domingo, noviembre 15, 2026

CAZAOLIGARCAS. CUBA: LA REVOLUCIÓN QUE FABRICÓ SU PROPIA OLIGARQUÍA

CAZAOLIGARCAS. CUBA: LA REVOLUCIÓN QUE FABRICÓ SU PROPIA OLIGARQUÍA

De los generales comunistas a los CEOs: GAESA, los 18.000 millones, la banca militar y la privatización de los bienes del Estado

En enero de 1959, la Revolución cubana llegó al poder prometiendo acabar con los privilegios de las antiguas clases dominantes. En 2026, el Gobierno comunista permite nuevas formas de explotación privada de bienes estatales, mientras el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, GAESA, controla hoteles, comercios, bancos y operaciones financieras. Entre ambos momentos se produjo una transformación: la élite que monopolizó el poder político durante décadas pasó a dirigir grandes corporaciones y ahora dispone de mecanismos legales para transferir activos estatales al sector privado.

El caso cubano presenta una diferencia respecto de otras revoluciones: no estamos examinando cómo una antigua oligarquía sobrevivió al régimen que pretendía destruirla. Estamos examinando cómo el propio régimen revolucionario construyó una élite política y militar que terminó concentrando los principales recursos económicos del país.

I. PRIMERA FASE: LA OLIGARQUÍA PARTIDOCRÁTICA

1959-2016: de la nacionalización de las empresas al monopolio político

La Revolución cubana comenzó a transformar la propiedad privada mediante la reforma agraria de 1959 y las nacionalizaciones de 1960. Bancos, industrias, centrales azucareros y otras actividades pasaron progresivamente al control estatal. El Partido Comunista de Cuba (PCC), constituido en 1965, se consolidó como el centro de dirección política del país.

El artículo 5 de la Constitución cubana de 2019 reconoce al PCC como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Cuba mantiene así un sistema de partido único, sin competencia electoral entre organizaciones políticas por el control del Gobierno.

La élite formada dentro de ese sistema recibe el nombre de nomenklatura, término procedente de la Unión Soviética que designa a los funcionarios cuyos nombramientos dependen de la jerarquía partidaria. En Cuba, esa estructura comprende a dirigentes del PCC, altos funcionarios del Estado y mandos militares.

Su poder no requería acciones empresariales ni títulos individuales de propiedad. Bastaba controlar los ministerios, los nombramientos, las inversiones y las decisiones sobre las empresas estatales.

La primera oligarquía revolucionaria era política: administraba el patrimonio nacional sin necesitar poseerlo privadamente.

II. SEGUNDA FASE: LA OLIGARQUÍA CORPORATIVO-MILITAR

GAESA: las Fuerzas Armadas se convierten en un conglomerado empresarial

GAESA significa Grupo de Administración Empresarial S. A. Es un conglomerado vinculado con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Su origen se relaciona con la reorganización económica militar durante la crisis que siguió a la desaparición de la Unión Soviética.

Según el economista Emilio Morales, GAESA fue fundada bajo el impulso del general Julio Casas Regueiro y pasó de financiar actividades militares a administrar sectores fundamentales de la economía civil.

En su dossier Cuba: GAESA y el colapso del régimen, publicado por Cuba Siglo 21 en enero de 2023, Morales presentó dos estimaciones sobre la expansión del conglomerado.

Poder económico atribuido a GAESA20162022Incremento
Participación en la economía nacional22,7 %70 %+47,3 puntos
Control de las finanzas del país8 %95 %+87 puntos

Fuente: Emilio Morales, Havana Consulting Group, enero de 2023, figuras 1 y 2. Son estimaciones del investigador, no porcentajes oficiales auditados.

Según esas cifras, en seis años GAESA habría pasado de controlar menos de una cuarta parte de la economía a influir sobre aproximadamente siete décimas partes. Su crecimiento financiero habría sido todavía más pronunciado.

¿Qué empresas integran el poder económico militar?

Empresa o entidadActividadImportancia económica
CIMEXComercio minorista, distribución, servicios y operaciones internacionalesUna de las mayores corporaciones comerciales cubanas
GaviotaHoteles y turismoAdministra una gran proporción de la capacidad hotelera del país
Banco Financiero Internacional (BFI)Servicios bancarios y operaciones internacionalesInstrumento financiero estratégico vinculado con GAESA
FINCIMEXServicios financieros y remesasOperaciones relacionadas con transferencias de dinero
AlmestInversiones inmobiliarias y proyectos turísticosDesarrollo de infraestructura
Almacenes UniversalesAlmacenamiento, logística y comercio exteriorActividades vinculadas con operaciones comerciales y Mariel
HabaguanexHotelería y comercio en La Habana ViejaIncorporada al ámbito empresarial militar
PALCOServicios comerciales y empresarialesActividades vinculadas con eventos y servicios
TECNOTEXSuministros y comercioAbastecimiento empresarial
SASAServicios automotoresRed de servicios vinculados con vehículos

La importancia de esta estructura no está únicamente en la cantidad de empresas. GAESA combina actividades que generan divisas con otras que administran, movilizan o invierten esos recursos.

Morales identifica como operaciones decisivas la incorporación de CIMEX, Habaguanex y PALCO, la influencia sobre actividades vinculadas con la Zona Especial de Desarrollo Mariel y la participación en ETECSA, la empresa de telecomunicaciones de Cuba.

La Zona Especial de Desarrollo Mariel es un área industrial y logística situada al oeste de La Habana, concebida para atraer inversiones y desarrollar actividades productivas y comerciales. ETECSA, por su parte, es la empresa que presta los principales servicios de telecomunicaciones del país.

El Banco Financiero Internacional: el poder sobre el dinero

Morales identifica 2016 como un año decisivo por la incorporación del Banco Financiero Internacional a la estructura de GAESA.

Según su investigación, el BFI habría llegado a canalizar aproximadamente el 95 % del flujo de operaciones comerciales de importación y exportación realizadas por empresas nacionales y extranjeras en Cuba.

Esta afirmación es especialmente importante porque muestra un mecanismo de control diferente de la propiedad empresarial directa.

Una empresa puede no pertenecer a GAESA, pero si necesita utilizar una institución financiera vinculada con el conglomerado para realizar determinadas operaciones internacionales, su actividad depende parcialmente de esa infraestructura bancaria.

El economista Pavel Vidal aportó un antecedente significativo en agosto de 2025. Al comentar los documentos financieros obtenidos por El Nuevo Herald, explicó que durante su trabajo en el Banco Central de Cuba los analistas encargados de determinadas funciones monetarias no tenían acceso a la información financiera del BFI ni de otras instituciones de GAESA.

El conglomerado militar no solamente administraba negocios: también operaba dentro de una estructura financiera cuya información permanecía fuera del alcance de determinados organismos públicos.

III. LOS DOCUMENTOS SECRETOS: LAS CUENTAS DE GAESA EN 2024

El Nuevo Herald obtiene 22 estados financieros militares

El 6 de agosto de 2025, la periodista Nora Gámez Torres publicó en El Nuevo Herald una investigación basada en 22 documentos financieros internos de GAESA correspondientes a marzo y agosto de 2024.

Los documentos incluían balances generales, balances de comprobación, estados de resultados y formularios internos sobre activos, pasivos, gastos, inventarios y ganancias.

