Delegación de facultades: el verdadero voto de confianza y las leyes que se escribirán desde el Ejecutivo.

Por Iván Oré Chávez. Abogado constitucionalista.[1]

 

El debate sobre la delegación de facultades solicitada por el gobierno de Keiko Fujimori está siendo llevado hacia el terreno habitual: si el Congreso obstruye, si la oposición quiere impedir que el Gobierno trabaje, si la delincuencia exige medidas urgentes, si el fenómeno de El Niño permite esperar o si los códigos Penal y Procesal Penal necesitan una reforma. Caretas refleja perfectamente este escenario: desde el Gobierno se advierte incluso que el Congreso podría convertirse en «enemigo del país» si niega las facultades, mientras diversos profesionales discuten la calidad técnica de las reformas, sus límites constitucionales y la posibilidad de modificar rápidamente cuerpos legales sumamente complejos. Todo eso puede ser importante, pero hay una cuestión anterior que casi desaparece entre tanto ruido: ¿Qué está pidiendo realmente el Ejecutivo cuando solicita una delegación de facultades?

Está pidiendo poder hacer leyes. No proyectos de ley para que sean discutidos y aprobados mediante el procedimiento parlamentario ordinario, sino decretos legislativos con rango de ley, dictados directamente por el Poder Ejecutivo dentro de las materias y del plazo que autorice el Parlamento. Y esta vez el pedido no es pequeño: comprende 66 pedidos agrupados en ocho materias y solicita 120 días calendario para producir las normas. Seguridad ciudadana, empleo, micro y pequeñas empresas, desarrollo productivo, tributación y simplificación administrativa aparecen entre los campos comprendidos.

 

El Ejecutivo ya puede dictar decretos.

A veces la discusión sobre las facultades produce la impresión de que, sin ellas, el Gobierno estaría maniatado y sería incapaz de adoptar decisiones. No es así. El Poder Ejecutivo gobierna, administra, reglamenta las leyes y expide las disposiciones que constitucionalmente corresponden a sus competencias. Puede aprobar decretos supremos y otras normas administrativas sin que el Congreso tenga que entregarle nuevamente esas potestades. Pero existe una diferencia fundamental: un decreto supremo reglamentario no es una ley. Está subordinado a la Constitución y a las leyes que pretende desarrollar. 

Y precisamente allí aparece una diferencia que casi nunca se explica al ciudadano. Si una disposición administrativa de carácter general vulnera la Constitución o la ley, existe el proceso constitucional de acción popular, cuya legitimación es extraordinariamente abierta: cualquier persona puede interponer la demanda. No hace falta constituir un partido, convencer a una bancada parlamentaria ni reunir cinco mil ciudadanos. Un ciudadano puede plantarse frente al poder reglamentario del Estado.

La situación cambia cuando el Congreso entrega facultades legislativas y el Ejecutivo dicta un decreto legislativo. Ya no estamos ante una disposición reglamentaria, sino ante una norma con rango de ley. El control abstracto de esa norma corresponde al proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, cuando son los propios ciudadanos quienes pretenden iniciarlo, se requieren cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. La diferencia es enorme: frente a una disposición reglamentaria, una persona puede promover la acción popular; frente a un decreto legislativo, el ciudadano individual ya no dispone de esa misma puerta para iniciar el control abstracto de la norma. 

Ahí existe una consecuencia política de la delegación que prácticamente no aparece en el debate público. El Ejecutivo no solamente obtiene capacidad para producir normas de mayor jerarquía: esas normas entran en un régimen diferente de control constitucional y su impugnación abstracta resulta mucho más exigente para el ciudadano individual. No estamos ante una diferencia académica entre nombres de decretos. Estamos ante dos niveles distintos de producción normativa y, consecuentemente, ante dos formas diferentes de enfrentarse jurídicamente a esas normas. 

 

¿Por qué los gobiernos recién llegados quieren facultades?

Cada nuevo gobierno recibe un Estado que ya tiene Constitución, leyes, códigos, reglamentos, ministerios, organismos públicos y una gigantesca maquinaria administrativa. El Presidente no llega a un territorio jurídicamente vacío. Recibe miles de normas que le permiten gobernar desde el primer día. Entonces aparece una pregunta elemental que pocas veces ocupa las portadas: si el marco legislativo ya existe y el Ejecutivo posee potestades suficientes para administrar y reglamentar, ¿por qué resulta tan importante obtener inmediatamente una delegación de facultades?

Porque una cosa es gobernar utilizando el orden jurídico que se recibe y otra muy diferente es tener temporalmente la capacidad de modificar ese mismo orden jurídico mediante normas con rango de ley. Allí está el verdadero valor político de la delegación. Desde el propio Gobierno se ha reconocido que, si las facultades fueran rechazadas, muchas reformas tendrían que tramitarse mediante proyectos de ley, porque los decretos de urgencia poseen un ámbito limitado. También se sostiene que no debe restringirse la delegación únicamente a El Niño y la seguridad ciudadana porque las reformas económicas, laborales, tributarias, administrativas y de infraestructura serían complementarias entre sí. Incluso se plantea modificar SERVIR y determinados requisitos de experiencia en el aparato público. 

Estamos, por tanto, bastante lejos de una autorización destinada únicamente a enfrentar una emergencia. Lo que se está solicitando es capacidad legislativa para desarrollar desde el Ejecutivo un programa mucho más amplio de reformas.

 

Los dos votos de confianza: el formal y el de facto.

En el sistema político peruano podemos observar dos formas muy diferentes de confianza entre el Congreso y el Ejecutivo. La primera es el voto de confianza formal, expresamente regulado por la Constitución y mediante el cual el Congreso manifiesta su confianza política en el Consejo de Ministros. Es la confianza visible, solemne, discutida ante las cámaras y convertida inmediatamente en noticia. Pero existe otra que constitucionalmente no lleva ese nombre y que, desde el punto de vista del poder efectivo, puede resultar mucho más reveladora: la confianza de facto expresada mediante la delegación de facultades legislativas.

La diferencia es sustancial. Con el voto de confianza formal, el Congreso permite que un gabinete continúe desarrollando la política gubernamental. Con la delegación hace algo adicional: cede temporalmente una porción de su propia capacidad de producir normas con rango de ley. El primero permite gobernar; el segundo permite legislar desde el Ejecutivo. Por eso podemos hablar, políticamente y no como categoría constitucional, del verdadero voto de confianza: aquel en el cual la confianza deja de ser solamente una declaración y se convierte en transferencia temporal de poder. 

Y en este caso existe un elemento adicional. Mientras el Ejecutivo solicita facultades sobre numerosas materias económicas, laborales, tributarias y administrativas, CONFIEP respalda la concesión de esas facultades y ofrece colaboración técnica para la formulación de las medidas. Ahí aparece el circuito que habrá que investigar: el Congreso entrega temporalmente poder legislativo al Ejecutivo; el Ejecutivo adquiere capacidad para modificar normas con rango de ley; los grupos económicos organizados buscan participar en la formulación de medidas; y los decretos finalmente publicados permitirán comprobar qué propuestas fueron incorporadas y cuáles fueron sus efectos.  

¿Quién va a escribir semejante cantidad de normas en 120 días?

Aquí la discusión cambia completamente. Los decretos legislativos no aparecen espontáneamente cuando el Congreso aprueba una ley de delegación. Alguien tendrá que convertir decenas de pedidos en disposiciones jurídicas, reunir información económica, laboral, tributaria y empresarial, estudiar alternativas, preparar borradores, revisar consecuencias y transformar finalmente las prioridades políticas en artículos, disposiciones complementarias, modificaciones y derogaciones. La pregunta ya no es solamente qué quiere legislar el Gobierno, sino quién lo ayudará a legislar.

