales y policías concentran sus esfuerzos en numerosos sospechosos de escasa importancia, los principales dirigentes, financistas y eventuales protectores pueden permanecer fuera del alcance de las investigaciones. La persecución penal debería reconstruir la cadena de mando hasta identificar quién ordena las extorsiones, quién recibe las ganancias, quién proporciona los medios y quién garantiza la continuidad de las operaciones. No basta con detener al mensajero o al conductor. Hay que llegar al capo, al financista y a quienes eventualmente le proporcionan protección institucional. Una política que multiplica sospechosos sin identificar las estructuras superiores puede terminar debilitando su propio objetivo.
III. Las cárceles como oficinas criminales y la infraestructura de extorsión
Las extorsiones organizadas desde establecimientos penitenciarios demuestran que la prisión puede convertirse en un centro de operaciones delictivas. El jefe criminal ya no necesita exponerse en las calles: puede impartir órdenes desde su celda mientras sus colaboradores externos amenazan a comerciantes, transportistas y empresarios, cobran dinero o ejecutan actos violentos. El problema supera el ingreso clandestino de teléfonos. Existen instalaciones de telecomunicaciones que permiten mantener comunicaciones desde los establecimientos, incluso mediante antenas direccionales, enlaces inalámbricos y dispositivos destinados a superar los bloqueos de señal.
El propio Estado ha reconocido esta infraestructura. El Decreto Legislativo N.º 1733, publicado el 12 de febrero de 2026, aborda el suministro ilegal de telecomunicaciones a establecimientos penitenciarios. No estamos hablando únicamente de un preso que consiguió introducir un celular, sino de redes que pueden requerir inmuebles, equipos, electricidad, técnicos, mantenimiento, financiamiento y mecanismos de cobro. Una infraestructura de esa naturaleza plantea preguntas inevitables: ¿quién la instaló, quién la financió, quién cobraba por sus servicios y qué personas conocían su funcionamiento? La incautación de equipos no resuelve esas interrogantes ni permite establecer por sí sola cuántos delitos fueron cometidos mediante ellos.
En marzo de 2025, el entonces jefe del INPE, Javier Llaque, sostuvo ante el Congreso que se habían identificado 21 casos de extorsión originados en cárceles durante 2023 y aproximadamente entre 30 y 34 durante 2024. En contraste, en octubre de 2026 el ministro de Defensa sostuvo públicamente que el grueso de las extorsiones procedía de establecimientos penitenciarios. Las declaraciones presentan dimensiones radicalmente distintas del problema y exigen conocer las metodologías utilizadas. Si se trata de unos pocos casos, ¿por qué se necesita una intervención tecnológica tan amplia? Y si el fenómeno tiene una dimensión masiva, ¿por qué las cifras de casos identificados son tan reducidas? La contradicción obliga a investigar tanto la magnitud real del delito como la capacidad del Estado para detectarlo.
IV. Requisas, antenas y teléfonos: ¿dónde están las condenas?
Las autoridades anuncian operativos, requisas, traslados, incautaciones de celulares y desmantelamiento de antenas. Sin embargo, esos indicadores no equivalen a condenas penales por extorsiones organizadas desde prisión. Existe una diferencia fundamental entre el delincuente que ingresó al establecimiento por una extorsión cometida cuando estaba libre y el interno que, encontrándose ya encarcelado, comete una nueva extorsión desde su celda. Esta segunda categoría permite evaluar si el Estado está impidiendo y sancionando la continuidad del delito durante el cumplimiento de una condena.
En nuestra investigación encontramos un caso difundido en abril de 2024 en el que dos internos del penal de Potracancha, en Huánuco, recibieron condenas de dieciocho años por una extorsión organizada desde el establecimiento. Ese antecedente confirma la existencia de condenas de esta naturaleza, pero no permite establecer una cifra nacional. ¿Cuántos internos han recibido nuevas condenas por extorsionar desde prisión? ¿Cuántas organizaciones fueron desarticuladas? ¿Cuántos funcionarios resultaron condenados por facilitar sus operaciones? Las estadísticas generales de presos por extorsión no responden a esas preguntas, porque pueden incluir a personas encarceladas por delitos anteriores a su ingreso.
El Estado debería poder presentar una secuencia verificable: extorsión detectada, interno identificado, investigación fiscal, acusación, sentencia y ejecución de la pena correspondiente. Sin esa información, los ciudadanos reciben cifras de objetos incautados, pero no conocen el resultado judicial de las operaciones criminales descubiertas. Un celular incautado es un objeto; una antena desmantelada es una instalación. Lo que interesa es identificar a las organizaciones, financistas, operadores y eventuales protectores que se encuentran detrás de esos medios. La eficacia de la política criminal debe medirse por su capacidad para neutralizar esas estructuras y no solamente por la cantidad de equipos decomisados.
