El caso Acuña Forno: violencia, privilegio y poder corporativo

El caso Acuña Forno: violencia, privilegio y poder corporativo

El episodio protagonizado por Manuel Acuña Forno, gerente general de APC Corporación S.A., no es un hecho aislado ni una simple reacción impulsiva. Es el reflejo de una conducta que se arrastra desde la vieja oligarquía limeña: la incapacidad de aceptar una llamada de atención que los confronte con sus errores, la negativa a reconocer que la ley también los alcanza, y la persistencia de una actitud gamonalesca del siglo pasado, donde el poder económico se confunde con impunidad.

Los hechos

En Miraflores, la doctora Renata Pulcha Ugarte, recién llegada del extranjero, se indignó al ver cómo los vehículos ignoraban el cruce peatonal en línea blanca. En sociedades donde la norma se respeta, el peatón tiene prioridad. Su gesto —un manotazo al carro de Acuña Forno— fue una protesta legítima frente a una infracción de tránsito. La respuesta del empresario, sin embargo, fue patearla por la espalda, un acto cobarde y desproporcionado que desarma cualquier argumento de defensa basado en inseguridad o estrés.

Y aquí aparece la gran contradicción: si en verdad se tratara de inseguridad ciudadana, Acuña Forno jamás habría salido de su vehículo. Permanecer dentro del auto es la reacción lógica de alguien que teme ser víctima de un asalto. Al bajarse y dirigirse hacia la mujer, no solo se expuso más, sino que mostró que su intención no era protegerse, sino imponer autoridad mediante la violencia. El argumento de inseguridad se derrumba frente a la evidencia de sus propios actos.

La norma que lo contradice

El propio Reglamento Nacional de Tránsito es claro en su Artículo 186 – Preferencia de paso de los peatones:

“El conductor que conduce un vehículo debe dar preferencia de paso a los peatones que hayan iniciado el cruce de la calzada en las intersecciones no reguladas y a los que estén concluyendo el cruce en las intersecciones reguladas, siempre que lo hagan por los pasos destinados a ellos, estén o no debidamente señalizados.”

La doctora actuó amparada por la ley. El empresario, en cambio, la violentó mientras incumplía la norma.

Conducta oligárquica

Lo que este episodio revela es más profundo: estos oligarcas no admiten una llamada de atención que los ayude a mejorar como personas. En lugar de reconocer la infracción, reaccionan con violencia, como si el cuestionamiento fuese un ataque a su estatus. Es una conducta heredada de los gamonales del siglo XX, que imponían autoridad a golpes y despreciaban la crítica ciudadana.

El gobierno corporativo de APC

La familia Acuña Alfaro-Forno no es un apellido cualquiera. Está vinculada al Club Nacional de Lima, símbolo de la élite oligárquica, y controla APC Corporación, empresa que factura cientos de millones de soles al año como proveedora de servicios en los megaproyectos mineros más importantes del país.

En este entramado patrimonial, destaca la membresía de Manuel Acuña, quien ingresó al Club Nacional en 1990 con el N.º de socio 3033. Ese número no es solo un registro administrativo: es la llave de acceso a la red más exclusiva de poder social en el Perú, donde se consolidan alianzas empresariales, políticas y culturales que sostienen la legitimidad de las familias oligárquicas.

El Directorio de APC ha incluido nombres de prestigio como Beatriz Merino y Juan José Marthans, figuras que aportan legitimidad institucional y técnica. Sin embargo, su presencia como directores independientes no borra el hecho de que el control patrimonial sigue en manos de la familia Acuña. El gobierno corporativo se presenta como moderno y transparente, pero en la práctica se sostiene en la lógica de exclusividad hereditaria.

Los clientes estratégicos

APC Corporación concentra más del 90% de su facturación en la gran minería e hidrocarburos:

• Quellaveco (Anglo American) – 33.3%
• Antamina S.A. – 33.1%
• Marcobre S.A.C. (Mina Justa) – 23.9%
• Perenco Petroleum Ltd. – 2.2%
• Las Bambas S.A. – 2.4%

Estos contratos muestran cómo la familia Acuña se inserta en el núcleo extractivo de la economía peruana, reforzando su poder económico y patrimonial.

✍️ Reflexión final.

El caso de Manuel Acuña Forno no es solo un incidente de violencia en la vía pública. Es el retrato de una élite que se resiste a ser cuestionada, que confunde privilegio con impunidad y que responde con violencia a la crítica ciudadana. La ley es clara: el peatón tiene la prioridad. Pero en la práctica, el apellido pesa más que la norma. Y mientras el gobierno corporativo de APC se exhibe como moderno y responsable, la conducta de su gerente general revela que la cultura gamonal decimonónica aún sigue viva en la élite limeña.

La oligarquía es la contracara degenerada de la aristocracia. Mientras la nobleza obliga, la oligarquía se auto‑exime. No asume deberes, solo privilegios. No protege, sino que se protege a sí misma. No construye autoridad moral, sino que impone poder económico.

Este es el núcleo de la mente oligárquica: un sistema psicológico que se sostiene en la evasión de responsabilidades y en la ilusión de impunidad. Pero al final, choca con la verdad y se precipita en el colapso psíquico de confrontarse con un régimen republicano donde la ley también les alcanza. Allí, donde no pueden ocultarse tras apellidos ni corporaciones, las cámaras infraganti los exhiben sin máscara, revelando que el privilegio no basta cuando la justicia los desnuda frente a todos.