CAZAOLIGARCAS. De los financistas de Perú Posible al supuesto espionaje chileno: veinte años de relaciones entre poder político, empresarios y negocios aeronáuticos
Una investigación sobre los aportantes de la organización política de Alejandro Toledo conduce al Club Nacional, a una compañía aeronáutica autorizada durante su gobierno y a una disputa entre empresarios que terminó convertida en un escándalo televisivo sobre presunto espionaje chileno.
Los financistas de Perú Posible
La investigación de CAZAOLIGARCAS comenzó con el examen de las aportaciones recibidas por Perú Posible durante la campaña electoral de 2006, cuando Alejandro Toledo se encontraba en el último año de su mandato presidencial. La documentación financiera examinada, compuesta por diez páginas, registra contribuciones por S/ 1.887.518,45, procedentes de antiguos funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos, empresarios y sociedades comerciales. El registro permite reconstruir una parte de la estructura económica que sostenía al partido gobernante y, especialmente, identificar a quienes concentraban los mayores recursos declarados durante aquella campaña.
Diez contribuyentes concentraron S/ 731.728,75, equivalentes al 38,77 % del total registrado. El principal aportante fue Carlos Ernesto Ferrero Costa, antiguo presidente del Congreso y del Consejo de Ministros, quien entregó S/ 204.000, importe equivalente al límite anual de aportaciones individuales establecido para 2006. Entre los demás contribuyentes aparecían antiguos integrantes del gobierno, empresarios y compañías privadas, cuya participación permite examinar las relaciones entre financiamiento electoral, actividades económicas y ejercicio del poder político.
| N.º | Aportante de Perú Posible | Aportación en 2006 |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Ernesto Ferrero Costa | S/ 204.000,00 |
| 2 | Rosa Luz Vargas Flores | S/ 134.240,00 |
| 3 | Empresa de Generación Eléctrica de Chilca S. A. | S/ 74.198,75 |
| 4 | Alfonso Juvenal Darío Navarro Denegri | S/ 66.750,00 |
| 5 | Carlos Pedro José Reátegui Rosselló | S/ 66.000,00 |
| 6 | Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca | S/ 63.553,00 |
| 7 | Francisco José Palacios Chopitea | S/ 31.302,50 |
| 8 | Gustavo Alfredo Pablo Reátegui Rosselló | S/ 31.169,50 |
| 9 | Otto Juan Norberto Elespuru Nesanovich | S/ 30.415,00 |
| 10 | Jorge Ricardo Aparicio Moselli | S/ 30.100,00 |
| Total | Diez mayores aportantes | S/ 731.728,75 |
Fuente: Perú Posible, relación de aportaciones recibidas durante la campaña electoral de 2006. Los diez contribuyentes representaron el 38,77 % del total documental de S/ 1.887.518,45.
La presencia de antiguos integrantes del gobierno de Toledo junto con empresarios privados permitió identificar una estructura de financiamiento en la que convergían recursos políticos y económicos. Sin embargo, el examen de los nombres reveló otra particularidad: varios contribuyentes aparecían personalmente, o a través de integrantes de sus familias, en los registros históricos del Club Nacional de Lima. Este hallazgo amplió nuestra investigación, pues permitió pasar de una relación de aportaciones electorales a la identificación de espacios sociales compartidos por personas vinculadas con el poder político y empresarial del país.
El Club Nacional y las relaciones de la élite empresarial
El Club Nacional constituye una institución tradicional de sociabilidad de las élites políticas, profesionales y empresariales peruanas. Sus padrones permiten identificar la pertenencia de personas y familias que han participado durante décadas en distintos sectores de la economía nacional. El cruce documental permitió establecer que Alfonso Juvenal Darío Navarro Denegri, aportante de S/ 66.750 a Perú Posible, figuraba como socio del Club Nacional desde 1966, mientras que Francisco José Palacios Chopitea, quien aportó S/ 31.302,50, aparecía como socio desde 1981. Ambos nombres coincidían personalmente en las dos fuentes examinadas: los registros electorales y la documentación institucional del club.