V. El Milagro, la economía criminal y la responsabilidad del INPE
Al explicar la reyerta del penal El Milagro, Álvarez sostiene: «Cuando un penal está absolutamente tranquilo, puede ser por dos motivos. La autoridad ejerce control absoluto [...] o son los internos los que mandan». Añade que los enfrentamientos entre bandas se producen cuando se restringen sus comunicaciones y deben redistribuir el poder que conservan dentro del establecimiento. El ministro reconoce así que las organizaciones criminales pueden ejercer autoridad sobre los internos y que las restricciones impuestas por el Estado alteran sus relaciones de poder. Su respuesta consiste en trasladar a los dirigentes a establecimientos altoandinos para impedir que continúen controlando sus respectivas bandas.
Pero existe una explicación económica que merece mayor atención. Si las comunicaciones clandestinas permiten dirigir extorsiones y recibir ingresos, su interrupción puede provocar disputas por la reducción o redistribución de esos recursos. La cárcel puede albergar una economía criminal con dirigentes, operadores, intermediarios, cobradores y mecanismos de coerción. Una aparente tranquilidad puede responder a un equilibrio entre organizaciones que administran sus negocios sin enfrentamientos visibles. Por ello, no basta con identificar qué banda domina un pabellón: es necesario determinar de dónde procede el dinero, cómo circula y quiénes obtienen beneficios. La hipótesis de que las restricciones provocaron una disputa económica puede investigarse mediante transferencias, testimonios y antecedentes de los grupos involucrados.
Álvarez anuncia también la incorporación de oficiales retirados y especialistas en inteligencia al INPE. La inteligencia puede ayudar a identificar redes criminales, pero no sustituye las obligaciones ordinarias de seguridad. Los establecimientos tienen accesos, controles, vigilancia y funcionarios responsables. Si existen comunicaciones clandestinas reiteradas, corresponde examinar las deficiencias de esos controles y la eventual participación de servidores públicos. En noviembre de 2025, el Ministerio Público informó sobre la condena de dos exagentes penitenciarios de Cochamarca por recibir dinero para facilitar el ingreso de objetos prohibidos. La corrupción penitenciaria, por tanto, no es solamente una hipótesis abstracta. La reforma debe investigar tanto a los delincuentes como a quienes, desde la administración o fuera de ella, pueden facilitar sus operaciones.
VI. La responsabilidad patrimonial del Estado y las víctimas sin reparación identificable
El gran ausente del discurso penitenciario es el ciudadano extorsionado. Cuando una organización criminal dirige amenazas desde un establecimiento administrado por el Estado, corresponde investigar no solamente la responsabilidad penal del interno, sino también el funcionamiento del servicio penitenciario. El artículo 260 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 regula la responsabilidad patrimonial de las entidades públicas por daños directos e inmediatos atribuibles a su actuación o a los servicios que prestan. La norma contempla supuestos de exclusión, como el hecho determinante de un tercero, pero ello no elimina la necesidad de examinar si las actuaciones u omisiones administrativas contribuyeron causalmente al daño.
Aquí surge una pregunta que no aparece respondida en la entrevista: ¿cuántas víctimas de extorsiones organizadas desde cárceles peruanas han sido indemnizadas por el Estado? En la documentación pública examinada no encontramos un solo caso acreditado de indemnización estatal pagada por ese motivo. Tampoco una estadística que permita conocer cuántas reclamaciones se presentaron, cuántas fueron reconocidas, cuántas rechazadas y qué montos se pagaron. La ausencia de un registro públicamente localizado no permite convertir automáticamente esa cifra en cero, pero sí identifica una carencia de información sobre las consecuencias patrimoniales de los delitos originados en instalaciones penitenciarias.
La cuestión es especialmente importante porque el Estado controla información que las víctimas difícilmente pueden obtener: registros de requisas, investigaciones internas, identificación de internos, comunicaciones clandestinas, procedimientos disciplinarios y antecedentes de seguridad. Esa información puede resultar necesaria para establecer la relación entre una extorsión y las deficiencias del servicio penitenciario. Nuestra hipótesis es que la administración podría tener un incentivo económico para minimizar u ocultar información que permita formular reclamaciones indemnizatorias, porque reconocer determinadas fallas puede generar obligaciones de reparación. Investigar ese posible incentivo exige examinar solicitudes de información denegadas, documentos retenidos y decisiones administrativas concretas.
