domingo, febrero 01, 2026

Un Presidente Adolescente Por: CARLOS PAREDES CARETAS/ ENERO 29, 2026

Un Presidente Adolescente

Por: CARLOS PAREDES  CARETAS/ ENERO 29, 2026  

José Enrique Jerí Oré: el séptimo presidente del convulso decenio (2016-2026)

Al séptimo presidente del convulso decenio (2016-2026) solo le bastaron cien días para decepcionarnos. José Enrique Jerí Oré, en apenas cuatro años, pasó de ser un desconocido pupilo de Patricia Li en Somos Perú a presidente de la república encargado. Sin que nadie lo eligiera para ejercer el cargo más importante del país. Es más, tampoco lo eligieron para ser congresista.

Providencialmente encontró una curul como accesitario del inhabilitado Martín Vizcarra, con quien hizo campaña en el 2021. Vizcarra era el número 1 en la lista por Lima Metropolitana de Somos Perú; Jerí, el número 3. En su condición de parlamentario accesitario, un buen día, después de haber sido elegido presidente del Congreso en la penúltima legislatura del mandato, amaneció en Palacio de Gobierno a los 38 años de edad. Es el primer presidente milenial. Pero, lamentablemente, no será el primero que tendrá que responder a procesos e investigaciones penales después de ser presidente.

Una carrera política a toda máquina

Solo en un sistema político sin instituciones, devaluado y sumido en una profunda crisis, como el peruano, se explica la meteórica carrera de alguien como Jerí. Los 11,654 votos preferenciales que obtuvo como candidato al Congreso no le alcanzaron para ser elegido. Pero la corrupción de Vizcarra lo hizo congresista.

El expresidente fue inhabilitado para todo cargo público por diez años antes del 26 de julio de 2021, el día que debía jurar como parlamentario con la más alta votación preferencial. En su lugar lo hizo un desconocido abogado de 35 años, alto como Vizcarra, pero con exactamente 154,346 votos preferenciales menos.

Una vez en la bancada de Somos Perú, Jerí fue ubicado en estratégicas comisiones ordinarias e investigadoras gracias a su madrina política Patricia Li, quien ofrecía los votos del partido que arrebató a los Andrade a cambio de tener una cuota específica en la repartija del poder.

Lo hizo con Pedro Castillo, a quien le pidió un ministerio a cambio de blindarlo de las mociones de vacancia. Continuó con Dina Boluarte, quien también les entregó su porción de poder en el Ejecutivo. Y lo hará con quien le ofrezca algo a cambio.

Con el madrinazgo de Li, en la legislatura 2023-2024, Jerí se hizo presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Era tradición que la comisión, que parte y reparte la plata de todos, sea liderada por el oficialismo o la bancada del Gobierno. Pero, desde el 2016, las bancadas del Gobierno no existen o son escuálidas (PPK tuvo apenas 17 congresistas) o rápidamente se fracturan (Perú Libre empezó con 37 curules y ahora apenas conserva unas pocas).


El “Chifagate” y las primeras fricciones

El Chifagate provocó fricciones entre el presidente José Jerí, su madrina política Patricia Li y su primer ministro. Este último aludió públicamente a la poca experiencia de Jerí, mientras Alberto Otárola terció en la disputa.

La presidencia de Presupuesto: un botín político

Históricamente, la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha recaído en manos de las primeras minorías (como Fuerza Popular en el gobierno de PPK) o en quien decida la componenda política del momento. La repartija del presupuesto público siempre ha sido motivo de decisiones clientelares, no exentas de corrupción, convirtiéndose en un botín ofrecido al mejor postor.

Precisamente, la primera denuncia pública contra Jerí como parlamentario estuvo vinculada a estas prácticas. La empresaria Ana Ríos, exhibiendo audios y mensajes de WhatsApp, denunció que la asesora de Jerí, Ana Zegarra —hoy congresista por Loreto tras la muerte de Hitler Saavedra—, le solicitó coimas de hasta S/ 150,000 bajo la modalidad de “colaboración voluntaria” para incluir una obra de riego en Cajamarca dentro de la Ley de Presupuesto. Zegarra negó los cargos, Jerí guardó silencio.

Se trata de una noticia en desarrollo que amenaza con revelar hasta 19 reuniones de Jerí con mecenas chinos, e incluso se especula sobre un audio con pedidos explícitos de dinero del actual jefe de Estado.

Escándalos y denuncias penales

La denuncia fue sepultada por el siguiente escándalo mediático. A fines de 2024, Jerí volvió a las primeras planas por una acusación de violación sexual contra una joven amiga de su asesor. Por su condición de congresista, la investigación pasó a la Fiscalía de la Nación.

El fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez archivó la carpeta al no encontrarse restos de ADN de Jerí en el cuerpo ni en las prendas de la víctima. En la escena solo se halló un bividí suyo, insuficiente para incriminarlo. El supuesto violador, Marco Antonio Cardoza Hurtado, asesor y amigo cercano de Jerí, fugó a España y su paradero sigue desconocido.

Octubre de milagros: Jerí presidente del Congreso

Contra todo pronóstico, en octubre de 2025, José Jerí fue elegido presidente del Congreso en una mesa directiva compartida con Fuerza Popular, Perú Posible y los “niños” de Acción Popular.

Cuando inscribió su candidatura, la prensa recordó las denuncias acumuladas por el ahijado de Patricia Li. Era julio de 2025, y el débil gobierno de Dina Boluarte se tambaleaba, amenazado por la vacancia. En ese escenario, al presidente del Congreso se le consideraba un potencial sucesor de Boluarte.

Jerí volvió a superar los cuestionamientos, quizá porque los peruanos hemos normalizado la medianía, el cinismo y la corrupción. Solo así se explica cómo sentenciados por corrupción, como Martín o Mario Vizcarra, siguen teniendo algún nivel de aceptación popular.


Cuando se eligió a Jerí como titular del Parlamento, un vocero del llamado “pacto del gobierno” —las cuatro familias que cortan el jamón en el Perú: los Fujimori, los Acuña, los Luna y los Cerrón) aseguró que, si Boluarte era vacada, se iba a elegir a otro presidente del Congreso para que asuma la presidencia interina de la república. No fue así. Boluarte fue vacada en un procedimiento expreso sin que nadie volviera a cuestionar los antecedentes de Jerí. Así se convirtió en el tercer presidente del quinquenio en calidad de interino o de transición.

El “Bukele” peruano

Desde que se ciñó la banda presidencial, Jerí ha hecho todos los esfuerzos por imitar al presidente salvadoreño Nayib Bukele. No solo en su vestimenta —jean y camisa blanca arremangada—, sino en la puesta en escena:

  • Posando con reos vestidos de blanco sometidos a sus pies.
  • Supervisando personalmente requisas en penales de máxima seguridad en la madrugada.
  • Comunicándose directamente con la gente a través de redes sociales.

La estrategia le dio resultados inmediatos en las encuestas: a diferencia de Boluarte, que apenas alcanzaba el margen de error estadístico (+/- 3 %), Jerí logró cifras en azul que subieron hasta 56 % de aceptación promedio. Sus detractores decían que, comparado con Dina, cualquiera podía hacerlo mejor.

Durante los primeros tres meses de su gobierno, Jerí navegó en aguas tranquilas de popularidad, hasta que una visita encapuchado a un chifa de San Borja lo expuso en su verdadera esencia: diligente pupilo de Patricia Li.