También encontramos coincidencias familiares relacionadas con los Ferrero Costa y los Reátegui Rosselló. Raúl Ferrero Costa figuraba entre los socios históricos del club, mientras que Javier Edmundo Reátegui Rosselló aparecía en el padrón de 2010. Estas identificaciones corresponden a personas distintas de algunos de los aportantes electorales, por lo que deben diferenciarse los vínculos personales de las coincidencias familiares. La investigación identificó igualmente a Carlos Augusto Dammert Marcos dentro de la documentación histórica de la institución, con una incorporación registrada en 1983, circunstancia que adquiriría especial importancia al reconstruir las actividades de Servicios Aéreos de los Andes.
| Aportante de Perú Posible | Aporte electoral | Relación identificada con el Club Nacional |
|---|---|---|
| Alfonso Navarro Denegri | S/ 66.750,00 | Socio desde 1966 |
| Francisco Palacios Chopitea | S/ 31.302,50 | Socio desde 1981 |
| Carlos Ferrero Costa | S/ 204.000,00 | Raúl Ferrero Costa figura en el padrón |
| Carlos Reátegui Rosselló | S/ 66.000,00 | Javier Reátegui Rosselló figura en el padrón |
| Carlos Dammert Marcos | S/ 31.255,00 | Incorporación histórica registrada en 1983 |
Fuentes: registros de aportaciones de Perú Posible de 2006 y documentación histórica del Club Nacional. Se distinguen coincidencias personales y familiares.
El Club Nacional aparece así como un espacio común dentro de las trayectorias de varios protagonistas. Su pertenencia no acredita por sí misma acuerdos políticos o empresariales, pero permite reconstruir relaciones sociales que no resultan visibles cuando los registros de aportaciones electorales se examinan de manera aislada. Esta dimensión resulta importante para CAZAOLIGARCAS porque el estudio de las élites económicas no se limita a determinar quién posee una empresa o quién financia una organización política, sino que también comprende los espacios institucionales donde coinciden sus integrantes y se desarrollan relaciones sociales de larga duración.
Los intereses empresariales de los aportantes
La investigación continuó con el examen de las actividades económicas de los principales contribuyentes de Perú Posible. Alfonso Navarro Denegri desarrolló una trayectoria vinculada a la ingeniería civil, las obras de infraestructura y la minería. Fue fundador de LLN Engineers, dedicada a proyectos de carreteras, represas y puentes, y posteriormente participó en Minera Ferrobamba. Una relación secundaria de concesiones mineras le atribuye un petitorio de 500 hectáreas en Apurímac, fechado en febrero de 2004, cuya situación jurídica requiere contrastarse con los registros del INGEMMET. Sus actividades económicas estaban relacionadas con sectores que dependían de grandes inversiones públicas y privadas.
Carlos Ferrero Costa presenta una trayectoria principalmente política. Durante el gobierno de Toledo presidió el Congreso y posteriormente el Consejo de Ministros. También participó institucionalmente en decisiones relacionadas con PROINVERSIÓN y el desarrollo de concesiones de infraestructura, entre ellas las correspondientes al proyecto Interoceánica Sur. Su caso permite examinar una modalidad diferente de vinculación entre financiamiento político y poder económico: la participación de un aportante electoral en organismos desde los cuales se adoptaban decisiones sobre proyectos de inversión de alcance nacional, sin que ello demuestre un beneficio patrimonial personal derivado de esas decisiones.
Francisco José Palacios Chopitea, por su parte, desarrolló una actividad empresarial diversificada. Los registros examinados lo vinculan con A. F. Ingenieros, Compañía Constructora Uno, Inversiones Palomar, Plásticos Nacionales, Adobe Editores, ABCD Automotriz y Diario Expreso. Posteriormente aparecen otras sociedades relacionadas con inversiones inmobiliarias y transporte aéreo. Su trayectoria resulta particularmente interesante porque combina actividades industriales, construcción, prensa, servicios aeronáuticos e inversiones, de modo que no se trataba de un contribuyente cuya única relación con Perú Posible fuera la entrega de dinero durante una campaña electoral.