La investigación publicó las siguientes cantidades:

IndicadorMarzo de 2024
Activos corrientes reportados, excluyendo CIMEXUS$ 17.800 millones
Depósitos bancarios y en instituciones financieras, excluyendo CIMEXUS$ 14.500 millones
Beneficios netos de GAESA, primer trimestreUS$ 2.100 millones
Ingresos de CIMEX, primer trimestreUS$ 3.400 millones
Beneficios de CIMEX, primer trimestreUS$ 1.200 millones

Fuente: Nora Gámez Torres, El Nuevo Herald, 6 de agosto de 2025.

La cifra de activos corrientes excluye a CIMEX. El periódico también informó que Gaviota, la empresa turística del conglomerado, había reportado aproximadamente US$ 4.300 millones en una filtración anterior.

Estas cantidades son las publicadas por el periódico a partir de los documentos obtenidos. Su equivalencia en dólares y su interpretación contable requieren comprobar la moneda original y las conversiones utilizadas. No deben confundirse con fortunas personales ni con reservas internacionales oficialmente certificadas.

¿Qué ocurrió cinco meses después?

Los documentos también permitieron comparar marzo y agosto de 2024.

Indicador, excluyendo CIMEXMarzo 2024Agosto 2024Diferencia
Activos corrientes reportadosUS$ 17.800 millonesUS$ 14.000 millones−US$ 3.800 millones
Depósitos bancarios reportadosUS$ 14.500 millonesUS$ 9.300 millones−US$ 5.200 millones

La disminución de depósitos fue de aproximadamente 35,9 % en cinco meses. Sin los estados completos de flujos de efectivo no puede afirmarse que toda esa reducción corresponda a gastos; podría incluir transferencias, reclasificaciones u otros movimientos contables.

Lo importante es que los documentos permiten examinar la magnitud y evolución financiera del conglomerado militar mediante registros internos, y no solamente mediante declaraciones políticas.

CIMEX: 1.200 millones en beneficios durante un trimestre

Entre las cifras reveladas destaca CIMEX. Según la investigación, la corporación obtuvo US$ 3.400 millones en ingresos y US$ 1.200 millones en beneficios durante el primer trimestre de 2024.

Esto equivale a un margen neto aproximado del 35,3 %, calculado a partir de las cifras publicadas.

CIMEX adquiere especial relevancia para nuestra investigación porque en 2026 comenzó a ofrecer establecimientos estatales para su explotación por actores privados.

Es decir, estamos hablando de una corporación que, según la documentación periodística, manejaba importantes operaciones comerciales y que posteriormente comenzó a participar en procedimientos de transferencia del control operativo de determinados activos.

IV. EL CONTRASTE: HOTELES MILITARES Y POBREZA

Casi el 40 % de las inversiones dirigidas al turismo

El 17 de agosto de 2025, Iván León publicó en CiberCuba un artículo que relacionaba las finanzas de GAESA con las prioridades de inversión del Gobierno.

Según las cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) recogidas en esa publicación, la distribución de inversiones en 2024 presentaba el siguiente contraste:

SectorParticipación aproximada en las inversiones
TurismoCasi 40 %
Salud y asistencia social2,7 %
Agricultura2,5 %

La comparación muestra que la inversión turística habría recibido aproximadamente quince veces los recursos asignados a salud y asistencia social y dieciséis veces los destinados a agricultura, utilizando el 40 % como referencia aproximada.

El mismo artículo situaba la ocupación hotelera entre el 23 % y el 28 %, pese a la continuidad de las inversiones en establecimientos turísticos.

En cuanto a las condiciones sociales, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó en 2024 que el 89 % de las familias cubanas se encontraba en situación de pobreza extrema. Se trata de una medición atribuida a esa organización, cuya metodología debe distinguirse de las estadísticas oficiales.

En septiembre de 2023, Miguel Díaz-Canel había reafirmado ante Naciones Unidas el compromiso cubano con la Agenda 2030 y el principio de «no dejar a nadie atrás».

La contradicción que debemos examinar es concreta: mientras una parte importante de la población enfrentaba escasez de alimentos, medicamentos y electricidad, una elevada proporción de la inversión continuaba concentrada en actividades turísticas.

V. RUSIA ENTRA EN ESCENA: EL ACUERDO DE ENERO DE 2023

Borís Titov y el Centro de Transformación Económica ruso-cubano

En enero de 2023, el Gobierno cubano y representantes rusos anunciaron la creación de un Centro de Transformación Económica destinado a preparar reformas de la economía de Cuba.

La iniciativa fue comunicada tras conversaciones entre Miguel Díaz-Canel y Borís Titov, entonces comisionado presidencial ruso para la protección de los derechos de los empresarios y presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba.

Según la información publicada por Sputnik y reproducida por CiberCuba, participarían especialistas de las siguientes instituciones:

InstituciónPaís
Instituto de la Economía de Crecimiento StolypinRusia
Centro de Desarrollo EstratégicoRusia
Instituto de Pronóstico Económico Nacional de la Academia de CienciasRusia
Ministerios económicos y Banco CentralCuba

El objetivo anunciado incluía estudiar la transformación económica y el desarrollo de la empresa privada.

El 22 de enero de 2023, Cuba Siglo 21 advirtió que esta cooperación podía conducir a un modelo semejante al capitalismo ruso, donde la economía de mercado funciona bajo la influencia de una élite política dominante.

La comparación con Rusia tiene un antecedente histórico preciso: después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, determinados empresarios y personas vinculadas con las estructuras del antiguo sistema adquirieron importantes activos estatales durante los procesos de privatización.

En Cuba, la diferencia potencial es que el Partido Comunista podría conservar el monopolio político mientras se amplía la participación privada en la economía.

No se ha acreditado todavía qué propuestas concretas del centro ruso-cubano fueron incorporadas a las reformas de 2026. Pero el acuerdo de 2023 demuestra que la transformación hacia nuevos mecanismos empresariales estaba siendo estudiada varios años antes de su anuncio.

VI. TERCERA FASE: LA OLIGARQUÍA PATRIMONIAL-CAPITALISTA

Junio de 2026: el Gobierno anuncia 176 medidas económicas

El 19 de junio de 2026, el Gobierno cubano anunció un programa de 176 medidas distribuidas en 23 ejes para transformar su economía.

Entre las medidas anunciadas figuraban:

ReformaConsecuencia económica posible
Transformación de empresas estatales en sociedades por accionesIncorporación de accionistas y nuevas estructuras societarias
Participación privada en empresas estatalesAcceso de particulares a negocios anteriormente administrados por el Estado
Bancos privados y casas de cambioNuevos operadores financieros
Participación privada en combustiblesApertura de un sector estratégico
Concesiones y negocios turísticosExplotación privada de instalaciones y servicios
Cadenas comerciales privadasExpansión de la actividad empresarial privada
Derechos de superficie de hasta 99 añosUso económico prolongado de determinados terrenos

El programa también contemplaba un grupo de trabajo dirigido por el Partido Comunista para intervenir en el proceso de transformación normativa.

Este último dato es importante: la apertura económica se anuncia sin que el partido único renuncie a su posición de dirección política.

Pero el hecho más relevante llegó después, cuando comenzaron a identificarse procedimientos concretos de participación privada en activos estatales.

VII. CIMEX COMIENZA A OFRECER ESTABLECIMIENTOS AL SECTOR PRIVADO

El Decreto Ley 120/2026 y las convocatorias de octubre

El 29 de octubre de 2026, CiberCuba informó sobre un análisis del economista Pedro Monreal, publicado en Horizonte Cubano, acerca de las transferencias de activos estatales al control privado.