El “Chifagate” y la sombra china



La trama reveló reuniones y conductas que los penalistas podrían tipificar como patrocinio ilegal, tráfico de influencias e incluso cohecho pasivo impropio. En otras palabras: corrupción.

El beneficiado era Zhihua Yang, conocido como “el tío Jhony”, junto a toda la red de empresas e intereses chinos en el Perú. No es un detalle menor: China es nuestro principal socio comercial, con fuerte presencia en minería, electricidad y comercio.


Todas las versiones del presidente

Como en una serie de Netflix, el Chifagate tuvo capítulos incontenibles gracias al periodismo de investigación. A cada nuevo descubrimiento, Jerí cambiaba de versión, dejando al descubierto sus mentiras.

Hasta ahora ha esgrimido tres versiones contradictorias de su visita encapuchado al chifa de su amigo “Jhony”:

  • Que fue a coordinar las celebraciones del Día de la Confraternidad Peruano-China.
  • Que el empresario Ji Wu Xiaodong, con arresto domiciliario por integrar la banda Los Hostiles de la Amazonía, “no hablaba bien español” (cuando es traductor oficial inscrito en Cancillería).
  • Que su presencia en Palacio fue casual, pese a que el Poder Judicial le había ordenado permanecer bajo prisión preventiva en su casa.

Se especula incluso sobre la existencia de una bomba audiovisual que registraría pedidos explícitos de dinero. Si saliera a la luz, Jerí pasaría a mejor vida política: un presidente joven, sin roce internacional y sin resultados concretos en gestión pública.

La franja electoral: millones públicos en manos de la oligarquía mediática

La franja electoral: millones públicos en manos de la oligarquía mediática.

El partido Renovación Popular destinó S/ 1'199,491 de su presupuesto a programas como Magaly TV, la firme, “Ocurre ahora” (conducido por Mávila Huertas) y “ATV Noticias edición matinal”.
Otros canales favoritos del exalcalde son Panamericana Televisión y Willax. El canal del empresario Jimmy Pflucker recibirá S/ 706,980 de Renovación Popular. En total, Panamericana facturará S/ 2'647,835, pese a ser el canal de menor audiencia nacional según Ibope.

La propaganda de Renovación Popular se emitirá entre las 6 p.m. y 11 p.m., en programas con ratings bajos (0,6 a 2,2 puntos), como “Walker, ranger de Texas”, “Operación rescate, Chavín de Huántar” y “Combutters”. En los últimos meses, López Aliaga fue entrevistado tres veces en “Panorama”, donde también transmitió en vivo su renuncia a la alcaldía de Lima.

En Willax, Porky contrató 274 spots por S/ 456,026.20. El canal de Erasmo Wong, sumando la inversión de todos los partidos, recibirá S/ 2'650,704.

Medios regionales: Sol TV y Fuerza y Libertad

Sol TV, propiedad de la familia Cruzado Salcedo, recibirá S/ 5'018,150 por la transmisión de 13,689 spots. Es uno de los medios más importantes del norte del país, con sede en Trujillo.

La alianza Fuerza y Libertad, de Fiorella Molinelli, destinó el 100% de su presupuesto (S/ 1'698,899) exclusivamente a Sol TV. Serán más de 5,000 spots (85 diarios), emitidos entre las 6 a.m. y 11 p.m., en regiones como Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Molinelli prefirió guardar silencio al respecto.

Radio y televisión nacional

El Grupo RPP, de Hugo Delgado Nachtigall, recibirá S/ 4'293,633. Los partidos que más invirtieron en la “voz del Perú” fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre y Sí Creo.

Nativa Televisión, canal de Abra Producciones S.A.C., facturará S/ 2'592,500. Aunque Miguel del Castillo no figura formalmente como representante, existe un vínculo evidente entre la empresa y su partido Primero la Gente, liderado por Marisol Pérez Tello. En redes sociales, Nativa difunde actividades y comunicados del partido.

Los partidos que más invirtieron en Nativa fueron País para Todos, de Carlos Álvarez (S/ 642,000), y Primero la Gente (S/ 416,000).

Caso Ucayali: A Mil por Hora S.A.C.

La empresa A Mil por Hora S.A.C., fundada por Estuardo Lao Soria en Ucayali, administra dos canales locales y varias páginas en Facebook. Facturará S/ 2'217,840 por más de 7,000 spots.

El partido Ciudadanos por el Perú, de Nicanor Boluarte, destinó S/ 1'425,240 (90% de su presupuesto) a este medio de alcance regional. Alberto Moreno, dirigente del partido, declaró que la decisión fue tomada “unilateralmente” por el personero legal y que solicitaron a la ONPE anular dicha inversión.

Influencers y creadores digitales

Por primera vez, la ONPE destina S/ 8,7 millones a creadores de contenidos e influencers con más de 100 mil seguidores en Facebook, Instagram o YouTube.

Los cinco programas digitales con mayor presupuesto son:

  • “Al punto” de Sol TV (S/ 554,600)
  • “Sin guion” de Rosa María Palacios (S/ 458,640)
  • “Las mañanas informativas” (cifra pendiente en tu texto, se puede completar)

A continuación un cuadro comparativo que sintetiza los nexos más visibles entre partidos políticos peruanos, sus caciques (líderes), y los grupos empresariales/medios de comunicación que concentran la franja electoral y financiamiento. Esto refleja cómo la ONPE distribuye recursos y cómo se canalizan hacia empresas mediáticas dominantes.


Cuadro de nexos: partidos, caciques y empresas beneficiadas

Partido / Cacique Empresas / Medios favorecidos Dueños / Grupos de poder Monto aproximado / Ejemplo de inversión
Perú Libre – Vladimir Cerrón Radio Exitosa, Grupo RPP, Sol TV Familia Capuñay (Exitosa), Hugo Delgado Nachtigall (RPP), Familia Cruzado Salcedo (Sol TV) Exitosa: S/ 1'217,187 (4,478 spots); Sol TV: parte de S/ 5'018,150
Fuerza Popular – Keiko Fujimori Latina, Grupo El Comercio, RPP Fondo Enfoca (Latina), Grupo Miró Quesada (El Comercio), Hugo Delgado Nachtigall (RPP) Latina: S/ 751,130 (44 spots); El Comercio: más de S/ 515,193
Renovación Popular – Rafael López Aliaga (“Porky”) Panamericana, Willax, ATV, RPP Jimmy Pflucker (Panamericana), Erasmo Wong (Willax), Ángel González (ATV), Hugo Delgado Nachtigall (RPP) Panamericana: S/ 706,980; Willax: S/ 456,026.20; total Panamericana + Willax: > S/ 5,3 millones
Alianza para el Progreso – César Acuña Grupo El Comercio, RPP, medios regionales Grupo Miró Quesada (El Comercio), Hugo Delgado Nachtigall (RPP) El Comercio: parte de S/ 9'000,825; RPP: parte de S/ 4'293,633
Unidad Nacional – Roberto Chiabra Grupo El Comercio Grupo Miró Quesada Inversión: S/ 676,699
Sí Creo – Carlos Spá Grupo El Comercio, RPP Grupo Miró Quesada, Hugo Delgado Nachtigall El Comercio: S/ 752,845
Primero la Gente – Miguel del Castillo / Marisol Pérez Tello Nativa TV Abra Producciones S.A.C. (Del Castillo) Nativa: S/ 416,000 (solo su partido); total canal: S/ 2'592,500
Ciudadanos por el Perú – Nicanor Boluarte A Mil por Hora S.A.C. (Ucayali) Estuardo Lao Soria S/ 1'425,240 (90% de su presupuesto)
Fuerza y Libertad – Fiorella Molinelli Sol TV Familia Cruzado Salcedo S/ 1'698,899 (100% de su presupuesto)