| Aportante | Actividades económicas o institucionales identificadas | Hallazgo relevante |
|---|---|---|
| Alfonso Navarro Denegri | Ingeniería, infraestructura y minería | Fundador de LLN Engineers y vinculado a Minera Ferrobamba |
| Carlos Ferrero Costa | Congreso, Presidencia del Consejo de Ministros y PROINVERSIÓN | Participación en decisiones institucionales sobre concesiones |
| Francisco Palacios Chopitea | Construcción, industria plástica, prensa, aviación e inmobiliarias | Amplia trayectoria empresarial anterior y posterior a Toledo |
| Carlos Dammert Marcos | Construcción, aviación y otras inversiones | Vinculación con Servicios Aéreos de los Andes |
| Carlos Reátegui Rosselló | Actividad empresarial personal pendiente de identificación | Aportante vinculado familiarmente con otros integrantes de Perú Posible |
El hallazgo más significativo surgió al cruzar los registros de Palacios Chopitea con los de otro aportante: Carlos Augusto Dammert Marcos. Ambos habían contribuido económicamente a Perú Posible y terminaron vinculados a una misma compañía aeronáutica, Servicios Aéreos de los Andes S. A. C. Esta coincidencia societaria permitió avanzar desde el estudio general de los financistas del partido hacia una empresa concreta, cuya constitución y autorización administrativa podían reconstruirse mediante documentos de SUNARP y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Dos aportantes, una misma compañía aeronáutica
Francisco José Palacios Chopitea y Carlos Augusto Dammert Marcos aportaron conjuntamente S/ 62.557,50 a Perú Posible durante 2006. Sus contribuciones aparecían individualizadas en el registro electoral, pero la investigación societaria permitió establecer que ambos terminaron vinculados a Servicios Aéreos de los Andes S. A. C., identificada con RUC N.º 20510625235 y partida electrónica N.º 11744086. La compañía fue constituida mediante escritura pública del 1 de abril de 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, por el empresario peruano Francisco José Palacios Chopitea y el ciudadano chileno Walton Humberto Mery Pinto.
La inscripción inicial registra un capital de S/ 6.400, dividido en 100 acciones nominativas. Mery Pinto suscribió 49 acciones y Palacios Chopitea 31, conforme al asiento registral examinado, que no identifica en ese fragmento la distribución de las 20 restantes. Mery Pinto fue designado primer gerente general y el objeto social comprendía actividades de aviación comercial, transporte aéreo de pasajeros y carga, servicios especiales, arrendamiento de aeronaves y apoyo a las industrias petrolera y minera. Desde su constitución, la compañía se encontraba orientada a prestar servicios en sectores económicos que requerían transporte aéreo especializado.
Posteriormente, Carlos Augusto Dammert Marcos se incorporó a la administración de la compañía. El asiento C00005 de SUNARP registra que, mediante junta general del 15 de mayo de 2010, fue designado presidente del directorio, acompañado por Palacios Chopitea y Mery Pinto como directores. La relación societaria entre estos empresarios quedó, por tanto, documentada: dos personas que habían financiado al partido de Alejandro Toledo compartían posteriormente la dirección de una empresa dedicada a una actividad económica sujeta a autorizaciones estatales.
| Elemento societario | Información documentada |
|---|---|
| Razón social | Servicios Aéreos de los Andes S. A. C. |
| RUC | 20510625235 |
| Partida SUNARP | 11744086 |
| Escritura de constitución | 1 de abril de 2005 |
| Capital inicial | S/ 6.400 |
| Walton Humberto Mery Pinto | Fundador, 49 acciones y primer gerente general |
| Francisco José Palacios Chopitea | Fundador, 31 acciones |
| Carlos Augusto Dammert Marcos | Presidente del directorio registrado en 2010 |
| Actividad | Aviación comercial y transporte aéreo especializado |
Fuente: SUNARP, partida electrónica N.º 11744086, asientos A00001 y C00005.
La autorización del gobierno de Alejandro Toledo
La siguiente etapa de nuestra investigación consistió en determinar qué decisiones administrativas permitieron a Servicios Aéreos de los Andes desarrollar sus actividades. El hallazgo principal fue la Resolución Directoral N.º 120-2005-MTC/12, expedida el 26 de julio de 2005 por la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de septiembre del mismo año. La resolución, firmada por Roberto Rodríguez Galloso, director general de Aeronáutica Civil, concedió a Servicios Aéreos de los Andes S. A. C. un permiso de operación de aviación comercial para prestar servicios de transporte aéreo especial de ámbito nacional, con una vigencia inicial de cuatro años.
