domingo, enero 25, 2026

Diccionario Territorial del Perú.

Diccionario Territorial del Perú.

Se anuncia la obra Diccionario Territorial del Perú, una síntesis legal, demográfica y patrimonial de localidades del país, organizada de la A a la Z.


Este volumen constituye la primera síntesis integral que reúne, en orden alfabético, la información legal y demográfica de los centros poblados del Perú. Basado en la Ley N.º 27795 y su reglamento, el diccionario ofrece una clasificación rigurosa de caseríos, villas, distritos, provincias y regiones, acompañada de datos de población, altitud y pertenencia territorial.

La obra se presenta como un instrumento técnico y patrimonial, indispensable para investigadores, juristas, documentalistas y gestores culturales. Su estructura clara y sistemática permite consultar de manera rápida y precisa la organización territorial del país, fortaleciendo la memoria histórica y la identidad nacional.



El Diccionario Territorial del Perú es también un aporte a la circulación patrimonial digital, preparado para su depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú y su difusión en plataformas académicas y comerciales.

Autor: Iván Oré Chávez

Abogado y politólogo.


PRESENTACION. El Diccionario Territorial del Perú tiene como objetivo fundamental ofrecer un listado riguroso y actualizado de los centros poblados del país, sustentada en la normativa vigente y en la memoria histórica de nuestras divisiones territoriales. Busca ser una herramienta de consulta técnica y patrimonial que permita comprender la diversidad de caseríos, pueblos, villas, ciudades y metrópolis, mostrando cómo cada categoría refleja tanto la evolución demográfica como las dinámicas sociales que han configurado el territorio nacional. Asimismo, este diccionario pretende ordenar y sistematizar la información territorial para facilitar la investigación académica, la gestión pública y la preservación documental, contribuyendo a superar la yuxtaposición de estructuras heredadas con realidades contemporáneas. Su propósito es servir de puente entre la tradición aldeana y las transformaciones urbanas del siglo XXI, ofreciendo un marco de referencia que conecte la memoria histórica con las exigencias del presente y las proyecciones del futuro. La regionalización en el Perú se inició con la Constitución de 1993, que dispuso que los departamentos y la Provincia Constitucional del Callao eligieran gobiernos regionales como primer paso hacia la integración territorial; sin embargo, pese a la reforma constitucional del 2002 y a la aprobación de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N.º 27783), el proceso no ha avanzado más allá de convertir los departamentos en regiones administrativas, pues la verdadera creación de regiones —la unión de dos o más departamentos mediante referéndum, como lo establece el Artículo 69 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 27795 (2025)— nunca se ha concretado, lo que evidencia que la regionalización peruana sigue siendo un proyecto inconcluso y pendiente de materialización. La regionalización peruana tiene su punto de partida en la Constitución Política de 1993, que estableció la necesidad de organizar el territorio en regiones como parte del proceso de descentralización. Sin embargo, fue recién hacia el año 2002 que se impulsaron medidas concretas para dar forma a este proyecto, en el marco de la transición democrática y la búsqueda de un Estado más cercano a la ciudadanía. En este contexto se aprobaron las Leyes de Bases de la Descentralización (Ley N.º 27783, 2002) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), que dieron vida a los 25 gobiernos regionales actuales, transformando los departamentos en regiones con autonomía administrativa y presupuestal. El objetivo era avanzar hacia la creación de macro-regiones, integrando varios departamentos bajo una misma estructura, pero los referéndums realizados en 2005 no prosperaron, reflejando las dificultades políticas y sociales de este proceso. La regionalización, por tanto, quedó configurada como un esquema de departamentos convertidos en regiones, sin alcanzar la integración territorial prevista. Aun así, significó un paso decisivo en la construcción de un Estado descentralizado, donde las regiones asumieron competencias en educación, salud, infraestructura y desarrollo económico, aunque con capacidades de gestión desiguales. Desde 1930, el crecimiento demográfico, la urbanización acelerada y las migraciones internas desde caseríos, pueblos y villas hacia las emergentes metrópolis han transformado profundamente el paisaje nacional. Este proceso ha generado nuevas dinámicas sociales y territoriales que, sin borrar la esencia histórica de las provincias forjadas en torno a corregimientos coloniales ni de los departamentos derivados de las intendencias virreinales, han configurado un país distinto, marcado por la expansión de ciudades intermedias y el surgimiento de metrópolis en constante proceso de consolidación. En medio de estas tensiones entre estructuras heredadas y realidades contemporáneas, el Diccionario Territorial del Perú se presenta como una obra destinada a ordenar y clasificar con rigor legal y documental los centros poblados del país, ofreciendo una visión actualizada que conecta la memoria histórica con las exigencias del presente. A pesar de la urbanización acelerada y el surgimiento de metrópolis en constante expansión, un gran número de peruanos aún vive en caseríos, pueblos y villas, manteniendo un régimen de vida aldeano que preserva la esencia histórica del país. Esta coexistencia entre lo rural y lo urbano, entre lo tradicional y lo moderno, configura un paisaje territorial complejo donde conviven las dinámicas de migración y crecimiento con la permanencia de estructuras comunitarias ancestrales. El Diccionario Territorial del Perú busca dar cuenta de esta diversidad, ofreciendo una clasificación fiel y actualizada de los centros poblados, y mostrando cómo la vida aldeana sigue siendo un componente esencial de la identidad nacional. Sin embargo, este régimen aldeano también está siendo reconfigurado en la práctica. Viejos distritos con más de un siglo de existencia aún mantienen su estructura dual — hanan alto y hurin bajo—, donde las capitales se ubican en la parte alta y conservan una relación de complementariedad con los pueblos situados inmediatamente abajo. No obstante, más abajo están surgiendo nuevos asentamientos que pueden forjar un dinamismo distinto, capaz de renovar y liquidar ese viejo ciclo. La ley y la burocracia, sin embargo, todavía no se adaptan a estas realidades y persisten en la yuxtaposición de estructuras heredadas, sin reconocer plenamente las transformaciones sociales y territoriales que remodelan el país. La regionalización en el Perú se enfrenta hoy a un dilema crucial: reconfigurar e integrar el régimen aldeano —basado en caseríos, pueblos y villas— dentro de las metrópolis en expansión. Este proceso, lejos de ser lineal, puede derivar en fenómenos de autarquía local frente a un gobierno central y regional incapaz de abarcar efectivamente toda su jurisdicción. Al mismo tiempo, se observa el despoblamiento de pequeños centros poblados, muchos de los cuales ya registran ausencia total de habitantes, mientras la población se concentra cada vez más en las ciudades intermedias y las grandes metrópolis. Esta reducción urbana y concentración demográfica revela una transformación profunda del paisaje territorial, donde la yuxtaposición de estructuras heredadas convive con nuevas realidades que aún no han sido plenamente reconocidas por la ley ni por la burocracia. El Diccionario Territorial del Perú es una obra de referencia que organiza, de la A a la Z, todos los distritos, pueblos, villas y caseríos del país, aplicando rigurosamente la Ley N.º 27795 de Demarcación y Organización Territorial. Su propósito es ofrecer una visión ordenada y precisa del territorio nacional, respetando tanto la normativa vigente como la memoria histórica que sustenta nuestras divisiones político-administrativas. Uno de sus objetivos principales es la clasificación legal y demográfica de cada localidad. En este diccionario, cada centro poblado se presenta con su categoría oficial —distrito, pueblo, villa, caserío mayor o caserío menor—, siguiendo estrictamente los rangos poblacionales y las disposiciones legales. De esta manera, se garantiza fidelidad normativa y se evita la ambigüedad que suele acompañar a las denominaciones informales o tradicionales. Otro aspecto fundamental es la ubicación ecológica y altitudinal. Cada localidad se registra con su respectivo piso ecológico —chala, yunga, quechua, suni, puna, ruparupa u omagua— y con la altitud en metros sobre el nivel del mar. Este criterio permite comprender la diversidad geográfica del Perú y cómo los centros poblados se distribuyen en función de sus condiciones naturales, lo que influye directamente en sus dinámicas sociales, económicas y culturales. Finalmente, el diccionario ofrece una síntesis poblacional. Se consigna el número de habitantes de cada localidad y se incluye una descripción breve, clara y fiel al texto fuente, respetando la estructura documental original. Esta síntesis busca preservar la memoria territorial y facilitar el acceso a información confiable para investigadores, gestores públicos y ciudadanos interesados en la organización del país. En conjunto, el Diccionario Territorial del Perú se presenta como una herramienta de consulta y análisis que contribuye a comprender la compleja trama territorial peruana. Al ordenar y clasificar con rigor legal y documental los centros poblados, esta obra conecta la memoria histórica con las exigencias del presente y ofrece un marco de referencia indispensable para proyectar políticas públicas más ajustadas a la realidad contemporánea. La cobertura es nacional y exhaustiva, abarcando desde grandes provincias como Acobamba (Huancavelica) hasta pequeños caseríos amazónicos como Achual Limón (Loreto). Este orden sistemático permite que el lector recorra el territorio peruano de manera integral, reconociendo tanto las capitales provinciales como los asentamientos menores que forman parte de la trama aldeana y metropolitana del país. Este diccionario no es solo un inventario de nombres: constituye una cartografía del Perú, mostrando cómo la geografía, la demografía y la historia se entrelazan en la organización territorial. Al presentar cada localidad dentro de su contexto administrativo —distrito, provincia y región— la obra ofrece una visión clara de la jerarquía territorial y de las dinámicas que configuran el país. Más allá de la utilidad técnica, el diccionario contribuye a preservar la memoria territorial y a comprender la diversidad y complejidad del Perú contemporáneo. Lima, 24 de enero de 2026. Iván Oré Chávez.

