La Cachinización de Petroperú: el desmantelamiento que favorece a Repsol
Introducción
Petroperú: insolvencia decretada
La Pampilla: hegemonía estructural con fragilidad interna
Sin embargo, La Pampilla no es invulnerable. En 2020, el valor de mercado de sus acciones Clase A se desplomó de S/ 0.123 a S/ 0.06, una pérdida del 51% en un solo año, reflejo de la desconfianza del mercado y de su fragilidad financiera. Sus memorias anuales registran retrocesos en EBITDA(indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa antes de considerar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), caída de exportaciones y una marcada dependencia de préstamos intragrupo para sostener operaciones, lo que revela que su aparente hegemonía se sostiene sobre mecanismos financieros internos más que sobre fortaleza operativa. En 2024, su participación de mercado fue de 37.87%, y aunque expandió su red de estaciones de servicio (583 EESS) y programas de fidelización (193,778 afiliados en LATAM Pass), su sostenibilidad depende de absorber mayor cuota interna. A ello se suman los juicios y contingencias legales que mantiene en curso —administrativos, civiles y ambientales—, que pueden impactar en sus provisiones y en la distribución de dividendos.
En este contexto, la cachinización de Petroperú le ofrece a La Pampilla la oportunidad de compensar sus debilidades financieras y contenciosas mediante la absorción del mercado interno que la estatal deja vacante. El proceso no solo fortalece a Repsol en Perú, sino que también consolida la influencia de los fondos globales como BlackRock, Vanguard y Norges Bank, que controlan participaciones en la matriz española. Y en el plano local, el clan Wiese se reposiciona como parte de la nomenklatura corporativa: María C. de la Puente Wiese preside la Comisión de Auditoría de La Pampilla, un cargo clave que supervisa los estados financieros y la relación con auditores externos. Así, la refinería privada articula un triángulo de poder: capital transnacional, élites locales y debilitamiento estatal.
Juicios y contingencias legales de La Pampilla
La memoria anual 2024 de Refinería La Pampilla consigna expresamente los procesos judiciales derivados del derrame de petróleo en el Terminal Multiboyas N.º 2, ocurrido el 15 de enero de 2022. El primero de ellos es el proceso civil de indemnización por daños y perjuicios iniciado por INDECOPI contra la Sociedad, Repsol S.A., Repsol Comercial S.A.C., las aseguradoras Mapfre y la naviera Transtotal Marítima junto con Fratelli D’Amico Armatori. La demanda busca una indemnización de US$ 4,500 millones, en defensa de los intereses de 707,000 personas entre Ventanilla y Barranca. La empresa reconoce que fue notificada en septiembre de 2022 y que el proceso se encuentra en etapa preliminar, calificando el riesgo como “remoto” según sus asesores legales.
El segundo proceso relevante es la demanda civil presentada en Países Bajos por la asociación Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR) en enero de 2024. Esta acción está dirigida contra Repsol Perú B.V., Refinería La Pampilla y Repsol S.A., en nombre de aproximadamente 35,000 supuestos afectados por el derrame, reclamando daños estimados en 1,000 millones de libras esterlinas. La memoria señala que existe falta de conexión de la jurisdicción neerlandesa con el derrame en Perú y múltiples defectos de forma y fondo, por lo que también se califica como un riesgo remoto. Se espera un pronunciamiento de la corte sobre la jurisdicción y admisibilidad entre el segundo y tercer trimestre de 2025.
Estos procesos, junto con otros vinculados al mismo incidente, se encuentran detallados en las notas a los estados financieros auditados. La empresa los reconoce como contingencias, aunque insiste en que el riesgo es remoto. Sin embargo, la sola existencia de demandas por miles de millones de dólares revela la magnitud del pasivo legal que acompaña a la refinería privada dominante del mercado peruano
Abastecimiento
El abastecimiento es la columna vertebral de Refinería La Pampilla. Sin un flujo constante de crudo, la planta simplemente no puede operar. En 2024, la refinería adquirió 27,410,000 barriles de crudo, un 4% menos que el año anterior. Lo decisivo es que el mayor volumen provino de Estados Unidos (7,979,000 barriles), seguido muy de cerca por África (7,953,000 barriles) y luego por Brasil, Argentina, Trinidad y Tobago y México en menores proporciones. Este patrón revela que la operación de La Pampilla depende de manera directa de proveedores externos, especialmente del mercado norteamericano, lo que la expone a la volatilidad de precios internacionales y a factores geopolíticos como la situación del Canal de Panamá.
La dependencia del crudo estadounidense significa que la refinería funciona subordinada a la dinámica del mercado global. Si EE.UU. ajusta sus políticas de exportación, si se encarecen los fletes marítimos o si se interrumpe la logística, la producción local se ve afectada de inmediato. En otras palabras, La Pampilla no garantiza soberanía energética: asegura continuidad operativa mientras las condiciones externas lo permitan, pero no ofrece autonomía al país.