El acto administrativo contemplaba operaciones con aeronaves Bell 206 B, Bell 204B, Bell 205 A1, Bell 212, Eurocopter SA 315 y AS 350. Establecía como base principal el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y contemplaba subbases en Pucallpa, Iquitos, Piura, Arequipa y Chiclayo. La autorización se sustentó en la Ley de Aeronáutica Civil N.º 27261, su reglamento y los informes administrativos correspondientes. Entre sus antecedentes se mencionaban los memorandos N.º 0409-2005-MTC/12.AL y N.º 0476-2005-MTC/12.AL, de la asesoría legal, así como el Memorando N.º 1436-2005-MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad Aérea.
| Característica | Autorización concedida |
|---|---|
| Resolución | N.º 120-2005-MTC/12 |
| Fecha de emisión | 26 de julio de 2005 |
| Publicación | 15 de septiembre de 2005 |
| Funcionario firmante | Roberto Rodríguez Galloso |
| Empresa beneficiaria | Servicios Aéreos de los Andes S. A. C. |
| Servicio | Transporte aéreo especial |
| Ámbito | Nacional |
| Vigencia inicial | Cuatro años |
| Base principal | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez |
| Subbases | Pucallpa, Iquitos, Piura, Arequipa y Chiclayo |
La autorización no dispensaba a la empresa de las certificaciones adicionales exigidas para comenzar sus operaciones. Sin embargo, constituía una habilitación administrativa esencial para participar en el mercado de transporte aéreo especializado. La secuencia cronológica merece atención: la compañía se constituyó en abril de 2005, obtuvo su permiso de operación en julio y vio publicada la autorización en septiembre. Al año siguiente, Palacios Chopitea y Dammert Marcos figuraban entre los aportantes de Perú Posible. Esta sucesión acredita la coexistencia de intereses empresariales y financiamiento político durante la etapa final del gobierno de Toledo, aunque no demuestra que la autorización se hubiera concedido como contraprestación de los aportes electorales.
Una autorización sobre los principales centros extractivos del Perú
La importancia económica de la Resolución Directoral N.º 120-2005-MTC/12 no radicaba únicamente en su alcance nacional, sino también en las localidades expresamente contempladas para las operaciones. En Cusco aparecían Las Malvinas y Kiteni, vinculadas con la explotación y el procesamiento del gas de Camisea; en Loreto se incluían Andoas y Trompeteros, relacionadas con las operaciones petroleras de los lotes 1-AB y 8, explotados entonces por Pluspetrol Norte. En Moquegua figuraban Cuajone, Botiflaca e Ilo, localidades relacionadas con las actividades mineras, metalúrgicas y portuarias de Southern Peru, mientras que en Tacna aparecía Toquepala, otra de las grandes operaciones cupríferas del país.
La autorización también contemplaba Bayóvar y Talara, en Piura, importantes por sus actividades petroleras, portuarias y proyectos mineros. En Lima incluía instalaciones aeroportuarias y helipuertos relacionados con actividades empresariales, financieras y de transporte ejecutivo. La distribución de estas localidades revela que el permiso comprendía espacios donde se concentraban algunas de las operaciones extractivas e industriales más importantes del Perú, precisamente aquellas que podían requerir helicópteros y otros servicios especializados para trasladar trabajadores, técnicos, funcionarios, equipos y suministros.
| Región | Localidades autorizadas | Actividades económicas relevantes |
|---|---|---|
| Cusco | Las Malvinas y Kiteni | Gas de Camisea y operaciones de Pluspetrol |
| Loreto | Andoas y Trompeteros | Petróleo, lotes 1-AB y 8 |
| Moquegua | Cuajone, Botiflaca e Ilo | Minería, metalurgia y operaciones portuarias de Southern Peru |
| Tacna | Toquepala | Explotación minera de cobre |
| Piura | Bayóvar y Talara | Fosfatos, petróleo, refinación y puertos |
| Lima y Callao | Jorge Chávez, San Isidro y helipuertos empresariales | Aviación ejecutiva, transporte corporativo y conexiones aeroportuarias |
Una coincidencia temporal especialmente significativa se produjo en Bayóvar. El 19 de abril de 2005, el gobierno de Toledo suscribió el contrato de concesión del proyecto de fosfatos con la empresa brasileña Vale do Rio Doce, que contemplaba inversiones de gran escala. Tres meses después, la autorización otorgada a Servicios Aéreos de los Andes incluía Bayóvar entre las localidades donde podía desarrollar operaciones. La concesión minera y la autorización aeronáutica eran actos administrativos distintos, pero ambos se relacionaban geográficamente con un mismo espacio de actividad económica que comenzaba a adquirir una importancia creciente dentro del sector extractivo peruano.