martes, enero 20, 2026

📰 Chaquetero: eufemizando al tránsfuga

📰 Chaquetero: eufemizando al tránsfuga

El lenguaje no solo nombra, también califica. En política, pocas palabras son tan gráficas como chaquetero. Su raíz —chaqueta— y su sufijo -ero lo convierten en un término despectivo, popular, cargado de repudio. No es un tecnicismo, es un insulto. Señala al que cambia de bando como alguien que se quita y se pone la chaqueta según la conveniencia, sin lealtad ni vergüenza. Es feo porque quiere serlo: su sonoridad y su construcción lo hacen un vocablo de denuncia.


En contraste, tránsfuga es un término maquillado. Procede del latín transfŭga, “desertor”, con el prefijo romano trans- que sugiere movimiento, paso, incluso cierta elegancia formal. Suena académico, institucional, casi jurídico. Pero detrás de esa apariencia culta se esconde lo mismo: el que huye, el que deserta, el que traiciona. El tecnicismo atenúa la carga emocional y convierte la repugnancia en categoría fría.

La diferencia no es menor. Decir chaquetero es señalar con crudeza; decir tránsfuga es envolver la traición en un ropaje de neutralidad. Y la degradación social va más allá: hoy se habla de “flexibilidad ideológica”, “reacomodo estratégico” o “independencia de criterio”. Ya no es maquillaje, es cinismo. Es la fase sinvergüenza, donde el oportunismo se exhibe como virtud y la traición se presenta como estrategia.

El problema no está solo en el acto del chaquetero, sino en la sociedad que lo tolera y en el lenguaje que lo blanquea. Cuando la traición se maquilla como estrategia, la democracia se erosiona. Cuando el oportunismo se celebra como madurez, la confianza pública se derrumba.

El chaquetero es feo porque debe serlo: su sufijo y su raíz lo convierten en insulto popular, en repudio directo. El tránsfuga es maquillaje porque su prefijo latino le da un aire de elegancia que no merece. El cínico, en cambio, ya no necesita disfraz: se exhibe con descaro.

Nombrar las cosas por su nombre es un acto de resistencia. Porque la traición, aunque se maquille, sigue siendo traición.

jueves, enero 15, 2026

El gruñido de la oligarquía: Contraste internacional y educación cívica

El gruñido de la oligarquía: Contraste internacional y educación cívica

El caso de Manuel Acuña Forno no solo expone violencia y abuso de poder, sino también la profunda brecha entre los estándares internacionales de respeto al peatón y la precariedad cívica en el Perú. Las voces ciudadanas trazan un mapa coral que denuncia la impunidad y la falta de cultura vial.


📌 El contraste internacional y la educación cívica, muestra cómo la ciudadanía compara la impunidad peruana con los estándares internacionales y denuncia la ausencia de autoridad y cultura vial.

Respeto internacional vs. impunidad peruana

“En otros países respetan el pase peatonal… en Perú la corrupción permite estos abusos” (@leilabrown9149).
“Este sujeto es un PELIGRO en las calles… en otro país ya estaría preso” (@rosapilarpalomino4396).
“Imagínate aquí 🇺🇸… solo no dejas pasar al peatón y son 500 dólares de multa. Imagínate que lo agredas: cárcel de hecho, sin miramientos” (@juliafarro1777).
“Yo vivo en Francia… dejar el paso a los peatones es ley. Denuncia a esa M… y que el Gobierno tome medidas” (@miguelm.i.g1142).
“En todas partes del mundo el paso de cebra se respeta… en Perú parece que los conductores tienen preferencia” (@gabrieldeorleans1865).
“COBARDE. En un país civilizado, esto no quedaría sin consecuencias para tal abuso de poder” (@maurorufatt3307).
“Aquí en EEUU lo meten preso” (@javierlucioramirezrossel7215).
“Con el grito que dio indica que está endemoniado. En mi Chilito se respeta la vía pública” (@Guísela-l5t1t).
“En Chile es regla respetar al peatón. En Perú, donde los choferes compran los brevetes, esta norma no existe” (@hugovillarlopez5895).

➡️ Se contrasta la severidad de sanciones internacionales con la impunidad peruana, mostrando cómo en otros países el respeto al peatón es incuestionable.

Educación cívica y atraso cultural

“Si así se comporta un ejecutivo empresarial de la clase pudiente en Lima, qué se puede esperar del peruano de a pie. Esto es parte de nuestra idiosincrasia, lamentablemente estamos demasiado atrasados en educación cívica” (@alvarocastaneda9754).
“Ella vive en Austria y está acostumbrada a que los vehículos respetan los pasos de peatones. Cuánta falta de civismo y cultura de no cumplir las leyes” (@manug2636).
“Por ser empresario y con dinero, espero que las autoridades no se dejen comprar… aquí el peatón tiene toda la preferencia, pero nos falta educación cívica” (@patrih.padilla7681).
“Hagan una campaña nacional para que todos los conductores entiendan que deben respetar las reglas de tránsito. No es posible que cruzar una calle sea un momento de miedo aterrador” (@marjoriemoreau7022).
“Ese comportamiento es tristemente lo típico y normal en los conductores limeños. No en vano tienen el título de los peores conductores del mundo” (@ABCDEFGHIJK-p1p).

➡️ Se denuncia el atraso institucional y cultural, reclamando campañas de educación vial y un cambio profundo en la idiosincrasia cívica.