Monreal examinó procedimientos realizados por CIMEX para arrendar locales comerciales y desarrollar contratos de producción cooperada.

Según la información publicada, el artículo 28.1 del Decreto Ley 120/2026, vigente desde el 9 de septiembre, permite determinadas operaciones de venta, aportación o explotación económica de activos estatales.

La diferencia entre esas operaciones es importante. Una venta puede transferir la propiedad; un arrendamiento entrega temporalmente el uso o explotación; y un contrato de producción cooperada permite compartir actividades y resultados sin necesariamente transferir la titularidad del establecimiento.

Establecimientos identificados

ProvinciaConvocatoriaEstablecimientos mencionados
Sancti SpíritusJulio de 202612 establecimientos
HolguínOctubre de 202613 unidades, entre ellas la fábrica de helados Bim Bom y la panadería Doña Nelly
La HabanaOperaciones mencionadas en el análisisEstablecimientos vinculados con otras cadenas estatales
Santiago de CubaOperaciones mencionadas en el análisisActividades de Palmares y Tiendas Caribe

Estos datos permiten localizar procedimientos específicos. No prueban todavía que todas las unidades hayan sido adjudicadas ni identifican a sus beneficiarios finales.

El problema de los siete días hábiles

Monreal observó que algunas convocatorias de CIMEX establecían solamente siete días hábiles para presentar propuestas.

Ese plazo es relevante porque la evaluación de un establecimiento comercial puede exigir inspecciones, estudios financieros, cálculo de inversiones, obtención de crédito y preparación de documentación.

Un procedimiento demasiado breve puede reducir la cantidad de participantes y favorecer a quienes cuentan con información anticipada.

El economista propuso aumentar el plazo mínimo a 30 días hábiles, exigir tasaciones independientes y publicar registros de adjudicación con identificación de los beneficiarios finales.

También planteó restricciones para que miembros del Comité Central del Partido Comunista, integrantes del Consejo de Ministros y directivos de GAESA no pudieran beneficiarse de estas operaciones durante el ejercicio del cargo ni en los diez años posteriores.

La preocupación de Monreal es concreta: que las transferencias de activos estatales terminen favoreciendo a funcionarios, empresarios relacionados con el poder o personas utilizadas para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios.

VIII. LAS TRES FASES DE LA TRANSFORMACIÓN OLIGÁRQUICA

FaseEstructura dominanteFuente principal de poderSituación examinada
1. PartidocráticaPartido Comunista, funcionarios y mandos militaresControl político del Estado y de la propiedad estatalConsolidada durante el régimen revolucionario
2. Corporativo-militarGAESA y sus empresasAdministración concentrada de negocios, inversiones y finanzasDocumentada mediante estructuras empresariales y estados financieros
3. Patrimonial-capitalistaPosibles propietarios, accionistas y empresarios vinculados con la éliteDerechos privados sobre activos, contratos y beneficios empresarialesProceso potencial que debe investigarse mediante adjudicaciones y beneficiarios finales

La transición de la segunda a la tercera fase es el punto central de nuestra investigación.

Hasta ahora conocemos empresas, operaciones financieras, reformas legales y convocatorias de activos estatales. Lo que todavía necesitamos documentar es quiénes reciben esos activos y si mantienen relaciones verificables con la jerarquía partidaria o militar.

No se trata simplemente de que aparezcan empresarios privados en Cuba. La cuestión es si quienes antes controlaban los recursos públicos desde el Estado terminarán controlándolos mediante sociedades privadas, accionistas y redes empresariales.

IX. ¿QUIÉNES SERÁN LOS NUEVOS PROPIETARIOS?

Las investigaciones reunidas permiten formular preguntas concretas que deben responderse con documentación.

Primera: ¿qué empresas privadas están participando en las convocatorias de CIMEX y quiénes son sus socios, administradores y beneficiarios finales?

Segunda: ¿qué relaciones mantienen esos empresarios con dirigentes del Partido Comunista, oficiales de las Fuerzas Armadas y directivos de GAESA?

Tercera: ¿cómo se valoran los establecimientos estatales antes de entregarlos en arrendamiento, asociación o venta, y quién aprueba esas valoraciones?

Cuarta: ¿qué bancos financian las operaciones privadas y qué participación tienen las instituciones financieras vinculadas con GAESA?

Quinta: ¿qué medidas impiden que funcionarios y directivos utilicen información privilegiada para favorecer a familiares, socios o empresas relacionadas?

Las respuestas permitirán distinguir una apertura económica competitiva de una transferencia selectiva de oportunidades hacia grupos próximos al poder.

X. CONCLUSIÓN: LA REVOLUCIÓN NO FUE DERROTADA POR LA OLIGARQUÍA; PODRÍA CONVERTIRSE EN ELLA

Los documentos reunidos muestran una secuencia histórica concreta.

En 1959, la Revolución cubana comenzó a desplazar a las antiguas élites propietarias mediante nacionalizaciones. Durante las décadas siguientes, el Partido Comunista consolidó el monopolio político y administrativo sobre la economía.

Entre 2016 y 2022, según Emilio Morales, GAESA amplió extraordinariamente su influencia empresarial y financiera. En 2024, los documentos internos obtenidos por El Nuevo Herald mostraron las dimensiones financieras atribuidas al conglomerado militar.

En 2023, Cuba había anunciado cooperación con especialistas rusos para estudiar una transformación económica. En junio de 2026, el Gobierno presentó 176 medidas que incluían nuevas formas de participación privada. En octubre de 2026, Pedro Monreal identificó convocatorias concretas de CIMEX para entregar la explotación de establecimientos estatales a actores privados.

Estos acontecimientos no demuestran todavía que la dirigencia comunista haya adquirido privadamente el patrimonio de GAESA. Pero sí muestran los instrumentos institucionales, empresariales y jurídicos mediante los cuales podría producirse una transformación de esa naturaleza.

La hipótesis de CAZAOLIGARCAS es que la oligarquía cubana no tiene que surgir de una clase empresarial exterior a la revolución: puede formarse a partir de la propia nomenklatura que durante décadas controló el Estado y sus recursos.

Primero monopolizó el poder político. Después concentró la administración económica mediante corporaciones militares. Ahora dispone de mecanismos que podrían permitir la conversión de ese control en derechos patrimoniales privados.

La revolución que expropió a la antigua burguesía podría terminar creando su propia burguesía oligárquica. Y sus futuros grandes empresarios podrían proceder de las mismas estructuras que durante décadas gobernaron Cuba en nombre del socialismo.


FUENTES

  1. Emilio Morales. Cuba: GAESA y el colapso del régimen. Cuba Siglo 21 y Havana Consulting Group, enero de 2023.

  2. Emilio Morales. El emprendimiento en Cuba asfixiado por GAESA. Cuba Siglo 21, junio de 2023.

  3. Cuba Siglo 21. Cuba inicia la transición hacia un Estado mafioso de mercado como el de Putin, enero de 2023.

  4. Nora Gámez Torres. Exclusiva: Documentos secretos del ejército cubano muestran enormes reservas de dólares. El Nuevo Herald, agosto de 2025.

  5. Iván León. De «no dejar a nadie atrás» a los 18,000 millones de GAESA. CiberCuba, agosto de 2025.

  6. CiberCuba. Estas son las 176 medidas con las que el régimen cubano intenta transformar la economía. Junio de 2026.

  7. Pedro Monreal. La cuestionable transferencia de activos estatales al control privado que se está produciendo. Horizonte Cubano, octubre de 2026.