La distribución de las localidades autorizadas colocaba a Servicios Aéreos de los Andes en condiciones de ofrecer servicios especializados a compañías mineras, petroleras, gasíferas y grandes operadores industriales, una vez cumplidos los requisitos técnicos correspondientes. No existe todavía documentación suficiente para afirmar que la empresa contratara efectivamente con Vale, Pluspetrol o Southern Peru como consecuencia directa de aquella autorización. Lo acreditado es que recibió una habilitación que le permitía buscar clientes en esos sectores, circunstancia relevante para comprender el alcance económico de la decisión adoptada durante el gobierno de Alejandro Toledo.
De la autorización a los contratos estatales
La investigación del Registro Nacional de Proveedores permitió identificar posteriormente operaciones de Servicios Aéreos de los Andes con entidades públicas. Entre los organismos que aparecen en la documentación examinada figuran el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otros. Los registros consultados comprenden tres contratos y diez órdenes de servicio correspondientes al período 2010-2020, lo que demuestra que la compañía desarrolló relaciones comerciales con instituciones estatales después del gobierno de Toledo.
Entre las operaciones identificadas aparece una orden del Ministerio de Energía y Minas, fechada el 8 de junio de 2017, por S/ 18.223, relacionada con el transporte aéreo de una comitiva ministerial. Estos registros evidencian la importancia del transporte aéreo especializado para el desplazamiento de funcionarios hacia zonas de actividad económica y administrativa, especialmente en regiones donde las distancias, las condiciones geográficas y las necesidades operativas hacen necesario utilizar aeronaves distintas de las empleadas en las rutas comerciales convencionales.
| Registro examinado | Información identificada |
|---|---|
| Período | 2010-2020 |
| Contratos identificados | 3 |
| Órdenes de servicio identificadas | 10 |
| Entidades | MINEM, MTC, OEFA y otras |
| Operación destacada | Transporte aéreo de comitiva ministerial |
| Fecha de la operación destacada | 8 de junio de 2017 |
| Importe | S/ 18.223 |
La documentación consultada no comprende necesariamente la totalidad de las operaciones comerciales de la compañía. Sus relaciones con empresas privadas, particularmente en minería, hidrocarburos y energía, requieren una reconstrucción independiente. Sin embargo, los contratos estatales identificados permiten constatar que Servicios Aéreos de los Andes no permaneció como una sociedad constituida únicamente sobre el papel, sino que desarrolló actividades comerciales dentro de un sector económico regulado y relacionado con las necesidades de transporte de distintas instituciones públicas.
La ruptura de los socios
La historia empresarial adquirió otra dimensión cuando comenzaron las controversias entre Walton Humberto Mery Pinto y sus antiguos asociados peruanos. Según publicaciones periodísticas examinadas durante esta investigación, hacia 2015 se produjo una ruptura entre Mery Pinto, Palacios Chopitea y Dammert Marcos. El empresario chileno dejó la gerencia de Servicios Aéreos de los Andes y posteriormente desarrolló actividades vinculadas con Puma Air, mientras las controversias entre los antiguos socios incluyeron disputas sobre la administración, los derechos societarios y su participación en la compañía original.
Este punto es importante porque la salida de la gerencia no supone necesariamente la pérdida de las acciones. Un accionista puede dejar de administrar una sociedad y conservar derechos de información, participación y voto, conforme a la legislación y a los estatutos correspondientes. Si Mery Pinto conservaba acciones y derechos societarios, la ruptura no habría terminado con su separación administrativa, pues los antiguos socios podían continuar enfrentados por cuestiones patrimoniales, acceso a información y decisiones empresariales. La determinación de su participación accionarial posterior requiere examinar el libro matrícula de acciones y las actuaciones societarias correspondientes.
La aparición de Puma Air introdujo además un elemento de competencia comercial. Mery Pinto pasó a estar vinculado con una empresa que desarrollaba actividades aeronáuticas en un mercado semejante al de Servicios Aéreos de los Andes. De este modo, la controversia adquirió dos dimensiones potencialmente relacionadas: por una parte, los derechos que el empresario chileno pudiera conservar dentro de la sociedad original y, por otra, sus nuevos intereses comerciales en un sector donde las autorizaciones administrativas, los contratos con grandes compañías y las relaciones institucionales resultaban determinantes.