Y entonces aparece otra pregunta todavía más incómoda: ¿Cuánto de ese trabajo está hecho ya? Resulta difícil imaginar que, recién al día siguiente de recibir las facultades, numerosos equipos comiencen desde cero a decidir qué modificar, recopilar información, evaluar alternativas, redactar articulados, preparar exposiciones de motivos y coordinar textos que abarcan materias tan distintas. El pedido comprende 66 ítems distribuidos en ocho grandes materias y solicita apenas 120 días para legislar. Podemos sospechar que ya existan 66 decretos legislativos terminados esperando en un cajón. Pero aun así, eso nos  obliga a preguntar qué existe ya detrás de cada pedido: anteproyectos, borradores, matrices normativas, informes técnicos y legales, análisis económicos, propuestas remitidas por gremios, actas de reuniones, versiones sucesivas de los textos y registros de quienes participaron en su preparación.

Porque si existe trabajo previo, la investigación sobre cada decreto no debe comenzar cuando aparezca publicado en El Peruano. Debe retroceder hasta su expediente de gestación: quién planteó originalmente la modificación, quién proporcionó la información, qué reuniones se celebraron, qué informes se produjeron, qué versiones circularon y quién puso sobre la mesa el primer texto.

 

Y entonces aparece CONFIEP.

El 25 de septiembre, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas pidió públicamente al Congreso que evaluara con celeridad la solicitud de facultades legislativas del Ejecutivo. El gremio en forma retórica sostuvo también que las facultades debían estar delimitadas y sujetas a plazos, control y rendición de cuentas. Pero su pronunciamiento contiene una frase bastante más interesante: el sector empresarial declaró estar a disposición para «colaborar técnicamente en la formulación e implementación de medidas».

La palabra importante es formulación. CONFIEP no solamente respalda que el Congreso entregue facultades legislativas al Gobierno: el empresariado organizado ofrece al mismo tiempo su capacidad técnica para participar en la formulación de medidas. Y esto sucede cuando entre las materias que el Ejecutivo pretende regular aparecen precisamente cuestiones laborales, tributarias, productivas, empresariales y administrativas.

Esto significa algo que documentalmente puede investigarse: si sus técnicos participan en la formulación de medidas, habrá que saber exactamente en cuáles, qué propusieron, qué documentos entregaron, con qué funcionarios se reunieron y cuánto de esas propuestas apareció finalmente en las normas. Y habrá que realizar la misma comparación respecto de trabajadores, pequeños empresarios, colegios profesionales, especialistas y demás sectores afectados. Una cosa es quién firma y promulga una norma; otra, bastante más reveladora, quién consiguió introducir sus propuestas dentro de ella.

 

Alonso Rey Bustamante: un nombre que vuelve a aparecer.

El nombre de Alonso Rey Bustamante no aparece por primera vez en esta investigación. Ya lo habíamos encontrado al reconstruir la reentronización de una antigua rama de poder alrededor del segundo fujimorato:[2] estuvo dentro del aparato económico del primer gobierno de Alberto Fujimori, fue asesor de Jorge Camet, presidió en 1993 el comité encargado de la privatización de ENTUR PERÚ e ingresó ese mismo año al Club Nacional. En 2010 reapareció dentro del equipo técnico presentado por Keiko Fujimori. Después vino su tránsito por el derecho corporativo y los directorios empresariales hasta alcanzar la representación gremial: presidió COMEXPERÚ durante el periodo 2024-2026 y desde ese gremio llegó a la estructura de CONFIEP, donde había participado como invitado del Comité Ejecutivo 2023-2025 y fue anunciado en 2025 como integrante del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2025-2027.

Eso explica por qué su reaparición resulta significativa. Esta vez no llegamos a Rey Bustamante investigando las privatizaciones de los años noventa ni buscando socios del Club Nacional. Llegamos a él siguiendo otro hilo: CONFIEP y su intervención pública en el debate sobre la delegación de facultades del nuevo gobierno. Es la misma persona que nuestra investigación había encontrado en distintos momentos dentro del aparato económico fujimorista, el Club Nacional, el mundo corporativo, el equipo técnico de Keiko y posteriormente la representación gremial empresarial. Ya no estamos ante datos dispersos: tenemos un nodo cuya trayectoria puede seguirse documentalmente a través de distintos espacios de poder.

Y ahora esa trayectoria desemboca en un episodio que merece vigilancia: CONFIEP respalda la delegación legislativa y ofrece colaboración técnica para la formulación e implementación de medidas. La pregunta puede resolverse comparando documentos: qué propusieron CONFIEP y sus gremios, quiénes participaron en esas propuestas y qué partes, si alguna, terminaron incorporadas a los decretos legislativos.

 

Si los proyectos existen, ¿por qué no publicarlos ahora?

Aquí llegamos finalmente a la pregunta que puede despejar buena parte de las sospechas. El Ejecutivo solicita facultades para legislar durante 120 días sobre ocho grandes materias y 66 ítems, pero la ciudadanía conoce principalmente las materias y objetivos de la delegación, no los textos concretos de los futuros decretos legislativos. Si el Gobierno ya sabe qué leyes quiere modificar, qué problemas pretende resolver y qué instrumentos jurídicos necesita, ¿Qué documentos tiene preparados en este momento?

Si existen anteproyectos, borradores, exposiciones de motivos, matrices de modificaciones, informes técnicos o documentos preparatorios, que se publiquen. La ciudadanía podrá entonces conocer qué artículo se pretende modificar, qué texto se quiere introducir, quién elaboró cada propuesta, qué entidades participaron y qué consecuencias fueron evaluadas. Si solamente existen versiones parciales, que se publiquen esas versiones y sus antecedentes. Y si todavía no existen los proyectos, entonces aparece inevitablemente la pregunta inversa: ¿van a comenzar a elaborarlos después de recibir las facultades y producir semejante volumen de legislación en apenas 120 días?

No hace falta afirmar que todos los decretos están ya escritos y esperando en un cajón. Hace falta algo mucho más sencillo: abrir la caja. Mostrar qué está hecho, qué está en elaboración, qué informes existen, qué reuniones se han realizado, qué propuestas externas han sido recibidas y quiénes vienen participando en su formulación.

Porque allí está finalmente el asunto que atraviesa toda esta historia. La verdadera investigación no termina cuando el Congreso vote la delegación. Si las facultades son concedidas, habrá que guardar cada decreto legislativo, identificar las leyes que modifica, los derechos y obligaciones que altera, localizar sus informes técnicos y reconstruir su proceso de elaboración. Después habrá que comparar esos textos con las propuestas previamente presentadas por gremios empresariales, organizaciones laborales y demás actores interesados.

El Congreso puede entregar al Ejecutivo el poder temporal de hacer leyes. Lo que todavía necesitamos saber es quiénes están “ayudando” a escribirlas.

---

[1] Sobre el autor: Iván Oré Chávez, abogado y politólogo. Ganador del Concurso de Ponencias del I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2025), por la ponencia “Mirada crítica de la reforma de la Ley 32155”. Tercer lugar en el II Concurso de Artículos de Investigación Jurídica “La familia desde la perspectiva de los derechos humanos”, organizado por órganos del Poder Judicial (2011). Primer puesto, categoría tesistas, en el VII Seminario de Talleres de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM (2004), por “Libre Mercado y AFPs”. Ganador del I Concurso Nacional de Investigación Jurídica de la III Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003), por “Historia social de las Constituciones”. Miembro de la nómina de colaboradores de la revista Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, de la Universidad Complutense de Madrid. Sitio web: Derecho en General. Correo electrónico: ivanorech@gmx.es.

[2] https://ivanorech.blogspot.com/2026/08/reentronizacion-de-una-rama-oligarquica.html 

Cómo sobrevive una oligarquía a una revolución: la lección de Chiapas.