  8. CiberCuba. Economista advierte de la cuestionable transferencia de activos estatales a manos privadas en Cuba. Octubre de 2026.

viernes, noviembre 06, 2026

LAS CÁRCELES DEL CRIMEN: ¿REFORMA PENITENCIARIA O REPRODUCCIÓN DEL PODER DEL HAMPA?

LAS CÁRCELES DEL CRIMEN: ¿REFORMA PENITENCIARIA O REPRODUCCIÓN DEL PODER DEL HAMPA?

Las tesis de Ernesto Álvarez frente a los hechos y la responsabilidad del Estado peruano.

I. El modelo Bukele y las megacárceles: ¿construir más o gobernar mejor?

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostiene que el Perú debe aprovechar determinados aspectos del modelo penitenciario de Nayib Bukele, aunque reconoce que no puede reproducirse íntegramente debido al principio constitucional de proporcionalidad. En la entrevista afirma: «No todo lo que hemos visto o lo que se ha hecho allí, es aplicable al Perú». Sin embargo, anuncia dos grandes establecimientos en Huacho: «Huacho 10», con diez mil plazas de alta seguridad, y «Huacho 14», con catorce mil plazas destinadas principalmente a delincuentes primarios y actividades productivas. La primera megacárcel, construida mediante módulos prefabricados, podría concluirse en dieciocho meses, aunque el propio ministro admite que el plazo podría extenderse hasta dos años y medio.

Álvarez justifica esta especialización señalando que las cárceles actuales mezclan a delincuentes primarios con sicarios, narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales. Según sus palabras: «Tenemos que redistribuir los presos. El modelo todista, por ejemplo Lurigancho, que sirve para el que arrebató la cartera, hasta para el narcotraficante o el sicario». Su tesis es que esa convivencia favorece el reclutamiento criminal y que la separación permitirá recuperar el control de los establecimientos. Pero aquí surge la primera objeción: el problema principal no es solamente que los delincuentes convivan, sino que puedan continuar dirigiendo delitos desde instalaciones administradas por el Estado. Una cárcel tiene autoridades, personal de vigilancia, procedimientos de seguridad y presupuesto público. Si desde allí se organizan extorsiones, corresponde investigar cómo funciona realmente esa administración.

La construcción de nuevas cárceles no garantiza que desaparezcan las organizaciones criminales. Si los dirigentes conservan sus comunicaciones, colaboradores, financiamiento y mecanismos de protección, simplemente trasladarán sus operaciones a otros establecimientos. Tampoco basta con separar a los delincuentes primarios, porque una organización puede seguir reclutando personas desde el exterior. La verdadera reforma exige desarticular sus estructuras de mando y sus recursos económicos. Construir más cárceles sin transformar el sistema que permite delinquir desde ellas puede significar ampliar la infraestructura penitenciaria sin desarticular la infraestructura criminal.

II. La pertenencia a una banda y el peligro del derecho penal de autor

Álvarez propone endurecer el tratamiento penal de las bandas extorsivas mediante una aproximación a la legislación antiterrorista. Sus palabras son expresas: «Aplicarle la misma teoría del terrorismo, la mera pertenencia a una de estas bandas, aunque no se sea sicario, ni sea el estratega, basta con que uno distribuya el material logístico, o distribuya los mensajes extorsivos». También sostiene que lo importante es detener a los dirigentes, porque quien entrega una carta extorsiva puede ser reemplazado fácilmente. Su propuesta combina, por tanto, dos objetivos: ampliar la responsabilidad penal de los integrantes y concentrar la persecución en las estructuras superiores.

El problema constitucional aparece cuando la pertenencia a una organización se convierte en una categoría demasiado amplia. El derecho penal de acto exige demostrar una conducta voluntaria y culpable; el derecho penal de autor desplaza la responsabilidad hacia la condición o supuesta peligrosidad del individuo. La participación consciente y estable en una organización criminal puede ser sancionada, pero no debe confundirse con una relación circunstancial, un servicio ocasional o una sospecha de vinculación. Si se trata prácticamente igual al dirigente, al financista, al ejecutor y al colaborador secundario, se pierde la diferenciación de responsabilidades y se corre el riesgo de ampliar indiscriminadamente el número de investigados.

Esta expansión puede producir un efecto contrario al anunciado. Mientras fiscales y policías concentran sus esfuerzos en numerosos sospechosos de escasa importancia, los principales dirigentes, financistas y eventuales protectores pueden permanecer fuera del alcance de las investigaciones. La persecución penal debería reconstruir la cadena de mando hasta identificar quién ordena las extorsiones, quién recibe las ganancias, quién proporciona los medios y quién garantiza la continuidad de las operaciones. No basta con detener al mensajero o al conductor. Hay que llegar al capo, al financista y a quienes eventualmente le proporcionan protección institucional. Una política que multiplica sospechosos sin identificar las estructuras superiores puede terminar debilitando su propio objetivo.

III. Las cárceles como oficinas criminales y la infraestructura de extorsión

Las extorsiones organizadas desde establecimientos penitenciarios demuestran que la prisión puede convertirse en un centro de operaciones delictivas. El jefe criminal ya no necesita exponerse en las calles: puede impartir órdenes desde su celda mientras sus colaboradores externos amenazan a comerciantes, transportistas y empresarios, cobran dinero o ejecutan actos violentos. El problema supera el ingreso clandestino de teléfonos. Existen instalaciones de telecomunicaciones que permiten mantener comunicaciones desde los establecimientos, incluso mediante antenas direccionales, enlaces inalámbricos y dispositivos destinados a superar los bloqueos de señal.

El propio Estado ha reconocido esta infraestructura. El Decreto Legislativo N.º 1733, publicado el 12 de febrero de 2026, aborda el suministro ilegal de telecomunicaciones a establecimientos penitenciarios. No estamos hablando únicamente de un preso que consiguió introducir un celular, sino de redes que pueden requerir inmuebles, equipos, electricidad, técnicos, mantenimiento, financiamiento y mecanismos de cobro. Una infraestructura de esa naturaleza plantea preguntas inevitables: ¿quién la instaló, quién la financió, quién cobraba por sus servicios y qué personas conocían su funcionamiento? La incautación de equipos no resuelve esas interrogantes ni permite establecer por sí sola cuántos delitos fueron cometidos mediante ellos.

En marzo de 2025, el entonces jefe del INPE, Javier Llaque, sostuvo ante el Congreso que se habían identificado 21 casos de extorsión originados en cárceles durante 2023 y aproximadamente entre 30 y 34 durante 2024. En contraste, en octubre de 2026 el ministro de Defensa sostuvo públicamente que el grueso de las extorsiones procedía de establecimientos penitenciarios. Las declaraciones presentan dimensiones radicalmente distintas del problema y exigen conocer las metodologías utilizadas. Si se trata de unos pocos casos, ¿por qué se necesita una intervención tecnológica tan amplia? Y si el fenómeno tiene una dimensión masiva, ¿por qué las cifras de casos identificados son tan reducidas? La contradicción obliga a investigar tanto la magnitud real del delito como la capacidad del Estado para detectarlo.