El escándalo del supuesto espionaje chileno
En julio de 2025, Panorama, programa de Panamericana Televisión, difundió una investigación sobre Puma Air y sus relaciones con Walton Humberto Mery Pinto. El reportaje presentó al empresario como antiguo integrante del Ejército de Chile y sostuvo que la compañía aeronáutica había obtenido autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar en el Perú. También informó que Puma Air mantenía un espacio de aproximadamente 271 metros cuadrados destinado a mantenimiento aeronáutico dentro del Ala Aérea N.º 2 de la Fuerza Aérea del Perú, en el Callao, circunstancia que fue presentada como un asunto de interés para la seguridad nacional.
La investigación televisiva afirmó que desde agosto de 2024 existía una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y que la Dirección Nacional de Inteligencia había recibido alertas sobre un posible caso de espionaje chileno. El programa cuestionó asimismo la composición del accionariado de Puma Air y sostuvo que la empresa habría superado indirectamente los límites de participación extranjera establecidos para determinadas actividades aeronáuticas, mediante una sociedad constituida en el Perú cuyos propietarios finales serían extranjeros. Estas acusaciones transformaron la discusión pública, pues ya no se trataba únicamente de una controversia sobre permisos aeronáuticos, composición accionarial o contratos administrativos, sino de la sospecha de una posible infiltración extranjera en instalaciones vinculadas con la defensa nacional.
| Aspecto del reportaje | Información presentada por Panorama |
|---|---|
| Empresa investigada | Puma Air |
| Empresario mencionado | Walton Humberto Mery Pinto |
| Antecedente personal | Antiguo integrante del Ejército de Chile |
| Instalaciones cuestionadas | Espacio de mantenimiento aeronáutico en una base de la FAP |
| Superficie mencionada | Aproximadamente 271 m² |
| Investigación fiscal | Presunto tráfico de influencias desde agosto de 2024 |
| Cuestionamiento societario | Participación extranjera en el capital |
| Hipótesis televisiva | Posible espionaje chileno |
Sin embargo, el propio programa recogió una afirmación atribuida a fuentes de la Fuerza Aérea: Mery Pinto no registraba ingresos a la base militar y el espacio arrendado por Puma Air no representaba una vulneración de seguridad. La transcripción del reportaje tampoco identifica operaciones concretas de espionaje, información militar sustraída ni una sentencia que establezca responsabilidad penal por ese delito. Estos elementos resultan importantes para distinguir entre las sospechas formuladas públicamente, las investigaciones administrativas o fiscales y la acreditación efectiva de una actividad de espionaje.
La intervención fiscal y la pérdida del arrendamiento
Entre los documentos mencionados por Panorama aparece el Oficio N.º 254-2025, atribuido a la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado. La comunicación estaba dirigida al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú y solicitaba información sobre la organización de mantenimiento aeronáutico OMA N.º 099 de Puma Air, ubicada en instalaciones de la base Armando Revoredo Iglesias. La existencia de esta actuación policial muestra que las autoridades habían requerido información relacionada con la empresa, aunque el contenido del oficio no permite por sí solo establecer la comisión de los delitos mencionados en el reportaje.
El programa también informó que la FAP había resuelto unilateralmente el contrato de arrendamiento de Puma Air, invocando una cláusula que permitía terminarlo por disposición superior, razones de seguridad nacional o militar y otros supuestos contractuales. La terminación constituye una consecuencia empresarial concreta de la controversia, pues la pérdida de instalaciones de mantenimiento podía afectar las condiciones operativas de la compañía. Para determinar su impacto económico sería necesario examinar la continuidad de sus autorizaciones y actividades, así como las condiciones en que pudo trasladar o reorganizar sus operaciones.
La resolución contractual, por sí sola, no demuestra la existencia de espionaje ni permite establecer que la FAP actuara por instrucciones de los antiguos socios de Mery Pinto. Sin embargo, el episodio muestra cómo una investigación administrativa o penal, acompañada de una exposición mediática de gran alcance, puede producir efectos sobre la actividad de una empresa antes de que exista una sentencia definitiva. En un sector como la aviación, donde las autorizaciones y las relaciones con instituciones públicas son indispensables, una controversia relacionada con la seguridad nacional puede adquirir consecuencias comerciales particularmente importantes.