 

Por Iván Oré Chávez para el Cazaoligarcas

Jan Rus es un antropólogo estadounidense cuya trayectoria académica se ha concentrado durante décadas en la historia social de Los Altos de Chiapas, las comunidades mayas, las relaciones entre indígenas y Estado y las grandes transformaciones económicas y políticas de la región. Entre sus trabajos se encuentran estudios sobre el sistema de fincas, el poder político indígena y las transformaciones experimentadas por las comunidades de Los Altos durante el siglo XX. Para nuestro propósito interesa especialmente el capítulo que escribió con Gaspar Morquecho Escamilla, “The Urban Indigenous Movement and Elite Accommodation in San Cristóbal, Chiapas, Mexico, 1975-2008: ‘Tenemos que vivir nuestros años’”, publicado en 2015 en el libro Enduring Reform: Progressive Activism and Private Sector Responses in Latin America’s Democracies. El artículo reconstruye, principalmente mediante testimonios de dirigentes ladinos e indígenas, cómo San Cristóbal de Las Casas dejó de ser una ciudad controlada casi exclusivamente por una vieja élite ladina y se convirtió en una ciudad multiétnica. Pero detrás de esa historia aparece una cuestión mucho mayor: ¿cómo puede una antigua oligarquía sobrevivir a una transformación social e incluso a una rebelión que destruye el mundo sobre el cual había construido su poder?

 

La ciudad de la oligarquía ladina.

A comienzos de los años setenta San Cristóbal tenía alrededor de 25.000 habitantes y era una ciudad prácticamente ladina, aunque se encontraba rodeada por una enorme población indígena tsotsil y tseltal. Los tsotsiles y tseltales son dos pueblos indígenas mayas de Chiapas, México, especialmente numerosos en la región de Los Altos de Chiapas, donde se encuentra San Cristóbal de Las Casas. No son simplemente nombres de lenguas: son pueblos indígenas diferenciados, aunque estrechamente relacionados. Cada uno posee su propia lengua —el tsotsil y el tseltal—, ambas pertenecientes a la familia lingüística maya.

Los indígenas necesitaban entrar para comerciar, trabajar o realizar trámites, pero su presencia permanente era rechazada. Todavía en los años sesenta podían terminar detenidos si permanecían en las calles durante la noche. Rus y Morquecho llegan a describir aquella separación étnica como algo cercano a una especie de apartheid, es decir, una segregación sistemática entre poblaciones.

Aquella segregación tenía una base económica y política muy concreta. La mayor parte de las tierras, edificios, negocios y maquinaria privados pertenecía a ladinos, que además ocupaban los principales puestos estatales, federales y religiosos. Los autores encuentran que las principales familias de San Cristóbal poseían raíces históricas profundas y seguían apareciendo simultáneamente en el comercio, la propiedad, la administración y la política. Por eso resulta difícil incluso separar una “élite empresarial” de las demás élites locales: eran personas y familias que ocupaban varios espacios de poder al mismo tiempo. Estamos, por tanto, ante algo muy parecido a una estructura oligárquica: no simplemente ricos individuales, sino familias históricas capaces de acumular propiedad, relaciones políticas, prestigio y acceso institucional.

La primera grieta importante, sin embargo, surgió fuera de San Cristóbal. Las escuelas, carreteras y programas impulsados desde los años cincuenta por el Instituto Nacional Indigenista contribuyeron a producir una generación indígena joven, alfabetizada, bilingüe y cada vez más consciente de sus derechos. Esos jóvenes querían abrir comercios, comprar camiones, conseguir empleos públicos y participar directamente en política, pero chocaron con los caciques indígenas tradicionales que monopolizaban la intermediación con el Estado.

Los conflictos políticos se mezclaron con divisiones religiosas y terminaron provocando expulsiones. Desde 1976 comenzaron a aparecer en San Cristóbal colonias formadas por aquellos expulsados. La paradoja es importante: la primera contraélite que amenaza el viejo equilibrio de San Cristóbal no nace de la nada con el zapatismo de 1994; comienza a formarse décadas antes entre indígenas que ya habían desafiado a las élites de sus propias comunidades.

 

Del campesino expulsado al ciudadano organizado.

La crisis económica de comienzos de los años ochenta aceleró enormemente esta transformación. El deterioro de la agricultura y la reducción del trabajo temporal empujaron hacia San Cristóbal a miles de indígenas. Los primeros expulsados habían demostrado ya que era posible instalarse allí, trabajar en mercados, construcción y turismo y organizar colonias propias. La antigua ciudad ladina empezó entonces a experimentar una transformación demográfica irreversible: hacia el período estudiado por los autores, San Cristóbal había superado los 188.000 habitantes y aproximadamente 80.000 eran tsotsiles o tseltales, asentados en unas 80 colonias.

La reacción inicial de numerosos sectores ladinos fue intentar detener aquella “invasión”. Se dificultó el reconocimiento de colonias y el acceso a servicios, se combatió a vendedores y transportistas indígenas y durante años persistió la idea de que San Cristóbal era una ciudad que pertenecía a los coletos, es decir, a la población ladina tradicional. Pero los recién llegados comenzaron a organizarse. El CRIACH (Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas), una organización indígena surgida en 1984, terminó trascendiendo los conflictos religiosos y comunitarios para convertir reivindicaciones dispersas en una lucha urbana por tierra, mercados, transporte, servicios, reconocimiento y representación. Los autores destacan precisamente que las organizaciones consiguieron superar diferencias de religión, comunidad y hasta lengua, desarrollando una identidad indígena urbana más amplia.

A finales de los ochenta ocurre entonces un cambio decisivo. Los políticos locales descubren que aquellas colonias no eran solamente un problema urbano: también constituían bloques de electores organizados. Empiezan los intercambios sistemáticos de servicios, espacios y beneficios por votos. El antiguo campesino había pasado a ser migrante, colono, comerciante y miembro de una organización; ahora se convertía además en elector. Y eso alteraba completamente el cálculo de la vieja élite: a una población que ya no podía expulsarse fácilmente y que además podía decidir elecciones comenzaba a resultar más rentable negociarla que combatirla.

Al mismo tiempo aparecía una contradicción económica. Algunos miembros de las familias ladinas continuaban rechazando ideológicamente la presencia indígena mientras sus propios negocios dependían cada vez más del trabajo indígena. La construcción, los mercados y posteriormente el turismo necesitaban aquella mano de obra. La vieja frontera étnica empezaba así a resultar disfuncional para la propia economía urbana. La ideología podía seguir diciendo que los indígenas no pertenecían a San Cristóbal, pero el mercado comenzaba a decir exactamente lo contrario: los necesitamos aquí.

 

1994: cuando la relación de fuerzas se rompe.

La rebelión zapatista no creó este proceso, pero lo aceleró extraordinariamente. Después de enero de 1994 los indígenas urbanos adquirieron una confianza y una capacidad de presión que antes no poseían. Uno de los fundadores del CRIACH llegó a la legislatura estatal; empresarios indígenas comenzaron a introducirse masivamente en el negocio del taxi, hasta entonces controlado por ladinos; aparecieron nuevas ocupaciones de tierras y las organizaciones indígenas consiguieron controlar espacios económicos y territoriales que anteriormente les estaban vedados. La flota de taxis indígenas llegó incluso a actuar durante algunos años como una especie de fuerza de protección paralela: cuando la policía municipal no respondía a las colonias, los propios taxistas acudían colectivamente.

Durante esos años la vieja élite perdió realmente una parte de su capacidad de mando. Los indígenas entrevistados recuerdan aquel momento como la época en que finalmente “ganaron un poco”; numerosos ladinos, en cambio, recuerdan 1994-1998 como años de desorden, amenaza e incertidumbre. Pero la reacción de la élite tampoco fue uniforme. Los sectores más duros reclamaron la restauración del antiguo orden y surgieron grupos como los Auténticos Coletos, mientras otros empresarios, profesionales y funcionarios comprendieron que la nueva composición de la ciudad era irreversible. Algunos defendieron mayor planificación e inversión pública y otros adoptaron posiciones humanitarias o incluso simpatizaron abiertamente con las reivindicaciones zapatistas.

Y apareció una paradoja extraordinaria. El levantamiento que amenazaba políticamente a la vieja élite convirtió a Chiapas en un foco de atención mundial. Llegaron periodistas, investigadores, activistas, organizaciones internacionales y turistas. El Estado mexicano comenzó además a invertir mayores recursos porque San Cristóbal y Chiapas eran considerados un foco rojo, es decir, un punto potencial de inestabilidad. Algunos empresarios ladinos que rechazaban políticamente el zapatismo terminaron beneficiándose económicamente del crecimiento turístico provocado, en parte, por la notoriedad internacional de la propia rebelión. La revolución comenzaba a producir oportunidades económicas para algunos de aquellos a quienes había amenazado.

 

Restaurar el orden sin regresar al viejo orden.

Entre 1998 y 2002 el Estado recuperó progresivamente capacidad coercitiva. Hubo operativos policiales y militares, encarcelamiento de dirigentes, controles sobre vehículos y armas, desalojos de vendedores y recuperación de determinadas tierras ocupadas. Hacia 2002 numerosos ladinos consideraban que la correlación de fuerzas había vuelto a inclinarse a su favor. Pero Rus y Morquecho introducen aquí una precisión fundamental: “The status quo ante 1994 was not re-established”, es decir, “no se restableció el statu quo anterior a 1994”. Volvió el orden, pero no volvió el viejo orden.

Los taxis indígenas, por ejemplo, no fueron eliminados. Centenares recibieron licencias mientras el Estado recuperaba paulatinamente la regulación del transporte. Tampoco desapareció la representación política indígena. En 1998 un chamula fue elegido por primera vez al ayuntamiento de San Cristóbal y, aunque posteriormente renunció denunciando el trato arbitrario hacia los indígenas, los propios autores observan que desde entonces incluso las fuerzas políticas relativamente conservadoras consideraron necesario incorporar representantes chamulas a sus candidaturas. La inclusión que antes parecía inconcebible se había convertido en una necesidad política. Un chamula es una persona originaria o perteneciente a la comunidad indígena de San Juan Chamula, municipio situado en Los Altos de Chiapas, cerca de San Cristóbal de Las Casas, cuya población es mayoritariamente tsotsil

Aquí aparece con claridad el significado de elite accommodation, acomodación de la élite. Rus y Morquecho sostienen que la élite ladina terminó cediendo mayor espacio económico y político a los mayas a cambio de procedimientos más previsibles y, al menos formalmente, democráticos. Y escriben algo especialmente importante para nuestro problema: esa acomodación permitió a la élite ladina mantener su control, mientras dirigentes mayas pensaban que aquella misma apertura terminaría permitiéndoles conquistarlo. En otras palabras, compartir una parte del poder podía convertirse en la condición necesaria para conservar otra parte. La estrategia había pasado de la exclusión y segregación a una combinación mucho más sofisticada de coerción, reconocimiento, servicios, representación, elecciones y negociación.

 

Del indígena elector al indígena consumidor.

Después de 2002 la transformación económica profundizó todavía más ese proceso. San Cristóbal experimentó un fuerte auge turístico y comercial. Llegaron grandes cadenas nacionales e internacionales, aumentaron espectacularmente los hoteles, restaurantes, comercios y agencias turísticas y las remesas enviadas por indígenas emigrados a Estados Unidos comenzaron a circular por los mercados locales. El indígena dejó entonces de ser solamente trabajador y elector para convertirse en algo igualmente importante para la economía urbana: consumidor.

Rus y Morquecho observan un fenómeno extraordinariamente revelador. Las cadenas comerciales llegadas desde fuera trataban a indígenas y ladinos como clientes iguales, sin reproducir prácticas tradicionales como hacer esperar al indígena mientras se atendía primero al ladino. Para competir, los establecimientos locales tuvieron que cambiar. Hacia 2008 incluso negocios pertenecientes a algunas de las familias más conservadoras contrataban trabajadores indígenas que pudieran atender a los nuevos consumidores en sus propias lenguas. El mercado estaba contribuyendo a erosionar una jerarquía étnica que había sobrevivido durante generaciones. El proceso completo podía verse ahora con bastante claridad: campesino, migrante, colono, trabajador, organizado, comerciante, elector y finalmente consumidor. La persona que décadas antes debía abandonar las calles al caer la noche se había convertido en alguien cuyo trabajo necesitaba la empresa, cuyo dinero necesitaba el comerciante y cuyo voto necesitaba el político.

Pero esto tampoco significó simplemente que la vieja oligarquía hubiera absorbido a los indígenas. Surgieron nuevas élites indígenas. Dirigentes que combinaban liderazgo religioso, organizaciones de colonias, sindicatos, comercio y representación política comenzaron a ocupar posiciones anteriormente reservadas a los ladinos. En 2003 ocurrió algo especialmente significativo: un tsotsil de Chamula ganó una diputación federal después de que dirigentes indígenas movilizaran recursos económicos, propaganda y votos suficientes para imponerse a los candidatos vinculados con sectores de la antigua élite ladina. Y aquel político ni siquiera provenía del movimiento de los expulsados: pertenecía a una generación joven de la antigua élite caciquil chamula. Los hijos de los caciques y los descendientes de quienes habían sido expulsados empezaban a compartir el mismo espacio urbano y, en determinadas elecciones, incluso el mismo comportamiento político.

Por eso sería demasiado simple concluir que “la oligarquía permaneció igual”. No permaneció igual. Algunas antiguas familias conservaron propiedades y se beneficiaron del auge inmobiliario y turístico; otras actividades comerciales ladinas perdieron posiciones frente a nuevas empresas y capitales externos; surgieron empresarios y dirigentes indígenas y continuaron existiendo amplios sectores pobres tanto indígenas como ladinos. Lo que sobrevivió no fue intactamente el viejo sistema de castas urbanas, sino parte de las familias y recursos de poder que habían dominado ese sistema. La oligarquía tuvo que aprender a competir dentro de un mundo que ya no podía monopolizar.

 

La crisis demuestra que la acomodación no elimina el conflicto.

El epílogo del estudio resulta particularmente útil porque evita convertir esta historia en un relato feliz de reconciliación. La convivencia alcanzada hacia 2008 coincidió con empleo, turismo, construcción, remesas, inversión pública y expansión comercial. Cuando llegó la crisis internacional, cayeron las remesas y el turismo extranjero, regresaron trabajadores desde Estados Unidos y aumentó nuevamente el comercio callejero. Entonces reaparecieron antiguas tensiones: comerciantes establecidos reclamaron contra vendedores indígenas, las autoridades intentaron nuevamente despejar calles y plazas y volvieron las ocupaciones de terrenos y mercados.

Esto demuestra que la acomodación no significaba la desaparición del conflicto, sino la construcción de un equilibrio. Mientras existían suficientes oportunidades económicas, distintos grupos podían beneficiarse simultáneamente de la nueva ciudad. Cuando esas oportunidades disminuyeron, volvió la competencia por el espacio, el empleo y los mercados, y reaparecieron incluso algunos viejos reflejos étnicos. Rus y Morquecho terminan precisamente sin proclamar una victoria definitiva de nadie: el modus vivendi, es decir, el modo de convivencia, construido durante aquellas décadas seguía existiendo, pero comenzaba nuevamente a desgastarse.

 

¿Chiapas en pequeño, América Latina en grande?

Y aquí aparece la pregunta que verdaderamente nos interesa: ¿lo ocurrido en San Cristóbal no podría estar reproduciéndose, con características distintas, a escala mucho mayor en América Latina? El trabajo de Rus y Morquecho no permite responder afirmativamente por sí solo, porque estudia una ciudad y un proceso histórico determinados. Pero sí proporciona una hipótesis comparativa extraordinariamente sugerente. Durante el último siglo, América Latina atravesó revoluciones, reformas agrarias, industrialización, migraciones rurales masivas, ampliación del sufragio, urbanización, movimientos campesinos e indígenas, democratización y expansión del consumo. Millones de personas dejaron de ocupar únicamente la posición de campesinos, peones o trabajadores rurales y pasaron a convertirse también en habitantes urbanos, trabajadores asalariados, comerciantes, consumidores, ciudadanos organizados y electores.

La pregunta entonces no es solamente qué ocurrió con aquellos sectores populares. Hay que mirar simultáneamente qué hicieron las antiguas élites mientras todo eso ocurría. ¿Desaparecieron realmente o algunas abandonaron las posiciones que ya no podían defender y transformaron sus recursos? ¿Convirtieron tierras en capital urbano, pasaron de hacendados a empresarios, de empresarios a inversionistas, del control político directo a la influencia institucional? ¿Aceptaron el sufragio, la democracia de masas, nuevos consumidores y nuevas élites precisamente porque comprendieron que podían seguir conservando poder dentro de ese nuevo escenario?

Ésa sería una hipótesis mucho más interesante que imaginar simplemente una oligarquía inmóvil resistiendo durante siglos. El caso de San Cristóbal muestra algo diferente: una élite puede sobrevivir precisamente porque cambia. Puede perder privilegios, aceptar nuevos competidores, ceder representación política y abandonar mecanismos de exclusión que ya resultan imposibles de sostener, mientras conserva y reconvierte propiedades, empresas, educación, redes familiares, contactos políticos y capacidad de inversión. La revolución puede destruir el régimen oligárquico sin destruir necesariamente a todos los integrantes de la antigua oligarquía.

Por eso quizá la pregunta correcta para estudiar América Latina no sea solamente qué revoluciones triunfaron y cuáles fracasaron. Habría que formular otra: ¿qué hicieron las viejas élites después de cada revolución, reforma agraria, democratización o gran movilización popular? Porque la verdadera capacidad de supervivencia de una oligarquía quizá no se mida únicamente por su capacidad de impedir una revolución. Puede medirse también por algo bastante más revelador: mirar quiénes siguen ocupando posiciones de poder cuando la revolución ya pasó.

¿Qué está realmente probado de “La otra China”?

¿Qué está realmente probado de “La otra China”?

La revista Hildebrandt en sus trece, en su edición del 25 de septiembre de 2026, publicó el reportaje “La otra China”, firmado por Shanna Taco Loaiza. El texto reconstruye la trayectoria de Susy Ysabel Aponte Polo, “La China Polo”, asesinada seis días antes, el 19 de septiembre, durante una actividad de campaña en el mercado La Explanada de Caraz. El reportaje combina antecedentes judiciales, investigaciones fiscales y testimonios de periodistas y fuentes que atribuyen a Aponte diversos actos de corrupción, presión política y cobros vinculados con su actividad periodística. Hildebrandt en sus trece

Pero existe un problema que obliga a leer el reportaje con cuidado: no todo lo que allí se cuenta tiene el mismo valor probatorio. Una sentencia firme no equivale a una imputación fiscal; una imputación fiscal no equivale a una condena; y ninguna de las dos equivale al testimonio de una fuente que afirma que alguien hizo determinada cosa. Además, varias de las acusaciones testimoniales aparecen publicadas cuando Aponte ya ha sido asesinada y, por tanto, ya no puede responderlas. Eso no convierte las acusaciones en falsas, pero sí obliga a preguntar, una por una: ¿qué está realmente probado?

 

1. Las condenas anteriores: sí están probadas.

Este es uno de los puntos más sólidos del reportaje. Existen documentos oficiales que registran dos sentencias condenatorias firmes contra Susy Aponte Polo: una por falsedad ideológica y otra por falsificación de documentos, ambas con penas privativas de libertad suspendidas. La fuente primaria es la Resolución N.º 00537-2026-JEE-HRAZ/JNE, del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que recoge la información remitida por el Poder Judicial. Plataforma Histórico

La precisión es importante porque algunas publicaciones han confundido los años de los expedientes con los años de las sentencias. La primera condena corresponde al Expediente N.º 1299-2013, por falsedad ideológica, pero la sentencia fue dictada el 30 de septiembre de 2015 por el Tercer Juzgado Penal de Lima Norte: tres años de pena privativa de libertad suspendida por tres años. La segunda corresponde al Expediente N.º 33885-2010, por falsificación de documentos, pero la sentencia fue dictada el 7 de diciembre de 2017 por la Sexta Sala Penal de Reos Libres de Lima: tres años de pena privativa de libertad suspendida por un año. Plataforma Histórico

La misma resolución del JEE originó otra controversia: esas sentencias no aparecían en la declaración jurada digital de Aponte. Su defensa sostuvo que sí habían sido consignadas en una hoja de vida física y que la omisión se produjo al trasladar la información al sistema. El JEE no aceptó el descargo y dispuso su exclusión de aquella candidatura. Las dos condenas existieron y quedaron firmes. Lo que debe corregirse son sus fechas: 2010 y 2013 corresponden a los expedientes; las sentencias son de 2015 y 2017.

2. La existencia del caso “Los Elegantes de Áncash”: probada. La culpabilidad de China Polo: no.

Las páginas de la disposición fiscal reproducidas por Hildebrandt en sus trece demuestran que existió una investigación y que el Ministerio Público imputó a Susy Aponte Polo haber integrado y liderado la presunta banda denominada “Los Elegantes de Áncash”. La hipótesis fiscal sostenía que funcionarios, servidores y tramitadores vinculados a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Áncash habrían cobrado dinero para facilitar irregularmente trámites relacionados con licencias de conducir. En septiembre de 2025, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Aponte como presunta líder de la organización; posteriormente se informó de un requerimiento fiscal de 12 años y 8 meses de pena. infobae

Pero esto permite hacer una distinción fundamental: la investigación contra China Polo no apareció después de su asesinato. Existía cuando estaba viva y había alcanzado una fase procesal considerable. Y ella también pudo responder. En septiembre de 2025 negó públicamente las imputaciones, sostuvo que había sido investigada durante aproximadamente tres años sin conocer la investigación y denunció una supuesta persecución por parte de fiscales de Áncash. Aponte formuló esas acusaciones contra la Fiscalía; su versión existe y debe consignarse junto con la acusación fiscal. infobae

Lo que no aparece hasta ahora es una sentencia condenatoria firme por “Los Elegantes de Áncash” que permita afirmar como hecho judicialmente establecido que Aponte dirigía una banda criminal. Solicitar prisión preventiva, formular una acusación o requerir doce años y ocho meses de pena demuestra hasta dónde había avanzado la tesis del Ministerio Público; no sustituye una sentencia condenatoria. Por tanto, la formulación correcta continúa siendo: está probada la existencia de la investigación y de la imputación fiscal; no está probada mediante sentencia la culpabilidad de China Polo en ese caso.

3. Que obtenía S/40.000 semanales: no puede presentarse como un hecho probado

El reportaje señala que, según la Fiscalía, el negocio de las licencias podía generar hasta S/40.000 semanales. También refiere que colaboradores eficaces habrían señalado depósitos realizados a personas del entorno de Aponte, entre ellas su esposo, Jorge Luis Tello Bardales, y una empresa representada por su hija.

Pero aquí vuelve a ser indispensable separar categorías. Una cosa es afirmar que la Fiscalía sostuvo que existía ese flujo de dinero y otra muy diferente afirmar que China Polo efectivamente obtenía S/40.000 semanales procedentes de actividades ilícitas.

Para establecer lo segundo habría que examinar el expediente completo: estados bancarios, depósitos, fechas, titulares de las cuentas, pericias contables, declaraciones de colaboradores eficaces y, especialmente, las corroboraciones independientes de esas declaraciones Sin esa comprobación, los S/40.000 deben seguir siendo presentados como parte de la hipótesis fiscal, no como una cantidad ilícita judicialmente acreditada.

4. La supuesta fotografía de Gamarra Alor tomada por China Polo: no está probada con lo presentado

Aquí el salto probatorio es considerablemente mayor. El reportaje recuerda la fotografía difundida durante el gobierno regional de Luis Gamarra Alor, en la que este aparecía semidesnudo junto a un maletín y fajos de billetes. Luego introduce al periodista Hugo Gonzales, quien declara: “Nuestras fuentes nos informaron que la foto había sido tomada por la China Polo”.

La expresión es importante: “nuestras fuentes nos informaron”. En las páginas publicadas no aparece una pericia de la fotografía, un archivo original con metadatos, una declaración de Gamarra identificando a Aponte como autora, un mensaje de ella reconociéndolo ni otro elemento documental que permita comprobar quién tomó la fotografía.

Todavía más grave es la segunda acusación: Gonzales sostiene que Aponte habría coaccionado a Gamarra Alor a cambio de no hacer pública la imagen. Tampoco se exhibe en esas páginas un mensaje, audio, denuncia, expediente fiscal o declaración directa de Gamarra que pruebe esa supuesta coacción. Por tanto, con los elementos mostrados por la revista, no puede afirmarse como hecho probado ni que China Polo tomara aquella fotografía ni que utilizara la imagen para coaccionar a Gamarra. Lo probado es algo mucho más limitado: que Hugo Gonzales afirma que sus fuentes se lo dijeron.

5. La coordinación para vacar a Juan Carlos Morillo: se alega la existencia de una prueba, pero no se exhibe

Este episodio es distinto porque Hildebrandt afirma que existe un elemento material: audios. Según Ydelfonzo Espinoza, una persona perteneciente al círculo íntimo de China Polo proporcionó grabaciones que ella misma habría realizado. En esos audios, sostiene Espinoza, se escucharía a Aponte coordinando la salida del gobernador Juan Carlos Morillo con Vladimir Meza, presentado por la revista como un empresario constructor interesado en la vacancia. Aquí existe una diferencia respecto del episodio Gamarra: se afirma que existe una grabación.

Pero en las páginas examinadas la revista no reproduce el archivo sonoro, tampoco ofrece una transcripción extensa que permita conocer exactamente qué se dijo, ni proporciona una pericia que permita establecer su autenticidad, integridad, fecha y contexto. Por tanto, mientras no se examine ese material, lo que puede afirmarse es que Hildebrandt dice haber recibido o conocido unos audios cuyo contenido tendría ese sentido. No corresponde transformar automáticamente la descripción periodística de la grabación en un hecho demostrado.

6. Que China Polo cobraba para hacer reportajes: tampoco queda probado por lo publicado

El reportaje introduce otra acusación delicada: que Aponte habría cobrado dinero relacionado con la realización de reportajes. La revista recoge el testimonio de Lusbeth Solórzano, quien sostiene que China Polo pidió S/3.000 y que el dinero fue entregado. El propio texto explica, sin embargo, que Aponte habría solicitado el dinero por un problema de “logística”. El reportaje finalmente se publicó en octubre de 2024.

Por tanto, incluso si pudiera acreditarse que efectivamente recibió S/3.000, todavía habría que determinar por qué concepto se entregó el dinero. Cobrar gastos de producción o logística para realizar un trabajo no demuestra por sí mismo un acto ilícito, una extorsión o un pago destinado a alterar el contenido periodístico.

Existe además otra acusación difundida después del asesinato: Ydelfonzo Espinoza sostuvo que Aponte habría utilizado investigaciones periodísticas para presionar a autoridades y mencionó un caso relacionado con la Municipalidad Distrital de San Marcos. Sin embargo, la propia información publicada sobre esas declaraciones reconoce que no presentó documentación que acreditara un pago o una extorsión consumada. N60 Noticias

Para convertir estas acusaciones en hechos probados serían necesarios comprobantes de transferencias, conversaciones, recibos, testimonios corroborados o algún otro elemento que permita establecer no solamente que hubo dinero, sino qué se pactó a cambio de ese dinero.

7. Los chats de “La Jauría” y su posible relación con el asesinato: la investigación ha avanzado, pero la conexión no está probada.

Este punto requiere especial cuidado porque, después de publicado el reportaje de Hildebrandt, aparecieron nuevas informaciones sobre la investigación del asesinato. Los chats y comunicaciones vinculados con “Los Pulpos” y “La Jauría” están siendo examinados por la Fiscalía. Según información publicada el 24 de septiembre, el fiscal provincial Raúl Godos analiza registros de mensajería, audios y otras comunicaciones en las que Aponte aparece mencionada dentro del contexto de disputas entre esos grupos. Pero esas comunicaciones siguen formando parte de las diligencias y su contenido, autoría y significado deben ser corroborados por el Ministerio Público. Caretas

Por eso continúa siendo incorrecto tomar una frase como “Ahí tenemos a la China Polo de la mano, ella nos va a apoyar también” y convertirla automáticamente en prueba de que Aponte colaboraba con “La Jauría”. Aun suponiendo auténtico el chat, demuestra inicialmente lo que un tercero decía sobre China Polo, no que ella hubiera aceptado colaborar con esa organización. De hecho, información policial publicada esta semana señaló que todavía no existían elementos que permitieran vincular a “Los Pulpos” con el asesinato, mientras se mantenían abiertas otras hipótesis. Panamericana Televisión

La investigación del homicidio sí ha avanzado materialmente. El Poder Judicial dispuso 15 días de detención preliminar contra Luis Obispo Díaz y Ronald Toro, investigados por presunto sicariato. La medida se computa desde el 19 de septiembre y vence el 4 de octubre. Las autoridades investigan ahora la logística, el financiamiento y, especialmente, quién ordenó el asesinato. El Comercio Perú

Sin embargo, hay que tener especial cautela con algunas noticias posteriores. Determinados medios han presentado a Luis Obispo Díaz como un “sicario confeso” y han publicado supuestos detalles proporcionados por él sobre la planificación del crimen. Willax Pero el 24 de septiembre, el fiscal Raúl Godos, responsable de la investigación, declaró expresamente que Obispo todavía no había prestado declaración formal y negó las versiones según las cuales ya habría identificado a la persona que ordenó matar a Aponte. La República Esta contradicción obliga a no convertir versiones periodísticas sobre una supuesta confesión en hechos procesalmente establecidos.

Finalmente, existe otro elemento que necesariamente debe acompañar cualquier examen de los posibles móviles: China Polo denunció amenazas antes de morir. El 10 de septiembre, nueve días antes del asesinato, afirmó públicamente haber recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios advirtiéndole de un supuesto atentado y señaló directamente al general PNP Víctor Revoredo. Esas declaraciones están documentadas porque Aponte las realizó estando viva. El País

Por tanto, la actualización refuerza, y no debilita, la conclusión original: hay detenidos, existen comunicaciones bajo análisis y la Fiscalía investiga un posible crimen por encargo; pero todavía no está públicamente establecido quién ordenó matar a China Polo, cuál fue el móvil definitivo ni que “La Jauría” o “Los Pulpos” fueran los autores intelectuales. Mucho menos puede utilizarse un chat en el que terceros hablan de ella como prueba suficiente de que China Polo pertenecía o colaboraba con una organización criminal.

Una omisión que no puede ignorarse: China Polo denunció amenazas antes de morir

Existe, finalmente, otro elemento imprescindible para comprender el contexto en el cual aparece este reportaje. China Polo habló antes de que la asesinaran. Días antes del crimen denunció públicamente amenazas contra su vida y afirmó que había recibido llamadas procedentes de tres establecimientos penitenciarios. También realizó señalamientos contra el general PNP Víctor Revoredo y otras personas. Las investigaciones disponibles hasta ahora no han establecido públicamente que esas acusaciones expliquen el asesinato ni que las personas señaladas por Aponte tengan responsabilidad en él. infobae

Pero hay una diferencia fundamental: esas denuncias existen porque ella misma las hizo cuando estaba viva. No son versiones construidas por terceros después de su muerte. Y, al cierre de la información disponible, el móvil intelectual del asesinato continúa bajo investigación. infobae

El problema de hablar cuando la persona ya no puede responder.

Ese es precisamente el punto que obliga a leer “La otra China” con particular rigor. El reportaje fue publicado por Hildebrandt en sus trece el 25 de septiembre de 2026. Susy Aponte Polo había sido asesinada el 19 de septiembre. Es decir, varias de las acusaciones testimoniales que ahora adquieren difusión nacional aparecen publicadas cuando la persona acusada ya no puede responderlas, contradecirlas ni presentar su propia documentación. Hildebrandt en sus trece

La circunstancia no convierte automáticamente en verdaderas las declaraciones de Hugo Gonzales, Ydelfonzo Espinoza, Lusbeth Solórzano ni de las fuentes anónimas utilizadas por la revista. De hecho, la controversia sobre hablar de Aponte después de su asesinato ya se produjo públicamente: Rodrigo González cuestionó que se difundieran determinadas acusaciones y antecedentes cuando ella ya no podía defenderse. infobae

Por eso conviene separar escrupulosamente tres categorías que el lector podría terminar confundiendo al leer el reportaje de corrido: sentencias firmes, que constituyen hechos judicialmente establecidos; imputaciones fiscales, que acreditan que el Ministerio Público formuló una acusación pero no que esta haya sido demostrada mediante sentencia; y testimonios, fuentes anónimas y afirmaciones periodísticas, cuya veracidad depende de la evidencia que pueda corroborarlas.

En el caso de “La otra China”, hay elementos sólidos y documentados, particularmente sus dos antiguas condenas y la existencia real de la investigación de “Los Elegantes de Áncash”. Pero varias de las afirmaciones más graves y llamativas del reportaje —la supuesta fotografía utilizada contra Gamarra, la presunta coacción, determinadas maniobras políticas, los cobros vinculados con reportajes y la interpretación de los chats de “La Jauría”— no aparecen, con la documentación publicada hasta ahora, demostradas con el mismo nivel de certeza. Esa diferencia no es menor. Es precisamente la diferencia entre contar que alguien fue acusado de algo y afirmar que realmente lo hizo.

 

La paradoja del reportaje: exigir pruebas sin mostrar las propias.

Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Una de las críticas centrales contra China Polo es que habría utilizado sus medios para lanzar acusaciones contra otras personas sin demostrar suficientemente lo que decía. Sin embargo, cuando el reportaje pasa a acusarla, en varios momentos hace algo parecido: sostiene que habría tomado la fotografía de Gamarra Alor y luego lo habría coaccionado basándose en fuentes que no identifica; menciona audios sobre maniobras políticas, pero no los reproduce; habla de cobros por reportajes sin demostrar que fueran pagos ilícitos; y utiliza lo que terceros dijeron sobre ella en chats de “La Jauría” sin acreditar que existiera realmente una relación con esa organización.

Se produce así un efecto espejo, que en lenguaje corriente podría llamarse “proyección”: se reprocha a China Polo convertir acusaciones en hechos sin mostrar las pruebas, pero algunas de las acusaciones formuladas contra ella tampoco vienen acompañadas de pruebas suficientes para que el lector pueda verificarlas. Y existe una diferencia todavía más delicada: China Polo está muerta y ya no puede responder. Por eso el estándar debería ser incluso mayor. Si el reproche era que ella lanzaba barro sin probarlo, no se puede demostrar ese reproche lanzándole barro sin mostrar las propias pruebas.

CÉSAR BETTOCCHI: EL PUBLICISTA DEL PODER QUE APARECIÓ EN EL CASO DEL LICEO NAVAL

Cuando César Antonio Bettocchi Bustamante apareció ante las cámaras como padre de uno de los adolescentes investigados por la agresión sexual de usar un palo de escoba contra un alumno sujetado por sus extremidades boca abajo, ocurrida durante una actividad del Liceo Naval Almirante Guise, podía parecer simplemente eso: un padre defendiendo a su hijo. Bettocchi sostuvo públicamente que los muchachos estaban jugando y que la situación «se les fue de las manos». También argumentó que se encontraban en «un bus grande», donde había bulla y los alumnos acostumbraban chacotear, explicación relevante porque posteriormente se estableció que el vehículo era una cúster turística blanca contratada para el traslado de los estudiantes. Lo que entonces no era conocido públicamente era la trayectoria del hombre que estaba formulando aquella explicación: casi veinte años alrededor de campañas electorales, propaganda, comunicación política, estudios de opinión, estrategia de imagen y contrataciones con distintas entidades del Estado.

 

La historia puede rastrearse por lo menos hasta 2006. Ese año, la revista especializada Adlatina entrevistó a Abel Aguilar Pretell y César Bettocchi porque su agencia había obtenido la campaña para la reelección de Luis Castañeda Lossio como alcalde de Lima. La entrevista es particularmente reveladora porque Bettocchi describió cómo se distribuía el trabajo: «Abel cerca del alcalde y Sergio Martínez en gráfica». Aguilar fue todavía más explícito respecto del oficio que ejercían: «Una de nuestras fortalezas es la propaganda», señalando experiencia en campañas presidenciales, parlamentarias y municipales. Dos décadas después, los registros oficiales permiten comprobar que aquellos tres nombres —Bettocchi, Aguilar y Sergio Gustavo Martínez Casterot— no correspondían a una reunión circunstancial de publicistas, sino a un núcleo profesional que reaparecería en diferentes sociedades, campañas políticas y contrataciones estatales.

 

La documentación del Registro Nacional de Proveedores permite identificar al menos tres sociedades vinculadas a ese núcleo. En Aguilar & Bettocchi S.A.C. figuran como accionistas César Bettocchi y Sergio Martínez Casterot; en El Martínez Diseño y Arte Final S.A.C., nuevamente Bettocchi y Martínez; y en Aguilar & Bettocchi Research S.A.C., Bettocchi aparece asociado con Abel Aguilar. Bettocchi constituye, por tanto, el punto común entre las tres estructuras empresariales. Esta precisión es importante porque el nombre Aguilar & Bettocchi podía inducir a pensar que Abel Aguilar era necesariamente accionista de esa primera sociedad; el registro oficial muestra que no: Aguilar aparece como socio de Bettocchi en Aguilar & Bettocchi Research, mientras Sergio Martínez aparece asociado con Bettocchi en las otras dos.

 

La actividad estatal del grupo puede documentarse desde 2008. Aguilar & Bettocchi S.A.C. registra ese año tres contrataciones con el Ministerio de Energía y Minas, por S/36.000 en conjunto. Una correspondió al control de colocación de material publicitario en medios y verificación de su emisión para una campaña de uso eficiente de energía; otra fue un estudio cualitativo mediante grupos focales para evaluar aquella campaña. Pero la contratación más interesante lleva fecha 7 de agosto de 2008: por S/9.000 se encargó el «servicio de revisión y reformulación de guiones de acuerdo a lo solicitado por la Presidencia de la República – testimonios». El contratante fue el MINEM.

 

En septiembre de 2013, la misma sociedad recibió S/10.900 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para implementar una propuesta de difusión sobre la ley de alternancia promovida por ese ministerio. Dos años después aparece un fenómeno todavía más interesante en la Municipalidad de San Isidro. El 3 de marzo de 2015, Aguilar & Bettocchi Research recibió S/9.350 por «fortalecimiento de la gestión municipal»; exactamente ese mismo día, El Martínez recibió S/10.780 para realizar un «diagnóstico de la nueva gestión municipal». El 27 de marzo vuelve a producirse la coincidencia: Aguilar & Bettocchi Research obtuvo S/11.500 para elaborar un informe sobre el logotipo municipal destinado a la Oficina de Comunicaciones e Imagen, mientras El Martínez recibió S/11.550 para crear y diseñar un manual para esa misma oficina. Eran dos sociedades distintas, ambas vinculadas mediante César Bettocchi, contratadas por la misma municipalidad, exactamente los mismos días y para trabajos relacionados con gestión, comunicación e imagen institucional.

 

La presencia del grupo en San Isidro continuó. En julio de 2016, Aguilar & Bettocchi S.A.C. recibió S/29.200 para elaborar un diagnóstico situacional sobre los principales servicios municipales, y en marzo de 2017 otros S/30.000 por asesoría especializada en estrategias de gestión de comunicación corporativa. Paralelamente, Aguilar & Bettocchi Research registra en 2015 cuatro operaciones con la Contraloría General de la República, cada una por S/11.250, es decir, S/45.000 según la base consultada.

 

Otro capítulo particularmente revelador corresponde a Miraflores. En noviembre y diciembre de 2016, Aguilar & Bettocchi aparece realizando trabajos vinculados con estrategias de comunicación de la Alta Dirección municipal. Después entra El Martínez. Entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, esta última sociedad obtuvo cinco órdenes de la Municipalidad de Miraflores por S/58.900. Los objetos muestran claramente la especialidad: análisis del posicionamiento público municipal en medios digitales y estrategias para convertir a Miraflores en referente de innovación; creación de contenidos para plataformas digitales; imagen integral y concepto gráfico; creación de identidad gráfica para un aplicativo municipal; y, finalmente, diseño de piezas de comunicación, videos y presentaciones para el cierre de gestión y rendición de cuentas. El alcalde durante este período era Jorge Muñoz.

 

La continuidad posterior merece atención. Muñoz dejó Miraflores y pasó a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Martínez reapareció bajo aquella administración: el 30 de octubre de 2020 recibió S/21.500 por elaboración de reportes informativos; el 8 de febrero de 2021, otros S/21.500 por análisis de datos y elaboración de reportes; y el 14 de octubre de 2021, EMILIMA contrató a la empresa por S/34.000 para servicios diversos. Sumadas las cinco contrataciones de Miraflores y estas tres posteriores de la administración metropolitana, aparecen ocho operaciones por S/135.900 entre diciembre de 2017 y octubre de 2021. El dato demuestra una continuidad contractual de la empresa entre entidades administradas durante los períodos encabezados por Muñoz; no estamos diciendo que el alcalde seleccionara personalmente al proveedor, solo pedimos que cada quien saque sus propias conclusiones.

 

La documentación descubre además otro cruce político. El 14 de febrero de 2019, apenas iniciada la administración de George Forsyth en La Victoria, El Martínez recibió de esa municipalidad S/8.400 por un «servicio de diseño gráfico publicitario creación de logo». Aislado, el dato podría carecer de mayor significación. Pero dos años después Abel Aguilar, socio de Bettocchi en Aguilar & Bettocchi Research y antiguo integrante del núcleo descrito en 2006, aparece identificado por El Comercio como asesor cercano de Forsyth durante su proyecto presidencial de 2021. Tenemos, por consiguiente, dos conexiones documentales diferentes con el mismo espacio político: la empresa Bettocchi-Martínez contratando con la Municipalidad de La Victoria durante la gestión Forsyth y Abel Aguilar apareciendo posteriormente dentro del círculo político del propio Forsyth. Estos hechos demuestran la persistencia del mismo circuito profesional.

 

El episodio que mejor permite entender la especialidad política de esta red es probablemente el PPKuy. Durante la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski de 2011, Abel Aguilar fue identificado como responsable de la estrategia que produjo aquel personaje electoral. Años después, Gestión lo presentó como el «papá del PPKuy». A esto se agrega un hallazgo registral: una base que reproduce información asociada a INDECOPI muestra PPKUY como marca de servicio mixta correspondiente a 2011, expediente 449847-2011/OSD y certificado S00067199, asociada al RUC de Aguilar & Bettocchi como titular o solicitante. La huella empresarial de la marca está documentada.

 

La relación con PPK, socio del oligárquico Club Nacional, no terminó en una mascota electoral. Cuando Kuczynski llegó a la Presidencia en 2016, Abel Aguilar Pretell fue designado el 3 de agosto de ese año director de la Oficina General de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros. Posteriormente ocupó la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, cargo al que renunció en agosto de 2017. La secuencia es objetiva: un profesional que había trabajado en la comunicación electoral de PPK y en la creación del PPKuy pasó, después de la victoria electoral de Kuczynski, a desempeñar responsabilidades oficiales en la comunicación de la PCM. Esto  pero constituye un ejemplo concreto de circulación entre campaña electoral, comunicación política y aparato gubernamental.

 

La trayectoria llega prácticamente hasta el presente. Información periodística basada en documentación electoral ha identificado pagos superiores a S/113.000 de Renovación Popular a César Bettocchi por dos estudios de mercado, relacionados con análisis electoral y comunicación hacia las elecciones de 2026. Es decir, veinte años después de aquella entrevista de 2006 en la que Aguilar declaraba que una de sus fortalezas era «la propaganda», Bettocchi continuaba profesionalmente relacionado con investigación y estrategia aplicada a la política electoral. No aparece, por tanto, una fidelidad partidaria continuada —los actores políticos mencionados pertenecen a espacios diferentes—, sino algo más característico del consultor profesional: capacidad de circulación entre distintas organizaciones, candidatos y administraciones.

 

Es con esos antecedentes que Bettocchi aparece en septiembre de 2026 ante las cámaras por el caso del Liceo Naval Almirante Guise. Allí afirmó que los estudiantes estaban jugando y que aquello «se les fue de las manos», y presentó el vehículo como un «bus grande» donde había bulla y los alumnos chacoteaban. Posteriormente se conoció que se trataba de una cúster turística blanca contratada para transportar a los estudiantes. Es un enigma si Bettocchi recibió instrucciones para instalar determinada versión del caso. Pero tampoco corresponde describirlo simplemente como un padre sin experiencia comunicacional improvisando ante una cámara: el hombre que estaba construyendo públicamente una explicación de los hechos llevaba aproximadamente dos décadas trabajando profesionalmente en propaganda, campañas, investigación de opinión, posicionamiento, comunicación política e imagen institucional.

 

El punto que queda planteado por el caso

El 18 de septiembre aparece ante los medios César Antonio Bettocchi Bustamante, padre de uno de los investigados. Dice que aquello ocurrió en “un bus grande”, introduce la explicación de la “bulla” para justificar por qué los adultos podrían no haberse percatado y presenta los hechos como un juego que “se les fue de las manos”.

Ahora sabemos algo que entonces no conocíamos: quien construyó públicamente esa explicación tenía veinte años de experiencia dentro de un núcleo profesional dedicado a publicidad, propaganda y comunicación política; había sido socio de la empresa vinculada registralmente al PPKuy; su socio había diseñado aquella estrategia electoral y posteriormente dirigido la comunicación de la PCM; y el propio Bettocchi había realizado recientemente trabajos de estudios y comunicación electoral para Renovación Popular.

Eso no demuestra que alguien lo haya enviado a instalar una versión. Pero sí destruye cualquier descripción simplista de Bettocchi como un padre cualquiera improvisando ante una cámara.

La cuestión documental para CazaOligarcas queda mucho mejor formulada así: ¿Bettocchi habló únicamente como padre o utilizó conscientemente su experiencia profesional en comunicación política para instalar una interpretación favorable a los investigados? ¿De dónde obtuvo específicamente el dato falso o equivocado del “bus grande”?  Esas dos preguntas todavía no están contestadas. Pero ahora sabemos exactamente dónde están los huecos de la red y qué líneas de investigación podrían cerrarlos.