Ausencia de autoridad y violencia cotidiana

“Donde están las autoridades… los peatones tenemos derecho a cruzar” (@patricioguaranda9642).
“Yo también radico mucho tiempo en el extranjero. Aquí se respeta la ley y las señales de tránsito. En Lima la ley no existe, la gente hace lo que quiere. Dudo que esta señorita tenga justicia” (@betsybetsy4716).
“Yo manejo bicicleta de delivery y siempre tengo que ponerme en riesgo para que los autos frenen y dejen pasar a los peatones… nadie cede el paso” (@dylancalderon8641).
“En Lima nadie respeta el paso de cebra, los policías tampoco dicen nada y menos multan… Por favor respeten las reglas de tránsito y así evitarán tantas muertes” (@carlostenorio1144).
“Los automovilistas NO RESPETAN las zonas de tránsito para los peatones, ni los semáforos en rojo. Si un peatón reclama hasta le echan el coche encima” (@FranciscoGamarra-kl8vg).
“Gracias a Dios se salvó de ser asesinada. En este país si reclamas algo los chóferes te asesinan” (@evelyncarinapoloflores4496).

➡️ Se denuncia la ausencia de autoridad y la violencia cotidiana contra peatones, normalizada en las calles de Lima.

Dimensión internacional y presión de la diáspora

“Si la justicia peruana no hace nada, nosotros los peruanos en USA exigimos que lo encarcelen y le quiten la licencia” (@lorenzovidal9039).
“¿Tenía miedo y se puso a seguir a una dama para patearla? ¿Quién le cree? Este energúmeno se presenta de candidato. Qué vergüenza, como peruana que vivo en el exterior se me cae la cara” (@mariapretelt1376).
“En Hispanoamérica el peatón es el eslabón más débil… me gustaría un castigo ejemplar para este sinvergüenza cobarde, se merece cárcel y que colabore en el cruce de peatones” (@l.a.2944).
“No respetó al peatón… cometió una infracción grave, deberían retirarle el brevete. Luego la agresión física premeditada es otra sanción. Debe indemnizar económicamente a la víctima” (@ricardoisasiherrera5316).

➡️ La diáspora peruana y la ciudadanía internacional presionan por sanciones ejemplares, subrayando el impacto global de la impunidad.

Cultura que normaliza la violencia

“En Estados Unidos, una escena como esta se volvería viral y al responsable lo despedirían antes de llegar a su casa. Aquí seguimos aplaudiendo la ‘picardía’ y la ‘hombría’. Lo grave no es solo el acto, sino la cultura que lo celebra” (@MamaLulu-z2b).
“Más respeto a los derechos de los peatones… estos actos tendrían que ser multados y expuestos en redes por sus errores de conducción” (@eugeniavp4287).

➡️ Se denuncia la cultura que normaliza la violencia y la falta de sanción pública, reclamando un cambio cultural profundo.

martes, enero 13, 2026

La Cachinización de Petroperú: el desmantelamiento que favorece a Repsol

La Cachinización de Petroperú: el desmantelamiento que favorece a Repsol

Introducción

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que reorganiza Petroperú inaugura un proceso de cachinización: desmantelar la empresa estatal para venderla en partes. Este vaciamiento patrimonial no solo afecta la estructura corporativa, sino que deja a comunidades y aldeas sin el soporte de abastecimiento que históricamente brindaba Petroperú. La verdadera competencia no es difusa: se llama Refinería La Pampilla S.A.A. (Repsol), y detrás de ella se articulan élites locales —como el clan Wiese— y capital financiero global —BlackRock, Vanguard, Norges Bank

Petroperú: insolvencia decretada

Petroperú opera cinco refinerías: Talara (65,000 barriles por día), Conchán (15,500 BPD), Iquitos (12,000 BPD), Pucallpa (3,300 BPD) y El Milagro (1,900 BPD, actualmente fuera de servicio). En conjunto, su capacidad instalada alcanza apenas 99,700 barriles diarios, lo que representa el 45.1% del total nacional, frente a los 117,000 barriles diarios (54%) que concentra La Pampilla, controlada por Repsol. Esta diferencia estructural evidencia que, aun con cinco plantas, la estatal queda rezagada frente a una sola refinería privada. El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 oficializa la narrativa de insolvencia de Petroperú, legitimando la fragmentación y venta de activos bajo el argumento de inviabilidad financiera. La medida no solo implica un desmantelamiento corporativo, sino que deja a las regiones amazónicas y altoandinas abastecidas por Petroperú en situación de desbastecimiento, obligadas a depender de la red privada de distribución que responde a intereses corporativos y no a criterios de soberanía energética. En la práctica, el DU convierte a Petroperú en un actor marginal y abre espacio para que La Pampilla absorba la demanda interna, consolidando su hegemonía pese a sus propios problemas financieros y legales.

La Pampilla: hegemonía estructural con fragilidad interna

La verdadera competencia de Petroperú es Refinería La Pampilla S.A.A., controlada en un 99.20% por Repsol Perú B.V. (Holanda), lo que evidencia la concentración del capital extranjero en el sector energético peruano. Su capital social asciende a S/ 2,329.4 millones, representado por más de 8,319 millones de acciones, de las cuales solo una —la acción Clase C— pertenece al Estado peruano, con derechos especiales pero sin poder económico real, pues no es transferible ni embargable. Esa acción funciona más como un símbolo de soberanía residual que como un instrumento de control. La Pampilla cuenta con una capacidad instalada de 117,000 barriles diarios, equivalente al 54% del total nacional, lo que la convierte en el actor dominante del mercado frente a las cinco refinerías de Petroperú que, en conjunto, apenas alcanzan el 45.1%.

Sin embargo, La Pampilla no es invulnerable. En 2020, el valor de mercado de sus acciones Clase A se desplomó de S/ 0.123 a S/ 0.06, una pérdida del 51% en un solo año, reflejo de la desconfianza del mercado y de su fragilidad financiera. Sus memorias anuales registran retrocesos en EBITDA(indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa antes de considerar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), caída de exportaciones y una marcada dependencia de préstamos intragrupo para sostener operaciones, lo que revela que su aparente hegemonía se sostiene sobre mecanismos financieros internos más que sobre fortaleza operativa. En 2024, su participación de mercado fue de 37.87%, y aunque expandió su red de estaciones de servicio (583 EESS) y programas de fidelización (193,778 afiliados en LATAM Pass), su sostenibilidad depende de absorber mayor cuota interna. A ello se suman los juicios y contingencias legales que mantiene en curso —administrativos, civiles y ambientales—, que pueden impactar en sus provisiones y en la distribución de dividendos.

En este contexto, la cachinización de Petroperú le ofrece a La Pampilla la oportunidad de compensar sus debilidades financieras y contenciosas mediante la absorción del mercado interno que la estatal deja vacante. El proceso no solo fortalece a Repsol en Perú, sino que también consolida la influencia de los fondos globales como BlackRock, Vanguard y Norges Bank, que controlan participaciones en la matriz española. Y en el plano local, el clan Wiese se reposiciona como parte de la nomenklatura corporativa: María C. de la Puente Wiese preside la Comisión de Auditoría de La Pampilla, un cargo clave que supervisa los estados financieros y la relación con auditores externos. Así, la refinería privada articula un triángulo de poder: capital transnacional, élites locales y debilitamiento estatal.