La hipótesis del «muñeco»
En este punto aparece la hipótesis central de CAZAOLIGARCAS. La expresión «armar un muñeco», que utilizamos como referencia a las antiguas técnicas de maniobra política descritas por Alan García en El otro Maquiavelo, alude a la posible construcción de una acusación pública destinada a perjudicar a un adversario. En el caso examinado, la hipótesis consiste en que el enfrentamiento entre Mery Pinto y sus antiguos socios pudo generar intereses económicos favorables a su debilitamiento. La existencia de una empresa competidora, la eventual conservación de derechos accionarios y la exposición mediática por presunto espionaje forman una secuencia que merece ser investigada conjuntamente.
El mecanismo hipotético sería el siguiente: un empresario se distancia de sus antiguos asociados, mantiene intereses patrimoniales en la sociedad original y desarrolla una actividad competidora. Posteriormente, enfrenta denuncias e investigaciones que afectan su reputación y sus relaciones con las autoridades, mientras la exposición televisiva amplifica esas sospechas y puede dificultar sus negocios. Una presión de esa naturaleza podría modificar su posición negociadora frente a sus antiguos socios, particularmente si existían controversias sobre acciones, derechos de voto o control de información empresarial.
| Etapa | Hecho identificado | Posible efecto dentro de la hipótesis |
|---|---|---|
| 1 | Ruptura entre antiguos socios | Aparición de intereses empresariales contrapuestos |
| 2 | Desarrollo de Puma Air | Competencia en el sector aeronáutico |
| 3 | Subsistencia eventual de derechos accionarios | Continuidad de controversias patrimoniales |
| 4 | Investigaciones fiscales y administrativas | Presión sobre la actividad empresarial |
| 5 | Reportaje sobre supuesto espionaje | Deterioro potencial de la reputación |
| 6 | Terminación del arrendamiento con la FAP | Consecuencia operativa concreta |
| 7 | Eventual debilitamiento económico | Posible alteración de la posición negociadora |
En este escenario, el denunciante formal no tendría necesariamente que coincidir con el eventual promotor de una operación. La utilización de terceros como intermediarios es una posibilidad que debe examinarse mediante el origen de las denuncias, la circulación de documentos y las relaciones entre los participantes. Hasta el momento, la documentación reunida no acredita que Palacios Chopitea, Dammert Marcos u otros empresarios hayan organizado las acusaciones contra Mery Pinto. Lo que permite es formular una hipótesis de investigación sobre los posibles intereses económicos relacionados con su exposición pública y las consecuencias que esa exposición pudo tener sobre sus actividades.
Panamericana Televisión y las relaciones sociales del poder
El componente mediático introduce otra conexión dentro de nuestra investigación. Cuando Panorama difundió el reportaje de julio de 2025, Panamericana Televisión todavía se encontraba vinculada a su anterior estructura de propiedad, relacionada con la familia Schütz Freundt. La memoria del Club Nacional correspondiente a 2010 identifica a Ernesto Víctor Schütz Freundt como socio desde 1990, mientras que en el mismo padrón aparece Francisco José Palacios Chopitea, incorporado desde 1981. Este dato permite situar a integrantes del entorno propietario del canal y a uno de los antiguos socios de Mery Pinto dentro de una misma institución social.
La coincidencia no demuestra que existiera coordinación entre ellos ni intervención en la elaboración del reportaje, pero añade un elemento para estudiar las redes de sociabilidad empresarial que rodeaban a los protagonistas. La cuestión periodística consiste en establecer cómo llegó a Panorama la documentación sobre Puma Air, quiénes proporcionaron los antecedentes del empresario chileno y qué relación, si alguna, tuvieron esas fuentes con las controversias de Servicios Aéreos de los Andes. Estas preguntas adquieren importancia porque una denuncia televisiva sobre espionaje puede producir efectos públicos mucho mayores que una controversia comercial ordinaria.
La relación entre propiedad de medios, círculos empresariales y conflictos económicos constituye una dimensión relevante para CAZAOLIGARCAS. No se trata únicamente de determinar quién financia una organización política o quién obtiene una autorización estatal, sino también de examinar cómo circula la información dentro de determinados espacios de poder y cómo una controversia privada puede convertirse en una noticia de alcance nacional. En este caso, el reportaje sobre Puma Air introdujo una acusación especialmente sensible para la opinión pública peruana: la posibilidad de espionaje chileno dentro de instalaciones vinculadas con la defensa nacional.