IV. Requisas, antenas y teléfonos: ¿dónde están las condenas?

Las autoridades anuncian operativos, requisas, traslados, incautaciones de celulares y desmantelamiento de antenas. Sin embargo, esos indicadores no equivalen a condenas penales por extorsiones organizadas desde prisión. Existe una diferencia fundamental entre el delincuente que ingresó al establecimiento por una extorsión cometida cuando estaba libre y el interno que, encontrándose ya encarcelado, comete una nueva extorsión desde su celda. Esta segunda categoría permite evaluar si el Estado está impidiendo y sancionando la continuidad del delito durante el cumplimiento de una condena.

En nuestra investigación encontramos un caso difundido en abril de 2024 en el que dos internos del penal de Potracancha, en Huánuco, recibieron condenas de dieciocho años por una extorsión organizada desde el establecimiento. Ese antecedente confirma la existencia de condenas de esta naturaleza, pero no permite establecer una cifra nacional. ¿Cuántos internos han recibido nuevas condenas por extorsionar desde prisión? ¿Cuántas organizaciones fueron desarticuladas? ¿Cuántos funcionarios resultaron condenados por facilitar sus operaciones? Las estadísticas generales de presos por extorsión no responden a esas preguntas, porque pueden incluir a personas encarceladas por delitos anteriores a su ingreso.

El Estado debería poder presentar una secuencia verificable: extorsión detectada, interno identificado, investigación fiscal, acusación, sentencia y ejecución de la pena correspondiente. Sin esa información, los ciudadanos reciben cifras de objetos incautados, pero no conocen el resultado judicial de las operaciones criminales descubiertas. Un celular incautado es un objeto; una antena desmantelada es una instalación. Lo que interesa es identificar a las organizaciones, financistas, operadores y eventuales protectores que se encuentran detrás de esos medios. La eficacia de la política criminal debe medirse por su capacidad para neutralizar esas estructuras y no solamente por la cantidad de equipos decomisados.

V. El Milagro, la economía criminal y la responsabilidad del INPE

Al explicar la reyerta del penal El Milagro, Álvarez sostiene: «Cuando un penal está absolutamente tranquilo, puede ser por dos motivos. La autoridad ejerce control absoluto [...] o son los internos los que mandan». Añade que los enfrentamientos entre bandas se producen cuando se restringen sus comunicaciones y deben redistribuir el poder que conservan dentro del establecimiento. El ministro reconoce así que las organizaciones criminales pueden ejercer autoridad sobre los internos y que las restricciones impuestas por el Estado alteran sus relaciones de poder. Su respuesta consiste en trasladar a los dirigentes a establecimientos altoandinos para impedir que continúen controlando sus respectivas bandas.

Pero existe una explicación económica que merece mayor atención. Si las comunicaciones clandestinas permiten dirigir extorsiones y recibir ingresos, su interrupción puede provocar disputas por la reducción o redistribución de esos recursos. La cárcel puede albergar una economía criminal con dirigentes, operadores, intermediarios, cobradores y mecanismos de coerción. Una aparente tranquilidad puede responder a un equilibrio entre organizaciones que administran sus negocios sin enfrentamientos visibles. Por ello, no basta con identificar qué banda domina un pabellón: es necesario determinar de dónde procede el dinero, cómo circula y quiénes obtienen beneficios. La hipótesis de que las restricciones provocaron una disputa económica puede investigarse mediante transferencias, testimonios y antecedentes de los grupos involucrados.

Álvarez anuncia también la incorporación de oficiales retirados y especialistas en inteligencia al INPE. La inteligencia puede ayudar a identificar redes criminales, pero no sustituye las obligaciones ordinarias de seguridad. Los establecimientos tienen accesos, controles, vigilancia y funcionarios responsables. Si existen comunicaciones clandestinas reiteradas, corresponde examinar las deficiencias de esos controles y la eventual participación de servidores públicos. En noviembre de 2025, el Ministerio Público informó sobre la condena de dos exagentes penitenciarios de Cochamarca por recibir dinero para facilitar el ingreso de objetos prohibidos. La corrupción penitenciaria, por tanto, no es solamente una hipótesis abstracta. La reforma debe investigar tanto a los delincuentes como a quienes, desde la administración o fuera de ella, pueden facilitar sus operaciones.

VI. La responsabilidad patrimonial del Estado y las víctimas sin reparación identificable

El gran ausente del discurso penitenciario es el ciudadano extorsionado. Cuando una organización criminal dirige amenazas desde un establecimiento administrado por el Estado, corresponde investigar no solamente la responsabilidad penal del interno, sino también el funcionamiento del servicio penitenciario. El artículo 260 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 regula la responsabilidad patrimonial de las entidades públicas por daños directos e inmediatos atribuibles a su actuación o a los servicios que prestan. La norma contempla supuestos de exclusión, como el hecho determinante de un tercero, pero ello no elimina la necesidad de examinar si las actuaciones u omisiones administrativas contribuyeron causalmente al daño.

Aquí surge una pregunta que no aparece respondida en la entrevista: ¿cuántas víctimas de extorsiones organizadas desde cárceles peruanas han sido indemnizadas por el Estado? En la documentación pública examinada no encontramos un solo caso acreditado de indemnización estatal pagada por ese motivo. Tampoco una estadística que permita conocer cuántas reclamaciones se presentaron, cuántas fueron reconocidas, cuántas rechazadas y qué montos se pagaron. La ausencia de un registro públicamente localizado no permite convertir automáticamente esa cifra en cero, pero sí identifica una carencia de información sobre las consecuencias patrimoniales de los delitos originados en instalaciones penitenciarias.

La cuestión es especialmente importante porque el Estado controla información que las víctimas difícilmente pueden obtener: registros de requisas, investigaciones internas, identificación de internos, comunicaciones clandestinas, procedimientos disciplinarios y antecedentes de seguridad. Esa información puede resultar necesaria para establecer la relación entre una extorsión y las deficiencias del servicio penitenciario. Nuestra hipótesis es que la administración podría tener un incentivo económico para minimizar u ocultar información que permita formular reclamaciones indemnizatorias, porque reconocer determinadas fallas puede generar obligaciones de reparación. Investigar ese posible incentivo exige examinar solicitudes de información denegadas, documentos retenidos y decisiones administrativas concretas.

La responsabilidad patrimonial no requiere necesariamente demostrar un acuerdo criminal entre funcionarios y extorsionadores. Puede surgir del funcionamiento del servicio público cuando concurren los presupuestos legales correspondientes. Pero si además se comprobara que funcionarios facilitan delitos y ocultan información para proteger a los responsables o impedir reclamaciones, estaríamos ante un problema mucho más grave. Por eso, la transparencia penitenciaria debe comprender no solamente las incautaciones y los traslados, sino también las investigaciones contra funcionarios y las indemnizaciones reclamadas o pagadas. El Estado no puede exigir responsabilidad a los delincuentes mientras deja sin examinar su propia actuación frente a las víctimas.

VII. El sistema interamericano, los grandes estudios jurídicos y la Corte Suprema

Álvarez cuestiona la influencia de organizaciones internacionales sobre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la entrevista afirma textualmente: «Además, que parte el presupuesto de la Comisión y de la Corte provienen de las propias ONGs internacionales. Es como si en Perú los estudios jurídicos más grandes de Lima fuesen los que subvencionan la mitad del presupuesto del Poder Judicial. O sea, sería un escándalo». Su argumento consiste en cuestionar la independencia de una institución cuando actores privados interesados pueden contribuir a financiarla. Esa comparación, sin embargo, plantea una pregunta que el propio ministro no desarrolla: ¿qué mecanismos existen para investigar las relaciones entre los grandes estudios jurídicos y los magistrados peruanos?