Juicios y contingencias legales de La Pampilla

La memoria anual 2024 de Refinería La Pampilla consigna expresamente los procesos judiciales derivados del derrame de petróleo en el Terminal Multiboyas N.º 2, ocurrido el 15 de enero de 2022. El primero de ellos es el proceso civil de indemnización por daños y perjuicios iniciado por INDECOPI contra la Sociedad, Repsol S.A., Repsol Comercial S.A.C., las aseguradoras Mapfre y la naviera Transtotal Marítima junto con Fratelli D’Amico Armatori. La demanda busca una indemnización de US$ 4,500 millones, en defensa de los intereses de 707,000 personas entre Ventanilla y Barranca. La empresa reconoce que fue notificada en septiembre de 2022 y que el proceso se encuentra en etapa preliminar, calificando el riesgo como “remoto” según sus asesores legales.

El segundo proceso relevante es la demanda civil presentada en Países Bajos por la asociación Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR) en enero de 2024. Esta acción está dirigida contra Repsol Perú B.V., Refinería La Pampilla y Repsol S.A., en nombre de aproximadamente 35,000 supuestos afectados por el derrame, reclamando daños estimados en 1,000 millones de libras esterlinas. La memoria señala que existe falta de conexión de la jurisdicción neerlandesa con el derrame en Perú y múltiples defectos de forma y fondo, por lo que también se califica como un riesgo remoto. Se espera un pronunciamiento de la corte sobre la jurisdicción y admisibilidad entre el segundo y tercer trimestre de 2025.


Estos procesos, junto con otros vinculados al mismo incidente, se encuentran detallados en las notas a los estados financieros auditados. La empresa los reconoce como contingencias, aunque insiste en que el riesgo es remoto. Sin embargo, la sola existencia de demandas por miles de millones de dólares revela la magnitud del pasivo legal que acompaña a la refinería privada dominante del mercado peruano

Abastecimiento

El abastecimiento es la columna vertebral de Refinería La Pampilla. Sin un flujo constante de crudo, la planta simplemente no puede operar. En 2024, la refinería adquirió 27,410,000 barriles de crudo, un 4% menos que el año anterior. Lo decisivo es que el mayor volumen provino de Estados Unidos (7,979,000 barriles), seguido muy de cerca por África (7,953,000 barriles) y luego por Brasil, Argentina, Trinidad y Tobago y México en menores proporciones. Este patrón revela que la operación de La Pampilla depende de manera directa de proveedores externos, especialmente del mercado norteamericano, lo que la expone a la volatilidad de precios internacionales y a factores geopolíticos como la situación del Canal de Panamá.

La dependencia del crudo estadounidense significa que la refinería funciona subordinada a la dinámica del mercado global. Si EE.UU. ajusta sus políticas de exportación, si se encarecen los fletes marítimos o si se interrumpe la logística, la producción local se ve afectada de inmediato. En otras palabras, La Pampilla no garantiza soberanía energética: asegura continuidad operativa mientras las condiciones externas lo permitan, pero no ofrece autonomía al país.

El déficit estructural de producción nacional obliga además a importar derivados ya refinados. En 2024 se compraron 5,824,000 barriles de diésel importado frente a apenas 105,000 barriles nacionales, y 2,900,000 barriles de gasolinas importadas frente a solo 20,000 barriles nacionales. También se adquirieron 169,000 barriles de destilados medios importados y 17,000 barriles de turbo de origen local. La balanza es clara: la oferta interna es marginal y el abastecimiento depende casi por completo de importaciones, lo que refuerza la fragilidad del sistema energético peruano.

La refinería cumplió con la normativa de biocombustibles, incorporando 7.8% de etanol en gasolinas y 5% de biodiésel en diésel. Para ello, se adquirieron 617,000 barriles de etanol importado y 1,093,000 barriles de biodiésel B100 de proveedores locales. Aunque este cumplimiento muestra adaptación regulatoria, también confirma la dependencia de insumos externos para sostener la mezcla obligatoria.

En conjunto, el abastecimiento de 2024 confirma que La Pampilla funciona porque importa crudo —principalmente de Estados Unidos— y porque compensa su déficit con derivados extranjeros. Esto asegura la operación de la refinería, pero al mismo tiempo expone al país a vulnerabilidades externas y refuerza la narrativa de que el Perú ha cedido su soberanía energética a un actor privado subordinado al capital global.

El clan Wiese: legitimadores locales

El clan Wiese, históricamente vinculado a la logística marítima de hidrocarburos a través de Petrolera Transoceánica (Petranso), se retiró de la operación directa en 2020 al vender su participación a la chilena Ultratug. Sin embargo, lejos de desaparecer del sector, se replegaron hacia posiciones de influencia corporativa en la gobernanza de Refinería La Pampilla S.A.A.. La figura más visible de este reposicionamiento es María Caridad de la Puente Wiese, quien aparece en la Memoria Anual 2024 como directora independiente y miembro de la Comisión de Auditoría, rol clave para supervisar la transparencia financiera y la relación con auditores externos.

Este movimiento revela cómo los Wiese han pasado de ser operadores logísticos a actores corporativos dentro de la estructura de Repsol. Su papel consiste en tender puentes entre el capital global —representado por la matriz española y fondos internacionales— y las élites nacionales, asegurando estabilidad social y política para la expansión de la multinacional en el Perú.

La pertenencia de los Wiese al Club Nacional refuerza este rol corporativo. Allí comparten espacios con figuras políticas como Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ya no es presidente ahora, pero lo fue entre 2016 y 2018, y antes también ocupó cargos clave como ministro de Economía y Finanzas y ministro de Energía y Minas. En esos momentos de poder se dieron los efectos decisivos: el cierre temporal de la Refinería de Talara para su modernización, decisión que favoreció directamente a La Pampilla, al dejarla como la principal refinería operativa del país y consolidar su hegemonía en el mercado interno.

Hoy, con Talara finalmente modernizada y lista para competir, la misma oligarquía que antes se benefició de su paralización busca desmantelar Petroperú mediante la “cachinización” y la reducción de su rol estratégico. En este escenario, los patriarcas Wiese y su consocio PPK aparecen como piezas de un mismo engranaje. En conjunto, la narrativa muestra que los Wiese no solo cumplen un rol corporativo dentro de La Pampilla, sino que también operan como bisagra entre el capital global y las élites nacionales, reforzando la alianza oligárquica que sostiene la hegemonía energética privada en el Perú.

Conclusión

La llamada cachinización de Petroperú no es un episodio aislado ni un mero ajuste empresarial. Es la culminación de una narrativa construida desde hace décadas para instalar la idea de que el Estado es incapaz de sostener empresas estratégicas. Esa narrativa de insolvencia estatal abre paso a la consolidación de un actor privado dominante: Refinería La Pampilla, controlada por Repsol y, detrás de ella, por los grandes fondos financieros globales que marcan la pauta del capital transnacional.

En este esquema, el clan Wiese juega un papel clave. Tras vender su participación en Petranso en 2020 y retirarse de la operación logística directa, se reposicionaron como legitimadores locales dentro del directorio de La Pampilla, con María Caridad de la Puente Wiese como directora independiente y miembro de la Comisión de Auditoría. Su rol es tender puentes entre el poder corporativo extranjero y las élites nacionales, mostrando que son aliados confiables para la multinacional y sus accionistas internacionales.

La pertenencia de los Wiese al Club Nacional. Allí comparten espacios con figuras como Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien —aunque ya no es presidente ahora— lo fue entre 2016 y 2018, además de ministro de Economía y de Energía y Minas en décadas anteriores. En esos cargos se dieron los efectos decisivos: el cierre temporal de la Refinería de Talara para su modernización, decisión que favoreció directamente a La Pampilla al dejarla como la principal refinería operativa del país. Hoy, con Talara finalmente modernizada y lista para competir, la misma oligarquía que antes se benefició de su paralización, se beneficia de desmantelar Petroperú, neutralizando su capacidad de disputar el mercado.