Observaciones clave

  • Concentración mediática: El Grupo El Comercio y el Grupo RPP son los grandes ganadores, absorbiendo la mayor parte de la franja electoral. Ambos están controlados por familias oligárquicas del Club Nacional.
  • Medios regionales: Sol TV y A Mil por Hora muestran cómo partidos con menor alcance nacional apuestan por canales locales, aunque con audiencias limitadas.
  • Caciques y favoritismos: Cada líder político tiene medios predilectos: Cerrón con Exitosa, Fujimori con Latina, López Aliaga con Panamericana/Willax, Molinelli con Sol TV.
  • Influencers y digitales: Por primera vez, la ONPE destina S/ 8,7 millones a creadores digitales, lo que abre un nuevo frente de influencia política.

El cuadro revela una red de intereses cruzados entre partidos y empresas mediáticas oligárquicas. Los caciques políticos canalizan recursos públicos hacia holdings empresariales que concentran poder informativo, reforzando la dependencia de la política peruana respecto a grupos económicos y mediáticos.

Latina Televisión (propiedad del fondo de inversión Enfoca) se ubica en un rango medio dentro de los grupos empresariales beneficiados por la franja electoral: recibió alrededor de S/ 751,130 en contratos de partidos, principalmente de Fuerza Popular, lo que la coloca por debajo de gigantes como El Comercio, Exitosa, Sol TV y RPP, pero por encima de medios regionales menores.


Latina Televisión en la franja electoral

  • Propietario: Fondo de inversión Enfoca, con sede en Perú.
  • Monto recibido: Aproximadamente S/ 751,130 en la campaña electoral 2026.
  • Partido principal inversor: Fuerza Popular, que contrató 44 spots entre el 11 de febrero y el 9 de abril.
  • Programas seleccionados:
    • Yo Soy
    • Telenovelas Eres mi bien y Leyla
    • Latina Noticias Central
    • Dominical Punto Final
  • Estrategia política: La inversión revela la intención de Keiko Fujimori de reconquistar sectores populares (“los cerros”), apostando por espacios de entretenimiento y noticieros en horario prime time.

  • Latina no figura entre los grandes receptores de la franja electoral, pero su alineación con Fuerza Popular le da un papel estratégico en la campaña.
  • Su inversión es menor frente a El Comercio o Exitosa, pero se concentra en espacios de alta audiencia (prime time), lo que maximiza impacto político con menos dinero.
  • Esto confirma que Latina funciona como medio predilecto del fujimorismo, mientras otros partidos diversifican su inversión en conglomerados más grandes.

Comparación con partidos que invierten en cada grupo empresarial

Medio / Grupo Propietarios Monto recibido Partidos que invierten Notas
Grupo El Comercio (Canal 4, Canal N, diarios) Familia Miró Quesada S/ 9'000,825 Sí Creo (Carlos Spá), Unidad Nacional (Roberto Chiabra), Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, otros 31 partidos Mayor beneficiado; 6,158 spots.
Radio Exitosa Familia Capuñay S/ 7'105,545 Perú Libre (Vladimir Cerrón), otros partidos menores Segundo en ingresos; preferido por Perú Libre (4,478 spots).
Sol TV Familia Cruzado Salcedo S/ 5'018,150 Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli, 100% de su presupuesto), otros partidos regionales Canal regional del norte; gran inversión de Fuerza y Libertad.
Grupo RPP Hugo Delgado Nachtigall S/ 4'293,633 Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Sí Creo “La voz del Perú”; fuerte presencia de varios partidos.
Willax TV Erasmo Wong S/ 2'650,704 Renovación Popular (Rafael López Aliaga, 274 spots), otros partidos menores Canal ultraconservador; fuerte inversión de Renovación Popular.
Panamericana TV Jimmy Pflucker S/ 2'647,835 Renovación Popular (Rafael López Aliaga) Pese a baja audiencia nacional, recibe gran inversión.
Nativa TV Abra Producciones (Miguel del Castillo) S/ 2'592,500 Primero la Gente (Marisol Pérez Tello), País para Todos (Carlos Álvarez) Vínculo directo con partido Primero la Gente.
Latina TV Fondo Enfoca S/ 751,130 Fuerza Popular (Keiko Fujimori, 44 spots) Principalmente Fuerza Popular; rango medio.
A Mil por Hora S.A.C. (Ucayali) Estuardo Lao Soria S/ 2'217,840 Ciudadanos por el Perú (Nicanor Boluarte, 90% de su presupuesto) Medios locales y páginas de Facebook.

Observaciones

  • El Comercio y RPP concentran inversión de múltiples partidos, mostrando su rol como oligopolios mediáticos. ambos manejando por la oligarquía peruana.
  • Exitosa y Sol TV son favoritos de partidos específicos: Cerrón con Exitosa, Molinelli con Sol TV.
  • Renovación Popular reparte fuerte inversión entre Panamericana y Willax, ambos con línea conservadora.
  • Latina es casi exclusivo de Fuerza Popular, lo que revela su estrategia de reconquista en sectores populares. Zamora León del club Nacional maneja este canal.
  • Nativa y A Mil por Hora muestran vínculos directos con partidos fundados por sus propios dueños o caciques.

Con este cuadro ya tienen un mapa de partidos + caciques + empresas mediáticas, que evidencia cómo los fondos públicos de la franja electoral terminan reforzando a grupos empresariales oligárquicos.


Pedófilo Jeffrey Epstein🇮🇱 le envía caja con fotos a oligarca peruano.

J.E. Ganoza Temple, descendiente de la hermana del Mariscal Orbegoso, socio del Club Nacional desde 1996 con el número de membresía 3425.

Pedófilo Jeffrey Epstein🇮🇱 le envía caja con fotos a Juan Esteban Ganoza, dueño del Real Plaza Trujillo. https://x.com/ginoequidad/status/2017603500960538977?s=20



Un mensaje breve pero revelador, con un tono muy cercano y afectuoso. El remitente, Juan Ganoza Temple, escribe a Ghislaine Maxwell en 2004, evocando recuerdos de un viaje a Trujillo y destacando la “maravilla” de las fotos recibidas. El lenguaje (“Dearest G”, “Muchos besos”) transmite confianza y familiaridad, lo que sugiere una relación personal significativa más allá de lo meramente circunstancial.

"Queridísima G,

Recibí las fotos… ¡son maravillosas!!!

No solo trajeron de vuelta muchos recuerdos divertidos de nuestro “un día” en Trujillo, sino que me hicieron pensar —una vez más— en lo maravillosos que ustedes dos son.

Espero que todo esté bien.

Muchos besos

JEG"

En los primeros días de octubre de 2004, Trujillo vivía el esplendor del Festival Internacional de la Primavera, un evento que desde 1950 ilumina la ciudad con desfiles, carros alegóricos y bastoneras internacionales. La organización recaía, como cada año, en el Club de Leones de Trujillo, filial de Lions Clubs International, institución que se presenta como una organización de servicio comunitario y voluntariado.