La responsabilidad patrimonial no requiere necesariamente demostrar un acuerdo criminal entre funcionarios y extorsionadores. Puede surgir del funcionamiento del servicio público cuando concurren los presupuestos legales correspondientes. Pero si además se comprobara que funcionarios facilitan delitos y ocultan información para proteger a los responsables o impedir reclamaciones, estaríamos ante un problema mucho más grave. Por eso, la transparencia penitenciaria debe comprender no solamente las incautaciones y los traslados, sino también las investigaciones contra funcionarios y las indemnizaciones reclamadas o pagadas. El Estado no puede exigir responsabilidad a los delincuentes mientras deja sin examinar su propia actuación frente a las víctimas.
VII. El sistema interamericano, los grandes estudios jurídicos y la Corte Suprema
Álvarez cuestiona la influencia de organizaciones internacionales sobre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la entrevista afirma textualmente: «Además, que parte el presupuesto de la Comisión y de la Corte provienen de las propias ONGs internacionales. Es como si en Perú los estudios jurídicos más grandes de Lima fuesen los que subvencionan la mitad del presupuesto del Poder Judicial. O sea, sería un escándalo». Su argumento consiste en cuestionar la independencia de una institución cuando actores privados interesados pueden contribuir a financiarla. Esa comparación, sin embargo, plantea una pregunta que el propio ministro no desarrolla: ¿qué mecanismos existen para investigar las relaciones entre los grandes estudios jurídicos y los magistrados peruanos?
La influencia sobre un sistema judicial no requiere necesariamente controlar a todos sus jueces. Nuestra hipótesis es que puede concentrarse en determinadas instancias superiores, particularmente en magistrados de la Corte Suprema, cuyas decisiones tienen especial importancia para ciertos litigios y para la formación de criterios jurisprudenciales. No se trata de afirmar que esa influencia esté acreditada, sino de identificar dónde deberían examinarse posibles conflictos de intereses, relaciones profesionales y mecanismos de presión. Si el ministro considera preocupante la influencia privada sobre organismos internacionales, corresponde aplicar el mismo criterio de transparencia a las instituciones judiciales peruanas. Su comparación se refiere expresamente al Poder Judicial; la concentración de influencia en la Corte Suprema es parte de nuestra crítica.
La discusión jurídica también exige distinguir las competencias de la Corte Interamericana. El artículo 68.1 de la Convención Americana establece la obligación de los Estados de cumplir las sentencias dictadas en los casos en que sean parte. Otra cuestión es el alcance de las opiniones consultivas y de los criterios jurisprudenciales proyectados sobre autoridades o Estados que no participaron en un litigio determinado. Allí corresponde discutir los límites del control de convencionalidad y su relación con la soberanía constitucional. Del mismo modo, cuando Álvarez cuestiona la interpretación histórica de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y del Lugar de la Memoria, su preocupación por la legitimidad estatal debería extenderse a la actuación presente de las instituciones: la autoridad del Estado no depende solamente de cómo se relata su pasado, sino de cómo ejerce sus competencias y responde por sus incumplimientos actuales.
VIII. Orden público, poder criminal y la reforma pendiente
Álvarez concluye la entrevista afirmando: «Siempre en beneficio del ciudadano. Y ese es el propósito del gobierno. Trabajar para que el orden prevalezca. Y una vez que haya orden, las inversiones van a llegar. Van a fluir». Su tesis vincula seguridad ciudadana, autoridad estatal y desarrollo económico. Pero las extorsiones que afectan a transportistas, comerciantes y empresarios muestran que el orden público no se restablece únicamente aumentando las penas o construyendo más cárceles. También exige impedir que las organizaciones criminales utilicen instalaciones públicas para continuar sus operaciones y que sus dirigentes mantengan relaciones con colaboradores externos.
La verdadera reforma debería comenzar por identificar a quienes ejercen el poder criminal dentro de los establecimientos penitenciarios, reconstruir sus redes económicas y establecer las responsabilidades de los funcionarios que pudieran facilitar sus actividades. También debe proporcionar estadísticas verificables sobre extorsiones originadas en cárceles, nuevas condenas de internos, investigaciones contra servidores públicos y reclamaciones indemnizatorias de las víctimas. Sin esos resultados, las cifras de requisas, traslados y equipos incautados ofrecen solamente una parte del problema. Una cárcel puede estar llena de delincuentes y, sin embargo, no haber neutralizado las organizaciones que estos dirigen.
El Estado debe responder por sus propias actuaciones y omisiones conforme a las reglas de responsabilidad aplicables. No puede limitarse a exigir obediencia a los internos mientras evita explicar cómo continúan organizándose delitos desde establecimientos sometidos a su administración. La verdadera reforma penitenciaria no consiste en construir cárceles más grandes para encerrar a más personas, sino en impedir que las organizaciones criminales conserven su poder desde el encierro, investigar a quienes facilitan sus operaciones y garantizar que las víctimas puedan exigir las reparaciones correspondientes. Antes de construir nuevas megacárceles, corresponde responder una pregunta elemental: ¿de qué sirve encerrar a diez mil delincuentes si no se puede garantizar que dejen de dirigir sus negocios criminales desde una celda?