El resultado es claro: el Estado peruano pierde soberanía energética, las comunidades quedan desabastecidas y el mercado se reconfigura en favor de una plutocracia global. La hegemonía privada se consolida no solo en la infraestructura, sino también en la narrativa política y social que presenta la insolvencia estatal como inevitable y la dominación corporativa como natural.

 https://www.aai.com.pe/wp-content/uploads/2020/12/Relapasa0920.pdf

https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_LisDatosGenerales?data=037EAF9515FCD143FD581E71E3D79399CDDBBC7007

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/6%20MEMORIA%20ANUAL%20REPSOL%202024.pdf

lunes, enero 12, 2026

El caso Acuña Forno: violencia, privilegio y poder corporativo

El caso Acuña Forno: violencia, privilegio y poder corporativo

El episodio protagonizado por Manuel Acuña Forno, gerente general de APC Corporación S.A., no es un hecho aislado ni una simple reacción impulsiva. Es el reflejo de una conducta que se arrastra desde la vieja oligarquía limeña: la incapacidad de aceptar una llamada de atención que los confronte con sus errores, la negativa a reconocer que la ley también los alcanza, y la persistencia de una actitud gamonalesca del siglo pasado, donde el poder económico se confunde con impunidad.

Los hechos

En Miraflores, la doctora Renata Pulcha Ugarte, recién llegada del extranjero, se indignó al ver cómo los vehículos ignoraban el cruce peatonal en línea blanca. En sociedades donde la norma se respeta, el peatón tiene prioridad. Su gesto —un manotazo al carro de Acuña Forno— fue una protesta legítima frente a una infracción de tránsito. La respuesta del empresario, sin embargo, fue patearla por la espalda, un acto cobarde y desproporcionado que desarma cualquier argumento de defensa basado en inseguridad o estrés.


Y aquí aparece la gran contradicción: si en verdad se tratara de inseguridad ciudadana, Acuña Forno jamás habría salido de su vehículo. Permanecer dentro del auto es la reacción lógica de alguien que teme ser víctima de un asalto. Al bajarse y dirigirse hacia la mujer, no solo se expuso más, sino que mostró que su intención no era protegerse, sino imponer autoridad mediante la violencia. El argumento de inseguridad se derrumba frente a la evidencia de sus propios actos.


La norma que lo contradice

El propio Reglamento Nacional de Tránsito es claro en su Artículo 186 – Preferencia de paso de los peatones:

“El conductor que conduce un vehículo debe dar preferencia de paso a los peatones que hayan iniciado el cruce de la calzada en las intersecciones no reguladas y a los que estén concluyendo el cruce en las intersecciones reguladas, siempre que lo hagan por los pasos destinados a ellos, estén o no debidamente señalizados.”

La doctora actuó amparada por la ley. El empresario, en cambio, la violentó mientras incumplía la norma.

Conducta oligárquica

Lo que este episodio revela es más profundo: estos oligarcas no admiten una llamada de atención que los ayude a mejorar como personas. En lugar de reconocer la infracción, reaccionan con violencia, como si el cuestionamiento fuese un ataque a su estatus. Es una conducta heredada de los gamonales del siglo XX, que imponían autoridad a golpes y despreciaban la crítica ciudadana.


El gobierno corporativo de APC

La familia Acuña Alfaro-Forno no es un apellido cualquiera. Está vinculada al Club Nacional de Lima, símbolo de la élite oligárquica, y controla APC Corporación, empresa que factura cientos de millones de soles al año como proveedora de servicios en los megaproyectos mineros más importantes del país.

En este entramado patrimonial, destaca la membresía de Manuel Acuña, quien ingresó al Club Nacional en 1990 con el N.º de socio 3033. Ese número no es solo un registro administrativo: es la llave de acceso a la red más exclusiva de poder social en el Perú, donde se consolidan alianzas empresariales, políticas y culturales que sostienen la legitimidad de las familias oligárquicas.

El Directorio de APC ha incluido nombres de prestigio como Beatriz Merino y Juan José Marthans, figuras que aportan legitimidad institucional y técnica. Sin embargo, su presencia como directores independientes no borra el hecho de que el control patrimonial sigue en manos de la familia Acuña. El gobierno corporativo se presenta como moderno y transparente, pero en la práctica se sostiene en la lógica de exclusividad hereditaria.


Los clientes estratégicos

APC Corporación concentra más del 90% de su facturación en la gran minería e hidrocarburos:

  • Quellaveco (Anglo American) – 33.3%
  • Antamina S.A. – 33.1%
  • Marcobre S.A.C. (Mina Justa) – 23.9%
  • Perenco Petroleum Ltd. – 2.2%
  • Las Bambas S.A. – 2.4%

Estos contratos muestran cómo la familia Acuña se inserta en el núcleo extractivo de la economía peruana, reforzando su poder económico y patrimonial.


✍️ Reflexión final.

El caso de Manuel Acuña Forno no es solo un incidente de violencia en la vía pública. Es el retrato de una élite que se resiste a ser cuestionada, que confunde privilegio con impunidad y que responde con violencia a la crítica ciudadana. La ley es clara: el peatón tiene la prioridad. Pero en la práctica, el apellido pesa más que la norma. Y mientras el gobierno corporativo de APC se exhibe como moderno y responsable, la conducta de su gerente general revela que la cultura gamonal decimonónica aún sigue viva en la élite limeña.

La oligarquía es la contracara degenerada de la aristocracia. Mientras la nobleza obliga, la oligarquía se auto‑exime. No asume deberes, solo privilegios. No protege, sino que se protege a sí misma. No construye autoridad moral, sino que impone poder económico.

Este es el núcleo de la mente oligárquica: un sistema psicológico que se sostiene en la evasión de responsabilidades y en la ilusión de impunidad. Pero al final, choca con la verdad y se precipita en el colapso psíquico de confrontarse con un régimen republicano donde la ley también les alcanza. Allí, donde no pueden ocultarse tras apellidos ni corporaciones, las cámaras infraganti los exhiben sin máscara, revelando que el privilegio no basta cuando la justicia los desnuda frente a todos.

Poder, violencia y metamorfosis de los Añaños: de gamonales a sostenibilidad global 2030

Poder, violencia y metamorfosis de los Añaños: de gamonales a sostenibilidad global

🌳 Genealogía de la familia Añaños (1805–2000)

La historia de los Añaños comienza con Micaela Morales, casada con José Gabriel de Ascarza, capitán de milicias de Huanta. En 1805, Ascarza adquirió el hato Uchuraqay por 3,734 pesos, incluyendo 350 cabezas de ganado. Esta compra consolidó la base hacendaria de los Ascarza en la puna huantina y los convirtió en una de las familias más influyentes de la región.

Posteriormente, su hija Magdalena Ascarza Morales se casó en 1815 con Felipe Añaños, militar nacido en Ansó (Huesca, España), capitán y luego teniente coronel de los Reales Ejércitos. Felipe participó en las luchas realistas en Huanta durante la independencia, defendiendo la ciudad contra los insurgentes. De esta unión surgió la rama Añaños-Ascarza, que enlazó el linaje peninsular con las élites locales. Entre sus hijos destacan Juan Pablo Añaños Ascarza y Pedro Añaños Ascarza, este último casado con una integrante de la familia Pacheco.