El origen de los Leones, sin embargo, tiene una huella histórica: su fundador, Melvin Jones, era miembro de la Logia Masónica Garden City n.º 141 en Illinois. Desde allí impulsó en 1917 la creación de un brazo masónico con el ropaje de vocación de servicio, que pronto se expandió por el mundo. Aunque Lions Clubs International no funciona como logia ni adopta rituales iniciáticos, la pertenencia masónica de Jones ha sido señalada como un vínculo que explica las similitudes estructurales: fraternidad, internacionalismo y filantropía.

domingo, enero 25, 2026

Diccionario Territorial del Perú.

Diccionario Territorial del Perú.

Se anuncia la obra Diccionario Territorial del Perú, una síntesis legal, demográfica y patrimonial de localidades del país, organizada de la A a la Z.


Este volumen constituye la primera síntesis integral que reúne, en orden alfabético, la información legal y demográfica de los centros poblados del Perú. Basado en la Ley N.º 27795 y su reglamento, el diccionario ofrece una clasificación rigurosa de caseríos, villas, distritos, provincias y regiones, acompañada de datos de población, altitud y pertenencia territorial.

La obra se presenta como un instrumento técnico y patrimonial, indispensable para investigadores, juristas, documentalistas y gestores culturales. Su estructura clara y sistemática permite consultar de manera rápida y precisa la organización territorial del país, fortaleciendo la memoria histórica y la identidad nacional.



El Diccionario Territorial del Perú es también un aporte a la circulación patrimonial digital, preparado para su depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú y su difusión en plataformas académicas y comerciales.

Autor: Iván Oré Chávez

Abogado y politólogo.


PRESENTACION. El Diccionario Territorial del Perú tiene como objetivo fundamental ofrecer un listado riguroso y actualizado de los centros poblados del país, sustentada en la normativa vigente y en la memoria histórica de nuestras divisiones territoriales. Busca ser una herramienta de consulta técnica y patrimonial que permita comprender la diversidad de caseríos, pueblos, villas, ciudades y metrópolis, mostrando cómo cada categoría refleja tanto la evolución demográfica como las dinámicas sociales que han configurado el territorio nacional. Asimismo, este diccionario pretende ordenar y sistematizar la información territorial para facilitar la investigación académica, la gestión pública y la preservación documental, contribuyendo a superar la yuxtaposición de estructuras heredadas con realidades contemporáneas. Su propósito es servir de puente entre la tradición aldeana y las transformaciones urbanas del siglo XXI, ofreciendo un marco de referencia que conecte la memoria histórica con las exigencias del presente y las proyecciones del futuro. La regionalización en el Perú se inició con la Constitución de 1993, que dispuso que los departamentos y la Provincia Constitucional del Callao eligieran gobiernos regionales como primer paso hacia la integración territorial; sin embargo, pese a la reforma constitucional del 2002 y a la aprobación de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N.º 27783), el proceso no ha avanzado más allá de convertir los departamentos en regiones administrativas, pues la verdadera creación de regiones —la unión de dos o más departamentos mediante referéndum, como lo establece el Artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 27795 (2025)— nunca se ha concretado, lo que evidencia que la regionalización peruana sigue siendo un proyecto inconcluso y pendiente de materialización. La regionalización peruana tiene su punto de partida en la Constitución Política de 1993, que estableció la necesidad de organizar el territorio en regiones como parte del proceso de descentralización. Sin embargo, fue recién hacia el año 2002 que se impulsaron medidas concretas para dar forma a este proyecto, en el marco de la transición democrática y la búsqueda de un Estado más cercano a la ciudadanía. En este contexto se aprobaron las Leyes de Bases de la Descentralización (Ley N.º 27783, 2002) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), que dieron vida a los 25 gobiernos regionales actuales, transformando los departamentos en regiones con autonomía administrativa y presupuestal. El objetivo era avanzar hacia la creación de macro-regiones, integrando varios departamentos bajo una misma estructura, pero los referéndums realizados en 2005 no prosperaron, reflejando las dificultades políticas y sociales de este proceso. La regionalización, por tanto, quedó configurada como un esquema de departamentos convertidos en regiones, sin alcanzar la integración territorial prevista. Aun así, significó un paso decisivo en la construcción de un Estado descentralizado, donde las regiones asumieron competencias en educación, salud, infraestructura y desarrollo económico, aunque con capacidades de gestión desiguales. Desde 1930, el crecimiento demográfico, la urbanización acelerada y las migraciones internas desde caseríos, pueblos y villas hacia las emergentes metrópolis han transformado profundamente el paisaje nacional. Este proceso ha generado nuevas dinámicas sociales y territoriales que, sin borrar la esencia histórica de las provincias forjadas en torno a corregimientos coloniales ni de los departamentos derivados de las intendencias virreinales, han configurado un país distinto, marcado por la expansión de ciudades intermedias y el surgimiento de metrópolis en constante proceso de consolidación. En medio de estas tensiones entre estructuras heredadas y realidades contemporáneas, el Diccionario Territorial del Perú se presenta como una obra destinada a ordenar y clasificar con rigor legal y documental los centros poblados del país, ofreciendo una visión actualizada que conecta la memoria histórica con las exigencias del presente. A pesar de la urbanización acelerada y el surgimiento de metrópolis en constante expansión, un gran número de peruanos aún vive en caseríos, pueblos y villas, manteniendo un régimen de vida aldeano que preserva la esencia histórica del país. Esta coexistencia entre lo rural y lo urbano, entre lo tradicional y lo moderno, configura un paisaje territorial complejo donde conviven las dinámicas de migración y crecimiento con la permanencia de estructuras comunitarias ancestrales. El Diccionario Territorial del Perú busca dar cuenta de esta diversidad, ofreciendo una clasificación fiel y actualizada de los centros poblados, y mostrando cómo la vida aldeana sigue siendo un componente esencial de la identidad nacional. Sin embargo, este régimen aldeano también está siendo reconfigurado en la práctica. Viejos distritos con más de un siglo de existencia aún mantienen su estructura dual — hanan alto y hurin bajo—, donde las capitales se ubican en la parte alta y conservan una relación de complementariedad con los pueblos situados inmediatamente abajo. No obstante, más abajo están surgiendo nuevos asentamientos que pueden forjar un dinamismo distinto, capaz de renovar y liquidar ese viejo ciclo. La ley y la burocracia, sin embargo, todavía no se adaptan a estas realidades y persisten en la yuxtaposición de estructuras heredadas, sin reconocer plenamente las transformaciones sociales y territoriales que remodelan el país. La regionalización en el Perú se enfrenta hoy a un dilema crucial: reconfigurar e integrar el régimen aldeano —basado en caseríos, pueblos y villas— dentro de las metrópolis en expansión. Este proceso, lejos de ser lineal, puede derivar en fenómenos de autarquía local frente a un gobierno central y regional incapaz de abarcar efectivamente toda su jurisdicción. Al mismo tiempo, se observa el despoblamiento de pequeños centros poblados, muchos de los cuales ya registran ausencia total de habitantes, mientras la población se concentra cada vez más en las ciudades intermedias y las grandes metrópolis. Esta reducción urbana y concentración demográfica revela una transformación profunda del paisaje territorial, donde la yuxtaposición de estructuras heredadas convive con nuevas realidades que aún no han sido plenamente reconocidas por la ley ni por la burocracia. El Diccionario Territorial del Perú es una obra de referencia que organiza, de la A a la Z, todos los distritos, pueblos, villas y caseríos del país, aplicando rigurosamente la Ley N.º 27795 de Demarcación y Organización Territorial. Su propósito es ofrecer una visión ordenada y precisa del territorio nacional, respetando tanto la normativa vigente como la memoria histórica que sustenta nuestras divisiones político-administrativas. Uno de sus objetivos principales es la clasificación legal y demográfica de cada localidad. En este diccionario, cada centro poblado se presenta con su categoría oficial —distrito, pueblo, villa, caserío mayor o caserío menor—, siguiendo estrictamente los rangos poblacionales y las disposiciones legales. De esta manera, se garantiza fidelidad normativa y se evita la ambigüedad que suele acompañar a las denominaciones informales o tradicionales. Otro aspecto fundamental es la ubicación ecológica y altitudinal. Cada localidad se registra con su respectivo piso ecológico —chala, yunga, quechua, suni, puna, ruparupa u omagua— y con la altitud en metros sobre el nivel del mar. Este criterio permite comprender la diversidad geográfica del Perú y cómo los centros poblados se distribuyen en función de sus condiciones naturales, lo que influye directamente en sus dinámicas sociales, económicas y culturales. Finalmente, el diccionario ofrece una síntesis poblacional. Se consigna el número de habitantes de cada localidad y se incluye una descripción breve, clara y fiel al texto fuente, respetando la estructura documental original. Esta síntesis busca preservar la memoria territorial y facilitar el acceso a información confiable para investigadores, gestores públicos y ciudadanos interesados en la organización del país. En conjunto, el Diccionario Territorial del Perú se presenta como una herramienta de consulta y análisis que contribuye a comprender la compleja trama territorial peruana. Al ordenar y clasificar con rigor legal y documental los centros poblados, esta obra conecta la memoria histórica con las exigencias del presente y ofrece un marco de referencia indispensable para proyectar políticas públicas más ajustadas a la realidad contemporánea. La cobertura es nacional y exhaustiva, abarcando desde grandes provincias como Acobamba (Huancavelica) hasta pequeños caseríos amazónicos como Achual Limón (Loreto). Este orden sistemático permite que el lector recorra el territorio peruano de manera integral, reconociendo tanto las capitales provinciales como los asentamientos menores que forman parte de la trama aldeana y metropolitana del país. Este diccionario no es solo un inventario de nombres: constituye una cartografía del Perú, mostrando cómo la geografía, la demografía y la historia se entrelazan en la organización territorial. Al presentar cada localidad dentro de su contexto administrativo —distrito, provincia y región— la obra ofrece una visión clara de la jerarquía territorial y de las dinámicas que configuran el país. Más allá de la utilidad técnica, el diccionario contribuye a preservar la memoria territorial y a comprender la diversidad y complejidad del Perú contemporáneo. Lima, 24 de enero de 2026. Iván Oré Chávez.