Reflexión final: no se preocupen, aquí no pasa nada
No se preocupen. El Estado no está en contubernio con los delincuentes. Los gobernantes tampoco, y mucho menos los ricos y poderosos. Solamente ocurre que desde establecimientos administrados por el propio Estado se organizan extorsiones contra ciudadanos que se encuentran en libertad. Solamente ocurre que se han instalado antenas y redes clandestinas de telecomunicaciones para mantener comunicados a los delincuentes con sus colaboradores externos. Pero no se preocupen. Seguramente todo eso sucede sin que nadie con autoridad tenga responsabilidad alguna. Las cárceles están bajo custodia estatal, los delincuentes están encerrados y, sin embargo, sus negocios pueden continuar funcionando fuera de los muros.
No se preocupen. El Estado no protege a los criminales ni permite que continúen trabajando desde sus celdas. Solamente ocurre que las autoridades realizan requisas, encuentran teléfonos, desmantelan antenas y anuncian operativos, mientras seguimos sin conocer una estadística nacional de cuántos internos han sido condenados por cometer nuevas extorsiones desde prisión. Hemos identificado dos condenados en un caso concreto, pero no conocemos el total nacional. Tampoco sabemos cuántas organizaciones fueron efectivamente desarticuladas ni cuántos funcionarios fueron sancionados por facilitar sus operaciones. No se preocupen. Seguramente las estadísticas existen, aunque todavía no las hayamos visto.
No se preocupen. El Estado tampoco tiene interés alguno en evitar que las víctimas reclamen indemnizaciones. Solamente ocurre que, hasta ahora, no hemos encontrado un solo caso públicamente documentado de un ciudadano indemnizado por el Estado debido a una extorsión organizada desde una cárcel bajo su administración. Tampoco conocemos un registro de reclamaciones patrimoniales reconocidas, rechazadas o pagadas. El ciudadano puede perder su negocio, su patrimonio y su tranquilidad mientras una organización criminal lo amenaza desde una instalación estatal. Pero no se preocupen. La reparación continúa siendo una pregunta sin respuesta, y la información necesaria para formularla permanece principalmente en manos de la propia administración.
No se preocupen. Los grandes intereses económicos tampoco tienen nada que ver con las organizaciones criminales. No tenemos por qué preguntarnos quiénes financian sus operaciones, quiénes administran sus ganancias, quiénes reciben sus servicios o quiénes podrían proteger a sus dirigentes. Mejor ampliemos la persecución penal hacia todos los niveles inferiores de las bandas. Investiguemos al mensajero, al intermediario y al último colaborador, mientras la identificación de los principales financistas y eventuales protectores continúa siendo una tarea pendiente. No se preocupen. La cantidad de investigados puede aumentar aunque las estructuras superiores del crimen permanezcan intactas.
No se preocupen. El Estado no está en contubernio contra el ciudadano. Solamente vemos delincuentes que continúan operando desde las cárceles, infraestructura clandestina instalada para comunicarlos, funcionarios condenados por facilitar objetos prohibidos, estadísticas incompletas sobre las nuevas condenas y ninguna indemnización estatal que hayamos podido identificar públicamente. Nos dicen que el Estado está recuperando el control de los establecimientos penitenciarios, pero los propios hechos documentados muestran cuánto control ha llegado a perder. Nos dicen que la prioridad es proteger al ciudadano, pero todavía no sabemos cuántas víctimas han sido reparadas por los daños atribuibles al funcionamiento de esas instalaciones.
No se preocupen. No afirmemos que existe contubernio. Digamos solamente lo que estamos viendo. Nos anuncian más cárceles, pero todavía no explican cómo impedirán que se siga delinquiendo desde ellas. Nos anuncian más operativos, pero no conocemos el número completo de nuevas condenas por extorsiones penitenciarias. Nos hablan de proteger a las víctimas, pero no encontramos indemnizaciones estatales públicamente documentadas. Nos dicen una cosa, pero la realidad que podemos examinar nos muestra otra. Y mientras esperamos que el Estado explique esa contradicción, las víctimas siguen esperando que alguien responda por ellas.
Base documental: entrevista a Ernesto Álvarez en Pico y Café; Decreto Legislativo N.º 1733; declaraciones del INPE ante el Congreso en marzo de 2025; información del Ministerio Público sobre corrupción penitenciaria; declaraciones oficiales sobre extorsiones desde cárceles; artículo 260 del TUO de la Ley N.º 27444 y artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