De Pedro nació Albino (Alvino) Añaños Pacheco, figura paradigmática del gamonalismo ayacuchano. Albino fue diputado por La Mar entre 1899 y 1930, con una carrera política excepcionalmente larga. Casado con Mercedes Zavaleta Carrasco, hija de Catalina Carrasco y Matías Zavaleta, consolidó su poder económico con la Hacienda Patibamba y otros latifundios como Huitopata, Torobamba, La Colpa y Ninabamba. 

Albino Añaños fue diputado por La Mar en varios periodos (1919–1924, 1924–1929, 1929–1930), pero su carrera parlamentaria se extendió ininterrumpidamente desde 1899, atravesando nueve gobiernos y sobreviviendo incluso a la “criba” de la Corte Suprema. Sumando los tres periodos de Leguía, acompañó a doce regímenes políticos, convirtiéndose en un caso excepcional de longevidad parlamentaria. Basadre lo describió como un gran terrateniente que utilizaba funcionarios públicos para exaccionar a los indígenas y enriquecer sus haciendas.

El poder de Albino se sostenía en una red familiar y clientelar: hijos, cuñados, compadres y allegados ocupaban cargos de subprefectos, jueces de paz y alcaldes. En 1921, su hijo Moisés Artemio Añaños llegó fraudulentamente a la alcaldía de Huamanga, imponiendo nuevos arbitrios y provocando levantamientos barriales. Los Añaños propagaban la tesis de la “inferioridad racial del indígena”, manteniéndolo en la ignorancia y el alcohol para despojarlo de tierras y reducirlo a yanacona.

En lo económico, Albino se resistía a la modernización: prefería mantener métodos tradicionales agrícolas para no perder control sobre la mano de obra. Usaba su influencia para evadir impuestos, mientras los campesinos eran cargados con tributos abusivos: predial, sisa, derecho de marca, y hasta una “contribución industrial” aplicada a animales domésticos.

La matanza indígena de 1922–1923

El 10 de noviembre de 1922, indígenas saquearon la casa de Albino Añaños durante una fiesta patronal. Su apellido quedó marcado por las matanzas indígenas de 1922–1923, cuando más de 300 campesinos fueron asesinados en represalias contra levantamientos populares. El 12 de diciembre, comunidades como Llachuapampa, Illaura y Pampahuasi atacaron las casas de los Añaños en Patibamba y sitiaron San Miguel y Tambo. La represión fue brutal: 150 soldados con ametralladoras recorrieron la provincia, dejando 300 indígenas muertos y 6 defensores fallecidos (incluyendo Benigno Añaños).

Los abusos incluían el cobro de alcabala de coca, robo de ganado y el pago obligatorio por fiestas tradicionales como la corrida de toros. El franciscano Fray José Pacífico Jorge denunció que los indígenas fueron cazados “como venados o animales silvestres”. Estos hechos marcaron el inicio del declive político y económico de los Añaños, cuyo apellido quedó asociado a explotación y violencia.

Comunidades afectadas y su situación actual

  • Llachuapampa (4,382 msnm): hoy despoblado, con 0 habitantes y 8 casas vacías. Pueblo fantasma.
  • Illaura (2,497 msnm): 237 habitantes, comunidad quechua activa con continuidad demográfica.
  • Pampahuasi (751 msnm, Rupa Rupa): 266 habitantes, comunidad pequeña en ceja de selva.
  • Patibamba (2,467 msnm): 319 habitantes, lugar de las casas de los Añaños, resignificado como Túpac Amaru de Patibamba.

El contraste entre despoblamiento y continuidad muestra los efectos diferenciados de la represión y el abandono estatal.

Los hijos de Albino y Mercedes fueron varios, entre ellos Héctor Nivardo Añaños Zavaleta, propietario de Patibamba, y Moisés Artemio Añaños Zavaleta, alcalde de Huamanga en 1921, acusado de fraude electoral y represión de protestas. También figuran Álvaro, Goar y Salvador Añaños Zavaleta, este último nombrado subprefecto por influencia de su padre. La familia extendió su poder mediante alianzas matrimoniales con los Carrasco, Zavaleta y Peralta, reforzando su círculo de influencia política y económica.

El declive de Albino Añaños (1930–1938)

Tras los levantamientos, Albino vivió años difíciles, descuidando incluso a sus hijos ilegítimos. Entre 1930 y 1938, miembros de la familia sufrieron robos reiterativos de ganado, posiblemente como venganza popular. Albino murió en 1938, y poco después su pariente Edmundo Añaños, alcalde de La Mar, fue denunciado por irregularidades en obras y fondos comunales. La población ya no toleraba la continuidad del poder gamonal.

La memoria oral recogida en San Miguel recuerda a los Añaños como descendientes españoles con vida ostentosa, acriollamiento y abusos. Se mencionan levantamientos contra impuestos como el de la sal, incendios de sus casas y destrucción de sus fábricas de caña. Aunque nietos y bisnietos aún mantienen propiedades, el prestigio político se perdió.

Continuidad histórica: guerrillas de 1965

Décadas después, Héctor Béjar eligió La Mar como escenario de sus guerrillas. La provincia seguía aislada, sin carreteras, con mayoría quechuahablante y campesinos dispersos. Los censos mostraban precariedad educativa y altos niveles de analfabetismo. La memoria de violencia y marginación se convirtió en caldo de cultivo para nuevas insurgencias.

De gamonales a sostenibilidad global

La descendencia de Héctor Nivardo marca el tránsito hacia la modernidad. Su hijo Eduardo Añaños Pérez,  heredó parte de Patibamba tras la reforma agraria de Velasco en los años 70. Eduardo se dedicó a la agricultura en San Miguel, pero en la década de 1980, junto a sus hijos, fundó el Grupo AJE (Kola Real). Sus hijos —Jorge, Ángel, Arturo, Álvaro, Vicky y Carlos— expandieron la empresa a nivel nacional e internacional.

Hoy, la familia Añaños es conocida por el Grupo AJE, productor de Big Cola y otras bebidas. En foros como Perú Sostenible 2023, Carlos Añaños se ha mostrado públicamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Aunque borró un tuit tras críticas, las imágenes lo muestran posando frente al círculo de los ODS, símbolo oficial de la ONU.

Este tránsito revela una metamorfosis generacional: de exaccionadores locales y hacendados gamonales a empresarios globales con discurso de sostenibilidad PRO AGENDA 2030 junto a miembros de la oligarquía peruana. Sin embargo, la memoria histórica recuerda que el apellido Añaños estuvo marcado por explotación y violencia, lo que genera tensiones entre pasado y presente.

📌 Conclusión

La historia de los Añaños es un espejo de la evolución del poder en Ayacucho:

  • Ascenso gamonal (1900–1922): expansión de haciendas, clientelismo político, exacciones tributarias.
  • Apogeo y represión (1922–1923): matanza indígena, desprestigio social.
  • Declive (1930–1939): robos, denuncias, pérdida de legitimidad.
  • Memoria y continuidad (1965): guerrillas en La Mar como reflejo del aislamiento y marginación.
  • Metamorfosis contemporánea (2000–2023): de hacendados a empresarios globales, ahora vinculados a la Agenda 2030.
La genealogía de los Añaños muestra un continuum de poder y transformación. Entre 1805 y 1815, las familias Morales y Ascarza consolidaron haciendas en Huanta, mientras Felipe Añaños se integraba como militar realista. Entre 1899 y 1930, Albino Añaños Pacheco y Mercedes Zavaleta encarnaron el gamonalismo, con Patibamba como núcleo. Los levantamientos campesinos de 1922–1923 marcaron el inicio del declive político y social del apellido. En los años 70 y 80, Héctor Nivardo y Eduardo Añaños Pérez reconvirtieron el patrimonio agrícola en emprendimiento empresarial, dando origen al Grupo AJE. Finalmente, desde los años 90 hasta la actualidad, los Añaños se proyectan como empresarios globales vinculados a la sostenibilidad y la Agenda 2030.

El apellido Añaños condensa tres siglos de historia regional: de militares realistas y hacendados gamonales a empresarios globales, con un tránsito marcado por violencia, desprestigio y oligarquización. La genealogía Carrasco–Zavaleta–Añaños explica cómo se construyó y transformó el poder en Ayacucho, desde Uchuraqay y Patibamba hasta Kola Real y la Agenda 2030.

El apellido Añaños condensa la tensión entre memoria de violencia histórica y proyección empresarial moderna, mostrando cómo las élites locales se transforman, pero nunca se desprenden del peso de su pasado.


FUENTES UTILIZADAS:

Albino Añaños, Diputado durante treinta años. Las matanzas de indios en 1922.

En la categoría de espécimen curioso cabe ubicar a Albino Añaños, diputado por la provincia de La Mar en el departamento de Ayacucho en 1919-1924, 1924-1929 y en 1929-1930.
Pero aquí lo más interesante es que el mismo Albino Añaños fue también diputado, de modo ininterrumpido, desde 1899 a través de nueve gobiernos, sin que hiciese mella sobre sus credenciales la severa criba de la Corte Suprema. Si se suman, además, los tres períodos de Leguía, Añaños acompañó así a doce regímenes políticos.

En 1922, surgió dentro de la provincia de La Mar un gran levantamiento en Ancco y Chanquí, zonas ubicadas en las cumbres de la cordillera a unos 4,000 metros de altura, “por el tanto robo y el tanto ultraje que cometieron los que se encontraban al frente de los municipios y gobernaciones distritales”, dice Antonio Vásquez Amésquita (54). Estos funcionarios cobraban dinero a los indios con diversos pretextos y los abrumaban con tributos y arbitrios inmoderados. Desde el mediodía del 12 de diciembre de 1922, los indígenas —hombres y mujeres, incluyendo ancianos y niños— de las comunidades de Llachuapampa, Illaura, Pampahuasi, Retamapampa y otras, se atrevieron a asaltar las casas de los señores Añaños en Patibamba y rodearon dos pueblos, San Miguel y Tambo, durante varios días. Unos ciento cincuenta soldados armados de ametralladoras recorrieron los pueblos de la provincia durante varias semanas. Hubo, según cifras oficiales, 430 bajas indígenas entre muertos y heridos, incendios de chozas en muchos pueblos y caceríos “cuyos pobladores al huir despavoridos fueron cazados sin distinguir en ellos sexo o edad cual si fuesen venados o animales silvestres”, según narró en una vigorosa carta desde Ayacucho el padre español Fray José Pacífico Jorge, jefe de la misión franciscana en La Mar (55). Fray José Pacífico Jorge fue el autor de unas valiosas Melodías religiosas en quechua, seleccionadas y transcritas en su expresión típica (Friburgo, 1924).

Héctor Béjar y sus compañeros escogieron la provincia de La Mar para iniciar sus guerrillas en 1965. Según Béjar anota en su libro Las guerrillas de 1965: balance y perspectiva (Biblioteca Peruana, Lima, 1973), en La Mar no hay carreteras, la mayoría de la población solo habla quechua y vive en el campo (35,129 según el censo de 1946 contra 3,461 en zonas no rurales); y de acuerdo con el censo de 1961, de los 40,961 pobladores con más de cinco años de edad, 32,598 no saben leer ni escribir.

(54) Vásquez Amésquita, Antonio. Ensayo monográfico de la provincia de La Mar. Lima: Empresa Editorial Rimac, 1961.

(55) Este relato aparece textualmente en la monografía de Vásquez Amésquita.

Fuente: Para un esquema histórico sobre las elecciones peruanas. La ruptura del consenso legal (1919·1929) y la aparente transformación radical en el sistema (1931). Autor: Jorge Basadre páginas 133-134

Estando en el poder local, los Añaños eran los propagadores más formales de la tesis de la inferioridad racial del indígena, realmente ellos mismos procuraban mantenerlos en sus vicios, como la ignorancia, el consumo de alcohol y coca. Al mantenerlos en esta situación, los gamonales Añaños hacían el máximo esfuerzo por quitarles sus tierras y reducir al campesino a la situación de yanaconaPODER, POLÍTICA Y GENEALOGÍA FAMILIAR: GÉNESIS, CONSOLIDACIÓN Y DECLIVE DE LA FAMILIA AÑAÑOS EN SAN MIGUEL (AYACUCHO), 1900 - 1940. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Historia presentado por el Bachiller DARIO CESAR HUAMANI CHINCHAY, 2022. https://repositorio.unsch.edu.pe/server/api/core/bitstreams/0f6a8e73-c46c-4f01-8adb-1770d15e8845/content 


lunes, enero 05, 2026

🏛 El Club Nacional y el gobierno de Sánchez Cerro: la oligarquía en el poder

 🏛 El Club Nacional y el gobierno de Sánchez Cerro: la oligarquía en el poder.

"Hablando de Sánchez Cerro, podría ser otro capítulo de la triste historia republicana; se distinguió por la variación de su temperamento. Le da el golpe de Estado a Leguía el 22 de agosto de 1930, con muy buenas intenciones de respaldo al pueblo, pero pronto el grupo oligárquico lo rodea, y con este comienza su insensibilidad, hasta clausurar la CGTP..." Testimonio de sindicalista Demetrio Flores. Fuente: Obreros frente a la crisis. testimonios años 30, Derpich, 1987.

El breve gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro (1931–1933) suele recordarse por la violencia política, la guerra con Colombia y su trágico final. Sin embargo, un aspecto menos señalado es cómo la oligarquía vinculada al Club Nacional se convirtió en el verdadero sostén de su gabinete.

En apenas dieciséis meses, Sánchez Cerro nombró seis presidentes del Consejo de Ministros: Germán Arenas y Loayza, Francisco Lanatta Ramírez, Luis Alberto Flores Medina, Ricardo Rivadeneira Barnuevo, Carlos Zavala Loayza y José Matías Manzanilla Barrientos. Todos ellos, junto con varios ministros sectoriales, aparecen relacionados en la nómina del Club Nacional, el espacio de sociabilidad más exclusivo de Lima.

📌 Ministros con vínculos al Club Nacional

  • Germán Arenas y Loayza – Ministro de Gobierno y Policía, socio del Club. Historia política: Abogado y político limeño (1870–1948). Fue diputado por Huari (1901–1918). Ocupó varias veces el cargo de Ministro de Gobierno y Policía (1907–1908, 1917–1918, 1918–1919), Ministro de Hacienda y Comercio (1918), Ministro de Fomento y Obras Públicas (1931–1932). Presidió el Consejo de Ministros en dos gobiernos: José Pardo (1918–1919) y Luis Miguel Sánchez Cerro (1931–1932). Historia económica: Su gestión en Hacienda y Fomento lo vinculó a la administración de recursos públicos en momentos de crisis fiscal y modernización de obras públicas. Representó a sectores de la élite limeña con intereses en comercio y finanzas, y su pertenencia al Club Nacional lo situaba dentro de los círculos económicos dominantes de la época.
  • Francisco Lanatta Ramírez – Ministro de Hacienda y Comercio, miembro registrado. Historia política: Abogado y político peruano, activo en las primeras décadas del siglo XX. Fue Ministro de Hacienda y Comercio en varias ocasiones y llegó a ser Presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro (enero–marzo de 1932). Su papel fue clave en la administración económica en un periodo de crisis fiscal y de enfrentamiento político con el APRA. También se desempeñó como parlamentario y ocupó cargos en gobiernos anteriores, lo que lo convirtió en un hombre de confianza dentro de los círculos de poder. Historia económica: Desde el Ministerio de Hacienda, Lanatta Ramírez tuvo influencia en la política tributaria y en la gestión de recursos públicos en un contexto de déficit y necesidad de financiamiento para obras y defensa nacional. Su apellido está vinculado a familias con intereses en comercio y finanzas, y aparece en la nómina del Club Nacional, lo que confirma su pertenencia a la red oligárquica limeña que articulaba poder económico y político.
  • Luis Alberto Flores Medina – Ministro de Hacienda, apellido con trazabilidad en la institución. Luis Alberto Flores Medina (1899–1982) fue abogado y político peruano, diputado constituyente en 1931, Ministro de Gobierno y Policía en 1932, Presidente del Consejo de Ministros entre marzo y mayo de ese mismo año durante el gobierno de Sánchez Cerro, y posteriormente Ministro de Marina y Aviación en 1933; tras el asesinato de Sánchez Cerro asumió la jefatura de la Unión Revolucionaria, partido de corte fascista inspirado en Mussolini, convirtiéndose en su líder supremo hasta 1960, además de desempeñarse como embajador del Perú en Italia (1948–1950) y Paraguay (1956–1962), lo que lo consolidó como una figura clave de la derecha autoritaria peruana con influencia política y diplomática más que empresarial.
  • Ricardo Rivadeneira Barnuevo – Ministro de Justicia e Instrucción, linaje presente en el Club.  Ricardo Rivadeneira Barnuevo fue el elemento que otorgó solvencia moral e intelectual al gabinete de Sánchez Cerro. Abogado, magistrado y rector universitario, su capital no provenía de la banca ni de los círculos empresariales del Club Nacional, sino de su prestigio académico y jurídico. En medio de la crisis de 1932 y la Revolución de Trujillo, su presencia en el Consejo de Ministros representó la legitimidad institucional que la oligarquía necesitaba para sostener el poder político, convirtiéndose en el rostro de credibilidad del régimen frente a la violencia y la represión. Lo que se desprende de la trayectoria de Rivadeneira Barnuevo es que su papel dentro del gabinete de Sánchez Cerro no fue el de representar intereses económicos o patrimoniales —como sí ocurría con ministros vinculados al Club Nacional— sino el de aportar solvencia moral e intelectual. Su formación académica en San Marcos, su rol como rector de la Universidad Nacional de Trujillo y su carrera como magistrado y docente lo convirtieron en un referente de legitimidad institucional. En ese sentido, Rivadeneira cumple la función de intelectual orgánico” de la élite jurídica y académica, más que de operador económico de la oligarquía. Por eso no aparece en registros del Club Nacional: su capital no era financiero ni empresarial, sino académico, jurídico y moral, lo que le permitió ser el rostro de credibilidad del gabinete en medio de la crisis de 1932 y la Revolución de Trujillo. Rivadeneira Barnuevo representa el contrapunto dentro del gabinete oligárquico: el que no aporta dinero ni redes empresariales, pero sí la legitimidad intelectual y ética que la oligarquía necesitaba para sostener el poder político.
  • Carlos Zavala Loayza – Ministro de Relaciones Exteriores, apellido patrimonial con membresía. (Lima, 1882 – Lima, 1957) fue abogado, jurisconsulto, magistrado, diplomático y político peruano. Se doctoró en Jurisprudencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1904 y desde temprano se vinculó a la vida pública como concejal de Lima y agente fiscal. Su carrera lo llevó a denunciar abusos durante el gobierno de Leguía, consolidando una imagen de solvencia jurídica dentro de la élite limeña. En el gobierno de Sánchez Cerro, asumió la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 9 de septiembre y el 24 de diciembre de 1932, sucediendo a Ricardo Rivadeneira Barnuevo. Su gestión coincidió con dos momentos críticos: la Revolución de Trujillo de 1932, cuyas secuelas políticas y judiciales debió administrar, y el conflicto con Colombia, que exigió una conducción firme de la política exterior. Durante su premierato se desarrollaron los juicios militares sumarios y ejecuciones contra miles de procesados por la rebelión aprista, consolidando la línea dura del régimen.Posteriormente, Zavala alcanzó la cúspide del poder judicial como Presidente de la Corte Suprema del Perú (1941–1942), reforzando su perfil como figura patrimonial y jurídica de la oligarquía. Su apellido lo vinculaba a familias tradicionales limeñas con presencia en círculos de poder, y su rol como canciller lo situó en el frente de las negociaciones internacionales.
  • José Matías Manzanilla Barrientos – Ministro de Guerra, socio documentado. José Matías Manzanilla Barrientos (Ica, 1867 – Lima, 1946) fue abogado, jurista y político que asumió la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores entre diciembre de 1932 y junio de 1933, en el tramo final del gobierno de Sánchez Cerro; su gestión estuvo marcada por dos frentes críticos: por un lado, la administración de los juicios militares sumarios y ejecuciones masivas contra miles de apristas tras la Revolución de Trujillo de 1932, consolidando la línea represiva del régimen, y por otro, la conducción de la política exterior en el conflicto con Colombia por el territorio de Leticia, en un contexto de tensión bélica; tras el asesinato de Sánchez Cerro en abril de 1933, Manzanilla continuó en funciones hasta la transición con Óscar R. Benavides, encarnando así el perfil del jurista patrimonial convertido en operador político, que sostuvo la legitimidad institucional de la oligarquía en uno de los momentos más frágiles de la historia republicana-
  • Jorge Prado Heudebert, miembro de la influyente familia Prado, representó la proyección política de una de las dinastías patrimoniales más poderosas del Perú, vinculada al control de bancos, empresas y al círculo oligárquico del Club Nacional; su rol como parlamentario y ministro en las décadas de 1930 y 1940, en el contexto del gobierno de Sánchez Cerro y la posterior transición con Benavides, lo consolidó como figura clave en la articulación entre poder económico y poder institucional, encarnando la fusión entre patrimonio y política que caracterizó a la élite limeña en tiempos de crisis y recomposición del Estado.

🗺 Contexto político

El gobierno de Sánchez Cerro enfrentó dos frentes:

En ambos escenarios, el gabinete estuvo dominado por apellidos de élite que representaban intereses de banca, comercio, minería y gremios tradicionales. El Club Nacional funcionó como plataforma de legitimación institucional, donde se reclutaban ministros para sostener un régimen militarista en medio de crisis.

La coincidencia entre ministros y socios del Club Nacional demuestra que el gobierno de Sánchez Cerro fue, en gran medida, administrado por la oligarquía limeña. El poder político no se ejercía de manera autónoma, sino como prolongación de las redes patrimoniales que controlaban la economía y la sociabilidad de la élite.

El asesinato de Sánchez Cerro en 1933 cerró un ciclo breve pero revelador: incluso en momentos de guerra y violencia interna, las élites del Club Nacional mantuvieron el control del Estado, asegurando que sus intereses prevalecieran sobre cualquier intento de democratización.

✍️ Conclusión 
El gobierno de Sánchez Cerro no fue solo militarista: fue patrimonial. Los ministros que lo acompañaron eran, en su mayoría, socios del Club Nacional. La oligarquía limeña no solo manejaba la banca y la minería, sino también los resortes del poder político, confirmando que el Estado peruano estaba capturado por las élites incluso en sus momentos más críticos.

Autor: Iván Oré Chávez.