martes, enero 20, 2026

📰 Chaquetero: eufemizando al tránsfuga

📰 Chaquetero: eufemizando al tránsfuga

El lenguaje no solo nombra, también califica. En política, pocas palabras son tan gráficas como chaquetero. Su raíz —chaqueta— y su sufijo -ero lo convierten en un término despectivo, popular, cargado de repudio. No es un tecnicismo, es un insulto. Señala al que cambia de bando como alguien que se quita y se pone la chaqueta según la conveniencia, sin lealtad ni vergüenza. Es feo porque quiere serlo: su sonoridad y su construcción lo hacen un vocablo de denuncia.


En contraste, tránsfuga es un término maquillado. Procede del latín transfŭga, “desertor”, con el prefijo romano trans- que sugiere movimiento, paso, incluso cierta elegancia formal. Suena académico, institucional, casi jurídico. Pero detrás de esa apariencia culta se esconde lo mismo: el que huye, el que deserta, el que traiciona. El tecnicismo atenúa la carga emocional y convierte la repugnancia en categoría fría.

La diferencia no es menor. Decir chaquetero es señalar con crudeza; decir tránsfuga es envolver la traición en un ropaje de neutralidad. Y la degradación social va más allá: hoy se habla de “flexibilidad ideológica”, “reacomodo estratégico” o “independencia de criterio”. Ya no es maquillaje, es cinismo. Es la fase sinvergüenza, donde el oportunismo se exhibe como virtud y la traición se presenta como estrategia.

El problema no está solo en el acto del chaquetero, sino en la sociedad que lo tolera y en el lenguaje que lo blanquea. Cuando la traición se maquilla como estrategia, la democracia se erosiona. Cuando el oportunismo se celebra como madurez, la confianza pública se derrumba.

El chaquetero es feo porque debe serlo: su sufijo y su raíz lo convierten en insulto popular, en repudio directo. El tránsfuga es maquillaje porque su prefijo latino le da un aire de elegancia que no merece. El cínico, en cambio, ya no necesita disfraz: se exhibe con descaro.

Nombrar las cosas por su nombre es un acto de resistencia. Porque la traición, aunque se maquille, sigue siendo traición.

jueves, enero 15, 2026

El gruñido de la oligarquía: Contraste internacional y educación cívica

El gruñido de la oligarquía: Contraste internacional y educación cívica

El caso de Manuel Acuña Forno no solo expone violencia y abuso de poder, sino también la profunda brecha entre los estándares internacionales de respeto al peatón y la precariedad cívica en el Perú. Las voces ciudadanas trazan un mapa coral que denuncia la impunidad y la falta de cultura vial.


📌 El contraste internacional y la educación cívica, muestra cómo la ciudadanía compara la impunidad peruana con los estándares internacionales y denuncia la ausencia de autoridad y cultura vial.

Respeto internacional vs. impunidad peruana

“En otros países respetan el pase peatonal… en Perú la corrupción permite estos abusos” (@leilabrown9149).
“Este sujeto es un PELIGRO en las calles… en otro país ya estaría preso” (@rosapilarpalomino4396).
“Imagínate aquí 🇺🇸… solo no dejas pasar al peatón y son 500 dólares de multa. Imagínate que lo agredas: cárcel de hecho, sin miramientos” (@juliafarro1777).
“Yo vivo en Francia… dejar el paso a los peatones es ley. Denuncia a esa M… y que el Gobierno tome medidas” (@miguelm.i.g1142).
“En todas partes del mundo el paso de cebra se respeta… en Perú parece que los conductores tienen preferencia” (@gabrieldeorleans1865).
“COBARDE. En un país civilizado, esto no quedaría sin consecuencias para tal abuso de poder” (@maurorufatt3307).
“Aquí en EEUU lo meten preso” (@javierlucioramirezrossel7215).
“Con el grito que dio indica que está endemoniado. En mi Chilito se respeta la vía pública” (@Guísela-l5t1t).
“En Chile es regla respetar al peatón. En Perú, donde los choferes compran los brevetes, esta norma no existe” (@hugovillarlopez5895).

➡️ Se contrasta la severidad de sanciones internacionales con la impunidad peruana, mostrando cómo en otros países el respeto al peatón es incuestionable.