La influencia sobre un sistema judicial no requiere necesariamente controlar a todos sus jueces. Nuestra hipótesis es que puede concentrarse en determinadas instancias superiores, particularmente en magistrados de la Corte Suprema, cuyas decisiones tienen especial importancia para ciertos litigios y para la formación de criterios jurisprudenciales. No se trata de afirmar que esa influencia esté acreditada, sino de identificar dónde deberían examinarse posibles conflictos de intereses, relaciones profesionales y mecanismos de presión. Si el ministro considera preocupante la influencia privada sobre organismos internacionales, corresponde aplicar el mismo criterio de transparencia a las instituciones judiciales peruanas. Su comparación se refiere expresamente al Poder Judicial; la concentración de influencia en la Corte Suprema es parte de nuestra crítica.

La discusión jurídica también exige distinguir las competencias de la Corte Interamericana. El artículo 68.1 de la Convención Americana establece la obligación de los Estados de cumplir las sentencias dictadas en los casos en que sean parte. Otra cuestión es el alcance de las opiniones consultivas y de los criterios jurisprudenciales proyectados sobre autoridades o Estados que no participaron en un litigio determinado. Allí corresponde discutir los límites del control de convencionalidad y su relación con la soberanía constitucional. Del mismo modo, cuando Álvarez cuestiona la interpretación histórica de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y del Lugar de la Memoria, su preocupación por la legitimidad estatal debería extenderse a la actuación presente de las instituciones: la autoridad del Estado no depende solamente de cómo se relata su pasado, sino de cómo ejerce sus competencias y responde por sus incumplimientos actuales.

VIII. Orden público, poder criminal y la reforma pendiente

Álvarez concluye la entrevista afirmando: «Siempre en beneficio del ciudadano. Y ese es el propósito del gobierno. Trabajar para que el orden prevalezca. Y una vez que haya orden, las inversiones van a llegar. Van a fluir». Su tesis vincula seguridad ciudadana, autoridad estatal y desarrollo económico. Pero las extorsiones que afectan a transportistas, comerciantes y empresarios muestran que el orden público no se restablece únicamente aumentando las penas o construyendo más cárceles. También exige impedir que las organizaciones criminales utilicen instalaciones públicas para continuar sus operaciones y que sus dirigentes mantengan relaciones con colaboradores externos.

La verdadera reforma debería comenzar por identificar a quienes ejercen el poder criminal dentro de los establecimientos penitenciarios, reconstruir sus redes económicas y establecer las responsabilidades de los funcionarios que pudieran facilitar sus actividades. También debe proporcionar estadísticas verificables sobre extorsiones originadas en cárceles, nuevas condenas de internos, investigaciones contra servidores públicos y reclamaciones indemnizatorias de las víctimas. Sin esos resultados, las cifras de requisas, traslados y equipos incautados ofrecen solamente una parte del problema. Una cárcel puede estar llena de delincuentes y, sin embargo, no haber neutralizado las organizaciones que estos dirigen.

El Estado debe responder por sus propias actuaciones y omisiones conforme a las reglas de responsabilidad aplicables. No puede limitarse a exigir obediencia a los internos mientras evita explicar cómo continúan organizándose delitos desde establecimientos sometidos a su administración. La verdadera reforma penitenciaria no consiste en construir cárceles más grandes para encerrar a más personas, sino en impedir que las organizaciones criminales conserven su poder desde el encierro, investigar a quienes facilitan sus operaciones y garantizar que las víctimas puedan exigir las reparaciones correspondientes. Antes de construir nuevas megacárceles, corresponde responder una pregunta elemental: ¿de qué sirve encerrar a diez mil delincuentes si no se puede garantizar que dejen de dirigir sus negocios criminales desde una celda?

Reflexión final: no se preocupen, aquí no pasa nada

No se preocupen. El Estado no está en contubernio con los delincuentes. Los gobernantes tampoco, y mucho menos los ricos y poderosos. Solamente ocurre que desde establecimientos administrados por el propio Estado se organizan extorsiones contra ciudadanos que se encuentran en libertad. Solamente ocurre que se han instalado antenas y redes clandestinas de telecomunicaciones para mantener comunicados a los delincuentes con sus colaboradores externos. Pero no se preocupen. Seguramente todo eso sucede sin que nadie con autoridad tenga responsabilidad alguna. Las cárceles están bajo custodia estatal, los delincuentes están encerrados y, sin embargo, sus negocios pueden continuar funcionando fuera de los muros.

No se preocupen. El Estado no protege a los criminales ni permite que continúen trabajando desde sus celdas. Solamente ocurre que las autoridades realizan requisas, encuentran teléfonos, desmantelan antenas y anuncian operativos, mientras seguimos sin conocer una estadística nacional de cuántos internos han sido condenados por cometer nuevas extorsiones desde prisión. Hemos identificado dos condenados en un caso concreto, pero no conocemos el total nacional. Tampoco sabemos cuántas organizaciones fueron efectivamente desarticuladas ni cuántos funcionarios fueron sancionados por facilitar sus operaciones. No se preocupen. Seguramente las estadísticas existen, aunque todavía no las hayamos visto.

No se preocupen. El Estado tampoco tiene interés alguno en evitar que las víctimas reclamen indemnizaciones. Solamente ocurre que, hasta ahora, no hemos encontrado un solo caso públicamente documentado de un ciudadano indemnizado por el Estado debido a una extorsión organizada desde una cárcel bajo su administración. Tampoco conocemos un registro de reclamaciones patrimoniales reconocidas, rechazadas o pagadas. El ciudadano puede perder su negocio, su patrimonio y su tranquilidad mientras una organización criminal lo amenaza desde una instalación estatal. Pero no se preocupen. La reparación continúa siendo una pregunta sin respuesta, y la información necesaria para formularla permanece principalmente en manos de la propia administración.

No se preocupen. Los grandes intereses económicos tampoco tienen nada que ver con las organizaciones criminales. No tenemos por qué preguntarnos quiénes financian sus operaciones, quiénes administran sus ganancias, quiénes reciben sus servicios o quiénes podrían proteger a sus dirigentes. Mejor ampliemos la persecución penal hacia todos los niveles inferiores de las bandas. Investiguemos al mensajero, al intermediario y al último colaborador, mientras la identificación de los principales financistas y eventuales protectores continúa siendo una tarea pendiente. No se preocupen. La cantidad de investigados puede aumentar aunque las estructuras superiores del crimen permanezcan intactas.

No se preocupen. El Estado no está en contubernio contra el ciudadano. Solamente vemos delincuentes que continúan operando desde las cárceles, infraestructura clandestina instalada para comunicarlos, funcionarios condenados por facilitar objetos prohibidos, estadísticas incompletas sobre las nuevas condenas y ninguna indemnización estatal que hayamos podido identificar públicamente. Nos dicen que el Estado está recuperando el control de los establecimientos penitenciarios, pero los propios hechos documentados muestran cuánto control ha llegado a perder. Nos dicen que la prioridad es proteger al ciudadano, pero todavía no sabemos cuántas víctimas han sido reparadas por los daños atribuibles al funcionamiento de esas instalaciones.

No se preocupen. No afirmemos que existe contubernio. Digamos solamente lo que estamos viendo. Nos anuncian más cárceles, pero todavía no explican cómo impedirán que se siga delinquiendo desde ellas. Nos anuncian más operativos, pero no conocemos el número completo de nuevas condenas por extorsiones penitenciarias. Nos hablan de proteger a las víctimas, pero no encontramos indemnizaciones estatales públicamente documentadas. Nos dicen una cosa, pero la realidad que podemos examinar nos muestra otra. Y mientras esperamos que el Estado explique esa contradicción, las víctimas siguen esperando que alguien responda por ellas.


Base documental: entrevista a Ernesto Álvarez en Pico y Café; Decreto Legislativo N.º 1733; declaraciones del INPE ante el Congreso en marzo de 2025; información del Ministerio Público sobre corrupción penitenciaria; declaraciones oficiales sobre extorsiones desde cárceles; artículo 260 del TUO de la Ley N.º 27444 y artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CAZAOLIGARCAS. Ulrich Mücke y la radiografía de la oligarquía peruana del siglo XIX

CAZAOLIGARCAS. Ulrich Mücke y la radiografía de la oligarquía peruana del siglo XIX: el Partido Civil, los terratenientes y el Club Nacional

POR IVAN ORE CHAVEZ PARA CAZAOLIGARCAS

Una investigación histórica sobre los integrantes del Partido Civil entre 1871 y 1879 permite identificar a los propietarios de haciendas azucareras, banqueros, comerciantes, parlamentarios y directores de periódicos que participaron en la organización política de las élites peruanas. El Club Nacional aparece como uno de los principales puntos de encuentro de estos personajes, cuyas relaciones permiten reconstruir la estructura económica, política y social de la oligarquía peruana decimonónica.

1. La lista de Ulrich Mücke: una radiografía de las élites del siglo XIX

El historiador alemán Ulrich Mücke elaboró una relación nominal de los miembros y dirigentes del Partido Civil en Lima y el Perú durante el período comprendido entre 1871 y 1879. El estudio, presentado en el Apéndice 2 de su obra, identifica a los firmantes del acta fundacional de la Sociedad Independencia Electoral, a los integrantes de los organismos directivos del civilismo, a los miembros de las juntas electorales y a las personas vinculadas con las principales asociaciones de la sociedad limeña.

La importancia de esta investigación reside en que no se limita a enumerar políticos. Mücke incorpora las actividades económicas de los personajes estudiados, sus cargos públicos y su pertenencia al Club Nacional, al Club de la Unión, a la Sociedad Amiga de los Indios y a la Junta Municipal de 1869-1870, conocida como la Junta de los Cien. De esta manera, su relación permite observar las coincidencias entre la propiedad económica, la organización partidaria y la participación en instituciones sociales.

El documento constituye una fuente especialmente útil para estudiar la composición de las élites que participaron en la formación del Partido Civil. A través de sus registros se advierte la presencia de terratenientes, banqueros, comerciantes, juristas, militares, ministros, diputados y senadores, muchos de ellos vinculados entre sí por su participación en las mismas instituciones.

2. El Club Nacional: el punto de encuentro de los propietarios y dirigentes políticos

Uno de los elementos más importantes del cuadro de Mücke es la identificación de los miembros del Club Nacional. Esta institución aparece como un espacio compartido por personajes que desarrollaban actividades económicas y políticas diferentes, pero que pertenecían a sectores influyentes de la sociedad peruana.

El historiador utilizó documentación del propio Club Nacional, entre ella la lista de socios de 1868-1869, los cuadernos de antiguos socios y fallecidos, y una memoria institucional de 1897. Por tanto, la pertenencia de los personajes señalados no procede simplemente de referencias sociales o biográficas, sino de registros históricos de la institución.

Entre los miembros del Club Nacional que aparecen en la investigación destacan los siguientes:

PersonajeActividad económica o políticaOtras asociaciones registradas
Felipe Barreda y OsmaTerrateniente, banquero y comercianteClub de la Unión y Junta de los Cien
Juan J. MoreyraTerrateniente y comercianteJunta de los Cien
Mariano MoreyraPropietario—
Manuel CandamoBanquero y comercianteClub de la Unión
Juan CalderónPropietario, banquero y comercianteJunta de los Cien
José de la Riva AgüeroBanquero, comerciante, ministro y senadorJunta de los Cien
Ignacio de OsmaTerrateniente y diputadoJunta de los Cien
Juan Ignacio ElgueraTerrateniente, ministro y senador—
José M. Sancho DávilaTerrateniente, banquero y general—
Federico SotomayorTerratenienteClub de la Unión y Junta de los Cien
Juan Luis ValdeavellanoTerratenienteJunta de los Cien
José UnánueTerrateniente—
Gaspar de la PuenteTerratenienteJunta de los Cien
Enrique HigginsonBanquero y comercianteClub de la Unión
Luis CarranzaMédico, diputado y director de El ComercioSociedad Amiga de los Indios

La relación muestra que el Club Nacional reunía a propietarios rurales, representantes de la banca, comerciantes, funcionarios públicos y parlamentarios. Su importancia para la investigación histórica consiste en que permite identificar un ámbito institucional común entre personas que intervenían en distintas esferas de la vida económica y política del país.

3. Los hacendados azucareros: la base territorial de las élites propietarias

Mücke introduce una precisión especialmente significativa al explicar las categorías económicas utilizadas en su cuadro. Señala que el término «terrateniente» se refiere, en la mayoría de los casos, a propietarios de haciendas azucareras, mientras que «propietario» probablemente identifica a personas que poseían inmuebles en Lima o alguna hacienda.

Esta distinción permite reconocer la importancia de la propiedad agraria, particularmente de la producción azucarera, dentro de los sectores económicos vinculados al civilismo. Los grandes propietarios rurales no aparecen aislados de las actividades comerciales o financieras: algunos de ellos figuran simultáneamente como banqueros, comerciantes o representantes políticos.

Felipe Barreda y Osma, por ejemplo, aparece identificado como terrateniente, banquero y comerciante. José M. Sancho Dávila reúne las condiciones de terrateniente, banquero y general. Juan J. Moreyra figura como terrateniente y comerciante. Estas combinaciones permiten observar que la propiedad de la tierra podía coexistir con la participación en otros sectores económicos.

La presencia de estos personajes en el Club Nacional proporciona un punto de partida para estudiar las relaciones entre las haciendas azucareras, el capital financiero y las instituciones políticas de la época.

4. Los banqueros y comerciantes dentro de la organización civilista

El cuadro también revela la importancia de los representantes de la banca y el comercio. Mücke precisa que su clasificación de los banqueros comprende principalmente a directores, fundadores y accionistas de instituciones bancarias, utilizando información correspondiente a los años 1862-1876.

Entre los personajes identificados como banqueros o comerciantes figuran Manuel Candamo, Juan Calderón, Enrique Higginson, José de la Riva Agüero y Felipe Barreda y Osma. Varios de ellos aparecen vinculados al Club Nacional y al Club de la Unión.

La coincidencia entre actividades financieras, comerciales y participación política constituye uno de los rasgos más significativos de la relación estudiada. El Partido Civil incorporó a personas vinculadas con distintas formas de propiedad y actividad empresarial, mientras que instituciones como el Club Nacional facilitaron espacios de encuentro entre estos sectores.

Desde esta perspectiva, la lista de Mücke permite estudiar la composición económica del civilismo mediante personas concretas, en lugar de limitar el análisis a la denominación general de «oligarquía».

5. El Partido Civil: de los intereses económicos a la organización política

La Sociedad Independencia Electoral fue constituida el 24 de abril de 1871. Mücke identifica a los firmantes de su acta fundacional y reconstruye posteriormente la composición de la Junta Central de octubre de 1871, el Comité Directivo de febrero de 1879 y las juntas electorales de Lima.

Esta información permite distinguir a los fundadores originales de quienes desempeñaron cargos directivos o participaron posteriormente en la organización electoral. El cuadro también registra las funciones de presidente, vicepresidente, secretario y miembro dentro de los distintos organismos.

La relevancia histórica de esta documentación consiste en que permite examinar la participación política de individuos que también poseían haciendas, intervenían en actividades bancarias o comerciales y pertenecían a asociaciones de las élites limeñas.

El civilismo aparece así como un espacio de organización política en el que participaron sectores propietarios y profesionales. El Club Nacional, por su parte, proporciona una referencia institucional para estudiar las relaciones personales entre varios de sus integrantes.

6. El Comercio: una conexión entre prensa, civilismo y Club Nacional

Uno de los registros más importantes para nuestra investigación es el correspondiente a Luis Carranza, identificado por Mücke como médico, diputado, director de El Comercio y miembro del Club Nacional.

Este dato permite establecer una conexión documental entre la dirección de un periódico, la representación parlamentaria y la pertenencia a una institución social frecuentada por integrantes de las élites económicas y políticas.

Existe, además, otra circunstancia significativa: Mücke utiliza reiteradamente ejemplares de El Comercio de 1871 y 1879 como fuentes para reconstruir la organización del Partido Civil. Entre ellos figuran las ediciones del 24 de abril, 3 de mayo y 10 de octubre de 1871, así como la del 14 de febrero de 1879.

La investigación permite, por tanto, examinar dos dimensiones distintas de la prensa decimonónica: la participación de un director periodístico en las instituciones estudiadas y el papel de los periódicos como fuentes para reconstruir la actividad política.

Esta conexión constituye un antecedente relevante para nuestro estudio sobre los propietarios y directores de periódicos peruanos durante el siglo XX.

7. La composición social de la oligarquía peruana del siglo XIX

A partir de la relación elaborada por Mücke, podemos distinguir los principales sectores que participaron en las redes económicas, políticas e institucionales examinadas.

SectorPersonajes identificadosBase de su actividad
TerratenientesJuan J. Moreyra, Ignacio de Osma, José Unánue, Juan Luis ValdeavellanoHaciendas y propiedad rural
Terratenientes con actividades financierasFelipe Barreda y Osma, José M. Sancho DávilaTierra y banca
Banqueros y comerciantesManuel Candamo, Juan Calderón, Enrique HigginsonCapital financiero y comercio
Políticos con actividades económicasJosé de la Riva Agüero, Juan Ignacio ElgueraActividad económica y cargos estatales
Dirección periodísticaLuis CarranzaEl Comercio, Congreso y Club Nacional

La composición de esta red revela que la oligarquía peruana del siglo XIX no puede estudiarse únicamente como un conjunto de grandes hacendados. Entre los personajes documentados aparecen también banqueros, comerciantes, propietarios urbanos, militares, juristas y representantes parlamentarios.

El rasgo que interesa investigar es la concurrencia de estas posiciones en determinados individuos y su participación en instituciones comunes. El Club Nacional constituye uno de los principales puntos de referencia para reconstruir dichas relaciones.

8. Del Club Nacional de 1871 a los propietarios de periódicos de 1963

La documentación de Mücke adquiere una nueva dimensión cuando se compara con la investigación de Luis Roca sobre los intereses económicos y la orientación de las noticias en la prensa peruana durante los conflictos agrarios de 1963.

En el siglo XIX encontramos a Luis Carranza, director de El Comercio y miembro del Club Nacional. En el siglo XX, los padrones institucionales permiten identificar a otros personajes vinculados con la propiedad o dirección de periódicos.

PeríodoPersonajeRelación periodísticaRegistro del Club Nacional
Siglo XIXLuis CarranzaDirector de El ComercioMiembro identificado por Mücke
Siglo XXPedro G. BeltránLa PrensaSocio desde 1920
Siglo XXFelipe A. Thorndike BeltránLa PrensaSocio desde 1950
Siglo XXManuel Mujica GalloExpresoSocio desde 1929; presidente entre 1954 y 1957

La comparación revela la presencia recurrente de personas vinculadas con la prensa peruana en los registros del Club Nacional. También permite advertir que sus intereses empresariales y orientaciones políticas no fueron necesariamente idénticos.

El siguiente paso consiste en cruzar estos registros con las relaciones familiares, empresariales y accionarias de cada período, para determinar qué continuidades pueden establecerse entre las élites propietarias del siglo XIX y los empresarios periodísticos del siglo XX.

9. El Club Nacional como eje de una investigación de 155 años

La relación de Mücke permite situar el comienzo de nuestra investigación en 1871, cuando los integrantes del civilismo participaban simultáneamente en actividades económicas, organizaciones políticas y asociaciones sociales.

El segundo momento corresponde a la década de 1960, cuando Luis Roca examinó los intereses económicos de los propietarios de periódicos y su relación con el tratamiento informativo de los conflictos agrarios.

El tercer momento corresponde a 2026, con el estudio de la composición empresarial de El Comercio y las relaciones institucionales de sus propietarios.

La comparación de estas tres etapas permite investigar cómo cambiaron las actividades económicas de las élites, qué familias participaron en distintos períodos y cuál fue el lugar ocupado por el Club Nacional dentro de sus relaciones sociales.

La documentación disponible acredita coincidencias institucionales en los siglos XIX y XX. La identificación de vínculos familiares y empresariales específicos hasta 2026 constituye la siguiente etapa del trabajo documental.

Conclusión: la oligarquía peruana vista desde sus propios registros

La investigación de Ulrich Mücke ofrece una relación nominal que permite estudiar la composición de los sectores propietarios vinculados al Partido Civil durante el siglo XIX. Su principal aporte consiste en identificar personas, actividades económicas, cargos políticos y pertenencias institucionales mediante documentación histórica.

Al colocar al Club Nacional como eje de análisis, aparecen las relaciones entre hacendados azucareros, banqueros, comerciantes, ministros, parlamentarios y directores de periódicos. La institución constituye así un punto de observación privilegiado para reconstruir la historia de las élites peruanas.

La oligarquía peruana del siglo XIX puede estudiarse, a partir de esta lista, como una red de propietarios y dirigentes que compartían espacios políticos, económicos y sociales. Su estructura no se reducía a la posesión de haciendas: también comprendía capital bancario, comercio, representación parlamentaria y participación en instituciones como el Club Nacional.

El valor de esta investigación para CAZAOLIGARCAS reside en que permite comenzar la reconstrucción histórica con nombres y registros de 1871, continuar con los propietarios periodísticos estudiados en 1963 y examinar finalmente las relaciones empresariales de 2026.

Fuente principal: Ulrich Mücke, «Los miembros y la dirigencia del Partido Civil en Lima y en el Perú», Apéndice 2, pp. 320-324 del fragmento escaneado. Fuentes documentales utilizadas por el autor: archivos del Club Nacional, archivos del Club de la Unión, registros de la Sociedad Amiga de los Indios, documentación de la Junta Municipal y ediciones históricas de El Comercio.