POLITICA, NARCOTRAFICO Y OLIGARQUIA. AUTORIA: GUSTAVO ESPINOZA M

POLITICA, NARCOTRAFICO Y OLIGARQUIA
Por GUSTAVO ESPINOZA M (*).
En nuestro país -y con seguridad en muchos otros- la prensa reaccionaria y la clase dominante, la Oligarquía, se empeñan en buscar relación entre la lucha del pueblo y el accionar del narcotráfico.
Al hacerlo, distorsionan todo. Se refieren a la lucha del pueblo usando diversas variantes: “la influencia comunista”, “el terrorismo”, “las organizaciones violentistas”. Pero en todas ellas subyace la idea de compaginar en un mismo contenido distintas variables que reflejan un idéntico significado: la lucha del pueblo por sus objetivos básicos.
Del mismo modo, mimetizan en una misma corriente al narcotráfico, el cultivo de la coca y los consumidores de ella. Procuran que, de diversa manera, se pueda expresar una misma idea: lo que tiene que ver con la droga.
Así lanzan una suerte de mensaje subliminal: el pueblo está relacionado con la droga. O también, los pobres que protestan contra la injusticia, no están en sus cabales. Han perdido la razón, o están influidos por la droga.
La experiencia peruana de las últimas décadas, sin embargo, sirvió en América Latina para saber que el asunto es exactamente al revés. La droga -y todas sus modalidades y variantes- constituye una de las herramientas de las que se vale la clase dominante para perpetuarse al frente de gobiernos y países.
En Estados Unidos, por ejemplo, Al Capone no era un santo. Y tenía excelentes vínculos con el Capitolio y la Casa Blanca, al extremo que era confidente del todopoderoso Senador Joseph Mccarthy con quien hacía beligerantes declaraciones anticomunistas para solaz del Imperio-. Pero además resultan harto conocidos los vínculos que atan a las multinacionales con el lavado del dinero procedente de la droga, o con maquinaciones fiscales que comprometen a los “trust”. Y eso, desde Kissinguer hasta Dick Cheney es moneda de uso corriente en los corredores del Imperio.
En la Cuba pre revolucionaria era vox pópuli el hecho que el gobierno de Prío Socarráz estaba estrechamente relacionado al consumo y al tráfico de los estupefacientes. Los ministros, parlamentarios, dirigentes políticos y personalidades del Estado estaban, en su inmensa mayoría, ligados a este uso que les rendía ganancia excepcionales y marcados privilegios. Pero también ocurría lo mismo con el gobierno de Batista, en el que se hizo célebre el discurrir de “sobrecitos” con cocaína en los encuentros de los altos dignatarios
En Colombia hoy mismo numerosos testimonios comprometen al Presidente Alvaro Uribe con los Carteles de la droga y con la protección que el Estado brinda a los grupos paramilitares que ha formado para enfrentar al pueblo y aniquilar a dirigentes sindicales y revolucionarios. Pero eso era igual en la Venezuela de los Pérez Jiménez, o los Rómulo Betancourt, en La administración de los “adecos” o de los “copeyanos”, en la falsa república que demoliera Hugo Chávez al frente de su pueblo.
En el Perú ocurre el mismo fenómeno. Bajo el fujimorato, por ejemplo, fue descubierto un hecho inaudito: el Avión Presidencial transportaba al exterior 174 kilos de droga. Ni la prensa de entonces ni la de ahora -con honrosas excepciones- condenó el hecho ni demandó las sanciones pertinentes.
Pero no fue ese el único caso. En 1996 fue posible descubrir también el cargamento de cocaína en los Barcos de la Armada “Ilo” y “Matarani” la utilización de helicópteros militares en las zonas de emergencia para el traslado de estupefacientes y la relación directa entre los más altos representantes del oficialismo y Roberto y Pablo Escobar, los máximos exponentes de los carteles colombianos de la droga; así como la protección que el estado peruano brindaba a los hermanos López Paredes y a Fernando Zevallos, este último hoy en prisión. Incluso el nexo entre los “capos” peruanos de la droga y los jefes de la institución encargada de combatirlos, la Fuerza Armada.
No han sido “los narcos”, entonces, aliados y socios de la subversión, el terrorismo, o como se le quiera llamar a las expresiones de protesta popular en el Perú; sino los gobiernos ligados al Gran Capital los que han permitido que la droga y su comercialización legal o ilegal enriquezca los bolsillos de los explotadores. No es un secreto, en efecto, que la filial del Banco de Crédito en la región selvática de Uchiza aportó enormes sumas de dinero a esa importante entidad financiera que cuyo exponente máximo -Dionisio Romero- fue además un socio privilegiado del Fujimorismo, como lo acreditan los “videítos” filmados en la salita del SIN.
Pero no fue expresión privativa del fujimorato este vínculo con el narcotráfico. Casi todas las administraciones anteriores y todas las posteriores con seguridad, han estado plagadas de incidentes que han revelado una conexión más que sospechosa entre los representantes del Estado y las Mafias de Productores y comercializadores de droga.
Y esto no debiera sorprendernos porque responde a una lógica elemental: los delincuentes que producen o comercializan la droga necesitan de protección e impunidad para el ejercicio de sus actividades ¿Y quien puede brindárselas con mayor solvencia sino las autoridades del Estado? Entendiéndose con ellas pueden contar, sin medida, con barcos para el transporte del producto, aero naves de distintas modalidades, pistas de aterrizaje, ausencia de control de aduanas, funcionarios cómplices, policías corruptos y un poder Judicial complaciente. ¿Necesitan más?
Enfrentados al Estado –como lo estarían si en verdad apoyaran a una guerrilla o a un movimiento insurgente- todas estas posibilidades de acción desaparecerían y los negociantes de marras tendrían que verse restringidos a acciones puntuales y de coyuntura, localizadas y de escaso monto.
La expresión aquella de “narcoterrorismo·”, entonces, es apenas una farfulla que se usa para sorprender incautos, pero que carece elementalmente de contenido.. Lo que la derecha quiere es descalificar al pueblo adjudicándole un accionar terrorista que no tiene, y vinculándolo con el narcotráfico y la droga. Pero, además, usa la maniobra para repimtir a su antojo a los trabajadores.
Acusando en efecto al movimiento popular de estar “coludido” con el narcotráfico, puede descalificar las luchas pero, sobre todo, desatar contra él la fuerza operativa del Estado, es decir, la represión abierta en sus más diversas modalidades. Y eso es lo que viene ocurriendo.
Para justificar golpes contra el pueblo, en efecto, usa el pretexto de “enfrentar al terrorismo y al narcotráfico” como si fueran aliados, cuando en realidad ambos son creaciones de una misma mano.
Recientemente en el Perú ocurrieron los sucesos de Occobamba, que nunca fueron esclarecidos. Tampoco la matanza de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica permitió hacer luz sobre los hechos. En cambio, se descubrió sí el caso del Capitán Comisario de San Miguel en la Provincia de La Mar, que transportaba droga en compañía de efectivos a su cargo y de otros destacamentos armados del mismo origen. Sobre el tema la “gran prensa” ha callado en todos los idiomas, porque sabe que ahì radica la madre del cordero.
El vínculo entre la droga y la clase dominante, resulta obvio (fin)
(*) Del Colectivo de Nuestra Bandera. www.nuestra- bandera.com