Educación cívica y atraso cultural

“Si así se comporta un ejecutivo empresarial de la clase pudiente en Lima, qué se puede esperar del peruano de a pie. Esto es parte de nuestra idiosincrasia, lamentablemente estamos demasiado atrasados en educación cívica” (@alvarocastaneda9754).
“Ella vive en Austria y está acostumbrada a que los vehículos respetan los pasos de peatones. Cuánta falta de civismo y cultura de no cumplir las leyes” (@manug2636).
“Por ser empresario y con dinero, espero que las autoridades no se dejen comprar… aquí el peatón tiene toda la preferencia, pero nos falta educación cívica” (@patrih.padilla7681).
“Hagan una campaña nacional para que todos los conductores entiendan que deben respetar las reglas de tránsito. No es posible que cruzar una calle sea un momento de miedo aterrador” (@marjoriemoreau7022).
“Ese comportamiento es tristemente lo típico y normal en los conductores limeños. No en vano tienen el título de los peores conductores del mundo” (@ABCDEFGHIJK-p1p).

➡️ Se denuncia el atraso institucional y cultural, reclamando campañas de educación vial y un cambio profundo en la idiosincrasia cívica.

Ausencia de autoridad y violencia cotidiana

“Donde están las autoridades… los peatones tenemos derecho a cruzar” (@patricioguaranda9642).
“Yo también radico mucho tiempo en el extranjero. Aquí se respeta la ley y las señales de tránsito. En Lima la ley no existe, la gente hace lo que quiere. Dudo que esta señorita tenga justicia” (@betsybetsy4716).
“Yo manejo bicicleta de delivery y siempre tengo que ponerme en riesgo para que los autos frenen y dejen pasar a los peatones… nadie cede el paso” (@dylancalderon8641).
“En Lima nadie respeta el paso de cebra, los policías tampoco dicen nada y menos multan… Por favor respeten las reglas de tránsito y así evitarán tantas muertes” (@carlostenorio1144).
“Los automovilistas NO RESPETAN las zonas de tránsito para los peatones, ni los semáforos en rojo. Si un peatón reclama hasta le echan el coche encima” (@FranciscoGamarra-kl8vg).
“Gracias a Dios se salvó de ser asesinada. En este país si reclamas algo los chóferes te asesinan” (@evelyncarinapoloflores4496).

➡️ Se denuncia la ausencia de autoridad y la violencia cotidiana contra peatones, normalizada en las calles de Lima.

Dimensión internacional y presión de la diáspora

“Si la justicia peruana no hace nada, nosotros los peruanos en USA exigimos que lo encarcelen y le quiten la licencia” (@lorenzovidal9039).
“¿Tenía miedo y se puso a seguir a una dama para patearla? ¿Quién le cree? Este energúmeno se presenta de candidato. Qué vergüenza, como peruana que vivo en el exterior se me cae la cara” (@mariapretelt1376).
“En Hispanoamérica el peatón es el eslabón más débil… me gustaría un castigo ejemplar para este sinvergüenza cobarde, se merece cárcel y que colabore en el cruce de peatones” (@l.a.2944).
“No respetó al peatón… cometió una infracción grave, deberían retirarle el brevete. Luego la agresión física premeditada es otra sanción. Debe indemnizar económicamente a la víctima” (@ricardoisasiherrera5316).

➡️ La diáspora peruana y la ciudadanía internacional presionan por sanciones ejemplares, subrayando el impacto global de la impunidad.

Cultura que normaliza la violencia

“En Estados Unidos, una escena como esta se volvería viral y al responsable lo despedirían antes de llegar a su casa. Aquí seguimos aplaudiendo la ‘picardía’ y la ‘hombría’. Lo grave no es solo el acto, sino la cultura que lo celebra” (@MamaLulu-z2b).
“Más respeto a los derechos de los peatones… estos actos tendrían que ser multados y expuestos en redes por sus errores de conducción” (@eugeniavp4287).

➡️ Se denuncia la cultura que normaliza la violencia y la falta de sanción pública, reclamando un cambio cultural profundo.

martes, enero 13, 2026

La Cachinización de Petroperú: el desmantelamiento que favorece a Repsol

La Cachinización de Petroperú: el desmantelamiento que favorece a Repsol

Introducción

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que reorganiza Petroperú inaugura un proceso de cachinización: desmantelar la empresa estatal para venderla en partes. Este vaciamiento patrimonial no solo afecta la estructura corporativa, sino que deja a comunidades y aldeas sin el soporte de abastecimiento que históricamente brindaba Petroperú. La verdadera competencia no es difusa: se llama Refinería La Pampilla S.A.A. (Repsol), y detrás de ella se articulan élites locales —como el clan Wiese— y capital financiero global —BlackRock, Vanguard, Norges Bank

Petroperú: insolvencia decretada

Petroperú opera cinco refinerías: Talara (65,000 barriles por día), Conchán (15,500 BPD), Iquitos (12,000 BPD), Pucallpa (3,300 BPD) y El Milagro (1,900 BPD, actualmente fuera de servicio). En conjunto, su capacidad instalada alcanza apenas 99,700 barriles diarios, lo que representa el 45.1% del total nacional, frente a los 117,000 barriles diarios (54%) que concentra La Pampilla, controlada por Repsol. Esta diferencia estructural evidencia que, aun con cinco plantas, la estatal queda rezagada frente a una sola refinería privada. El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 oficializa la narrativa de insolvencia de Petroperú, legitimando la fragmentación y venta de activos bajo el argumento de inviabilidad financiera. La medida no solo implica un desmantelamiento corporativo, sino que deja a las regiones amazónicas y altoandinas abastecidas por Petroperú en situación de desbastecimiento, obligadas a depender de la red privada de distribución que responde a intereses corporativos y no a criterios de soberanía energética. En la práctica, el DU convierte a Petroperú en un actor marginal y abre espacio para que La Pampilla absorba la demanda interna, consolidando su hegemonía pese a sus propios problemas financieros y legales.

La Pampilla: hegemonía estructural con fragilidad interna

La verdadera competencia de Petroperú es Refinería La Pampilla S.A.A., controlada en un 99.20% por Repsol Perú B.V. (Holanda), lo que evidencia la concentración del capital extranjero en el sector energético peruano. Su capital social asciende a S/ 2,329.4 millones, representado por más de 8,319 millones de acciones, de las cuales solo una —la acción Clase C— pertenece al Estado peruano, con derechos especiales pero sin poder económico real, pues no es transferible ni embargable. Esa acción funciona más como un símbolo de soberanía residual que como un instrumento de control. La Pampilla cuenta con una capacidad instalada de 117,000 barriles diarios, equivalente al 54% del total nacional, lo que la convierte en el actor dominante del mercado frente a las cinco refinerías de Petroperú que, en conjunto, apenas alcanzan el 45.1%.

Sin embargo, La Pampilla no es invulnerable. En 2020, el valor de mercado de sus acciones Clase A se desplomó de S/ 0.123 a S/ 0.06, una pérdida del 51% en un solo año, reflejo de la desconfianza del mercado y de su fragilidad financiera. Sus memorias anuales registran retrocesos en EBITDA(indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa antes de considerar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), caída de exportaciones y una marcada dependencia de préstamos intragrupo para sostener operaciones, lo que revela que su aparente hegemonía se sostiene sobre mecanismos financieros internos más que sobre fortaleza operativa. En 2024, su participación de mercado fue de 37.87%, y aunque expandió su red de estaciones de servicio (583 EESS) y programas de fidelización (193,778 afiliados en LATAM Pass), su sostenibilidad depende de absorber mayor cuota interna. A ello se suman los juicios y contingencias legales que mantiene en curso —administrativos, civiles y ambientales—, que pueden impactar en sus provisiones y en la distribución de dividendos.