Veinte años después: del financiamiento político a la acusación de espionaje
La secuencia que hemos reconstruido comprende dos décadas. En 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se constituyó Servicios Aéreos de los Andes y obtuvo una autorización nacional para prestar servicios aeronáuticos especializados. En 2006, dos empresarios posteriormente vinculados a su administración, Palacios Chopitea y Dammert Marcos, aparecieron como aportantes de Perú Posible. En 2010, ambos formaban parte del entorno directivo de la compañía, junto con Walton Humberto Mery Pinto. Años después surgieron disputas entre ellos, mientras el empresario chileno desarrollaba nuevas actividades aeronáuticas.
En 2024 comenzaron, según el reportaje de Panorama, investigaciones fiscales sobre posibles irregularidades relacionadas con Puma Air. En 2025, la controversia adquirió dimensión nacional cuando el programa televisivo presentó la posibilidad de espionaje chileno y reveló la existencia de instalaciones arrendadas dentro de una base de la Fuerza Aérea. El itinerario documental muestra cómo una investigación iniciada en las finanzas electorales de Perú Posible terminó conduciendo a una disputa empresarial con consecuencias administrativas, judiciales y mediáticas.
| Año | Acontecimiento principal |
|---|---|
| 2001 | Alejandro Toledo asume la Presidencia de la República |
| Abril de 2005 | Constitución de Servicios Aéreos de los Andes S. A. C. |
| Julio de 2005 | El MTC expide la Resolución Directoral N.º 120-2005-MTC/12 |
| Septiembre de 2005 | Publicación de la autorización aeronáutica |
| 2006 | Palacios Chopitea y Dammert Marcos figuran como aportantes de Perú Posible |
| 2010 | Dammert Marcos preside el directorio de Servicios Aéreos de los Andes |
| Hacia 2015 | Ruptura empresarial descrita en publicaciones periodísticas |
| 2017 | Contratación estatal identificada con el Ministerio de Energía y Minas |
| Agosto de 2024 | Inicio de investigación fiscal referido por Panorama |
| 2025 | Terminación del arrendamiento de Puma Air con la FAP |
| Julio de 2025 | Reportaje de Panorama sobre presunto espionaje chileno |
La hipótesis del «muñeco» plantea que la acusación de espionaje pudo ser utilizada como instrumento de presión dentro de ese enfrentamiento. Su confirmación exige establecer quiénes promovieron las denuncias, qué información fue trasladada a los medios y qué beneficios económicos o societarios se produjeron como consecuencia. La investigación no parte de una acusación penal acreditada contra los antiguos socios, sino de una secuencia de acontecimientos que permite examinar la posible utilización de instrumentos estatales y mediáticos dentro de una disputa económica.
La pregunta central de CAZAOLIGARCAS es cómo se relacionan el financiamiento político, las autorizaciones estatales, los negocios privados y la capacidad de convertir un conflicto empresarial en un asunto de seguridad nacional. En la historia de Servicios Aéreos de los Andes, los documentos permiten identificar a los empresarios, las aportaciones electorales, la autorización aeronáutica y la posterior ruptura societaria. El supuesto espionaje chileno constituye el episodio final de una historia cuyo origen empresarial se remonta a veinte años atrás.
Y es precisamente ese recorrido, desde las finanzas de Perú Posible hasta las acusaciones contra Mery Pinto, el que convierte este caso en una línea de investigación sobre las relaciones entre poder económico, instituciones públicas y medios de comunicación en el Perú. El análisis de estas conexiones permite comprender cómo los intereses empresariales pueden prolongarse durante décadas, atravesar distintos gobiernos y terminar involucrados en controversias que superan ampliamente el ámbito de una sociedad comercial.
Fuentes documentales
Perú Posible, relación de aportaciones recibidas durante la campaña electoral de 2006, diez páginas.
Club Nacional de Lima, memoria institucional correspondiente a 2009, publicada en 2010.
SUNARP, partida electrónica N.º 11744086, Servicios Aéreos de los Andes S. A. C., asientos A00001 y C00005.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Resolución Directoral N.º 120-2005-MTC/12, publicada en El Peruano el 15 de septiembre de 2005, páginas 300295-300296.
Registro Nacional de Proveedores, información de contratos y órdenes de servicio de Servicios Aéreos de los Andes.
Panorama, Panamericana Televisión, reportaje de julio de 2025 sobre Puma Air, Walton Humberto Mery Pinto y las instalaciones de la FAP.
Transcripción del reportaje y documentación de investigación reunida para CAZAOLIGARCAS.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario