LA UNCIÓN DE LOS PRESIDENTES: DE LA FISCALÍA AL VATICANO.
Martín Vizcarra y José Jerí llegaron a la Presidencia de la República después de que el Ministerio Público archivara investigaciones en su contra. Ahora, con Keiko Fujimori en el poder y la visita del papa León XIV anunciada para noviembre de 2026, aparece un nuevo escenario para examinar una singular costumbre de la política peruana: la necesidad de ungir a sus gobernantes antes de presentarlos ante la nación.
La Fiscalía y el ritual de purificación presidencial
En el Perú, el acceso a la Presidencia de la República parece requerir algo más que una sucesión constitucional, una juramentación o una banda presidencial. Existe también una ceremonia menos visible, pero políticamente significativa: la purificación de los antecedentes del futuro gobernante. No siempre intervienen sacerdotes ni se utilizan óleos sagrados. En determinadas circunstancias, basta una disposición fiscal de archivo.
La Fiscalía, institución encargada de investigar los delitos y perseguir a sus responsables, adquiere entonces una función que trasciende el ámbito estrictamente judicial. Sus decisiones pueden convertirse en instrumentos de legitimación política, capaces de presentar ante la ciudadanía a un futuro presidente liberado de investigaciones que hasta poco antes comprometían su trayectoria. Dos acontecimientos recientes permiten examinar esta singular coincidencia: los ascensos presidenciales de Martín Vizcarra y José Jerí.
Martín Vizcarra: la primera unción
El 23 de marzo de 2018, Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República después de la renuncia de Pedro Kuczynski. Once días antes, el 12 de marzo, se había hecho público el archivo de la investigación fiscal relacionada con el aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco. Vizcarra había sido investigado por su participación en la adenda contractual de aquella obra durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones. La decisión de no continuar con la investigación fue adoptada durante la gestión del fiscal de la Nación Pablo Sánchez.
La secuencia resulta particularmente interesante. Primero, la Fiscalía archiva la investigación. Después, el vicepresidente asume la Presidencia. El futuro mandatario llega al poder con una resolución fiscal que puede exhibirse como respaldo a su situación jurídica. Pero la historia de Vizcarra no terminó allí. Años después, otras investigaciones por corrupción relacionadas con su gestión como gobernador regional de Moquegua llegaron a los tribunales.
El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó, en primera instancia, a catorce años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, relacionado con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Los hechos examinados por el tribunal comprendían pagos ilícitos por aproximadamente 2,3 millones de soles. Aunque esta condena corresponde a expedientes distintos del caso Chinchero, su importancia política es evidente: el gobernante que había llegado a Palacio precedido por un archivo fiscal terminó enfrentando una sentencia condenatoria por corrupción.
La primera unción no garantizó la santidad del ungido.
José Jerí: la segunda unción
El caso de José Jerí presenta otra sucesión de acontecimientos. Jerí asumió la Presidencia de la República el 10 de octubre de 2025, después de haber presidido el Congreso. Antes de llegar al poder, había sido investigado por una denuncia de presunta violación sexual presentada a raíz de hechos ocurridos durante una reunión celebrada en diciembre de 2024.
La denunciante había acudido al encuentro acompañada de Marco Cardoza, su tío político, quien mantenía una relación de amistad con Jerí desde años anteriores. La mujer denunció haber sufrido una agresión sexual mientras se encontraba inconsciente. Al despertar, encontró en la habitación una prenda de vestir que pertenecía a José Jerí. El entonces congresista reconoció que la prenda era suya, pero sostuvo que alguien la había trasladado hasta aquel lugar para involucrarlo en los hechos.
La presencia de esa prenda constituye uno de los aspectos más llamativos del expediente. ¿Quién la trasladó hasta la habitación? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué motivo? La investigación fiscal no llegó a establecer de manera concluyente cómo terminó allí. Las pruebas genéticas realizadas sobre otras muestras biológicas no identificaron coincidencias con el perfil de Jerí. Sin embargo, la prenda reconocida como suya no fue sometida al mismo examen biológico.
A ello se añade otro acontecimiento. Marco Cardoza, quien quedó como principal investigado, abandonó el Perú con destino a Francia el 4 de febrero de 2025. La medida de impedimento de salida del país fue dictada posteriormente, cuando ya se encontraba en el extranjero.
El 8 de agosto de 2025, el fiscal supremo Tomás Gálvez dispuso archivar la investigación contra José Jerí. El 3 de octubre, la decisión quedó consentida. Siete días después, Jerí asumió la Presidencia de la República. Otra vez encontramos la misma secuencia: una investigación fiscal, una decisión de archivo y el posterior ascenso del investigado al máximo cargo político del país.
La Fiscalía había expedido su certificado de purificación. Y el nuevo presidente podía presentarse ante la nación con una investigación archivada, mientras permanecían preguntas sobre los hechos denunciados y sobre la salida del país del otro investigado.
La Fiscalía como institución consagradora
Los casos de Vizcarra y Jerí permiten identificar una coincidencia que merece atención. Ambos llegaron a la Presidencia por mecanismos de sucesión constitucional. Ambos habían afrontado investigaciones fiscales. Y ambos asumieron el poder después de decisiones de archivo adoptadas por el Ministerio Público.
En el caso de Vizcarra, el archivo del expediente Chinchero se conoció once días antes de su juramentación. En el caso de Jerí, la confirmación del archivo de la investigación por presunta violación sexual ocurrió siete días antes de su ascenso presidencial. La Fiscalía aparece así desempeñando un papel singular en el escenario político peruano: sus decisiones no solamente producen consecuencias jurídicas, sino que pueden proporcionar a los futuros gobernantes una apariencia de limpieza institucional en momentos decisivos para su llegada al poder.
La disposición fiscal se convierte en una suerte de certificado de buena conducta. El investigado deja atrás el expediente y se aproxima al sillón presidencial revestido de una nueva respetabilidad. La pregunta es inevitable: ¿cuánto influye esta purificación judicial en la legitimación de quienes están próximos a gobernar?
Keiko Fujimori y la consagración pontificia
Ahora aparece un tercer escenario, esta vez con características diferentes. El 14 de agosto de 2026, el Gobierno peruano publicó el Decreto Supremo número 037-2026-RE, mediante el cual declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre de ese año. La norma fue suscrita por la presidenta Keiko Fujimori.
El decreto establece que el pontífice recorrerá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. También crea una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores e integrada por diecinueve ministros de Estado. La organización de la visita comprende actividades protocolares, logísticas, administrativas y de seguridad, cuyo financiamiento se realizará con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades participantes.
Aquí aparece una diferencia respecto de Vizcarra y Jerí. Mientras aquellos llegaron al poder precedidos por decisiones fiscales de archivo, Keiko Fujimori, ya instalada en la Presidencia, prepara la recepción de la máxima autoridad de la Iglesia católica.
La visita pontificia ofrece un escenario de extraordinario valor simbólico. La presidenta podrá aparecer junto al papa León XIV, participar en ceremonias oficiales y proyectar una imagen de cercanía con una autoridad religiosa que posee especial importancia histórica y cultural en el Perú. El decreto reconoce expresamente esa importancia y recuerda que la Constitución considera a la Iglesia católica un elemento relevante en la formación histórica, cultural y moral del país.
De esta manera, la Presidencia organiza un acontecimiento en el que convergen el poder político, la representación religiosa y el ceremonial del Estado. La Fiscalía puede archivar expedientes. El Vaticano, en cambio, posee una autoridad espiritual que ningún fiscal puede proporcionar. Y allí surge una nueva forma de unción presidencial.
Ya no se trata de una resolución que declara concluida una investigación, sino de la posibilidad de revestir al poder político con el prestigio de una presencia pontificia.
Los presidentes ungidos y la idiosincrasia política peruana
La comparación permite observar tres escenarios. Martín Vizcarra llega a la Presidencia después del archivo de una investigación relacionada con el aeropuerto de Chinchero. José Jerí asume el poder siete días después de quedar consentido el archivo de una investigación por presunta violación sexual. Keiko Fujimori, por su parte, preside la organización de una visita pontificia declarada de interés nacional, con participación de diecinueve ministros y recursos presupuestarios del Estado.
En los dos primeros casos, la institución que proporciona la purificación es la Fiscalía. En el tercero, el escenario de consagración se desplaza hacia el ceremonial religioso y la presencia del papa León XIV. Se trata de mecanismos distintos, pero todos permiten examinar una misma preocupación de la política peruana: la construcción de una imagen de legitimidad alrededor de quien ocupa o está próximo a ocupar la Presidencia.
En un país donde las investigaciones judiciales, los escándalos políticos y las crisis institucionales acompañan frecuentemente a sus gobernantes, la necesidad de producir figuras presidenciales respetables adquiere una importancia particular. El poder necesita presentarse como digno de obediencia. Y cuando la trayectoria de sus ocupantes se encuentra sometida a cuestionamientos, la ceremonia de legitimación puede adquirir tanta importancia como el propio ejercicio del gobierno.
Reflexión final: la tempestad y el milagro del poder
En los Evangelios se relata que Jesús viajaba con sus discípulos en una barca cuando una violenta tempestad amenazó con hundirla. Mientras las olas golpeaban la embarcación y los discípulos temían por sus vidas, Cristo se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar que guardara silencio. Entonces las aguas se aquietaron y sobrevino una gran calma.
La próxima visita del papa León XIV al Perú ofrece una escena digna de aquella narración. El país se encuentra ante la posibilidad de nuevas alteraciones climatológicas asociadas al fenómeno de El Niño, con lluvias e inundaciones capaces de convertir extensas regiones en territorios de emergencia. Entretanto, desde Palacio se prepara la recepción del pontífice, con ministros, ceremonias y toda la solemnidad que exige una visita de semejante importancia.
Y acaso, cuando León llegue, el cielo aparezca despejado, las nubes desaparezcan del horizonte oficial y la presidenta sea presentada bajo una luminosa bóveda celeste, como si la presencia pontificia hubiera bastado para devolverle la tranquilidad al país. Las cámaras mostrarán el azul del cielo, las autoridades sonreirán y la ceremonia ofrecerá la imagen de una nación reconciliada con sus gobernantes.
Pero los trucos de magia del poder tienen una particularidad: no necesitan transformar la realidad, sino la manera de mostrarla. La tempestad puede continuar en las provincias, los expedientes pueden permanecer sin respuesta y los problemas nacionales pueden seguir acumulándose. Basta con que, durante unos instantes, todo desaparezca detrás del ceremonial.
Cristo calmó la tempestad. El poder político solamente necesita que no aparezca en la fotografía. Y cuando el papa León XIV llegue al Perú, quizá asistamos al más extraordinario de los milagros presidenciales: un cielo azul celeste sobre Palacio, mientras el país continúa navegando en medio de la tormenta.
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