En este contexto, la cachinización de Petroperú le ofrece a La Pampilla la oportunidad de compensar sus debilidades financieras y contenciosas mediante la absorción del mercado interno que la estatal deja vacante. El proceso no solo fortalece a Repsol en Perú, sino que también consolida la influencia de los fondos globales como BlackRock, Vanguard y Norges Bank, que controlan participaciones en la matriz española. Y en el plano local, el clan Wiese se reposiciona como parte de la nomenklatura corporativa: María C. de la Puente Wiese preside la Comisión de Auditoría de La Pampilla, un cargo clave que supervisa los estados financieros y la relación con auditores externos. Así, la refinería privada articula un triángulo de poder: capital transnacional, élites locales y debilitamiento estatal.

Juicios y contingencias legales de La Pampilla

La memoria anual 2024 de Refinería La Pampilla consigna expresamente los procesos judiciales derivados del derrame de petróleo en el Terminal Multiboyas N.º 2, ocurrido el 15 de enero de 2022. El primero de ellos es el proceso civil de indemnización por daños y perjuicios iniciado por INDECOPI contra la Sociedad, Repsol S.A., Repsol Comercial S.A.C., las aseguradoras Mapfre y la naviera Transtotal Marítima junto con Fratelli D’Amico Armatori. La demanda busca una indemnización de US$ 4,500 millones, en defensa de los intereses de 707,000 personas entre Ventanilla y Barranca. La empresa reconoce que fue notificada en septiembre de 2022 y que el proceso se encuentra en etapa preliminar, calificando el riesgo como “remoto” según sus asesores legales.

El segundo proceso relevante es la demanda civil presentada en Países Bajos por la asociación Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR) en enero de 2024. Esta acción está dirigida contra Repsol Perú B.V., Refinería La Pampilla y Repsol S.A., en nombre de aproximadamente 35,000 supuestos afectados por el derrame, reclamando daños estimados en 1,000 millones de libras esterlinas. La memoria señala que existe falta de conexión de la jurisdicción neerlandesa con el derrame en Perú y múltiples defectos de forma y fondo, por lo que también se califica como un riesgo remoto. Se espera un pronunciamiento de la corte sobre la jurisdicción y admisibilidad entre el segundo y tercer trimestre de 2025.


Estos procesos, junto con otros vinculados al mismo incidente, se encuentran detallados en las notas a los estados financieros auditados. La empresa los reconoce como contingencias, aunque insiste en que el riesgo es remoto. Sin embargo, la sola existencia de demandas por miles de millones de dólares revela la magnitud del pasivo legal que acompaña a la refinería privada dominante del mercado peruano

Abastecimiento

El abastecimiento es la columna vertebral de Refinería La Pampilla. Sin un flujo constante de crudo, la planta simplemente no puede operar. En 2024, la refinería adquirió 27,410,000 barriles de crudo, un 4% menos que el año anterior. Lo decisivo es que el mayor volumen provino de Estados Unidos (7,979,000 barriles), seguido muy de cerca por África (7,953,000 barriles) y luego por Brasil, Argentina, Trinidad y Tobago y México en menores proporciones. Este patrón revela que la operación de La Pampilla depende de manera directa de proveedores externos, especialmente del mercado norteamericano, lo que la expone a la volatilidad de precios internacionales y a factores geopolíticos como la situación del Canal de Panamá.

La dependencia del crudo estadounidense significa que la refinería funciona subordinada a la dinámica del mercado global. Si EE.UU. ajusta sus políticas de exportación, si se encarecen los fletes marítimos o si se interrumpe la logística, la producción local se ve afectada de inmediato. En otras palabras, La Pampilla no garantiza soberanía energética: asegura continuidad operativa mientras las condiciones externas lo permitan, pero no ofrece autonomía al país.

El déficit estructural de producción nacional obliga además a importar derivados ya refinados. En 2024 se compraron 5,824,000 barriles de diésel importado frente a apenas 105,000 barriles nacionales, y 2,900,000 barriles de gasolinas importadas frente a solo 20,000 barriles nacionales. También se adquirieron 169,000 barriles de destilados medios importados y 17,000 barriles de turbo de origen local. La balanza es clara: la oferta interna es marginal y el abastecimiento depende casi por completo de importaciones, lo que refuerza la fragilidad del sistema energético peruano.

La refinería cumplió con la normativa de biocombustibles, incorporando 7.8% de etanol en gasolinas y 5% de biodiésel en diésel. Para ello, se adquirieron 617,000 barriles de etanol importado y 1,093,000 barriles de biodiésel B100 de proveedores locales. Aunque este cumplimiento muestra adaptación regulatoria, también confirma la dependencia de insumos externos para sostener la mezcla obligatoria.

En conjunto, el abastecimiento de 2024 confirma que La Pampilla funciona porque importa crudo —principalmente de Estados Unidos— y porque compensa su déficit con derivados extranjeros. Esto asegura la operación de la refinería, pero al mismo tiempo expone al país a vulnerabilidades externas y refuerza la narrativa de que el Perú ha cedido su soberanía energética a un actor privado subordinado al capital global.

El clan Wiese: legitimadores locales

El clan Wiese, históricamente vinculado a la logística marítima de hidrocarburos a través de Petrolera Transoceánica (Petranso), se retiró de la operación directa en 2020 al vender su participación a la chilena Ultratug. Sin embargo, lejos de desaparecer del sector, se replegaron hacia posiciones de influencia corporativa en la gobernanza de Refinería La Pampilla S.A.A.. La figura más visible de este reposicionamiento es María Caridad de la Puente Wiese, quien aparece en la Memoria Anual 2024 como directora independiente y miembro de la Comisión de Auditoría, rol clave para supervisar la transparencia financiera y la relación con auditores externos.

Este movimiento revela cómo los Wiese han pasado de ser operadores logísticos a actores corporativos dentro de la estructura de Repsol. Su papel consiste en tender puentes entre el capital global —representado por la matriz española y fondos internacionales— y las élites nacionales, asegurando estabilidad social y política para la expansión de la multinacional en el Perú.

La pertenencia de los Wiese al Club Nacional refuerza este rol corporativo. Allí comparten espacios con figuras políticas como Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ya no es presidente ahora, pero lo fue entre 2016 y 2018, y antes también ocupó cargos clave como ministro de Economía y Finanzas y ministro de Energía y Minas. En esos momentos de poder se dieron los efectos decisivos: el cierre temporal de la Refinería de Talara para su modernización, decisión que favoreció directamente a La Pampilla, al dejarla como la principal refinería operativa del país y consolidar su hegemonía en el mercado interno.

Hoy, con Talara finalmente modernizada y lista para competir, la misma oligarquía que antes se benefició de su paralización busca desmantelar Petroperú mediante la “cachinización” y la reducción de su rol estratégico. En este escenario, los patriarcas Wiese y su consocio PPK aparecen como piezas de un mismo engranaje. En conjunto, la narrativa muestra que los Wiese no solo cumplen un rol corporativo dentro de La Pampilla, sino que también operan como bisagra entre el capital global y las élites nacionales, reforzando la alianza oligárquica que sostiene la hegemonía energética privada en el Perú.

