LA JAURÍA DEL LICEO NAVAL: LOS MONSTRUOS QUE LA OLIGARQUÍA NECESITA.

LA JAURÍA DEL LICEO NAVAL: LOS MONSTRUOS QUE LA OLIGARQUÍA NECESITA.

El testimonio de la víctima de los monstruos del Liceo Naval es devastador, brutal, de una violencia difícil de imaginar. Pero las nuevas revelaciones muestran que el problema no comenzó dentro de aquel bus. Según el expediente fiscal citado por los reportajes, la víctima declaró que las agresiones habían comenzado tres años antes, cuando tenía 13 años y sus agresores 14. La Defensoría del Pueblo ha agregado otro dato: existió por lo menos un vejamen anterior que no fue denunciado, no llegó a conocimiento público y tampoco produjo una atención médica. Es decir, antes del episodio que finalmente estalló públicamente ya había violencia, silencio y antecedentes.

El martes 15 de septiembre, la víctima abordó un bus desde el colegio Santa Teresita, en Surco, para regresar a su centro de estudios en San Borja. Había participado junto con sus compañeros en un campeonato de futsal y habían perdido 7 a 2. Según su declaración, viajaba con 10 compañeros de un grado mayor y se encontraba sentado en el asiento individual de la penúltima fila. Entre las 4:30 y las 5:20 de la tarde escuchó a dos compañeros hablar de lo que pretendían hacerle. Intentó defenderse, pero dos lo sujetaron de los brazos mientras otros siete u ocho le inmovilizaban las piernas. La víctima pidió a gritos que se detuvieran. No se detuvieron.

Mientras le bajaban el pantalón, los demás reían. Según el relato recogido en el expediente, uno de los agresores introdujo violentamente un palo de escoba en el recto de la víctima mientras otros le tapaban la boca y se carcajeaban. El adolescente lloraba. Uno de los muchachos habría llegado a limpiar posteriormente el palo porque el interior del vehículo comenzó a oler a heces. La agresión terminó provocándole graves lesiones y sangrado. Cuando llegó a una clínica, inicialmente se pensó que podía tratarse de hemorroides hasta que el examen permitió observar el daño sufrido.

Pero dentro del bus no estaban solamente los estudiantes. Había tres adultos: el conductor, una persona que acompañaba a la delegación y quien reemplazaba al entrenador principal. Ese dato adquiere todavía mayor importancia después de conocerse la declaración atribuida a uno de los propios adolescentes involucrados: “Me dio pena y lo ayudé a quitarse el palo que le habían incrustado”. Según el reportaje, explicó que reaccionó ante los gritos y el dolor de la víctima. Los conductores del programa señalaron además que, entre las declaraciones que habían revisado, ninguno de los alumnos mencionaba que algún profesor se hubiera acercado durante la agresión.

Y aparece ahora otro testigo. Un alumno de cuarto de secundaria, de aproximadamente 15 años y compañero de aula de la víctima, habría sido uno de los pocos que se preocupó por su estado después de lo ocurrido y le recomendó acudir inmediatamente a un médico. Según el reportaje, este adolescente no había sido incorporado a la investigación. Su testimonio resulta particularmente importante porque permitiría conocer cómo se encontraba la víctima inmediatamente después del episodio, qué contó en ese momento y qué pudieron observar quienes estuvieron con él al regresar.

La aparición de este estudiante produce además una contradicción difícil de ignorar. Un adolescente de 15 años pudo mirar a su compañero y comprender que necesitaba atención médica. Otro de los propios involucrados afirma que escuchó sus gritos y que reaccionó ante su dolor. Mientras tanto, tres adultos viajaban en el mismo vehículo. Por eso la investigación no debería limitarse a determinar quién hizo qué entre los alumnos. También debe reconstruir dónde estaba cada adulto, qué podía escuchar y observar desde su ubicación, en qué momento se enteró de lo sucedido y qué hizo inmediatamente después.

Hay además una pregunta material que todavía necesita respuesta: ¿de dónde salió el palo de escoba? Los conductores del programa se preguntaron por qué semejante objeto estaba disponible dentro del vehículo y discutieron incluso si su presencia podía tener relación con una preparación previa. Al mismo tiempo, las declaraciones revisadas mencionaban implementos de limpieza dentro del bus. El programa añadió que aparentemente el vehículo no pertenecía al colegio, sino que había sido contratado para realizar el traslado. Esto obliga a identificar a la empresa, determinar qué elementos de limpieza llevaba normalmente la unidad, dónde estaban guardados y quién podía acceder a ellos.

El episodio tampoco terminó cuando el bus llegó al colegio. Según el reportaje, un grupo de los estudiantes involucrados se dirigió después a un chifa ubicado en la avenida San Luis, aproximadamente a diez cuadras del Liceo Naval. Allí fueron grabados comiendo, riendo y realizando gestos que el programa relacionó con lo ocurrido dentro del vehículo. Uno de esos ademanes reproduciría incluso el movimiento asociado a la agresión. La secuencia resulta difícil de separar: agresión, regreso al colegio y después una reunión de varios de los involucrados alrededor de una mesa.

Antes de separarse, según el expediente citado, los agresores dejaron además una frase que hoy adquiere una importancia enorme: “Lo que pasó en el bus se queda en el bus”. Inicialmente puede parecer solamente el pacto de silencio de un grupo de adolescentes que intenta impedir que lo sucedido salga al exterior. Pero la entrevista realizada posteriormente al vocero adjunto de la Defensoría del Pueblo coloca esa frase dentro de un problema mucho mayor. La propia Defensoría habla de una suerte de “código de silencio” alrededor de la violencia escolar.

El vocero Aldo Ávila explicó que existen padres que llegan a acuerdos internos y no denuncian, víctimas que callan por pudor o vergüenza e instituciones educativas que pueden evitar que determinados episodios trasciendan para proteger su imagen. La Defensoría no obtuvo esa información únicamente revisando registros administrativos: señaló que realizó visitas físicas, recogió testimonios mediante sus oficinas y conversó con las propias víctimas. También afirmó que los casos encontrados se encuentran documentados en un informe defensorial.

Y aquí aparecen unas cifras que deberían preocupar mucho más de lo que están preocupando. Durante 2024, según Ávila, la Defensoría supervisó aproximadamente 7.600 instituciones educativas, dentro de un universo nacional de alrededor de 50.000 colegios, y encontró aproximadamente 6.000 casos de violencia física y psicológica contra menores. En la comparación expuesta durante la entrevista, el Ministerio de Educación registraba aproximadamente 3.000 casos. Cuando se le preguntó directamente por la diferencia, Ávila respondió que el subregistro era “casi más del 100 %”.

El dato resulta todavía más significativo porque la Defensoría supervisó solamente una fracción del total de colegios existentes. El problema señalado por Ávila no consiste únicamente en que haya violencia escolar; consiste en que una cantidad importante de esa violencia puede no llegar a los sistemas oficiales. Una víctima puede guardar silencio. Los padres pueden decidir arreglar el asunto entre ellos. El colegio puede preferir evitar el escándalo. El hecho puede no dejar una lesión suficientemente grave para provocar una atención médica. Y finalmente el episodio desaparece de las estadísticas aunque haya ocurrido.

Eso ocurrió precisamente con un episodio anterior mencionado en relación con la víctima del Liceo Naval. Según Ávila, había existido un vejamen previo que no se hizo público, no produjo denuncia y no llevó al muchacho al médico. También señaló que, en determinado momento, el propio adolescente pidió que no se contara lo sucedido. El caso que hoy conocemos terminó saliendo a la luz porque esta vez las consecuencias físicas fueron demasiado graves para permanecer escondidas.

Las cifras correspondientes al entorno educativo inmediato del Liceo Naval tampoco son pequeñas. Durante 2025, según el reportaje, la UGEL 07 registró 1.266 casos de violencia escolar: 604 correspondieron a violencia psicológica, 538 a violencia física y 124 a violencia sexual. El programa menciona además, dentro de las categorías registradas, 12 casos de hostigamiento sexual, 6 de violencia con fines sexuales mediante medios tecnológicos, 5 de acoso sexual y 3 de violencia sexual.

Pero las nuevas revelaciones introducen otro factor que puede ser todavía más importante para comprender el funcionamiento interno del colegio: la relación entre los padres, los alumnos y la autoridad de los profesores. Durante el programa, sus conductores afirmaron que determinados padres vinculados a altos rangos de la Marina acudirían a reclamar cuando sus hijos reciben malas calificaciones o llamadas de atención. Hablaron incluso de profesores que podían terminar sancionados, humillados o desplazados después de enfrentarse con esos padres.

El asunto es importante porque buena parte del debate público producido después del caso ha girado alrededor de la supuesta pérdida del principio de autoridad en los colegios. El premier Ernesto Galarreta habló de recuperar mecanismos disciplinarios más severos y volvió a discutirse la posibilidad de expulsar estudiantes. Pero existe una cuestión anterior: ninguna autoridad escolar funciona si el profesor que intenta ejercerla descubre que corregir al hijo equivocado puede convertirse en un problema para él.

El mismo programa mostró un ejemplo extremo de esa inversión de autoridad: un alumno aparece amenazando a un profesor con la frase “si me jalas te mato”. Los conductores vincularon esta clase de comportamiento con una cultura en la que determinados estudiantes podrían sentirse protegidos por la posición de sus padres. Y eso introduce un factor que no puede despacharse simplemente hablando de “jóvenes violentos”. Un adolescente aprende también observando qué sucede cuando un adulto intenta imponerle un límite. Si ve que el profesor retrocede, que el padre interviene y que la autoridad termina teniendo que justificarse ante él, aprende muy rápidamente dónde está el poder.

Aquí aparece nuevamente el problema de las élites. Existe una vieja fantasía peruana según la cual la violencia grave pertenece fundamentalmente a los sectores populares: la delincuencia está abajo, la brutalidad está abajo, la falta de educación está abajo. Los colegios prestigiosos, las familias acomodadas y las instituciones vinculadas a grupos de poder serían, por contraste, espacios naturalmente civilizados. El caso del Liceo Naval pulveriza esa comodidad. Un uniforme, un apellido, una institución prestigiosa o una familia respetable no inmunizan a nadie contra la violencia.

Pero tampoco estamos hablando únicamente del episodio que llevó a la víctima a una clínica. Los conductores del programa afirmaron que el Liceo Naval tendría una “historia de violencia”, que no estaríamos ante uno o dos antecedentes aislados y que existiría una recurrencia que llegaron a describir como aparentemente sistemática. Esa afirmación debe ponerse al lado de la declaración de la propia víctima, quien sitúa el comienzo de las agresiones tres años antes.

También aparece en el reportaje otro elemento: se menciona que la víctima habría sufrido ataques permanentes relacionados con el color de su piel. Y junto con ello surge la necesidad de establecer si existieron otros estudiantes sometidos anteriormente a hostigamientos, agresiones físicas, humillaciones o violencia sexual. Si el programa habla de recurrencia, esa recurrencia debería dejar rastros: denuncias, reportes, sanciones, intervenciones psicológicas, comunicaciones a padres, registros ante la UGEL o ingresos al sistema correspondiente.

Hay además un caso familiar introducido por el reportaje que añade otro ángulo al entorno de uno de los adolescentes investigados. El programa identifica a uno de ellos como hijo de un oficial naval y revisa antecedentes policiales y familiares atribuidos al padre: menciona un episodio de conducta sexual en la vía pública, conducción sin licencia en estado de ebriedad y una denuncia formulada en mayo de 2022 por la madre por violencia psicológica y amenazas relacionadas con el sostenimiento económico familiar. El dato no convierte automáticamente la conducta del padre en explicación de la conducta del hijo, pero sí forma parte del material que el propio reportaje incorporó al reconstruir el entorno familiar de uno de los estudiantes.

Mientras todo esto se conoce, el debate público sigue concentrándose principalmente en el castigo. Se habla de expulsión, de disciplina, de recuperar autoridad y de endurecer las consecuencias. Son discusiones necesarias, pero los propios materiales del caso muestran que existe una cuestión anterior: detectar la violencia antes de que llegue al nivel que alcanzó dentro de aquel bus. La Defensoría viene desarrollando la campaña “Mi Cuerpo se Respeta, La Infancia se Defiende” y ha insistido en la responsabilidad de los adultos, la supervisión, la intervención de profesionales de educación y psicología y la atención a la salud mental de los estudiantes.

Porque aquí empiezan a aparecer demasiados niveles simultáneamente. Está la violencia ejercida por los estudiantes; está la dinámica colectiva de la manada; está la víctima que inicialmente guarda silencio; están los compañeros que saben algo; están los adultos que acompañaban la delegación; están los padres; están los profesores; está la dirección del colegio; está la UGEL; están los sistemas de reporte; y finalmente está una Defensoría que encuentra miles de casos que no coinciden con la dimensión registrada oficialmente.

Por eso el dato verdaderamente nuevo no consiste simplemente en descubrir que existe bullying en el Perú. Eso lo sabemos hace décadas. Lo nuevo es empezar a reconstruir cómo puede sobrevivir la violencia dentro de una institución mientras diferentes personas poseen solamente fragmentos de la historia. La víctima sabe una parte. Los agresores saben otra. Los compañeros conocen otra. Los profesores pueden conocer antecedentes. Los padres conocen conflictos anteriores. El colegio conserva registros. La UGEL recibe determinados reportes. La Defensoría encuentra otros casos. Pero mientras nadie junte las piezas, cada episodio puede parecer aislado.

Y eso es precisamente lo que falta hacer ahora con el Liceo Naval. Hay que conocer cuántas denuncias por violencia recibió el colegio durante los últimos años, cuántas llegaron a la UGEL 07, cuántas ingresaron a los sistemas oficiales, cuántas terminaron en sanción, cuántas sanciones fueron cuestionadas por padres, cuántos profesores denunciaron amenazas o presiones, cuántos alumnos solicitaron traslado después de episodios de hostigamiento y qué intervenciones psicológicas quedaron registradas. Sobre todo, hay que reconstruir los tres años anteriores mencionados por la propia víctima y establecer qué ocurrió durante ese periodo.

Porque ahora tenemos una cifra nacional, una cifra de la UGEL y una declaración sobre la existencia de violencia recurrente. Lo que todavía no tenemos es la cifra del propio Liceo Naval. Y esa puede ser una de las piezas más importantes de toda esta historia: saber cuántos episodios ocurrieron antes, cuántos fueron conocidos, cuántos fueron reportados y cuántos simplemente desaparecieron dentro de la institución.

La frase pronunciada después de la agresión adquiere entonces un significado mucho más preciso: “Lo que pasó en el bus se queda en el bus”. Ya no necesitamos convertirla en una gran metáfora para entenderla. La Defensoría ha descrito el mecanismo con datos: víctimas que callan, padres que llegan a acuerdos, instituciones preocupadas por su imagen y casos que no llegan a los registros. Le puso incluso un nombre: código de silencio.

Ahora corresponde romperlo con información. Los expedientes, los registros del colegio, los reportes de la UGEL, las declaraciones de alumnos y profesores, los antecedentes disciplinarios, las comunicaciones a los padres y los testimonios que todavía no han sido recogidos pueden decirnos cuánto se sabía antes de aquel viaje. Porque si la víctima está diciendo que todo comenzó tres años atrás, la pregunta más importante ya no es solamente qué ocurrió durante aquellos minutos dentro del bus.

La pregunta es qué ocurrió durante los tres años anteriores y por qué nadie consiguió detenerlo antes.