El déficit estructural de producción nacional obliga además a importar derivados ya refinados. En 2024 se compraron 5,824,000 barriles de diésel importado frente a apenas 105,000 barriles nacionales, y 2,900,000 barriles de gasolinas importadas frente a solo 20,000 barriles nacionales. También se adquirieron 169,000 barriles de destilados medios importados y 17,000 barriles de turbo de origen local. La balanza es clara: la oferta interna es marginal y el abastecimiento depende casi por completo de importaciones, lo que refuerza la fragilidad del sistema energético peruano.
La refinería cumplió con la normativa de biocombustibles, incorporando 7.8% de etanol en gasolinas y 5% de biodiésel en diésel. Para ello, se adquirieron 617,000 barriles de etanol importado y 1,093,000 barriles de biodiésel B100 de proveedores locales. Aunque este cumplimiento muestra adaptación regulatoria, también confirma la dependencia de insumos externos para sostener la mezcla obligatoria.
En conjunto, el abastecimiento de 2024 confirma que La Pampilla funciona porque importa crudo —principalmente de Estados Unidos— y porque compensa su déficit con derivados extranjeros. Esto asegura la operación de la refinería, pero al mismo tiempo expone al país a vulnerabilidades externas y refuerza la narrativa de que el Perú ha cedido su soberanía energética a un actor privado subordinado al capital global.
El clan Wiese: legitimadores locales
El clan Wiese, históricamente vinculado a la logística marítima de hidrocarburos a través de Petrolera Transoceánica (Petranso), se retiró de la operación directa en 2020 al vender su participación a la chilena Ultratug. Sin embargo, lejos de desaparecer del sector, se replegaron hacia posiciones de influencia corporativa en la gobernanza de Refinería La Pampilla S.A.A.. La figura más visible de este reposicionamiento es María Caridad de la Puente Wiese, quien aparece en la Memoria Anual 2024 como directora independiente y miembro de la Comisión de Auditoría, rol clave para supervisar la transparencia financiera y la relación con auditores externos.
Este movimiento revela cómo los Wiese han pasado de ser operadores logísticos a actores corporativos dentro de la estructura de Repsol. Su papel consiste en tender puentes entre el capital global —representado por la matriz española y fondos internacionales— y las élites nacionales, asegurando estabilidad social y política para la expansión de la multinacional en el Perú.
La pertenencia de los Wiese al Club Nacional refuerza este rol corporativo. Allí comparten espacios con figuras políticas como Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ya no es presidente ahora, pero lo fue entre 2016 y 2018, y antes también ocupó cargos clave como ministro de Economía y Finanzas y ministro de Energía y Minas. En esos momentos de poder se dieron los efectos decisivos: el cierre temporal de la Refinería de Talara para su modernización, decisión que favoreció directamente a La Pampilla, al dejarla como la principal refinería operativa del país y consolidar su hegemonía en el mercado interno.
Hoy, con Talara finalmente modernizada y lista para competir, la misma oligarquía que antes se benefició de su paralización busca desmantelar Petroperú mediante la “cachinización” y la reducción de su rol estratégico. En este escenario, los patriarcas Wiese y su consocio PPK aparecen como piezas de un mismo engranaje. En conjunto, la narrativa muestra que los Wiese no solo cumplen un rol corporativo dentro de La Pampilla, sino que también operan como bisagra entre el capital global y las élites nacionales, reforzando la alianza oligárquica que sostiene la hegemonía energética privada en el Perú.
La llamada cachinización de Petroperú no es un episodio aislado ni un mero ajuste empresarial. Es la culminación de una narrativa construida desde hace décadas para instalar la idea de que el Estado es incapaz de sostener empresas estratégicas. Esa narrativa de insolvencia estatal abre paso a la consolidación de un actor privado dominante: Refinería La Pampilla, controlada por Repsol y, detrás de ella, por los grandes fondos financieros globales que marcan la pauta del capital transnacional.
En este esquema, el clan Wiese juega un papel clave. Tras vender su participación en Petranso en 2020 y retirarse de la operación logística directa, se reposicionaron como legitimadores locales dentro del directorio de La Pampilla, con María Caridad de la Puente Wiese como directora independiente y miembro de la Comisión de Auditoría. Su rol es tender puentes entre el poder corporativo extranjero y las élites nacionales, mostrando que son aliados confiables para la multinacional y sus accionistas internacionales.
La pertenencia de los Wiese al Club Nacional. Allí comparten espacios con figuras como Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien —aunque ya no es presidente ahora— lo fue entre 2016 y 2018, además de ministro de Economía y de Energía y Minas en décadas anteriores. En esos cargos se dieron los efectos decisivos: el cierre temporal de la Refinería de Talara para su modernización, decisión que favoreció directamente a La Pampilla al dejarla como la principal refinería operativa del país. Hoy, con Talara finalmente modernizada y lista para competir, la misma oligarquía que antes se benefició de su paralización, se beneficia de desmantelar Petroperú, neutralizando su capacidad de disputar el mercado.
El resultado es claro: el Estado peruano pierde soberanía energética, las comunidades quedan desabastecidas y el mercado se reconfigura en favor de una plutocracia global. La hegemonía privada se consolida no solo en la infraestructura, sino también en la narrativa política y social que presenta la insolvencia estatal como inevitable y la dominación corporativa como natural.
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