Conclusión

La llamada cachinización de Petroperú no es un episodio aislado ni un mero ajuste empresarial. Es la culminación de una narrativa construida desde hace décadas para instalar la idea de que el Estado es incapaz de sostener empresas estratégicas. Esa narrativa de insolvencia estatal abre paso a la consolidación de un actor privado dominante: Refinería La Pampilla, controlada por Repsol y, detrás de ella, por los grandes fondos financieros globales que marcan la pauta del capital transnacional.

En este esquema, el clan Wiese juega un papel clave. Tras vender su participación en Petranso en 2020 y retirarse de la operación logística directa, se reposicionaron como legitimadores locales dentro del directorio de La Pampilla, con María Caridad de la Puente Wiese como directora independiente y miembro de la Comisión de Auditoría. Su rol es tender puentes entre el poder corporativo extranjero y las élites nacionales, mostrando que son aliados confiables para la multinacional y sus accionistas internacionales.

La pertenencia de los Wiese al Club Nacional. Allí comparten espacios con figuras como Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien —aunque ya no es presidente ahora— lo fue entre 2016 y 2018, además de ministro de Economía y de Energía y Minas en décadas anteriores. En esos cargos se dieron los efectos decisivos: el cierre temporal de la Refinería de Talara para su modernización, decisión que favoreció directamente a La Pampilla al dejarla como la principal refinería operativa del país. Hoy, con Talara finalmente modernizada y lista para competir, la misma oligarquía que antes se benefició de su paralización, se beneficia de desmantelar Petroperú, neutralizando su capacidad de disputar el mercado.

El resultado es claro: el Estado peruano pierde soberanía energética, las comunidades quedan desabastecidas y el mercado se reconfigura en favor de una plutocracia global. La hegemonía privada se consolida no solo en la infraestructura, sino también en la narrativa política y social que presenta la insolvencia estatal como inevitable y la dominación corporativa como natural.

 https://www.aai.com.pe/wp-content/uploads/2020/12/Relapasa0920.pdf

https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_LisDatosGenerales?data=037EAF9515FCD143FD581E71E3D79399CDDBBC7007

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/6%20MEMORIA%20ANUAL%20REPSOL%202024.pdf

lunes, enero 12, 2026

El caso Acuña Forno: violencia, privilegio y poder corporativo

El caso Acuña Forno: violencia, privilegio y poder corporativo

El episodio protagonizado por Manuel Acuña Forno, gerente general de APC Corporación S.A., no es un hecho aislado ni una simple reacción impulsiva. Es el reflejo de una conducta que se arrastra desde la vieja oligarquía limeña: la incapacidad de aceptar una llamada de atención que los confronte con sus errores, la negativa a reconocer que la ley también los alcanza, y la persistencia de una actitud gamonalesca del siglo pasado, donde el poder económico se confunde con impunidad.

Los hechos

En Miraflores, la doctora Renata Pulcha Ugarte, recién llegada del extranjero, se indignó al ver cómo los vehículos ignoraban el cruce peatonal en línea blanca. En sociedades donde la norma se respeta, el peatón tiene prioridad. Su gesto —un manotazo al carro de Acuña Forno— fue una protesta legítima frente a una infracción de tránsito. La respuesta del empresario, sin embargo, fue patearla por la espalda, un acto cobarde y desproporcionado que desarma cualquier argumento de defensa basado en inseguridad o estrés.


Y aquí aparece la gran contradicción: si en verdad se tratara de inseguridad ciudadana, Acuña Forno jamás habría salido de su vehículo. Permanecer dentro del auto es la reacción lógica de alguien que teme ser víctima de un asalto. Al bajarse y dirigirse hacia la mujer, no solo se expuso más, sino que mostró que su intención no era protegerse, sino imponer autoridad mediante la violencia. El argumento de inseguridad se derrumba frente a la evidencia de sus propios actos.


La norma que lo contradice

El propio Reglamento Nacional de Tránsito es claro en su Artículo 186 – Preferencia de paso de los peatones:

“El conductor que conduce un vehículo debe dar preferencia de paso a los peatones que hayan iniciado el cruce de la calzada en las intersecciones no reguladas y a los que estén concluyendo el cruce en las intersecciones reguladas, siempre que lo hagan por los pasos destinados a ellos, estén o no debidamente señalizados.”

La doctora actuó amparada por la ley. El empresario, en cambio, la violentó mientras incumplía la norma.

Conducta oligárquica

Lo que este episodio revela es más profundo: estos oligarcas no admiten una llamada de atención que los ayude a mejorar como personas. En lugar de reconocer la infracción, reaccionan con violencia, como si el cuestionamiento fuese un ataque a su estatus. Es una conducta heredada de los gamonales del siglo XX, que imponían autoridad a golpes y despreciaban la crítica ciudadana.


El gobierno corporativo de APC

La familia Acuña Alfaro-Forno no es un apellido cualquiera. Está vinculada al Club Nacional de Lima, símbolo de la élite oligárquica, y controla APC Corporación, empresa que factura cientos de millones de soles al año como proveedora de servicios en los megaproyectos mineros más importantes del país.

En este entramado patrimonial, destaca la membresía de Manuel Acuña, quien ingresó al Club Nacional en 1990 con el N.º de socio 3033. Ese número no es solo un registro administrativo: es la llave de acceso a la red más exclusiva de poder social en el Perú, donde se consolidan alianzas empresariales, políticas y culturales que sostienen la legitimidad de las familias oligárquicas.

El Directorio de APC ha incluido nombres de prestigio como Beatriz Merino y Juan José Marthans, figuras que aportan legitimidad institucional y técnica. Sin embargo, su presencia como directores independientes no borra el hecho de que el control patrimonial sigue en manos de la familia Acuña. El gobierno corporativo se presenta como moderno y transparente, pero en la práctica se sostiene en la lógica de exclusividad hereditaria.


Los clientes estratégicos

APC Corporación concentra más del 90% de su facturación en la gran minería e hidrocarburos:

  • Quellaveco (Anglo American) – 33.3%
  • Antamina S.A. – 33.1%
  • Marcobre S.A.C. (Mina Justa) – 23.9%
  • Perenco Petroleum Ltd. – 2.2%
  • Las Bambas S.A. – 2.4%

Estos contratos muestran cómo la familia Acuña se inserta en el núcleo extractivo de la economía peruana, reforzando su poder económico y patrimonial.


✍️ Reflexión final.

El caso de Manuel Acuña Forno no es solo un incidente de violencia en la vía pública. Es el retrato de una élite que se resiste a ser cuestionada, que confunde privilegio con impunidad y que responde con violencia a la crítica ciudadana. La ley es clara: el peatón tiene la prioridad. Pero en la práctica, el apellido pesa más que la norma. Y mientras el gobierno corporativo de APC se exhibe como moderno y responsable, la conducta de su gerente general revela que la cultura gamonal decimonónica aún sigue viva en la élite limeña.

La oligarquía es la contracara degenerada de la aristocracia. Mientras la nobleza obliga, la oligarquía se auto‑exime. No asume deberes, solo privilegios. No protege, sino que se protege a sí misma. No construye autoridad moral, sino que impone poder económico.

Este es el núcleo de la mente oligárquica: un sistema psicológico que se sostiene en la evasión de responsabilidades y en la ilusión de impunidad. Pero al final, choca con la verdad y se precipita en el colapso psíquico de confrontarse con un régimen republicano donde la ley también les alcanza. Allí, donde no pueden ocultarse tras apellidos ni corporaciones, las cámaras infraganti los exhiben sin máscara, revelando que el privilegio no basta cuando la justicia los desnuda frente a todos.